Sentencia 34465 de abril 18 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Proceso 34465

Aprobado Acta 139

Bogotá, D.C., dieciocho de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

13. Desde ahora anuncia la Sala que, al contrario de lo asegurado por el agente del Ministerio Público, la censura por nulidad tiene vocación de prosperidad, habida cuenta que en el decurso del proceso se configuró una flagrante violación al derecho de defensa técnica, no sólo respecto de la impugnante, sino también en relación con aquéllos que como Esta fueron vinculados mediante declaración de persona ausente, lo cual obliga a la invalidación de lo actuado, quedando desde el estadio procesal en que lo demanda el actor.

14. En efecto, el derecho a la asistencia jurídica cualificada durante la investigación y juzgamiento escogida por el procesado o provista por el Estado, se encuentra consagrado como garantía fundamental en el artículo 29 de la Constitución Política, así como también en los artículos 8.2 literales d) y e) de la Convención de San José de Costa Rica (L. 16/72) y 14.3 del Pacto de Nueva York (L. 74/68).

Al constituir el derecho a la defensa técnica una garantía de rango superior, su eficacia no queda al libre ejercicio de quien oficiosamente es postulado por el funcionario o del defensor público o contractual, ni se reduce a su designación sucedánea cuando el procesado no cuenta con un abogado de confianza, sino que se prolonga con la vigilancia de la gestión, a fin de que la oposición a la pretensión punitiva del Estado se amolde a los parámetros de diligencia debida, en pro de los intereses del incriminado(21); en otras palabras, esa garantía debe ser controlada eficazmente por el director del proceso para que la asistencia técnica no se quede en el plano meramente formal, sino que se traduzca en actos que la materialicen en el trámite procesal, ya que sólo de esa manera se podrá aseverar el cabal e inobjetable respeto de lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta Fundamental.

La Corte tiene definido(22) que el derecho a la defensa técnica, como garantía constitucional, posee tres características esenciales: debe ser intangible, real o material, y permanente en todo el proceso. La intangibilidad está relacionada con la condición de irrenunciable, por lo tanto, en el evento de que el imputado no designe su propio defensor, el Estado debe procurárselo de oficio o a través de la Defensoría del Pueblo; material o real porque no puede entenderse garantizada por la sola existencia nominal de un profesional del derecho, sino que se requieren actos positivos de gestión defensiva, y finalmente la permanencia conlleva a que su ejercicio debe ser garantizado en todo el trámite procesal sin ninguna clase de excepciones ni limitaciones.

La no satisfacción de cualquiera de estas características, por ser esenciales, deslegitima el trámite cumplido, y por lo tanto, impone la declaratoria de su nulidad, una vez comprobada su trascendencia.

En cada caso específico el juez debe realizar un control constitucional y legal en orden a verificar el respeto de los derechos fundamentales del procesado, examinando en detalle el ejercicio del derecho a la defensa, y sólo cuando constate que éste, bien sea, por su contenido material o técnico le ha sido vulnerado, o porque el nombramiento ha recaído en una persona que no se encuentra acreditada como abogada, o que teniendo los conocimientos jurídicos especializados su labor no se ha traducido en actos reales de gestión defensiva, o cuando en algún interregno del trámite procesal penal cumplido ha sido cercenada la asistencia letrada, el funcionario judicial está obligado a declarar la nulidad de la actuación.

Lo anterior es así, porque el menoscabo del derecho de defensa ha de ser sustancial para que constituya un vicio que deba ser corregido en casación por la Corte, trascendencia que se percibe siguiendo los principios definidos por la ley procesal penal y la doctrina en materia de nulidades.

Entre ellos, sobresale lo repetitivo que fue el legislador en cuanto a que la validez de la actuación no puede admitirse en detrimento del derecho de defensa, como garantía procesal que es, aún cuando el acto cumpla la finalidad o el sujeto reclamante haya coadyuvado con su conducta o anuencia en la formación de la irregularidad sustancial, toda vez que en tales casos la nulidad es la única forma de enmendar el vicio, dado que no es posible de otra manera resolver el conflicto, debiéndose regresar las cosas a su cauce normal, pues es obvio que la agresión a dicha garantía conlleva consecuencias que no pueden restablecerse sino con la invalidación de lo actuado(23).

La Corte Constitucional, no ha sido ajena al tema del derecho de defensa en su jurisprudencia, y al respecto, por su armonía con lo atrás precisado, vale la pena traer a colación las siguientes reflexiones:

“El artículo 29 de la Constitución Política, cuyo primer inciso ordena de manera genérica la aplicación del debido proceso a todas las actuaciones administrativas y judiciales, particulariza posteriormente respecto del contenido de éste en determinados procedimientos y, en su inciso 4º, establece que los sindicados tienen derecho a que los asista un abogado dentro de todo el proceso penal, esto es, tanto en la etapa de instrucción, como en la de juzgamiento. Tal garantía puede materializarse a través del nombramiento de un abogado por parte del sindicado —defensor de confianza— o mediante la asignación de un defensor de oficio nombrado por el Estado.

“A su vez, en el proceso penal, el ejercicio concreto de la defensa está determinado por las facultades de la parte acusada, que son básicamente las de aportar pruebas, controvertir las allegadas al proceso e impugnar las providencias proferidas dentro del mismo.

“Por otra parte, nuestro sistema de procedimiento penal acepta que se procese penalmente a un sindicado en su ausencia, posibilidad que, como ya lo ha establecido esta corporación, encuentra plena aceptación a la luz del ordenamiento constitucional(24). Ello requiere, empero, que dentro del proceso, los derechos e intereses de la persona ausente estén representados por un abogado defensor que, en la medida en que ello sea posible, aporte y controvierta pruebas e impugne las decisiones judiciales. El ejercicio de la función de defensoría de oficio de una persona ausente presenta ciertas dificultades específicas, pues la inasistencia del sindicado al proceso, además de imposibilitar la defensa material, limita las posibilidades de llevar a cabo una adecuada defensa técnica. Esto implica que, en estos casos, los defensores de oficio, —abogados titulados—, deben ser particularmente diligentes y por tanto, responden hasta por culpa levísima, correspondiente al nivel de experto, pues están representando los intereses de personas que, además de ver comprometida su libertad individual, no tienen la posibilidad de ejercer por sí mismo sus derechos.

(...).

“Desde esta perspectiva la Corte ha considerado que se entiende violado el núcleo esencial del derecho a la defensa técnica, cuando concurren los siguientes elementos:

“i) Que efectivamente se presenten fallas en la defensa que, desde ninguna perspectiva posible, puedan encuadrarse dentro del margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada. Ello implica que, para que se pueda alegar una vulneración del derecho a la defensa técnica, debe ser evidente que el defensor cumplió un papel meramente formal, carente de cualquier vinculación a una estrategia procesal.

“ii) Que las mencionadas deficiencias no le sean imputables al procesado o no hayan resultado de su propósito de evadir la acción de la justicia. Habrá de distinguirse en estos casos, entre quienes no se presentan al proceso penal porque se ocultan y quienes no lo hacen porque les fue imposible conocer su existencia.

“iii) Que la falta de defensa técnica revista tal trascendencia y magnitud que sea determinante de la decisión judicial respectiva, de manera tal que pueda afirmarse que se configura una vía de hecho judicial por uno de los defectos anotados y, en consecuencia, una vulneración del derecho al debido proceso y, eventualmente, de otros derechos fundamentales.

“Así las cosas, frente a una presunta vulneración del derecho fundamental a una defensa técnica, es necesario estudiar cada caso concreto para evaluar sus precisas consecuencias a partir de una ponderación que tenga en cuenta las circunstancias particulares del mismo”(25).

15. Acerca de la función que el Estado desarrolla mediante el aparato judicial, dirigida a hacer efectiva su potestad punitiva frente a comportamientos que han vulnerado o puesto en peligro bienes jurídicamente tutelados, la doctrina señala que esa actividad estatal puede,

“...ser refutada de dos maneras diferentes y paralelas: una, mediante la denominada defensa material, que es la que se lleva a cabo por el mismo imputado y que se manifiesta en diferentes formas y oportunidades. (...) Paralelamente a esa defensa, se adhiere como exigencia necesaria en el proceso penal la defensa técnica, que es la ejercida por abogado, quien debe desplegar una actividad científica, encaminada a asesorar técnicamente al imputado sobre sus derechos y deberes; controlar la legalidad del procedimiento, el control crítico de la producción de las pruebas de cargo y de descargo, la exposición crítica de los fundamentos y pruebas de cargo desde el doble enfoque de hecho y de derecho; recurrir la sentencia condenatoria o la que imponga una medida de seguridad.”(26).

Sin embargo, ese carácter obligatorio de la defensa técnica no es suficiente para que en el proceso penal pueda reputarse como cabalmente satisfecha la respectiva garantía constitucional, pues además debe ser efectiva, es decir, no basta con que al imputado se le de la oportunidad de contar con un abogado que lo asista y lo represente en la investigación y en el juicio, sino que se exige que sea real o material, esto es, traducida y perceptible en actos de gestión que la vivifiquen, tal y como lo ha precisado la jurisprudencia, y lo entiende la doctrina al indicar que,

“Insoslayablemente debe ser un contraste o antítesis cuestionadora de la incriminación. Es imprescindible que el defensor agote pormenorizadamente una razonada refutación de las pruebas y fundamentos de cargo, tanto desde el punto de vista de hecho como de derecho. Pues va de suyo que la actividad del defensor que se allane, preste conformidad u omita cuestionar fundadamente algún extremo relevante de la acusación, equivale no solo a una omisión de defensa en sí, sino además a trocar la posición para la cual está precisamente destinado, pues con tales posturas, que al fin son coadyuvantes a la acusación, se termina ubicando al imputado en peor situación que si la defensa se hubiese omitido.

(...).

“Si bien no es obligación de la asistencia técnica del imputado fundar pretensiones de su defendido que no aparezcan, a su entender, mínimamente viables, ello no lo releva de realizar un estudio serio de las cuestiones eventualmente aptas para ser canalizadas por las vías procesales pertinentes, máxime porque se trata de una obligación que la sociedad puso a su cargo. (...) La imperativa forma que los actos de defensa técnica deben reunir para satisfacer la garantía constitucional (son) su necesariedad, obligatoriedad, realización efectiva y con contenido fundado en una crítica oposición a la tesis acusatoria. Toda defensa que no se consume bajo esos parámetros viola la garantía en cuestión y con ello el debido proceso legal, lo cual debe conducir, en tal caso, a la nulificación del proceso”(27).

16. Descendiendo las anteriores precisiones jurisprudenciales y doctrinarias al caso sometido a estudio, ante la evidencia procesal, la Sala concluye que le asiste razón al demandante al asegurar que durante la fase instructiva y el juicio careció su prohijada —y los vinculados en ausencia, agrega la Corte— de defensa, tal y como pasa a evidenciarse al contrastar la actuación.

16.1. Desde la declaración de ausencia de la procesada por la cual se interpuso la demanda y de las personas a las que se refiere la resolución del 25 de abril de 2003, y hasta después del fallo de primera instancia, el desarrollo de la actuación estuvo signado por la desidia y falta de compromiso de los deberes inherentes al cargo, por parte del profesional que en esa resolución se nombró como defensor de oficio de todos ellos, constituyendo esa carencia una grave e irreparable afrenta a la garantía de defensa (L. 600/2000, art. 305-3 y 310), tal y como se hace tangible en los siguientes aspectos:

El aludido abogado tomó posesión del cargo el 30 del citado mes y en esa fecha quedó constancia de su notificación respecto del advertido pronunciamiento; sin embargo, hecho demostrativo e indiscutible del total desinterés de las funciones del letrado a lo largo de la investigación y juzgamiento lo constituye el que no se percató de la garrafal orden de vincular a Gregorio Herrera González o González Ortiz (alias “Robinson”) y a Dagoberto o Luis Alberto Molina Fernández (alias “Alfredo”), no obstante que para entonces la situación de aquéllos estaba definida y resultaba ajena a cualquier debate (uno con resolución de acusación y otro con sentencia anticipada), como tampoco observó la omisión cometida en cuanto a la vinculación de Gregorio González Tovar (alias “Gustavo”), irregularidades que solo vinieron a ser advertidas y corregidas de oficio en los fallos de instancia.

De haber sido medianamente diligente el referido profesional habría descubierto esos desatinos en el acto de enteramiento de la declaración de ausencia, o incluso con posterioridad si se hubiese tomado el trabajo de revisar y controlar la actuación, a efecto de preservar las garantías procesales que le habían sido confiadas en el desempeño de su ministerio.

Tampoco se percató el abogado que para cuando se produjo la declaración de ausencia, más del cincuenta por ciento de los vinculados eran indocumentados y se carecía de datos suficientes que permitieran su inequívoca y acertada individualización e identificación, aspecto por el que habría podido cuestionar tal medida, con base en lo previsto en el inciso final del artículo 344 de la Ley 600 de 2000(28), siendo igualmente incontrovertible que esa falta de una mejor labor investigativa de los funcionarios a ese respecto y de una apropiada defensa técnica que destacara esa falencia, fue determinante para que se concretara la condena de personas que o bien eran menores de edad (como Jesús María o Jesús Antonio Pava Saavedra, de quien desde antes de la acusación ya se tenía noticia de esa condición(29)), o estaban en situación de homonimia con los individuos señalados de haber participado en el suceso de marras (como ocurrió con José Omar García Guerrero).

Entre el acto de posesión del defensor de oficio con ocasión de la declaración de ausencia del 25 de abril de 2003, hasta la última sesión de audiencia pública celebrada el 26 de enero de 2005, a la que concurrió el letrado luego de las insistentes reconvenciones del juzgador (pues el profesional no asistió a la audiencia preparatoria ni a los sucedáneos debates orales en los que hubo práctica de pruebas de interés para los procesados que representaba y no le fue nombrado nadie en su reemplazo), no se constata un solo acto de gestión distinto a la notificación personal del pliego de cargos y a la confusa intervención realizada en la clausura del acto de juzgamiento, en la que tras calificar de “sumamente representativa” la evidencia aducida al proceso (circunscrita a los órdenes de batalla de los distintos frentes subversivos y a las afirmaciones genéricas de los guerrilleros desmovilizados y que confesaron su participación en los hechos, sin concretar actuaciones específicas de los demás vinculados), se limita a sostener que aun cuando la misma sirvió para sustentar la resolución acusación, no resulta suficiente para un fallo condenatorio contra sus representados(30).

Tales aspectos, como con acierto lo destaca el recurrente, enseñan el craso abandono en el que permaneció no solo la persona que representa el censor, sino también las vinculadas mediante declaración de ausencia, cuyos intereses fueron confiados al reseñado profesional, quienes finalmente terminaron condenadas en esa condición en el fallo atacado.

Impera destacar que no se trataba aquí de que el abogado en cuestión hubiese elegido como estrategia permanecer silente ante la actividad inquisitiva de la Fiscalía —como así lo entendió la delegada del Ministerio Público—, ya que tal y como se resaltó párrafos atrás, había circunstancias trascendentes que compelían a una actividad distinta a la simple pasividad, además que al momento de calificarse el mérito probatorio del sumario tuvo configuración otra afrenta a la situación de los investigados la cual fue obviada por el letrado, pues en esa decisión, sin la menor argumentación fáctica y jurídica en la parte motiva, se atribuyó a los procesados los delitos de tentativa de homicidio con fines terroristas y daño en bien ajeno, conductas punibles que de ninguna manera fueron aludidas al abrir investigación, al declararlos en ausencia y menos al resolverles de manera provisional su situación jurídica.

Ahora, si bien es cierto esa acusación no se materializó en la respectiva sentencia adversa, igualmente es verdad que ello no obedeció a la labor defensiva del abogado, quien ni por esa ostensible irregularidad impugnó el pliego de cargos, sino que en el fallo de primer grado, inexplicablemente el a-quo no consignó análisis para absolver o condenar por el homicidio imperfecto atribuido, aun cuando si por el delito de daño ajeno, comportamiento que finalmente, con el de lesiones personales, se extinguió por prescripción, conforme así fue declarado en la sentencia de segunda instancia.

Finalmente, otro aspecto en el que se constata la ausencia de defensa técnica lo constituye el hecho de que durante la instrucción y parte del juicio, se estructuró una incompatibilidad de intereses(31) que impedía al letrado de oficio asumir la defensa simultánea de quienes le habían sido confiados como personas ausentes y la de quienes luego fueron vinculados y confesaron su responsabilidad en los sucesos, procesados éstos a los que por designación también oficiosa posterior a las respectivas indagatorias el profesional de marras representó durante un considerable lapso.

Esa circunstancia irregular se observa ocurrió en relación con José Alfredo Pacheco Ramos, a partir del 27 de junio de 2003, en la etapa instructiva, y hasta el 2 de noviembre de 2004, en la fase de juzgamiento, fecha en la que fue celebrada diligencia de aceptación de responsabilidad con fines de sentencia anticipada(32). Y también se presentó respecto de Alfredo González Vargas, desde el 4 de agosto de 2003, el cual luego de admitir su participación en los sucesos, previamente a la clausura del ciclo instructivo aceptó cargos a efectos de que se dictara el fallo de rigor(33).

Ha de quedar claro que los aspectos destacados en precedencia constituyen irregularidades que vistas de manera aislada o individual no serían suficientes para invalidar lo actuado, pero apreciadas conjuntamente y como aspectos idóneos para ponderar si se materializó una real actividad defensiva, revelan, simple y llanamente, y de manera incontrovertible, que durante la investigación, que tuvo una duración de algo más de dos años, lo mismo que en la fase del juicio, dilatada por cerca de seis años, no se verificó representación técnica en los términos que lo exige la constitución y la ley respecto de la procesada demandante y quienes estuvieron aparentemente apadrinados por el mismo profesional hasta el fallo censurado.

16.2. La anterior circunstancia, estos es, la ausencia de defensa técnica durante una fase basilar del proceso, como lo es la de instrucción, es trascendente para concluir la invalidez de la actuación desde ese estadio, pues resulta claro que la designación oficiosa de un abogado, desde la etapa instructiva, para asumir la representación de quienes aquí fueron condenados y durante todo el trámite permanecieron en condición de ausencia, fue un acto que en el transcurso de la actuación no se llenó con contenido representativo de esa labor, sino que obedeció a la simple necesidad de cumplir con un formalismo para poder impulsar el proceso.

Y ello fue así, se reitera, porque el profesional en el que recayó ese encargo no se involucró en el cabal y efectivo desarrollo de sus funciones, sin que sea excusa válida para legitimar esa orfandad la contumacia de los procesados, entre otras razones, porque debido a la insuficiente labor investigativa para concretar más datos de los “posibles” partícipes a efectos de hacerlos comparecer (las cartillas dactilares solicitadas a la Registraduría Nacional solo empezaron a ser allegadas con posterioridad a la definición provisional de la situación jurídica), las ordenes de captura para materializar su vinculación personal fueron libradas con la escueta reseña extraída de una incierta base de datos, en la que no se indicaba lugar alguno de domicilio en el que pudieran ser ubicados.

Dicho de otra manera, se tiene entonces que, en alguna medida, por ineficacia de los organismos estatales, se dio la vinculación en ausencia de varios de los aquí condenados, entre ellos la enjuiciada recurrente, lo cual permitió adelantar el proceso a sus espaldas, sin que pudieran ejercer el derecho de defensa material, y además tampoco fue el Estado capaz de garantizar que en el mismo trámite aquéllos contaran con una defensa técnica, real, eficaz, tangible en unos pocos actos que ilustraran acerca de una probable estrategia de defensa pasiva pero expectante.

Necesario es recordar que el proceso penal, en esencia, es un escenario de controversia, a través del cual el Estado ejerce su derecho de investigar, juzgar y sancionar las conductas prohibidas por el ordenamiento jurídico, empero, esa actividad, en virtud del principio de legalidad, no puede desarrollarse de manera arbitraria, pues la ley establece las reglas de su adelantamiento y a ellas debe sujetarse la actividad del fiscal, el juez y las partes.

Esa manera en la que se encuentra ordenado el debate procesal, adicionalmente, debe hallarse ceñida en forma permanente a los principios impuestos por la Constitución Política, como condición de validez de los actos del proceso. El derecho del sindicado a la defensa durante toda la actuación judicial y como expresiones de éste los de contradicción e impugnación, hacen parte de esas garantías, que de no cumplirse por inercia injustificada de la asistencia letrada, tornan el proceso en inconstitucional, debiendo acudirse al mecanismo jurídico de la nulidad como forma de saneamiento de la conculcación.

Reconocido por la Carta el derecho de defensa con carácter de fundamental, su ejercicio está regido por ella y por la ley, y la condición reconocida de sujetos procesales tanto del sindicado (para su defensa material) como del defensor (responsable de la defensa técnica), dentro de un proceso como el penal cobra una especial significación, en la medida en que éste evoluciona cada vez más, como corresponde a la organización constitucional del Estado social de derecho, hacia un trámite caracterizado por la participación activa de las partes. Por lo tanto, esa categoría de sujetos que la ley procesal le reconoce a quienes intervienen en el proceso penal, no es una definición vacía de contenido sino que se nutre de obligaciones y derechos, cuya precisión y alcance se define por la fase del rito en la que se actúa y las características de la diligencia en la que se interviene.

A partir de tales particularidades del proceso penal, en un sistema como el colombiano, en el cual la función de acusación está en cabeza del Estado, el ejercicio de esos derechos solo es posible si al procesado se le ofrecen las garantías e instrumentos necesarios para su ejecución, y se le brinda la oportunidad de enfrentar en condiciones de igualdad a su contraparte: el Estado, el cual debe permitirle, sin cortapisas, desarrollar a plenitud su derecho fundamental de defensa, en su carácter dual, esto es, tanto material, como técnica.

La definición del proceso penal como un trámite caracterizado por su bilateralidad, no es simplemente teórica, sino que constituye una acepción llena de contenido, por cuanto esa es la única naturaleza que permite encontrar ceñido a la Constitución y la ley el juzgamiento de personas por conductas delictivas. De ahí que sea obligación del Estado establecer esa relación jurídica bilateral y generar los actos para que si llega a ocurrir el extrañamiento personal del procesado, sea fruto de su decisión voluntaria o de la física imposibilidad de hacerlo comparecer, sin que ello licencie el descuido de su derecho a la asesoría técnica, aún en su ausencia.

Consecuente con lo expuesto, si como aquí ocurre, no se construyó un proceso de partes por cuanto la mayoría de los enjuiciados vinculados a través de la declaración de ausencia no tuvieron la oportunidad de constituirse en tal, y quien los representó abandonó sus deberes para fungir de manera eficaz, real y permanente en pro de los intereses de aquéllos, mostrándose indiferente a la pretensión punitiva de la Fiscalía, se trató entonces, no de un proceso, sino de la actuación unilateral de una parte: el Estado, en contra de otra: los sindicados ausentes.

Esa unilateralidad injustificada pone de presente un desbalance de la actuación penal, en cuanto se estableció deficientemente la relación jurídica que caracteriza el proceso penal, única forma en que la Constitución y la ley reconocen como válido y auténtico el ejercicio del derecho de defensa. Es allí en la oportunidad de construcción de ese balance procesal, Estado - defensa (material y técnica), donde se define la medida y límite del deber estatal de establecimiento de la relación jurídica procesal.

En conclusión, como es la garantía de defensa el bien superior aquí violentado, el mismo debe restablecerse desde un momento procesal oportuno, lo cual se consigue retrotrayendo la actuación a la fase del sumario, mediante la nulidad de lo actuado a partir inclusive de la resolución de 25 de abril de 2003 con la que se ordenó su vinculación mediante declaración de persona ausente, pues en esa etapa, con base en la información obtenida luego de la citada decisión, el órgano instructor cuenta con los medios de conocimiento que le permitirán resolver con mayor acierto, minimizando el riesgo de un error, quiénes deben ser vinculados a través de los mecanismos legales para debatir su probable participación en los hechos aquí investigados.

En consecuencia, se casará la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Ibagué, desde el referido pronunciamiento, comprendidos todos los actos que dependan del mismo, menos los de prueba, respecto de las siguientes personas:

Mariela Prada Luna, Yesid Aguilera Garzón, Carlos Antonio Mora Vanegas, Sofía Pinto Garzón, César Hernando Díaz, Valentín Culma Tique, Efrén Sánchez Sánchez, Nilson Erley Robayo Vélez, José Ananías Olaya Jiménez, Luz Yaneth Yate Ferreira, Ever Torres Rodríguez, Ermilo Ospina Espitia, John Willy Gómez, Segundo Jesús Ballén Vásquez, José Omar García Guerrero, Exenover Beltrán Guerrero, Olber Fernando García Aristizabal, Jhon Elvis Sotar, Luis Alberto Díaz Macana, Luis Eduardo Uribe de los Ríos, Víctor Muñoz, Enelio Ganola Ospina, Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Gamariel Bogotá Naranjo, Alonso Andrés Ramírez Quintín, Edna Sídney Pinto Hernández, Osman Antonio Blanco y Sandra Milena Rodríguez Díaz.

Dado que los procesados Mariela Prada Luna, Sandra Milena Rodríguez Díaz y Alonso Andrés Ramírez Quintín, se encuentran privados de la libertad por cuenta de la presente actuación y con ocasión de la invalidación de lo actuado no quedan cobijados con medida cautelar que restrinja su libertad en razón de este asunto, se les concederá la libertad inmediata e incondicional, previa verificación de que no sean requeridos por otra autoridad judicial.

Impera precisar que la nulidad declarada no se extiende a los acusados Aldemar Rojas López y Mario Alexander Rodríguez Cantor, por cuanto estos fueron vinculados al proceso mediante indagatoria en la instrucción y desde entonces estuvieron representados por abogados que ejercieron activamente la función encomendada.

17. Una consideración especial amerita la situación de Guillermo León Sáenz Vargas (alias “Alfonso Cano”), pues es un hecho notorio y de público conocimiento que éste fue dado de baja (murió) en desarrollo de un operativo militar el 4 de noviembre de 2011, circunstancia corroborada por la Sala en el trámite del recurso de casación con copia del registro civil de defunción distinguido con el indicativo serial Nº 06054418, enviado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, motivo por el que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 600 de 2000, se ordenará cesar el procedimiento en cuanto al citado al comprobarse la aludida causal objetiva de extinción de la acción penal.

18. Finalmente, ante el comprobado descuido de las funciones inherentes al cargo de defensor de oficio, encarnado en el presente asunto en el profesional que fungió en tal condición respecto de los vinculados mediante declaración de ausencia, la Sala compulsara copias de esta decisión, de la resolución del 25 de abril de 2003 que declaró ausentes a unos procesados, del acta de posesión del abogado allí designado, y las otras actuaciones afines(34), ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Ibagué con el fin de que esa autoridad dilucide si el dicho letrado está incurso en falta alguna de las previstas en el estatuto de la profesión.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR PARCIALMENTE, en razón de la prosperidad del cargo formulado en la demanda interpuesta por el defensor de Mariela Prada Luna, la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior de Ibagué el 10 de septiembre de 2009, mediante la cual confirmó la emitida el 13 de octubre de 2005 en el Juzgado Primero Penal del Circuito especializado de esa ciudad.

2. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del proceso, inclusive desde la resolución de 25 de abril de 2003 mediante la cual se dispuso la vinculación mediante declaración de persona ausente respecto de los siguientes procesados, momento a partir del cual deberá reponerse la actuación con pleno respeto del derecho a la defensa de:

Mariela Prada Luna, Yesid Aguilera Garzón, Carlos Antonio Mora Vanegas, Sofía Pinto Garzón, César Hernando Díaz, Valentín Culma Tique, Efrén Sánchez Sánchez, Nilson Erley Robayo Vélez, José Ananías Olaya Jiménez, Luz Yaneth Yate Ferreira, Ever Torres Rodríguez, Ermilo Ospina Espitia, John Willy Gómez, Segundo Jesús Ballén Vásquez, José Omar García Guerrero, Exenover Beltrán Guerrero, Olber Fernando García Aristizabal, Jhon Elvis Sotar, Luis Alberto Díaz Macana, Luis Eduardo Uribe de los Ríos, Víctor Muñoz, Enelio Ganola Ospina, Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Gamariel Bogotá Naranjo, Alonso Andrés Ramírez Quintín, Edna Sídney Pinto Hernández, Osman Antonio Blanco y Sandra Milena Rodríguez Díaz.

3. CONCEDER la libertad a Mariela Prada Luna, Sandra Milena Rodríguez Díaz y Alonso Andrés Ramírez Quintín en relación con el presente proceso, en los términos y condiciones aquí precisadas. Previa verificación de que no son requeridos por otra autoridad judicial se libraran las respectivas boletas de libertad.

4. CESAR PROCEDIMIENTO, por extinción de la acción penal, respecto de Guillermo León Sáenz Vargas (alias “Alfonso Cano”), de acuerdo con lo puntualizado en la parte motiva. Las restantes determinaciones quedan vigentes.

5. REMITIR copia de esta sentencia y demás piezas procesales indicadas en la parte considerativa, ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Ibagué, con el fin de que provea acerca de la eventual investigación disciplinaria del abogado Manuel José Urrego Chacón.

6. Devuélvase la actuación al Tribunal de origen.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

 

(21) Cfr. Sentencias de 11 de julio y 6 de septiembre de 2007, radicaciones 26827 y 16958, respectivamente.

(22) Cfr. Sentencia de 19 de octubre de 2006. Proceso 22432.

(23) Cfr. Sentencias de 22 de junio de 2006 y 6 de septiembre de 2007, radicaciones 22304 y 16958, respectivamente.

(24) Sentencia C-488 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(25) Cfr. Fallo de tutela T-957 de 17 de noviembre de 2006.

(26) Jauchen, Eduardo M. Derechos del imputado. Rubinzal-Culzoni Editores. 2005, pág. 154 y 155.

(27) Ob. Cit. ´pág. 158, 160 y 161.

(28) “En ningún caso se vinculará a persona que no esté plenamente identificada”.

(29) Cuaderno original 4, folios 129 y 130.

(30) Cuaderno original 5, folio 271 vto., y cuaderno original 7, folios 41-44.

(31) Ley 600 de 2000, artículo 133. “Incompatibilidad de la defensa. El defensor no podrá representar a dos o más sindicados en el mismo o en diferente trámite judicial, cuando entre ellos existiere, o sobrevinieren, interese contrarios o incompatibles”.

(32) Cuaderno original 4, folios 71-77, 225-232, 257 y 299. Cuaderno original 6, folios 235, 244 y 245.

(33) Cuaderno original 5, folios 6-12, 74, 86, 132 y 153-156.

(34) Cuaderno original 4, folios 25-32 y 70, 71, 77, 225, 232, 257 y 299. Cuaderno original 5, folios 6-12, 74, 86, 132 y 153-156. Y cuaderno original 6, folios 235, 244 y 245.