Sentencia 34482 de noviembre 24 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 385

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González de Lemos

Bogotá, D.C., noviembre veinticuatro de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En el estudio de la censura propuesta por la defensa, procederá la Sala a detenerse en los siguientes temas: El principio non bis in idem, el delito de rebelión, el concurso aparente de conductas punibles, y el delito político y los conexos, para luego analizar el caso bajo examen.

1. El principio non bis in idem.

El principio non bis in ídem corresponde a una garantía dentro de la más amplia noción del derecho al debido proceso reglado en el artículo 29 de la Carta Política, al establecer en la parte final de su inciso cuarto el derecho a “no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

Dicho postulado que se encuentra legalmente desarrollado en el artículo 8º del Código Penal de 2000, con carácter de norma rectora, prohíbe la doble incriminación, íntimamente articulada con el principio de la cosa juzgada (res iudicata), consagrado en el artículo 21 de la Ley 906 de 2004, en la medida en que la prohibición de imputar más de una vez la misma conducta punible implica la imposibilidad de someter a nuevo juicio a quien le ha sido resuelta su situación jurídica de manera definitiva.

Los referidos principios se encuentran reconocidos en la normativa internacional que conforma el bloque de constitucionalidad, cuyas leyes aprobatorias de los tratados sobre derechos humanos ostentan la especial condición de supralegales e infraconstitucionales, y por ello, resultan prevalentes en el ordenamiento interno de conformidad con la cláusula establecida en el artículo 93 de la Constitución.

En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito en Nueva York dispone en el numeral 7º de su artículo 14:

“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”.

A su vez, el numeral 4º del artículo 8º de la Convención Americana de San José de Costa Rica establece:

“El inculpado absuelto por sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”.

El principio non bis in ídem precisa de tres presupuestos de identidad: En el sujeto (eadem personae), el objeto (eadem res) y la causa (eadem causa)(1).

El primero exige que el mismo individuo sea incriminado en dos o más actuaciones; el segundo, la identidad de objeto, requiere que el factum motivo de imputación sea igual, aún si el nomen iuris es diverso; y el tercero, la identidad en la causa, postula que la génesis de los dos o más diligenciamientos sea la misma.

Precisado lo anterior, corresponde a la Sala verificar si los delitos por los cuales se procede en este asunto, esto es, el de rebelión y el de concierto para delinquir agravado para cometer actos de terrorismo, cumplen respecto del acusado Orlando Henao Cardona los referidos presupuestos, o si por el contrario, se trata de punibles concurrentes materialmente como se dedujo en el curso de las instancias.

2. El delito de rebelión.

El artículo 467 de la Ley 599 de 2000 define el delito de rebelión en los siguientes términos:

Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente” (resaltados fuera de texto).

Del sentido literal de la norma en comento se advierte que se trata de un delito con sujeto activo plural (plurisubjetivo), en la medida en que no puede ser cometido por un solo individuo, sino necesariamente por un grupo de personas.

Tal delito exige la presencia de un ingrediente subjetivo específico referido a que la conducta se efectúe con la pretensión de derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, de modo que un motivo diferente desvirtúa la comisión de este comportamiento y puede dar lugar a otro punible, por ejemplo el de sedición, si la finalidad del empleo de las armas se orienta a impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes.

Como circunstancia modal, el delito de rebelión exige el empleo de las armas; desde luego, se trata de aquellas idóneas para ejecutar el pretendido resultado de derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, sin que tengan tal carácter otros instrumentos de agresión personal, como por ejemplo un cuchillo, un pico o una pala.

La rebelión tiene por antonomasia la condición de delito político, y en tal carácter sus autores se benefician de especiales prerrogativas, como se puede constatar en las siguientes normas constitucionales:

“ART. 35.—La extradición no procederá por delitos políticos”.

“ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

“17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar”.

“ART.179.—No podrán ser congresistas:

“1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.

“ART. 201.—Corresponde al Gobierno, en relación con la rama judicial.

“2. Conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley, e informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. En ningún caso estos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares”.

“ART. 232.—Para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:

“3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.

“ART. 299.—En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno.

“Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener más de veintiún años de edad, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección”.

“ART. TRANS. 30.—Autorízase al Gobierno Nacional para conceder indultos o amnistías por delitos políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la promulgación del presente acto constituyente, a miembros de grupos guerrilleros que se reincorporen a la vida civil en los términos de la política de reconciliación. Para tal efecto el Gobierno Nacional expedirá las reglamentaciones correspondientes. Este beneficio no podrá extenderse a delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado de indefensión de la víctima” (resaltados fuera de texto).

3. El concurso aparente de delitos.

Cuando un comportamiento se adecua de manera sincrónica a dos o más tipos penales (multiadecuación típica) hay presencia de la figura denominada concurso aparente de delitos, que impone acudir a alguna de las soluciones planteadas por la jurisprudencia y la doctrina a fin de evitar la vulneración del principio non bis in idem.

Tales soluciones corresponden a los principios de especialidad, subsidiariedad, consunción y alternatividad. En virtud del primero, que interesa a este asunto, la ley especial deroga la ley general (lex specialis derogat legi generali), dado que uno de los tipos concursantes contiene todos los elementos del otro, pero además, se ocupa de otros aspectos, en cuanto tiene mayor riqueza descriptiva, sin que sea necesario que haya una relación de género a especie entre los dos (hurto simple y hurto calificado, por ejemplo), o que se trate de un tipo especial respecto de uno básico (v.g. homicidio por piedad y homicidio simple) o que ambos protejan el mismo bien jurídico tutelado (abuso de la función pública y prevaricato, por ejemplo).

En efecto, bien puede ocurrir que los tipos concursantes no tengan una relación de género a especie o de tipo especial a tipo básico y que ni siquiera protejan el mismo bien jurídico, como puede ocurrir, por ejemplo, entre los delitos de sedición y porte ilegal de armas, los cuales protegen diversos bienes jurídicos, esto es, el régimen constitucional y legal el primero, y la seguridad pública el segundo, delitos que pueden concursar aparentemente, de modo que la solución para no quebrantar el principio non bis in ídem supone la aplicación del principio de especialidad, pues los elementos del segundo están incluido en los del punible se sedición(2).

4. Punibles conexos con el delito político.

Los delitos conexos son aquellos que se encuentran estrechamente entrelazados, como cuando un punible se erige en medio para alcanzar un fin delictivo (conexidad teleológica), por ejemplo, cometer un homicidio para realizar un hurto. También, cuando una conducta delictiva se comete para asegurar el producto de otra, v.g. Cuando se lavan los activos procedentes de un delito de extorsión (conexidad paratática). Igualmente, en aquellos casos en los que el segundo delito se comete para ocultar uno anterior, por ejemplo, cuando se causa la muerte al testigo de un acceso carnal violento (conexidad hipotática).

Impera señalar que tratándose de punibles conexos opera el instituto del concurso material, real o efectivo de delitos, y por ello corresponderá aplicar las reglas punitivas que se establecen en el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, salvo aquellas circunstancias en las cuales se trate de un concurso aparente, que imponen acudir, como ya se advirtió, a las soluciones propuestas (alternatividad, especialidad, subsidiariedad y consunción) para obviar el quebranto del principio non bis in ídem.

De otra parte se tiene, que tal como ha sido definido internacionalmente, así como por la Sala(3), no tienen el carácter de delitos políticos:

Los crímenes de guerra, esto es, violaciones al derecho de la guerra (ius in bellum), de las que hacen parte tanto las infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en el marco de un conflicto armado internacional, como las violaciones graves al derecho Internacional de los derechos humanos y al derecho Internacional humanitario con ocasión de un conflicto armado interno, (ii) Los crímenes de lesa humanidad, es decir, conductas de asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación sexual, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos u otros motivos definidos, desaparición forzada, apartheid u otros actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física(4), no cometidos necesariamente en el curso de un conflicto armado, suponen la existencia de un ataque generalizado(5) o sistemático(6), o (iii) En general, conductas que hayan vulnerado gravemente los derechos humanos o el derecho internacional humanitario.

En tal sentido ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la facultad de otorgar amnistías solo es procedente respecto de quienes fueron sancionados o procesados única y exclusivamente por haber participado en hostilidades, no así con relación a aquellos que quebrantaron la normativa del derecho internacional humanitario(7).

Además, otras instancias internacionales han señalado que las violaciones al ordenamiento internacional constituyen delitos internacionales y que por tanto, no pueden ser objeto de amnistía, en principio, o indulto(8), dado que se trata de aquellos comportamientos cuya gravedad compromete la paz y la seguridad mundial, así como la estabilidad ética y política del orden internacional, y con cuya comisión se vulnera a la humanidad en su conjunto y no a la persona individualmente considerada, de manera que no pueden tener la condición de delitos políticos.

Sobre la misma temática se establece en el estatuto de la Corte Penal Internacional que la competencia de dicho tribunal se constituye:

“Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia (...); Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes; (...).

Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales...”.

Adicionalmente, es clara la presencia de tal limitación en el carácter humanista plasmado en la Constitución Política, pues en su artículo 30 transitorio dispone:

“ART. TRANS. 30.—Autorízase al Gobierno Nacional para conceder indultos o amnistías por delitos políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la promulgación del presente acto constituyente, a miembros de grupos guerrilleros que se reincorporen a la vida civil en los términos de la política de reconciliación. Para tal efecto el Gobierno Nacional expedirá las reglamentaciones correspondientes. Este beneficio no podrá extenderse a delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado de indefensión de la víctima” (resaltados fuera de texto).

Entonces, es procedente concluir que carecen de la connotación de delitos políticos:

(a) Las conductas que comporten un atentado contra el Estado en sus ámbitos organizacionales, constitucionales o legales, cuando sean producto de pretensiones no políticas, como el ánimo de lucro y el exclusivo beneficio personal, así como los delitos comunes realizados con finalidades diversas a la política.

(b) Los comportamientos que por quebrantar el derecho internacional tienen la connotación de delitos internacionales y, por tanto, carecen de la condición de delitos políticos, en cuanto no pueden beneficiarse con indultos o amnistías(9).

5. Concurso material de los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines terroristas.

Precisado lo anterior se tiene que acerca del concurso efectivo del delito de rebelión con otros punibles ha expuesto la Sala(10):

“Si los diversos comportamientos son escindibles, de manera que algunos de ellos son realizados por varias personas concertadas para cometer delitos en beneficio puramente individual, egoísta, sin ningún nexo con la militancia política, y otros, ejecutados por esas mismas personas, se materializan en tanto miembros de la organización subversiva, el concurso entre el concierto para delinquir y la rebelión surge con nitidez” (resaltados fuera de texto).

Posteriormente, afianzándose en el proveído citado, señaló la colegiatura en otra decisión(11):

“Como lo ha resaltado la jurisprudencia, es factible que se presente esa generalidad concursal. Rebelión, puesto que las ‘milicias’ adscritas a los grupos subversivos arraigados en el país pretenden, mediante el empleo de las armas, derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente. Concierto para delinquir destinado a desplazamiento forzado, homicidio y otros, puesto que el actuar ilícito de los milicianos no solo se dirige contra los miembros de la fuerza pública por la confrontación ideológico política, sino que también victimizan al vecindario y la ciudadanía para satisfacer pasiones personales y egoístas, en actos que en nada asemejan un combate, ni tienen que ver con el proselitismo armado. Y los delitos que resultaren, como pluralidad de homicidios, desplazamiento forzado de personas, etc., toda vez que en muchos casos la vulneración de los bienes jurídicos protegidos se producen completamente aparte de la ideología o de la causa política” (resaltados fuera de texto).

En sentido similar ha puntualizado esta corporación(12):

“Por razón de lo expuesto, la Corte, acogiendo el criterio sentado por el tribunal constitucional al juzgar la constitucionalidad del artículo 127 del Decreto 100 de 1980, precisó que ‘en la actualidad, ante la declaratoria de inexequibilidad de la referida disposición penal, y el contenido de la decisión del órgano de control constitucional, los comportamientos delictivos que no sean elemento o circunstancia integrante de la configuración típica del delito de rebelión, deben, sin excepción, recibir tratamiento de hechos punibles concursales’” (negrillas y subrayas fuera de texto).

Impera señalar que en el derecho comparado, por expreso mandato legal, no hay lugar a que la rebelión absorba las conductas punibles que se ejecuten en desarrollo de la confrontación armada con el Estado, y por el contrario, son tenidas como efectivamente concursantes con el referido delito. Así, en el artículo 481 del Código Penal español de 1995 se dispone:

“Los delitos particulares cometidos en una rebelión o con motivo de ella, serán castigados, respectivamente, según las disposiciones de este código” (resaltados fuera de texto).

Por su parte, en el artículo 236 del Código Penal argentino se establece:

“Cuando al ejecutar los delitos previstos en este título (rebelión, sedición y motín, entre otros, se precisa), el culpable cometiere algún otro, se observarán las reglas establecidas para el concurso de hechos punibles” (resaltados fuera de texto).

Una vez definido que el delito de rebelión puede concursar con el de concierto para delinquir, en la medida en que tengan lugar ciertas circunstancias capaces de escindir la asociación criminal propia de la confrontación armada con el Estado, con la agrupación inherente al referido punible contra la seguridad pública, procede la Sala a analizar en el caso concreto tales situaciones.

6. El asunto examinado.

Dentro de la actuación logró acreditarse con el informe suscrito el 17 de abril de 2008 por el sub intendente Wilson López Trejos de la DIJIN, que por informaciones de inteligencia se estableció que las Farc planeaban la realización de múltiples atentados terroristas, motivo por el cual la Fiscalía realizó un programa metodológico, en cuyo desarrollo, con la colaboración de la Policía Nacional se constató a través de vigilancias, seguimientos a personas, interceptaciones telefónicas, allanamientos y otras actividades, que para el día 7 de agosto de 2008, una célula guerrillera de dicha organización armada ilegal al mando de alias James Patamala, comandante de la quinta compañía de la columna móvil Teófilo Forero, iba a colocar 2 carrobombas en Bogotá, circunstancia que determinó la captura de varios de los comprometidos en dicho plan, entre ellos Orlando Henao Cardona.

De lo anterior puede concluirse que la asociación del acusado con otras personas estaba dirigida a crear zozobra en la comunidad mediante la utilización de carrobombas, cuyos explosivos fueron hallados en varios de los mencionados allanamientos, amén de que corresponde a un ataque indiscriminado y sistemático contra la población civil ajena al conflicto armado interno colombiano, esencialmente protegida por el derecho internacional humanitario.

El artículo 7º del Estatuto de Roma por el cual se creó la Corte Penal Internacional preceptúa:

“1. A los efectos del presente estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

2. A los efectos del párrafo 1:

a) Por ‘ataque contra una población civil’ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política” (resaltados fuera de texto).

Acerca de la noción de crímenes de lesa humanidad ha señalado la Corte Constitucional(13):

“En cuanto a la evolución del concepto de crímenes de lesa humanidad, este cobija un conjunto de conductas atroces cometidas de manera masiva o sistemática, cuyo origen es principalmente consuetudinario, y que han sido proscritas por el derecho internacional desde hace varios siglos.

La noción moderna de crímenes contra la humanidad nace en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y está contenida en su artículo 6º(c) que incluye las siguientes conductas: ‘asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano cometido contra una población civil, antes o durante el curso de una guerra, así como persecuciones sobre bases políticas, raciales o religiosas, ejecutados en conexión con cualquier otro crimen dentro de la jurisdicción del tribunal, haya existido o no violación del derecho interno del Estado donde fueron perpetrados’” (resaltados fuera de texto).

A su vez, esta colegiatura ha precisado sobre el mismo aspecto(14):

“El crimen de lesa humanidad se distingue de otros crímenes, porque: a) no puede tratarse de un acto aislado o esporádico de violencia, sino que debe hacer parte de un ataque generalizado, lo que quiere decir que está dirigido contra una multitud de personas; b) es sistemático, porque se inscribe en un plan criminal cuidadosamente orquestado, que pone en marcha medios tanto públicos como privados, sin que, necesariamente, se trate de la ejecución de una política de Estado; c) las conductas deben implicar la comisión de actos inhumanos, de acuerdo con la lista que provee el mismo estatuto; d) el ataque debe ser dirigido exclusivamente contra la población civil; y e) el acto debe tener un móvil discriminatorio, bien que se trate de motivos políticos, ideológicos, religiosos, étnicos o nacionales” (resaltados fuera de texto).

Como viene de verse, y ya ha tenido oportunidad de plantearlo la Sala(15), dentro del género correspondiente a los delitos de lesa humanidad, se encuentran por lo menos dos especies, una, desarrollada en los tratados internacionales que expresamente tipifican las conductas con tal carácter, y la otra, referida a aquellos comportamientos que sin estar enlistados en la normativa internacional, satisfacen los postulados para identificarlos como graves atentados al género humano, que ofenden la conciencia de la humanidad y avergüenzan a la comunidad nacional e internacional.

A partir de lo anterior, ha concluido la corporación que el delito de concierto para delinquir agravado, el cual no está incluido en nuestra legislación dentro de los instrumentos internacionales como de lesa humanidad, puede tener tal condición de acuerdo con los delitos cuya comisión haya sido acordada.

Así, en el caso de la especie, se consigue establecer que el comportamiento de concertarse para planificar y organizar la colocación de carrobombas en cualquier sector de la ciudad, dirigidos a atacar de manera sistemática e indiscriminada a la población civil, objeto de protección central en los convenios de Ginebra de 1949, sin dificultad se ubica dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, pues además de que conforme a las máximas de la experiencia, por regla general tales conductas comportan pérdida de vidas humanas y lesiones personales (asesinato y atentados graves a la integridad física, en los términos del Estatuto de Roma), en el caso del proceder de las Farc y más exactamente del acusado Henao Cardona, se advierte una planeación detallada (ataque generalizado y sistemático, según el ya referido Estatuto), adicional a los daños derivados de la zozobra que se pretendía crear con tales actos de terrorismo (atentado a la salud mental, idem).

En cuanto atañe al tema abordado y especialmente respecto de la modalidad de conductas aquí investigadas, ha puntualizado la Corte Constitucional(16):

“La Constitución distingue los delitos políticos de los delitos comunes para efectos de acordar a los primeros un tratamiento más benévolo con lo cual mantiene una tradición democrática de estirpe humanitaria (...). El Estado no puede caer en el funesto error de confundir la delincuencia común con la política. El fin que persigue la delincuencia común organizada, particularmente a través de la violencia narcoterrorista, es el de colocar en situación de indefensión a la sociedad civil, bajo la amenaza de padecer males irreparables, si se opone a sus proditorios designios. La acción delictiva de la criminalidad común no se dirige contra el Estado como tal, ni contra el sistema político vigente, buscando sustituirlo por otro distinto, ni persigue finalidades altruistas, sino que se dirige contra los asociados, que se constituyen así en víctimas indiscriminadas de esa delincuencia. Los hechos atroces en que incurre el narcoterrorismo, como son la colocación de carrobombas en centros urbanos, las masacres, los secuestros, el sistemático asesinato de agentes del orden, de jueces, de profesionales, de funcionarios gubernamentales, de ciudadanos corrientes y hasta de niños indefensos, constituyen delito de lesa humanidad, que jamás podrán encubrirse con el ropaje de delitos políticos” (negrillas y subrayas fuera de texto).

Acerca de la imposibilidad de que los elementos estructurales que componen el delito de concierto para delinquir agravado haga parte del punible de rebelión, la cual descarta a la postre su carácter de punibles concursantes aparentemente, para reconocer que se trata de un concurso efectivo entre ambos, puede referirse que mientras el bien jurídico protegido en la rebelión es el régimen constitucional y legal pues el rebelde se levanta contra las instituciones para derrocarlas, en el concierto para delinquir se atenta contra el bien jurídico de la seguridad pública, el cual resulta lesionado cuando se altera la tranquilidad de la comunidad y se genera desconfianza colectiva para el ejercicio de las actividades ordinarias(17).

A su vez, en punto de la acción típica se tiene que en el punible de rebelión se dirige a un real o supuesto fin colectivo, en la medida en que el rebelde pretende derrocar el gobierno que considera ilegítimo, para instaurar uno justo e igualitario, en tanto que en el delito de concierto para delinquir agravado con fines terroristas se pretende la realización de atentados indiscriminados sin un objetivo definido, más allá de la desazón y zozobra de la sociedad(18).

De conformidad con lo anotado en precedencia, considera la Sala que, tal como lo sugieren la Fiscal Quinta y la Procuradora Tercera, ambas delegadas ante la Corte, no es viable acceder a la pretensión casacional del demandante, toda vez que en este asunto el delito de rebelión concursa materialmente con el punible de concierto para delinquir con el propósito de cometer actos de terrorismo, dado que al tener este último el carácter de crimen de lesa humanidad, no se encuentra subsumido dentro del tipo objetivo y subjetivo del delito político, como para que fuera viable aplicar el principio de especialidad a favor de tal comportamiento contra el régimen constitucional y legal.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Sentencia del 6 de septiembre de 2007. Radicado 26591.

(2) En este sentido auto del 18 de octubre de 2005. Radicado 24275.

(3) Sentencia del 5 de diciembre de 2007. Radicado 25931.

(4) Artículo 7º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

(5) El carácter masivo de los ataques para que se estructuren los crímenes de lesa humanidad no fue invocado inicialmente en el Tribunal de Nuremberg, pues fue un elemento latente y evidente en las conductas que allí se investigaron.

(6) Así fue reconocido en 1961 por la Corte de Distrito de Jerusalén en el caso “Eichmann”, al acreditarse una campaña nazi de exterminio, mediante actos aparentemente aislados pero que formaban un todo. De igual manera el tribunal para la ex Yugoslavia asume que las ejecuciones ocurridas en el hospital de Vukovar se integraban al contexto general y organizado del ataque a dicha ciudad.

(7) Informe Nº 1/99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso Lucio Parada Cea y otros versus El Salvador. Párrafo 116.

(8) Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Caso Celibici. Sentencia del 20 de febrero de 2001.

(9) En este sentido Quintero Olivares Gonzalo, “La revisión del delito político: islamismo y otros problemas”, en Cancio Meliá, Gómez-Jara Díez (coordinadores), Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, Madrid, Edisofer, 2006, vol. 2, pág. 693.

(10) Providencia del 26 de noviembre de 2003. Radicado 21639.

(11) Auto del 19 de mayo de 2004. Radicado 22415.

(12) Sentencia del 26 de enero de 2006. Radicado 23893.

(13) Sentencia C-578 de 2002.

(14) Providencia de segunda instancia del 21 de septiembre de 2009. Radicado 32022.

(15) Decisión del 13 de mayo de 2010. Radicado 33118.

(16) Sentencia C-171/93. Criterio reiterado en Sentencia C-069 de 1994

(17) Cfr. Providencia del 11 de julio de 2007. Radicado 26945.

(18) Cfr. Providencias del 18 de julio de 2001 y 23 de septiembre de 2003. Radicado 17089.