Sentencia 34466 de octubre 17 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Aprobado Acta 382

Bogotá, D.C., diecisiete de octubre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Corte advierte que al haber sido admitida la demanda de casación discrecional en lo atinente a los nueve cargos elevados, se superaron los complejos defectos lógico argumentativos exhibidos en ella, con el exclusivo propósito de analizar a fondo los ataques expuestos o las posibles falencias a las garantías fundamentales materializadas en las instancias, sin que lo precedente (casar el fallo por ejemplo), irremediablemente desencadene en su declaratoria, máxime si se constata todo lo inverso; es decir, que no se presentó ninguna afrenta o vulneración de entidad trascendente establecida por la ley y desarrollada por la jurisprudencia.

2. La sistemática que utilizará la Sala para resolver el caso objeto de estudio, tendrá el siguiente contenido: primero, se compendiará cada hipótesis de ataque, segundo, se traerá a colación lo expresado por el procurador delegado y lo plasmado por el tribunal en el fallo cuestionado y tercero, en el desarrollo de ambos, la Sala expondrá su criterio jurídico sobre las pretensiones incoadas en la demanda.

En igual forma, se abordará el estudio del libelo de manera coherente con las cesuras seleccionadas por el jurista, a fin de explicarle por qué, para trascender lo actuado, la capacidad demostrativa impresa en los cargos, no alcanza a derrotar lo poco, pero esencial plasmado en el fallo de segundo nivel, toda vez que sus premisas se oponen sustancialmente a lo vertido por la judicatura.

3. Se hace imperioso también explicar que, en atención a las censuras elevadas, la crítica probatoria trajo consigo, disquisiciones subjetivas generadas desde una exclusiva visión del asunto y, aunque el defensor previó algunos presupuestos lógicos en sus razonamientos, ellos en sí mismos, generan irremediablemente un caos argumentativo al imprimirle al proceso su preferente entendimiento sobre las apreciaciones probatorias cumplidas por la magistratura: motivo suficiente para replegar los razonamientos de la Sala en un solo cuerpo, cuando ello sea necesario.

4. El fundamento de la responsabilidad penal deducida por la Sala única del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) contra el inculpado Julián Adolfo Ruiz Morales, al revocar parcialmente el fallo censurado por la fiscalía, en términos generales, se verificó de la siguiente manera:

4.1. Decidió que el delito de concusión por el que fue vinculado el Inspector, en ninguna de sus modalidades comisivas, esto es, solicitar, inducir o constreñir, se acoplaban al actuar del funcionario, motivo suficiente para absolverlo por duda, porque

ni Gustavo Garzón Tuta ni Martha Isabel Muñoz, hacen referencia a que el procesado haya recibido parte de los $200.000 pues el primero indica que el dinero se lo entregó a Martha Isabel Muñoz, quien en la diligencia de aceptación de cargos corrobora dicha situación, sin hacer referencia a la participación del procesado”(19).

4.2. Una vez la magistratura transcribió el tipo penal consagrado en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, falsedad ideológica en documento público, citó una jurisprudencia(20) sobre el verbo rector de esta infracción penal, luego, aseveró que el procesado Julián Adolfo Ruiz Morales, aceptó que él celebró la audiencia pública con el infractor Garzón Tuta y que “interrogó a dos testigos”, con ello, infirió la judicatura, que la diligencia fue “ficticia, en la cual se simuló que habían concurrido los testigos, todo lo cual se consignó en una resolución falsa que aparece suscrita por el implicado”, desde luego, soportado “en las piezas probatorias”.

4.3. El testimonio del estudiante de derecho Luis Alexander León Daza, fue rechazado por el tribunal, porque no se relacionaba con la conducta atribuida al inculpado, en tanto, ocho meses después de su práctica, exclusivamente adujo que se acordaba que el 17 de marzo de 2005, por la mañana, escuchó el apellido Tuta y bromeó sobre su similitud con otras palabras.

4.4. Como el inculpado Julián Adolfo Ruiz Morales, en el ejercicio de sus funciones tenía el deber de dirigir la audiencia “asistencia del testigo, identificación del mismo, amonestación sobre la gravedad del juramento y sus consecuencias, siendo evidente en este caso que el procesado infringió la ley penal al suscribir un acta de audiencia ficticia”, aunado a una decisión que exoneró de responsabilidad a Gustavo Garzón Tuta: conducta típica del delito de falsedad ideológica en documento público, toda vez que, plasmó una mentira en la resolución administrativa.

4.5. En igual sentido, adujo la magistratura que existía duda sobre la identidad de los declarantes Javier Naranjo Pérez y Orlando Parra Salcedo, “no hay prueba sobre sus testimonios” y el denunciante Garzón Tuta, dijo no conocerlos, por todo, revocó la decisión absolutoria para en su defecto condenar al aquí procesado por el delito objeto de estudio, imponiéndole una pena de 48 meses de prisión.

Reflexiones de la Sala:

1. En atención al cargo principal: si bien la Corte admitió la censura elevada por nulidad, no deja de ser cierto los innumerables defectos lógicos argumentativos que presenta, hasta el punto de confluir en ella, múltiples sentidos de ataque, aunados a los desatinos formales que visualizó el delegado; estos como los demás yerros que acompañan la demanda, fueron superados con la inmediata finalidad de abordar el estudio de fondo del caso, a fin de determinar si de verdad le asiste al jurista razón en su inconformidad extraordinaria, sin embargo, ello no es óbice para ignorar, en principio, algunos aspectos inherentes a la debida presentación y sustentación de una propuesta como la exhibida por el togado.

El problema jurídico preconcebido debió ser proyectado por la vía directa de violación de la ley sustantiva en sentido de aplicación indebida del punible objeto de reproche y su correlativa falta de aplicación de aquel que supone el libelista debió regir el debido proceso contra su prohijado, esto es, la falsedad impropia, el cual, por estar contenido en el mismo título sustantivo, hubiese articulado su propuesta sin violentar aquellos derechos de estructura y garantía denunciados.

2. En esencia la propuesta es esa, que se declare la nulidad de todo lo actuado a fin de imputarle a su prohijado la infracción de falsedad material en documento público, porque en su criterio el Inspector de Tránsito creó todo el documento, no una parte como se entendería en la ideológica. Para demostrar su aserto, se sirvió de algunas manifestaciones de la magistratura en las que se expuso que la audiencia fue “ficticia”, con lo cual, infiere el letrado, que la creación del documento fue integral, reubicándose la tipología a otro reato de menor entidad represiva.

Sin embargo, su discurso no pasa el cedazo de coherencia y claridad en la medida que, acto seguido, coligió que si no hubo materialmente audiencia contravencional, tampoco podía existir documento público para insertar las narrativas fictas, ello porque, si bien es cierto, con sus argumentos pretende demostrar la sinrazón jurídica de la instancia superior; no obstante, aquello se muestra como un juicio que vilipendia el postulado de la lógica de no contradicción, pues llega al punto de aceptar en una misma línea de razonamiento, premisas excluyentes, es decir, en un primer momento aceptó que su poderdante debe ser condenado por falsedad material en reemplazo de la ideológica porque sus elementos normativos y descriptivos así lo informan con lo acopiado y, a renglón seguido, refuta su premisa anterior, al decir que no existió audiencia ni documento público: con lo cual, su arremetida colapsa en el absurdo.

Lo cierto del caso es que se materializó una decisión contravencional, en donde se exoneró a un infractor de tránsito con base en el axioma de in dubio pro reo, mediante una audiencia y una resolución que daban fe, que él, Garzón Tuta, con dos testigos, no se pasó el semáforo en rojo sino en verde o amarillo, ante lo cual, en todas sus salidas procesales el denunciante insistió que jamás estuvo en alguna diligencia, menos que hubiese llevado a dos testigos para que corroboraran los hechos.

Esta fue una resolución que nació a la vida jurídica administrativa, con entidad demostrativa, para generar de allí su uso y ser expedido el correspondiente paz y salvo al ciudadano Gustavo Garzón Tuta; luego, la afirmación fehaciente del defensor que no existió, no pasa de ser sino un alegato de libre factura, sofístico por demás y sin ninguna entidad significativa para arrasar lo actuado en instancias.

La continuación de la tesis del letrado, se traduce en el hecho de que si no hubo audiencia (supuesto en el que sustenta la falsedad material), entonces, infiere que el documento se creó en su integridad: el acta contentiva con las declaraciones de los testigos y los descargos del contraventor como la resolución que lo exoneró de responsabilidad administrativa.

En el radicado 23.069 de 15 de julio de 2005(21), la Corte en punto a las divergencias existentes entre los punibles de falsedad ideológica y material en documento público, explicó:

La falsedad ideológica en documentos es por definición un atentado al deber de veracidad. Se incurre en ella cuando el servidor público, o el particular, en ejercicio de la facultad certificadora de la verdad, hacen afirmaciones contrarias a ella, o la callan total o parcialmente, en un documento que puede servir de prueba. Algunas de sus principales características son, por tanto, que es un atentado al deber de decir la verdad, y que las afirmaciones mentirosas deben ser directamente realizadas por el servidor público, o por el particular que extiende o suscribe el documento. En eso consiste la falsedad.

Es el caso, por ejemplo, de notario que certifica que una determinada persona asistió al otorgamiento de una escritura, no siendo ello cierto; o del juez que en el acta de una diligencia deja constancia de la presencia en ella de alguien que no concurrió; o del jefe de personal que certifica que uno de sus empleados laboró durante determinados días, no siendo ello verdad; o del director de prisiones que certifica que un interno laboró durante determinados días, no habiéndolo hecho.

La falsedad material, en cambio, es un atentado a la integridad material del documento, a su genuinidad, que se presenta cuando el documento es creado totalmente, en cuyo caso se habla de falsedad material impropia, o cuando se altera el contenido material de uno existente, hipótesis conocida como falsedad material propia. Un ejemplo del primer caso sería el del sujeto que crea una cédula de ciudadanía o un pasaporte falso, y del segundo el del sujeto que altera el nombre del comprador en una escritura pública de compraventa de un bien inmueble, para hacer aparecer otro.

En una propuesta como la expuesta por el defensor, le era obligado cotejar los elementos descriptivos y normativos de ambos reatos y corroborarlos con el plexo probatorio para iniciar un verdadero estudio en sede extraordinaria, desde luego, con base en su pretensión de transición típica: labor que ignoró totalmente por seguir el derrotero de la nulidad, sin que pueda evidenciarse —con una injustificada prolongación sin causa del tiempo— ninguna ventaja.

El delito por el que se condenó al Inspector, tal y como lo adujo el juez colegiado, se halla previsto en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000:

Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años.

En consecuencia, la conducta alternativa realizada por el sujeto activo cualificado, se concreta en “consignar” una falsedad, la cual se identifica con declarar circunstancias, hechos o situaciones —negativas o positivas— inexistentes; en la misma línea, “callar” una verdad, es equivalente a abstenerse de plasmar aquello que en realidad sucedió, pasó u ocurrió: todo esto, como es connatural al tipo, debe permearlo el quehacer del servidor público, que siempre tendrá —por la excelsitud del cargo que desempeña— el compromiso legal, jurídico, social y ético, de extender con exactitud, precisión y sinceridad cualquier acto suscrito en ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, el canon 287 del Código Penal, consagra el punible de falsedad material en documento público, en los siguientes términos:

El que falsifique documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.

Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años.

Aquí el documento ilegal debió ser forjado in integrum por el servidor público, en dado caso, se está ante una falsedad material impropia, porque el sujeto activo que ejecuta la acción prohibida no tiene la función jurídica instituida para tal efecto, por ende, la esencia del ataque tiene su fuente en la creación total o parcial del documento, para determinar si el punible es ideológico o material, lo cual no logró desentrañar el defensor, en tanto, piensa que si el manuscrito de entidad pública fue elaborado —en lo que puede entenderse— sin testigos ni infractor, la falsedad fue integral.

No se percató el jurista que una arremetida en las circunstancias argumentativas por él señaladas, indefectiblemente desemboca en el mismo reato objeto de cuestionamientos extraordinarios, bajo las cuales, ignoró el recurrente otros elementos de juicio que le indicaban todo lo opuesto, como el reconocimiento que hizo el inspector de tránsito Julián Adolfo Ruiz Morales, en sus diferentes salidas procesales, de su firma que estampó en la resolución que exculpó al infractor, con tal actuar certificó, o mejor, autenticó en el ejercicio de sus funciones un trámite contravencional administrativo contentivo de una decisión y al reclamar como de su autoría tal hecho, en principio, caracterizó el documento como público con base en las funciones a él asignadas.

En seguida, como es absolutamente obvio, se comprende que no todo el manuscrito tiene contenidos fictos como lo sustentó el defensor para pretender la variación típica y, de paso, sin ningún asomo a la dubitación, se adecua el acto ilegal a los contenidos descriptivos y normativos del delito de falsedad ideológica en documento publicó, pues aquél lo extendió como medio de prueba para obtener un paz y salvo que en últimas dejaría la conducta contravencional libre de responsabilidad pecuniaria.

Por otro lado, tampoco entiende la Sala como puede hablarse de una falsedad material como la propuesta por el letrado, al exponer, por ejemplo: “cuando el documento se crea totalmente de manera falsa para para colocar en él contenidos falsos, la falsedad no es ideológica, es material(22), si aquí jamás se creó todo el documento, una parte sí, contentiva de las declaraciones de los testigos, los supuestos descargos de Garzón Tuta, valorados someramente en la resolución.

La creación integral del documento, no lo es, como lo pregona el jurista, porque si bien los dos actos públicos: audiencia y decisión, se realizaron en un mismo tipo de letra, ello no significa que su encabezado, incluidos los demás aspectos formales, sean espurios, desde luego, son verdaderas y, de suyo, con los efectos jurídicos del caso: en ellos se indicó:

Secretaría de Tránsito y Transporte de Duitama, inspección de tránsito. Proceso 0243/2005. En Duitama diez y siete (17) de marzo de dos mil cinco (2005) siendo las 8:00 a.m., hora y fecha señalada se hace presente el señor Gustavo Garzón Tuta...por lo que procede el despacho a avocar el conocimiento de las presentes diligencias y declara abierta la audiencia pública... Auto: con el fin de precisar la ocurrencia de los hechos recepcionese la declaración juramentada por parte de los señores Javier Naranjo Pérez y Orlando Parra Salcedo. El presente se notifica en estrados y proceden los recursos de ley cúmplase.

Resolución 152380005865. Por la cual se profiere una exoneración. El inspector de tránsito en uso de sus facultades legales y especialmente las que le confiere el CNT. Considerando... Por todo lo anterior el despacho: RESUELVE... Primero... Segundo... Cúmplase, Sin otro particular, se termina la diligencia siendo las 9:30 a.m. y aprobada se firma por los intervinientes(23).

El documento público audiencia y resolución, no fue producto de una invención formal del inspector para su falsificación en su materialidad total, pues bien sabe el recurrente que el esqueleto jurídico en donde se alojan las diligencias jurídicas (testimonios) y el otro que las resuelve (decisión jurídica), debe apegarse de manera estricta a los presupuestos previstos en la Ley 769 de 2002, por la cual, se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre, cuyo ámbito de aplicación esta dado para todo el país; en la obra citada, se consagró entre otros aspectos procesales: la competencia, la jurisdicción, los recursos (reposición y apelación), la comparecencia del infractor y en un nuevo capítulo, se introdujo el principio de integración normativa:

Aplicaciones de otros códigos y disposiciones finales. ART. 162.—Compatibilidad y analogía. Las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no reguladas por el presente código, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista para el caso en análisis.

Como puede observarse tanto el acta de audiencia como la providencia que resolvió exonerar a Gustavo Garzón Tuta de la infracción de tránsito, debían guardar una línea jurídica formal en su elaboración, que por principio general, está diseñado para todos los procesos, luego, no pudo existir una creación total del documento público como para predicar el delito de falsedad material, sino que en él, se plasmaron una serie de falacias y, de la mano de ellas, se falló en consecuencia, con efectos legales por el uso que le dio el infractor en la búsqueda del paz y salvo; en otras palabras, la falsedad ideología se consuma cuando el servidor público, en pleno ejercicio de sus funciones, extiende un documento, consignando en él una mentira que sirva de prueba, todo lo cual, es justamente lo que aquí aconteció, en tanto, la invención es exclusiva, per se, no abarca todo el manuscrito, pues el inspector Julián Adolfo Ruiz Morales vertió afirmaciones contrarias a la verdad y bajo tal rubrica exoneró al infractor.

Obsérvese como el defensor bajo supuestos eminentemente sofísticos enmaraña los contenidos judiciales al decir:

Se le acusa por producir totalmente dos documentos (acta y resolución) sobre una audiencia jamás realizada, ficticia la llama el tribunal, lo cual constituye falsedad material (impropia), pero se cambia este nomen juris (sic) por el de falsedad ideológica, lo cual da a entender que el acto fuente del documento (la audiencia) si existió, porque esto es la esencia típica de la falsedad ideológica, pero al mismo tiempo, se le condena bajo la premisa de que ese acto fuente no existió y en lugar de condenarlo por falsedad material, se le condena por falsedad ideológica, que dar por supuesto que la audiencia sí se realizó y como tal hubiere originado el documento(24).

El tribunal en el apartado citado por el recurrente sostuvo:

El señor Julián Adolfo Ruiz Morales manifestó en su indagatoria: “estuve presente en la audiencia, puedo sí aseverar que se interrogó a dos testigos, a solicitud de quien se identificó como infractor a la norma de tránsito, recuerdo el apellido Garzón Tuta”, mi labor se concretó a interrogarlos” (resaltado fuera de texto). En tales condiciones, es claro que el indagado faltó a la verdad, pues es evidente que se trató de una audiencia ficticia, en la cual se simuló que habían concurrido los testigos, todo lo cual se consignó en una resolución falsa que aparece suscrita por el implicado(25).

En primer término, el juez colegiado no se refirió a “una audiencia jamás realizada”, por el contrario, cuestionó la labor desempeñada por el Inspector de interrogar a los testigos, lo cual nunca aconteció; por otro lado, en ese contexto, la expresión “audiencia ficticia” bautizada así por el Tribunal, estuvo directamente relacionada con la no concurrencia de los testigos, generándose en la pluma del jurista, un falso juicio de identidad por tergiversación de los contenidos valorativos forjados por la judicatura.

Aún más: para la Sala es imprescindible señalar que tanto la audiencia como la resolución exoneratoria, nacieron a la vida jurídica como documentos públicos, los cuales fueron presentados (uso) en la ventanilla 3 de esa inspección de tránsito para el consecuente paz y salvo, pero gracias a la confusión o quizás a la agudeza de la funcionaria Marinelsa Báez de Rico, el acto antijurídico consumado por el inculpado, se dio a conocer.

Con base en lo precedente, las afirmaciones del defensor son sofísticas, porque inician desde la propia ambigüedad probatoria con el fin de desintegrar el tipo de falsedad ideológica, sin ningún fundamento sólido, pues en realidad se constató que las falacias incrustadas en los documentos contravencionales, no abarcaron en su integridad el documento público, sino una parte de él, sin que fuese en su generalidad ficticio como lo entendió el libelista, desde luego, tergiversando los contenidos suasorios impresos por la magistratura, que aunque mínimos, condensan la esencia de los presupuestos necesarios para expedir la decisión hoy cuestionada.

Baste lo hasta aquí expuesto, para despachar desfavorablemente la pretensión de conmutación típica argumentada por el libelista; sin embargo, la Corte no puede dejar pasar por alto, además de lo expuesto, la ausencia sistémica de trascendencia del ataque, por cuanto, el recurso extraordinario de casación tiene unos fines implícitos que lo identifican como el más alto guardián normativo del proceso debido en todas sus manifestaciones epistemológicas, a su cuenta, entonces, como en el caso de la especie, debe impetrarse algún beneficio para el penado con tan exigente y estricta propuesta, el cual no se advierte por ningún lado, en tanto, los delitos de falsedad ideológica en documento público y falsedad material realizada por servidor público, a tono con los artículos 286 y 287 de la Ley 599 de 2000, tienen asignada una pena igual, es decir, de cuatro (4) a ocho (8) años; luego, no tiene sentido la sustitución punitiva, sin que ella entrañe, alguna connotación jurídica en favor de quien representa.

Sobre los ocho cargos subsidiarios

La Sala advierte que los ataques serán contestados en bloque, por economía procesal, fusionando aquellos que guarden identidad conceptual, a fin de ir dilucidando si el Inspector Julián Adolfo Ruiz Morales, escuchó en descargos al infractor Gustavo Garzón Tuta e interrogó o no a los testigos Javier Naranjo Pérez y Orlando Parra Salcedo; por tal motivo, puntualizará en los siguientes ítems, los aspectos probatorios más relevantes.

a) El jefe unidad de servicios administrativos del municipio de Duitama, certificó que Julián Adolfo Ruiz Morales, identificado con la cédula de ciudadanía 79’556.419 de Bogotá, fue nombrado en provisionalidad, en el cargo de Inspector de Tránsito, Código 410 Grado 09, adscrito a la Secretaría de Tránsito y Transporte, desde el 29 de enero de 2004(26); en igual forma, el aludido inculpado informó en su primera salida procesal(27), que se desempeñó como inspector segundo municipal de Policía de Duitama, hasta abril 30 de 2005, motivo por el cual, en ese interregno fungió como servidor público.

b) El acta de audiencia contravencional como la resolución número 152380005865 que exoneró de responsabilidad administrativa al infractor Gustavo Garzón Tuta, se realizaron el 17 de marzo de 2005, lo cual significa que dichos documentos gozan de fe pública al haber sido expedidos por la autoridad correspondiente (Inspector) asignada por ley para tramitar y definir tales comportamientos contra las normas de tránsito.

c) Los aludidos documentos públicos —condensados en uno— fueron signados por el Inspector, su secretaria Martha Isabel Muñoz Reyes y el contraventor, según lo explicaron a la administración de justicia.

d) En el acta de audiencia contravencional, se dejó constancia de la participación de dos testigos, 1. Javier Naranjo Pérez, identificado con las cédula de ciudanía número 9.630.215, quien bajo la gravedad del juramento realizado por el inculpado, aseveró contar con 46 años, segundo de bachillerato, residente en la vereda de Chameza y desempleado; 2. Orlando Parra Salcedo, C.C. N. y(sic) 74'472.09, con 41 años de edad, casado, bachiller, desempleado, residente en Paipa; quienes afirmaron que Gustavo Garzón Tuta, no se había pasado el semáforo en rojo.

e) Por otro lado, el compareciente Gustavo Garzón Tuta, supuestamente expresó en la diligencia objeto de reproche penal:

la justa causa fue que yo pase (sic) el semáforo en verde hombro a hombro con la buseta de la Tundama y solicitó que me exoneren del comparendo pues mis testigos dicen la verdad eso es todo”.

f) La ex funcionaria Martha Isabel Muñoz Reyes, condenada mediante el trámite de sentencia anticipada, en su injurada sostuvo:

El doctor Julián me dijo que como había tiempo que le recibiéramos de una vez la declaración que además como el señor traía ahí sus testigos se podía realizar toda la audiencia y eso fue lo que se hizo, primero se le recibió la queja al señor Tuta después se mandó seguir a los testigos uno por uno, sino estoy mal eran dos testigos y se les recepcionó la declaración y el doctor procedió a dictar el fallo, la declaración de los testigos la hizo el inspector yo lo único que hice fue tomar los generales de ley y transcribir lo que el doctor dictó(28).

g) El 1º de noviembre de 2005, Gustavo Garzón Tuta, en ampliación de declaración, sostuvo:

PREGUNTADO POR LA DEFENSA. El doctor Julian Adolfo Ruiz Morales (sic) que es el inspector de tránsito, ha manifestado en este proceso que el día 17 de marzo a las 8 de la mañana le solicitó la señora Martha Muñoz Reyes que ante la presencia del señor Gustavo Garzon Tuta (sic) persona que había llevado a los señores Javier Naranjo Pérez (sic) y Orlando Parra Salcedo, para agilizar un caso y darle trámite oportuno se recibieron esos testimonios, inclusive firman esas personas la resolución que es la misma que usted firmó al final, como (sic) explica tal hecho. CONTESTO.- ‘Bueno en eso yo no asistí a las 8 de la mañana por que (sic) no fui llamado, ni distingo a esas personas, yo firmé esa resolución a las 3:10 de la tarde cuando ella llegó (sic) por ingenuidad porque yo no la leí pensando de que eso era legal y era de primer vez que me pasaba eso, a mí nunca me habían pasado comparendos y debido a eso me solicitaron testigos de que yo a las 8 de la mañana estaba trabajando en la granja avícola... ellos vinieron a declarar(29).

h) El 17 de agosto de 2005, el Inspector Segundo Municipal de Policía de Duitama, Julián Adolfo Ruiz Morales, en su injurada afirmó: 1) que “las resoluciones que se profirieron se atienen a lo que ocurrió en el devenir procesal”, 2) su ex secretaria para esa época tenía ocho procesos disciplinarios, sin que le coste algún delito realizado por ella, 3) estuvo presente en la audiencia contravencional tantas veces aquí mencionada, por tanto, la suscribió y 4) él, interrogó a los testigos Jairo Naranjo Pérez y Orlando Parra Salcedo.

El 26 de octubre siguiente, amplió la injurada, en donde –ente otros apartes-, anunció que

la diligencia contravencional de tránsito que se efectuó y que motiva la presente investigación se hizo en presencia de qien (sic) dijo llamarse Gustavo Garzón Tuta (sic)... persona que compareció al despacho de la inspección a primera hora de la mañana en presencia de dos personas que manifestó eran sus testigos de descargo, toda vez que transitaban en el automotor que el conducía el día de la elaboración del comparendo, cuando yo arribe a mi oficina sobre las 8 de la mañana”.

Adujo, a renglón seguido, que en esos instantes lo abordó un agente de tránsito de quien dijo ser “compañero de trabajo”, de nombre Luis Alexander León Daza, estudiante de derecho, a quien “le consta la presentación que de su persona hizo el señor antes mencionado y la presentación de quienes señaló como sus testigos”(30); por último, indicó, que la oficina de él estaba separada de la de su secretaria y esta nunca le ofreció “arreglos o coimas, dádivas”.

i) El señor Luis Alexander León Daza, en noviembre del mismo año, allegó un memorial en el que sostuvo que él era testigo que la audiencia de verdad se realizó; sin embargo, en diligencia de declaración jurada, seis días después, le informó a la fiscalía lo siguiente:

me causó curiosidad con el apellido del señor porque empecé a hacerle bromas diciéndole al doctor que el apellido era hijuetuta (sic) por el primer apellido era Cuta algo así, el otro apellido era como Garzón”.

Acto seguido advirtió no tener ninguna idea de cuál era el físico de Garzón Tuta, que se acordó de los hechos porque perdió un parcial y, finalmente expuso que, no sabía si se realizó o no la audiencia, pues se retiró de la Inspección; interrogado por el fiscal sobre variadas inconsistencias desveladas entre el escrito y su declaración, manifestó: “lo que escribí es cierto y no veo diferencia”.

Falsos raciocinios:

Los dos primeros fueron sustentados por el descrédito que el Tribunal fijó frente a las declaraciones de Luis Alexander León Daza y Gustavo Garzón Tuta, el último, condensa diversas opiniones jurídicas del recurrente de cara a los dos cargos precedentes.

Aquí las falencias argumentativas también desbordan los sentidos, sin embargo, la Sala entra a explicar de plano, por qué las tres censuras aludidas no tienen ninguna probabilidad de éxito.

i) Indicó el recurrente que el juez plural, sin ningún fundamento, despreció la única afirmación suministrada por el testigo Luis Alexander León Daza, esto es, que el día 17 de marzo de 2005, por la mañana, se encontraba un señor de apellido Tuta en la Inspección, con base en ella, se violentó la regla de la lógica, la cual expresa que, cuando una persona percibe una “cuestión” muy singular, no es lógico exigirle mayores detalles del asunto, de ahí su inferencia sobre la presencia de Garzón Tuta en el sitio de la diligencia.

El Procurador expuso que no le asistía ninguna razón al togado, porque la declaración del estudiante de derecho, objeto de este primer falso raciocinio, no era suficiente para respaldar lo sostenido por el inculpado, máxime si el fondo del asunto era determinar la realización de la audiencia mas no establecer la presencia del infractor en la Inspección Gustavo Garzón Tuta.

Primero, el libelista jamás demostró que esa apreciación fuere una regla de la lógica, que acompañe a los postulados de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente e identidad, por abarcar éstos la fuente misma de la teoría del conocimiento o gnoseología, por tal razón, su embestida, no alcanza a demostrar los yerros confutados a la instancia superior, pues su inferencia es frágil, endeble y sin ningún soporte sólido, porque si lo que debe de colegirse es la presencia de Gustavo Garzón Tuta en la inspección como lo pregona el defensor, ello jamás demuestra con criterio de verdad si el ex funcionario procesado interrogó a los testigos en la audiencia contravencional de tránsito, simplemente que escuchó un nombre del que hizo bromas pesadas identificadas por el recurrente como “hijo de tuta”; sin embargo, el declarante señalado dijo:

“me causó curiosidad con el apellido del señor por que empecé a hacerle bromas diciéndole al doctor que el apellido era hijuetuta (sic), porque el primer apellido era Cuta algo así, el otro apellido era como Garzón”.

Segundo: por otro lado, el referido deponente no mencionó en realidad el segundo apellido del infractor, pues “Cuta” no es igual o lo mismo que Tuta, máxime, si a renglón seguido anunció que no se dio cuenta de su físico; pero el libelista aprovechó esta accesoria e ínfima circunstancia para hacerla parecer de excelsa trascendencia, circunstancial o especialísima, para que la judicatura deje de corroborar su narración en conjunto e intrínsecamente, por tanto, ello no es acertado, incluso, con la supuesta regla de la lógica traída por él, la cual pretende concederle credibilidad a un testimonio penetrado de inconsistencias jamás explicadas, por ejemplo, si el inspector era su profesor o una persona con algún criterio de autoridad académica sobre él, por qué lanzó una broma tan soez, respecto de una persona en un recinto de autoridad administrativa, así hubiese sostenido que con el referido funcionario estaba acostumbrado a “recochar (sic) y por eso estábamos molestando”: todo ello, solo se explica, como una coartada, exhibida tiempo después por el encausado para tratar de enderezar una defensa de por sí molida por el cúmulo probatorio, amén de aceptar que el inspector también participó de la grotesca burla.

Tercero: el testigo Luis Alexander León Daza, se refiere al inspector Julián Adolfo Ruiz Morales como “doctor”, lo cual se opone a bromas tan sórdidas en relación al nombre de un ciudadano y si se tiene presente que el citado “estudiante de derecho” León Daza, resultó ser también un agente de tránsito, como lo adujo en el escrito que presentó ante el instructor, su credibilidad exhibe aún más cuestionamientos, porque sobresale ser un deponente de papel para sacar avante el proyecto de inocencia de su amigo, con el que ridiculizaban a las incautas personas que ingresaban a la inspección.

Luis Alexander León Daza, se repite, allegó a la actuación, un memorial en donde advirtió que lo hacía “de manera libre y espontánea... a solicitud del Dr., Julian Adolfo Ruiz Morales (sic)”, en el que sostuvo, entre otras cosas, la siguiente:

...el doctor le pregunto (sic) al señor que se presentó como de apellidos Garzon Tuta (sic) que si sus acompañantes eran sus testigos y el (sic) dijo que sí; entonces el Dr. Julian Aldolfo Ruiz Morales (sic) dijo que bueno y le dijo a la secretaria que encabezara el acta y a los testigos que presentó el señor Garzón Tuta les preguntó que si habían traído la cédula, ellos dijeron que si y el (sic) les solicitó que esperaran afuera, continuó atendiendo mi consulta y cuando la secretaria le dijo que ya estaba listo el encabezamiento del acta, cortamos nuestra conversación y quedamos de continuarla después, con ello me retiré de la inspección(31).

En la declaración jurada rendida el 9 de noviembre de 2005 ante la Fiscalía Doce Delegada de Duitama, sostuvo:

“PREGUNTADO: Sabe por qué razón el señor Tuta se encontraba para esa audiencia. CONTESTO: ‘No señora’... Sabe quién inició la diligencia para tomar las declaraciones... ‘No señora’... Sabe si los señores fueron identificados plenamente y quien lo hizo... ‘Cuando llegué los señores ya estaban ahí y fue Martha la secretaria la que los presentó no sé si ella los identificó o no’... Sírvase informarnos si la audiencia que nos viene haciendo mención se efectuó... ‘No tengo conocimiento por que (sic) posteriormente me retiré de la Inspección”.

Como se puede constatar existe una gran distancia entre lo expuesto en su escrito y aquello relacionado en la declaración, máxime si varios renglones adelante, por impulso del interrogatorio fiscal repitió lo dicho en su memorial, con la siguiente salvedad:

Por que (sic) en ese momento el Doctor Julian (sic) me pidió el favor de que le elaborara el oficio [memorial] de afán y yo me encontraba en consultorio jurídico con el doctor Sosa y la verdad lo hicimos de rapidez... al igual me dijeron que después me llamaban a declarar... el doctor por lo general de (sic) la pasa en la universidad y allá”.

Justamente, esta es, junto con las anteriores razones expuestas, la revelación de las versiones opuestas del testigo. En la primera, un escrito presentado ante la Fiscalía preparado con la ayuda del aquí procesado y otro abogado de apellido Sosa, en el que se detallan con alguna nitidez los hechos aparentemente vividos por el deponente; ya en la declaración, se muestra distante, evasivo y, una vez cuestionado, solo aceptó que el enjuiciado preguntó por los dos testigos y le dio la orden a su secretaria de encabezar —quizás— la diligencia que, valga repetir, no tiene la menor idea si se llevó a cabo.

ii) Falso raciocinio: tiene que ver con la credibilidad que el Juez Plural le otorgó al testimonio del denunciante Gustavo Garzón Tuta, sin compendiar en sus valoraciones las contradicciones halladas en el fallo absolutorio de primer grado y recogidas por el libelista en sede extraordinaria en los siguientes ítems:

1) La entrega de $200.000 a la ex secretaria de la Inspección Martha Isabel Muñoz Reyes, por parte del contraventor, obedeció a un acuerdo entre ellos; 2) Gustavo Garzón Tuta, registró muchos comparendos de tránsito, siendo esto así, no le eran indiferentes las multas, trámites y reglamentos; 3) el denunciante, tenía pleno conocimiento que la resolución exoneratoria hizo parte del pacto celebrado con Martha Isabel Muñoz Reyes y 4) “los viejos” jamás ratificaron que él hubiese estado trabajando el 17 de marzo de 2005, incluso, Carlos Valderrama sostuvo que lo vio aquella mañana en la Inspección y Luis Alexander León Daza, recordó el apellido a las 8:00 a.m.

Para el libelista, las leyes de la lógica enseñan que Gustavo Garzón Tuta, no era ajeno a un acuerdo con la secretaria con el fin de ser exonerado de un pago mayor de la multa, por tanto, infirió el togado, que él le canceló a la ex funcionaria para obtener la resolución falsa, motivo por el cual, el Tribunal violó las reglas de la sana critica, más aún, si tales discordancias no fueron materia de la decisión cuestionada.

El Procurador, por su parte, es del criterio que el Juez Colegiado no equivocó su juicio, por cuanto demostró que la audiencia nunca se llevó a cabo, en atención a las declaraciones iniciales de Graciano Espejo Valderrama y su esposa Ascención Fonseca, con esto constató la falsedad de los testigos Javier Naranjo Pérez y Orlando Parra Salcedo; de resto, los hechos o circunstancias no referidas por el tribunal, son intrascendentes, pues lo verdaderamente importante fue la rúbrica del inspector acreditando un documento falso.

La Corte ratifica la inexistencia probatoria sobre el supuesto pacto o convenio celebrado entre el infractor Gustavo Garzón Tuta y la ex funcionaria Martha Isabel Muñoz Reyes, pues la entrega por el infractor de los doscientos mil pesos a la secretaria de la Inspección, se evidencia como pago por la multa, más nunca como consecuencia de un previo o momentáneo acuerdo para dictar un fallo administrativo a su favor, porque ningún medio arrimado al plenario satisface tal aseveración.

Entre otras ilaciones, no se entiende cómo una persona que tácitamente realizó un convenio ilegal para evadir $50.000, pues solamente le entregó $200.000 de los $250.000 que le pidió la ex funcionaria, se muestre extrañado con su exoneración administrativa, si al fin y al cabo, ese era el fin perseguido. Explicado de otra forma: atenta contra el postulado de la lógica de no contradicción el hecho de aceptar un acuerdo para evitar ser sancionado y una vez exento de responsabilidad, denuncia que él no rindió ningún descargo y menos que hubiese comparecido con dos testigos, motivo suficiente para predicar que atinó el tribunal en concederle plena credibilidad a su dicho, sin que sea trascendente que el agente de tránsito que le impuso la multa, hubiese declarado que aquél estaba con otra persona el día del comparendo, mientras el contraventor omite tal referencia, dado que no interfiere con la naturaleza normativa de la conducta penal aquí juzgada.

Sostuvo el jurista quelos múltiples comparendos formalizados a nombre de Gustavo Garzón Tuta, lo ubican como una persona conocedora de todos los asuntos de tránsito, afirmación que tampoco es coherente con el plexo probatorio, en tanto, cercenó el libelista la integralidad de la prueba, esto es, la denuncia y las ampliaciones de Gustavo Garzón Tuta, por ejemplo, la rendida el 25 de diciembre de 2005, ante la Fiscalía Doce Delegada de Duitama, cuando expresó sobre el particular, a una pregunta elevada por el defensor de instancia, lo siguiente:

En declaración bajo juramento anterior suya manifestó usted que nunca antes de estos hechos le habían elevado o efectuado un comparendo, por qué ahora en esta declaración al contrario de las anteriores indica que precisamente un día antes, esto es, el 14 de marzo le habían efectuado un comparendo de tránsito por no portar el certificado o portarlo vencido. CONTESTO: ‘Porque ese comparendo se lo habían hecho por motivo del carro, no a mi (sic), yo si iba conduciendo, pero el señor agente se lo hizo al carro, a mi patrón digamos’(32).

Esta aseveración no fue objeto de estudio para atacar el aludido testimonio, con lo cual, se escindió el medio, hasta el punto de extraer conclusiones fuera de la realidad vertida en el proceso, en estas circunstancias, el yerro se genera en la pluma del jurista antes que en la del Tribunal; máxime si Gustavo Garzón Tuta, ante otro cuestionamiento del abogado, expresó:

Hace cuánto tiempo posee usted licencia de conducción... Desde febrero 8 del presente año tengo el pase de conducción por primera vez. El despacho deja constancia que el denunciante presenta un documento correspondiente a la licencia de conducción laminado 15238-1414879 I, correspondiente a la cuarta categoría con fecha de vencimiento febrero de 2008... en el documento igualmente se inserta como Código de la Escuela de formación el 008-15238, documento que se le regresa a su titular, no sin antes permitir la vista y análisis de la defensa.

Si el infractor atravesó el semáforo en rojo el 15 de marzo de 2005, según constancias procesales, quiere decir esto, que únicamente habían transcurrido 35 días desde la expedición de la licencia de conducción y a no ser que todos los días se le hubiese multado —lo cual no se halla acreditado—, las inferencias del recurrente no dejan de ser simples y vanas especulaciones, desde luego, alejadas de una verdadera argumentación extraordinaria. Súmesele a lo precedente, la ignorancia alegada por el quejoso respecto a trámites de tránsito, resoluciones administrativas e Inspecciones, las que con las circunstancias reveladas, es digna de total credibilidad.

Por otro lado, los esposos Graciano Espejo Valderrama y Ascención Fonseca, para el libelista, son solo ancianos que nunca ratificaron la versión entregada por Gustavo Garzón Tuta, en el sentido que él, en horas de la mañana del 17 de marzo de 2005, estaba trabajando en la finca del hijo de ellos, contrario a lo declarado por el agente Carlos Valderrama quien dijo haberlo visto allí y de Luis Alexander León Daza, escuchar su apellido.

El testimonio debe ser sopesado con base en los principios de la sana crítica, en relación especial con la forma en la que narran los declarantes lo sucedido “y las singularidades que pueden observarse”(33) en el mismo, pues ante la jurisdicción disciplinaria el 4 de abril del año citado declaró Graciano Espejo, quien indicó tener para ese entonces 84 y su mujer 68 años de edad, ambos de Duitama, que vivían en la granja San Cristóbal de propiedad de su hijo Hernando Espejo Fonseca; además, que conocían a Gustavo Garzón Tuta, desde hacía 15 años, él trabajaba para ellos en el horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., “todos los días”.

Cuando se les preguntó si el referido Garzón Tuta, laboró o no el 17 de marzo, esto respondió Graciano Espejo Valderrama:“Él trabajó (sic) toda la mañana y no se ausentó en ningún moment6 (sic) de su trabajo”; su esposa Ascención Fonseca, señaló: “Él trabajó (sic) toda la mañana y no se ausentó enningún moment6 (sic) de su trabajo porque yo vivó allí estoy pendiente de el (sic), además no tiene orden de salir sino por la tarde a repartir los huevos(34).

En el juicio penal, el juez dejó constancia que el declarante Graciano Espejo Valderrama, se encontraba en mal estado de salud y tenía problemas de dicción, no obstante, adujo el testigo que su ocupación era el “hogar porque soy muy viejo, no puedo hacer nada” y frente a los cuestionamientos lanzados por la defensa con ocasión a los hechos por él declarados con anterioridad, indicó: “No recuerdo nada”.

Por su parte, Ascención Fonseca Infante, expresó que Gustavo Garzón Tuta, trabajó con su hijo —donde ellos vivían a cinco metros— en el galpón cuidando gallinas y recogiendo huevos. La defensa la increpó sobre lo afirmado por ella en la autoridad disciplinaria municipal, ante lo cual respondió “él tenía que laborar casi todo el día”, sin entender porque estaba rindiendo ese testimonio.

De todas formas, no se acordó de la mentada diligencia pero fue enfática en sostener que la firma que se le puso de presente —al final de la diligencia disciplinaria— si era de ella y, aunque no tuvo ningún recuerdo sobre el particular, frente a la insistencia del interrogatorio, expresó que Gustavo Garzón Tuta debía trabajar todas las mañanas, “porque ellos no podían salir”, sin que estuviera pendiente de él todo el día, porque ella tenía cosas que hacer.

La ratificación de una declaración no es requisito sine qua non para imprimirle crédito o no al testimonio, como lo pregona el defensor, quien dicho sea de paso, está generando una tarifa probatoria insostenible, pues debe analizarse el testimonio bajo el rasero normativo que le ordena a la judicatura detenerse en aspectos puntuales “las singularidades que pueden observarse”, como la edad, sus condiciones mentales o capacidad para recordar algún evento en ilación con lo próximo o distante en el tiempo del suceso que debe precisar.

Ahora bien, esto es exactamente lo que aquí aconteció: en un primer evento procesal, el 4 de abril de 2005, declararon los esposos Graciano Espejo Valderrama y Ascención Fonseca y sostuvieron que ese día, 17 de marzo de 2005, el señor Garzón Tuta, empleado de su hijo en el galpón, trabajó toda la mañana, esto es, 19 días después, lo cual demuestra, la retención del recuerdo más latente que tres años más tarde; adicionársele a esto, los 84 años, más los referidos 3, para un total de 87, con un lamentable y deteriorado estado de salud.

Ascención Fonseca Infante, a sus 71 años, recordó otros aspectos olvidados por su esposo, como la firma que se le puso de presente en la segunda diligencia, la cual sostuvo era suya, luego se colige, por no hallarse desmentida la integridad de la prueba, que ella dijo la verdad y merece total credibilidad como lo plasmó el Tribunal; incluso, sostuvo que si le estaban preguntando sobre si Gustavo Garzón Tuta laboró ese 17 de marzo en la mañana, aunque era difícil precisar por el tiempo trascurrido –3 años-, él no podía salir de su sitio de trabajo, aclarando que algunas veces, no se daba cuenta por estar pendiente de sus oficios.

Y aunque ningún médico la trató para mejorar su memoria, no recuerda cosas, “a veces me voy por algo y se me olvida lo que iba hacer(35); sin embargo, una vez el defensor en su particular e interesado estilo le leyó lo declarado por ella con anterioridad en el proceso disciplinario, sin mencionar el encabezado ni la parte final de la diligencia, la señora Ascención Fonseca Infante, expresó: “así era”. Gustavo Garzón Tuta, salía por la tarde para repartir el huevo y no lo podía hacer por la mañana, porque era su deber alimentar las aves y recoger los huevos, además lo veía cuando llegaba; por tanto, ella presumía —según el defensor la guió e inquirió— que él estaba el día de marras en la finca cumpliendo su horario de trabajo.

Con todo, guarda total coherencia lo expresado en una y otra diligencia, solo que por la proximidad de los hechos con la fecha primigenia de su declaración, fue más exacta; por tanto, el juez colegiado —aunque no detalló todos los pormenores del suceso— jamás desconoció las reglas de la sana crítica de las que se le acusó.

Sobre la apreciación del testimonio en casos especiales, como el de estudio, esta Sala plasmó su criterio, de la siguiente manera:

En cuanto a esto se tiene que la Corte a través de sus últimos pronunciamientos sobre este tema, ha venido sosteniendo que no es acertado imponer una veda o tarifa probatoria que margine de toda credibilidad el testimonio de los menores, así como el de ninguna otra persona por su mera condición, como suele ocurrir con los testimonios rendidos por los ancianos y algunos discapacitados mentales, con fundamento en que o bien no han desarrollado (en el caso de los niños o personas con problemas mentales) o han perdido algunas facultades sico-perceptivas (como ocurre con los ancianos). Sin embargo, tales limitaciones per se no se ofrecen suficientes para restarles total credibilidad cuando se advierte que han efectuado un relato objetivo de los acontecimientos(36).

Por otro lado, adujo el togado que el policía de tránsito Carlos Alberto Valderrama Peñalosa (mismo que le impuso el parte a Garzón Tuta) y el estudiante de derecho Luis Alexander León Daza, dieron cuenta que el denunciante en este proceso, estuvo en la Inspección esa mañana del 17 de marzo de 2005.

Desde luego, un estudio agudo de la actuación, refiere una valoración opuesta a la esgrimida por el recurrente, en tanto, Carlos Alberto Valderrama Peñalosa, señaló verlo allí, sin embargo, no se percató el jurista de varios aspectos trascendentales:

a) El inculpado en todas sus salidas procesales sostuvo que inició la audiencia contravencional a las 8:00 a.m., en igual sentido declaró el estudiante de derecho Luis Alexander León Daza —que por casualidad también resultó ser agente de tránsito—, momento en el cual, abordó al profesor (acriminado) para referirle una pregunta de romano según dijo en su última aparición ante la justicia con quien de paso, se burlaron de manera soez de Gustavo Garzón Tuta antes de la hora indicada y se fue a los diez minutos.

b) Tanto en la audiencia como en la resolución de exoneración espuria, en sus contenidos ideológicos, más no materiales, se anotó como hora de inicio de la diligencia:

Secretaria de Tránsito y Transporte de Duitama, Inspección de Tránsito. Proceso 0243/2005. En Duitama diez y siete (17) de marzo de dos mil cinco (2005) siendo las 8:00 a.m., hora y fecha señalada se hace presente el señor Gustavo Garzon Tuta...por lo que procede el despacho a avocar el conocimiento de las presentes diligencias y declara abierta la audiencia pública... Auto: con el fin de precisar la ocurrencia de los hechos recepcionese la declaración juramentada por parte de los señores Javier Naranjo Pérez Y Orlando Parra Salcedo. El presente se notifica en estrados y proceden los recursos de ley cúmplase.

Resolución 152380005865. Por la cual se profiere una exoneración. El Inspector de Tránsito en uso de sus facultades legales y especialmente las que le confiere el CNT. Considerando... Por todo lo anterior el despacho: RESUELVE... Primero... Segundo... Cúmplase. Sin otro particular, se termina la diligencia siendo las 9:30 a.m. y aprobada se firma por los intervinientes(37).

Aquí se refleja otro de los grandes yerros del defensor, el cual se centra en no haberse percatado de la hora de finalización de la diligencia tantas veces aquí referida, con las siguientes inconsistencias jamás resueltas en su ataque:

Si la aludida audiencia de verdad se realizó, entonces qué hizo Gustavo Garzón Tuta, en el lapso de las 9:30 a.m. al medio día según declaró el agente que le impuso la multa Carlos Alberto Valderrama Peñaloza, pues él, aunque indicó que lo vio en la Inspección por la mañana, fijó la hora “al medio día”, más no como de manera tergiversada lo sostiene el profesional del derecho; esto fue lo que dijo el declarante sobre el particular: “lo vi como a los dos días de la elaboración del comparendo en las horas de la mañana, casi tipo medio día, uno como va al tránsito y radica comparendos, pues mas (sic) o menos medio día(38).

Una nueva pieza procesal fue ignorada por el togado para integrar su condicionado ataque, esta se identifica con la contestación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil:

En atención a su solicitud oficio radicado... solicitando información sobre números de Cédulas, comedidamente le informó lo siguiente:

Realizadas y revisadas las búsquedas pertinentes en el Archivo Nacional de Identificación ANI en oficinas Centrales, a la fecha no se encontró ningún registro de cedulación en relación con los nombres y apellidos de Javier Naranjo Perez (sic) y Orlando Parra Salcedo.

En relación con los números 9630215 y 74472091 a la fecha no han sudo asignadas a ningún ciudadano(39).

Como se puede entender, en un análisis probatorio individual y en conjunto con el resto de medios, sobresalen inferencias incriminatorias contra el imputado, por ejemplo, si la entidad encargada de expedir los documentos que identifican a los ciudadanos con nombres, apellidos y números de cédulas, como es la registraduría, no existen los citados individuos, ni mucho menos el número de sus documentos corresponden a alguna persona a la que se le haya otorgado identificación en el territorio patrio, entonces para el Estado, sus instituciones y en general para el mundo, no existen; con ello, es claro para la Corte, la sinrazón del jurista, quien a toda costa pretende que se le crea a unos declarantes la realización de una audiencia, que jamás observaron y mucho menos el interrogatorio a unos testigos virtuales: todo lo cual es absurdo, irracional e inadmisible.

iii) Falso raciocinio: en este nuevo ataque, por sustracción de materia, no se retomarán los temas planteados por el defensor, con ocasión a su identidad sustancial, concernientes a la ausencia de credibilidad otorgada por el Tribunal al testimonio de Luis Alexander León Daza y al total aval judicial en punto de lo narrado por denunciante Gustavo Garzón tuta en sus diversas salidas procesales. Por el contrario, para el profesional del derecho, refulge en la conducta del quejoso su participación en un reato de cohecho por dar u ofrecer, por el acuerdo al que —según su acopiada opinión tuvo con la secretaria de la inspección.

Volvió a aludir a las declaraciones de los dos “ancianos” Graciano Espejo Valderrama y Ascención Fonseca, para cuestionar su veracidad y contradicciones que, en su sentir, presentan sus dichos; aunado a una aceptación individual de responsabilidad de la ex funcionaria, quien jamás involucró en los hechos a su representado.

El Ministerio Público, en términos generales, es del criterio que este cargo, tampoco debe prosperar, porque las argumentaciones presentadas por el juez colegiado, no son compartidas por el togado, lo cual indica su punto de vista jurídico, más no que por ello, sean censurables.

La Sala, ante cuestionamientos de instancia, ya precisados puntualmente, donde descartó las pretensiones del recurrente con ocasión a las pruebas referidas y ante la ausencia de veracidad de expresiones como “la ciencia del juicioso raciocinio”, sin un desarrollo acorde a sus premisas, deja bien claro que la aceptación de responsabilidad de la ex secretaria de la inspección Martha Isabel Reyes Muñoz en nada modifica la situación jurídica actual del inculpado, ni mucho menos, como parece entenderlo el jurista, lo excluye de responsabilidad penal, justamente, porque los medios muestran una realidad jurídica diversa a la pretendida en la demanda.

Falsos juicios de existencia

a) Concretado en las declaraciones del agente de tránsito Carlos Alberto Valbuena y de Luis Alexander León Daza, quienes —en sentir del libelista— corroboran la presencia de Garzón Tuta en la inspección.

El procurador expresó la ausencia de trascendencia del cargo, porque si el testigo Carlos Alberto Valbuena vio al denunciante Garzón Tuta al medio día, se acerca más o coincide a lo expresado por el quejoso, en el sentido que él se trasladó a ese lugar en la tarde, por ende, el tribunal, no omitió valorar esta prueba, por cuanto, el fundamento del fallo es que el inculpado faltó a la verdad al sostener que realizó una audiencia ficticia.

Como se expuso en las consideraciones relacionadas a los falsos raciocinios, en nada le asiste razón al defensor, por los yerros profusos que infringió al proyectar sus embestidas, sin que hubiese advertido, verbigracia, la hora de terminación de la audiencia contravencional, ni haber verificado en su exacta dimensión objetiva el testimonio del que se pretende servir para rebajar el grado de acierto y legalidad imprimido por la judicatura a la decisión de condena elevada contra su prohijado.

Estos desaciertos conducen al traste la censura, toda vez que es insostenible proveer crédito a la declaración del estudiante de derecho Luis Alexander León Daza, por las múltiples contradicciones que presentó su narrativa y si es confrontada, como es debido, frente a lo afirmado por el denunciante Garzón Tuta, cualquier duda de ausencia de responsabilidad penal se despeja, como bien lo reflexionó el tribunal.

b) La ex secretaria Martha Isabel Muñoz Reyes –según el defensor- acordó con el quejoso Gustavo Garzón Tuta el arreglo del proceso contravencional, quienes jamás implicaron a su poderdante, ante lo cual, el tribunal no se pronunció. Frente a esta embestida, el Procurador manifestó que el togado se equivocó porque Garzón Tuta como Martha Isabel Muñoz Reyes, sí involucraron en el delito al aquí procesado, tanto así que en la aceptación de cargos de la primera, lo hizo con base en una “coautoría” a ella elevada, por otro lado, obra como evidencia directa el documento fraudulento firmado por el inculpado.

No es cierto, como lo pregona el delegado, que en el acta de aceptación de cargos para sentencia anticipada, realizada en la ciudad de Duitama el 15 de diciembre de 2006, la Fiscalía Octava, le hubiese formulado cargos por “coautoría” a Martha Isabel Muñoz Reyes, por el contrario, lo fue a título de autora, como se corrobora a continuación:

Con las probanzas antecedente (sic) relacionadas, se dan los requisitos para que este despacho le formule cargos a la sindicada Martha Isabel Muñoz Reyes... En este orden de ideas, se le pregunta a la sindicada si acepta los caros de: Autor y responsable de los delitos de cohecho propio en concurso falsedad ideológica en documento público, según los hechos y pruebas antecedentemente relacionados, quien manifestó de viva voz: si aceto(sic) los cargos(40).

La equivocación del Procurador no indica que el comportamiento ilegal del procesado resulte exento de compromiso penal: todo lo contrario. No puede ser condicionado el fallo del tribunal contra el aquí inculpado en lo atinente a su actuar criminal en el reato por el que se le condenó, pues aunque materialmente no se le elevó a Martha Isabel Muñoz Reyes, las conductas antijurídicas en calidad de “coautoría” por los delitos contra la fe y administración públicas por ella aceptados, esto jamás se puede traducir en impunidad, de suyo la fisura no se muestra anti-técnica o en franca desavenencia normativa, en tanto, fueron sentenciados por separado en calidad de autores con capacidad -cada uno- para violentar la ley con absoluto dominio de sus funciones, voluntad y del acto antijurídico: en estas precisas condiciones la aceptación de cargos de la ex secretaria y la valoración del plexo probatorio en instancias contra el inspector, marcaron los hitos de la responsabilidad penal a ellos atribuida.

Por otro lado —aquí no se equivocó el Delegado—, el quejoso Gustavo Garzón Tuta, sí implicó al hoy condenado Julián Adolfo Ruiz Morales, cuando sostuvo que delante de él firmó la resolución; recuérdese cómo lo anotó en su denuncia:

Posteriormente me citó para el otro día a las 02:00 pm de marzo del 2.005m para darme la resolución, yo cumplí a las 02:00, pero ella no se encontraba, la espere (sic) y llego (sic) a las 03:10 pm me atendió me hizo firmar la resolución, la firmó la secretaria y el inspector de tránsito y luego me dijo que pasara a la ventanilla 3 con esa resolución para que me dieran el paz y salvo, ahí las (sic) señora que da los paz y salvo se demoró bastante mirando la resolución y a lo último pregunto (sic) que cuanto había pagado por eso y yo le dije que me habían cobrado $ 200.000, mcte. (sic), ni testigos ni yo estuvimos en audiencia(41).

Lo precedente fue corroborado en todas sus intervenciones judiciales, obsérvese qué dijo en la última ampliación a él recibida el 26 de diciembre de 2005:

PREGUNTADO: Precise a la Fiscalía si además de la señora Martha Isabel Muñoz Reyes y el doctor Julián Adolfo Ruiz Morales, algún otro funcionario de la oficina de tránsito de Duitama intervino en el trámite que usted efectuara en la oficina de Duitama con ocasión al comparendo al que nos venimos refiriendo.... CONTESTO: solo las personas que me han citado en las condiciones que ya mencione(42). (todos los resaltados fuera de texto).

Por tanto, no le asiste ninguna razón al jurista y menos en lo que tiene que ver con la aceptación de cargos de la ex secretaria, en tanto, la Fiscalía los elevó en atención al caudal probatorio recopilado(43), el cual abarcó las afirmaciones incriminatorias a los dos por parte del denunciante Gustavo Garzón Tuta.

c) El testimonio de la secretaria de tránsito de Duitama, Hilda Camargo González, quien manifestó que la persona que realizaba las audiencias, facilitaba los acuerdos de pago y cobraba de manera ilegal los comparendos era la secretaria Martha Isabel Muñoz Reyes, ante lo cual, el Inspector le manifestó que eso no era cierto, pero ella sabía que sí.

El procurador sostuvo que así el juez colegiado no se hubiese referido a la mentada diligencia, en nada trastoca su decisión, porque el procesado no era ajeno a los hechos realizados por su dependiente. Entre otras cosas, ninguno de los dos ex funcionarios cuestionados, afirmaron que el inspector recibió dinero, por ello, fue absuelto por el delito de concusión, lo cual tampoco interfiere con el punible de falsedad ideológica.

Dora Hilda Camargo González, de 43 años de edad, ingeniera, viuda y Secretaria de Tránsito de Duitama, sostuvo que no era testigo directa de nada, solo da fe, según el dicho referido a ella por Gustavo Garzón Tuta, pero no más.

Aseguró, además, que la ex secretaria manejaba la oficina pero ante el llamado de atención al inspector, él rechazó tal aseveración, sin embargo ella sabía que era Marta Isabel Muñoz Reyes.

El defensor es del criterio que si el tribunal hubiese valorado la declaración aludida, por duda tendría que haber absuelto a su prohijado, porque fue asaltado en su buena fe; sin embargo, no se percató el recurrente que sobre un testimonio basado en murmullos —así lo expresó el jurista: “trascendió el rumor”(44)—, quejas verbales, de oídas, jamás se puede fundamentar la credibilidad de una prueba, motivo suficiente para descartar de tajo, por acción u omisión en el proceso suasorio, las hipótesis defensivas equivalentes a simples alegatos de instancia, tal y como lo hizo la magistratura; pues en sede extraordinaria, lo cierto es, que un medio como el atacado por el jurista, en esas limitadas y estrechas condiciones, en ningún tiempo podría tener la trascendencia de violación de la ley sustancial para transmutar una decisión construida, con otros verdaderamente consistentes, como es la manifestación directa, certera y creíble del denunciante, tantas veces aquí expuesta.

d) En este ataque, trajo a colación el libelista, la inspección judicial en la que se constató las oficinas divididas por un muro de los funcionarios (Inspector y secretaria), por tanto, infirió el jurista que, su mandante no podía enterarse del comportamiento de ella, ni de los numerosos acuerdos que celebró ilegalmente, sin que necesariamente el hoy condenado diera cuenta de la utilización de los testigos traídos por Garzón Tuta o quizás con los documentos que de buena fe firmó: por todo, se quebrantó la ley, toda vez que la única responsable penalmente de los hechos es Martha Isabel Muñoz Reyes.

El delegado es de la opinión que con la prueba citada jamás se absolvió al procesado por la falsedad ideológica sino por la concusión, incluso, la responsabilidad se concretó con la celebración de una audiencia ficticia, refrendada por el Inspector junto con la incriminación del denunciante Garzón Tuta.

El reato juzgado aquí, fue el de falsedad ideológica, que fenomenológica y normativamente en nada se equipara con la circunstancia que las oficinas de los ex funcionarios estuviesen separadas por un muro, ni sobre el hecho “que permitía respaldar la información según la cual Julián Ruiz Morales pudo ser ajeno a lo sucedido con los testigos utilizados de Garzón Tuta o con la elaboración de los documentos que de buena fe firmó”(45), porque él mismo implicado aceptó de manera contundente que él interrogó a los testigos y decidió en consideración a sus aserciones, motivo por el cual, exoneró de responsabilidad administrativa al contraventor por duda, pues no se pudo establecer si de verdad traspasó el semáforo en rojo o en verde como se dijo en la audiencia ficta, luego se infiere con total rigor, que él de verdad sabía lo que hacía, tanto, que en su primera salida defensiva, expuso que se acordaba del caso, identificando al infractor Gustavo Garzón Tuta.

Por otro lado, como el libelista concentró los ocho cargos subsidiarios para repeler la condena, quiere decir ello, que fueron concebidos en una misma lía argumentativa destinada a la absolución de su protegido jurídico, lo cual, es válido pero en este caso, desafortunado, por violación al postulado de la lógica de no contradicción, en el entendido que en idéntica formulación explicativa, rechazó y aceptó premisas excluyentes, en tanto, en los otros ataques, dio por sentado que su prohijado realizó la audiencia —cuestionando la credibilidad impresa por la magistratura al quejoso Gustavo Garzón Tuta quien manifestó al unísono que no conocía a los testigos, ni estuvo presente en ninguna audiencia y vio cuando el Inspector firmó la resolución espuria—; luego, en la presente censura desmiente y rebate las otras, lo cual, desde luego, es irracional e incoherente, al no poderse aceptar cargos enfrentados cuando ellos fueron atesorados bajo una sistemática probatoria con una misma finalidad.

Falso juicio de identidad

Gustavo Garzón Tuta, en palabras del defensor, para ratificar su dicho según el cual jamás se presentó en la inspección, citó a dos testigos “ancianos” Graciano Espejo y Ascención Fonseca, quienes al final nada dijeron sobre el particular; entonces, para el jurista, se cercenó, justamente, esa parte “no recordar nada” de tales declaraciones, en esas condiciones, al dejarse de valorar ese esencial apartado “desvirtuaban” la primera versión, pues una apreciación integral de los medios hubiese concluido que Garzón Tuta estuvo en la audiencia y no trabajando.

El procurador anunció que una cosa es desmentir una declaración y otra muy distinta ratificarlo, por otro lado, unos testimonios practicados un mes después de los hechos y los mismos a los tres años, en nada contradicen lo aseverado por estos en su primera diligencia, con lo cual, tampoco se demuestra el yerro alegado por el defensor: simplemente el juzgador realizó una apreciación diversa y concluyó que lo narrado por Graciano Espejo y Ascención Fonseca ante la jurisdicción disciplinaria como prueba trasladada, era creíble.

La Sala, en páginas precedentes, afirmó la sinrazón del libelista en los restantes ataques, los cuales se tocan e identifican sustancialmente con lo aquí argüido, es decir, el dislate se ubica en las reflexiones del profesional del derecho antes que en las del tribunal, pues a pesar de que adujo que el testimonio debe ser valorado de manera integral, dicha premisa, per se, es desechada totalmente por el defensor al examinar en el fondo sus asertos.

Se demostró con total claridad que, los esposos Graciano Espejo y Ascención Fonseca, no se contradijeron, ni mucho menos desvirtuaron lo narrado en su primigenia declaración, simplemente no se acordaron, lo cual no significa que mintieron, se echaron para atrás o dejaron de ratificar sus narrativas, como lo entiende el del profesional del derecho, quien de verdad tergiversó el sentido objetivo de la prueba para ponerla a decir lo que su pretensión guía, más no a la instancia de segundo nivel, sin sopesar las declaraciones de manera individual y en conjunto bajo el rasero de la sana crítica, pues una cosa es enunciar el vilipendio de una norma de derecho sustancial y otra totalmente opuesta, demostrarlo de modo coherente, razonado y sistemático: presupuestos inescindibles del recurso extraordinario de casación, que como se viene explicando, fueron ignorados por el defensor.

Siendo ello así, los nueve cargos —entre principal y subsidiarios— elevados contra el fallo expedido por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, no tienen vocación de éxito.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO CASAR la demanda de casación presentada a nombre de Julián Adolfo Ruiz Morales, por las razones aducidas en la parte motiva del presente proveído.

2. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

3. Cópiese, comuníquese, cúmplase».

(19) Ver folio 15, c.o. segunda instancia.

(20) Radicado: “194420 (sic)” de febrero 25 de 2004. Allí, entre otros aspectos se dijo: “Falsedad ideológica en documento publico... un empleado oficial que da fe de los hechos que ocurrieron en su presencia en forma que no corresponde a la verdad o que certifique hechos que no tuvieron existencia real, lesiona, con este solo hecho, el bien que busca tutelar el ordenamiento penal”.

(21) Signado por quien hoy es recurrente.

(22) Folio 69, c.o., tribunal.

(23) Ver folio 308, c.o. 2.

(24) Ver folio 62, ibídem.

(25) Ver folio 15, c.o. segunda instancia.

(26) Ver folio 57, c.o. 1.

(27) Ver folio 33, c.o. 1.

(28) Folio 40, ibídem.

(29) Ver folio 238, ibídem.

(30) Ver folio 215, c.o. 1.

(31) Ver folio 243, c.o. 2.

(32) Ver folio 294, c.o. 2.

(33) Ver artículo 277, Ley 600 de 2000, “criterios para la apreciación del testimonio”.

(34) Ver folios 20 y 21, c.o. 1.

(35) Ver declaración juicio.

(36) CSJ, radicado 26.706 de enero 26 de 2006.

(37) Ver folio 308, c.o. 2.

(38) Ver folio 312, ibídem.

(39) Ver folio 329, ibídem.

(40) Ver folio 513, c.o. 2.

(41) Ver folio 2, c.o. 1.

(42) Ver folio 295, c.o. 1.

(43) Así lo expresó el funcionario instructor: “según los hechos y pruebas antecedentemente relacionados”.

(44) Folio 40 demanda.

(45) Folio 42 demanda.