Sentencia 34505 de abril 21 de 2009

 

Sentencia 34505 de abril 21 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 34505

Acta 15

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá D.C., veintiuno de abril de dos mil nueve.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por JAIME RAFAEL CARRILLO MEJÍA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 2 de marzo de 2007, dentro del proceso ordinario que el recurrente le promovió a la DRUMMOND LTDA.

Antecedentes

Pretendió el demandante el reintegro al cargo de operador de maquinaria pesada, o a otro de igual o superior categoría, acorde con su limitación física y la no solución de continuidad en el pago de salarios y prestaciones legales y convencionales; subsidiariamente, el pago indexado de la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Señaló que se vinculó por contrato de trabajo el 22 de julio de 1996, en el cargo de mecánico y luego auxiliar de mantenimiento, devengaba $1.958.632 mensuales; en el desempeño de sus funciones, sufrió un accidente de trabajo, el 9 de febrero de 2002, al caerse de una altura de un metro, sobre un termo de agua; recibió un golpe en la región superior, del alerón sacro izquierdo; presentó trauma renal que le generó restricción del movimiento de columna dorso lumbar, la que no presentaba a su ingreso a la empresa; lo despidieron el 26 de julio de 2002, sin justa causa, ni autorización del Ministerio de Trabajo; el 21 de marzo de 2003, se le calificó por la Junta Nacional de Invalidez, una pérdida de la capacidad laboral del 18.72%.

La demandada en la respuesta se opuso a las pretensiones, adujo que el demandante no sufrió discapacidad como consecuencia del accidente de trabajo, dado que fue curado satisfactoriamente, al punto que se ordenó su reincorporación sin restricción alguna, con lo cual se confirma que tenía plena capacidad para trabajar; al momento del despido no tenía discapacidad, como lo confirma el propio demandante, quien indicó que su pérdida de capacidad laboral, se dio el 21 de marzo de 2003, varios meses después de terminado el contrato laboral; por lo que no se requería autorización del Ministerio de Trabajo, “de todas formas el despido no tuvo ninguna relación causa, efecto con la presunta discapacidad mencionada”. De los hechos aceptó el cargo, la vinculación laboral, el salario promedio, la existencia del accidente del que, “fue curado totalmente y con fecha 18 de septiembre de 2002 Colseguros dictamina 0% de pérdida de capacidad laboral”; adujo que el demandante presentó problemas lumbares por sus más de 100 Kilos, según examen del 14 de de enero de 1997; fundamentó su defensa en que la terminación del contrato no tuvo como causa o motivo “el hecho de encontrarse limitado físicamente” ya que la incapacidad se dio varios meses después del despido y era “indiferente para la aplicación de lo previsto en el art. 26 de la Ley 361/97 que el trabajador haya estado enfermo, incapacitado que hubiera sufrido accidentes comunes o laborales. Lo indispensable es que en el momento del despido se encontrara limitado laboralmente”; propuso las excepciones de cobro de lo no debido y compensación.

Por sentencia del 15 de noviembre del año 2005, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, absolvió a la demandada de todas las pretensiones.

Sentencia del tribunal

Mediante fallo de 2 de marzo de 2007, el Tribunal Superior de Bogotá, confirmó la sentencia de primer grado e impuso costas al recurrente. Estableció los extremos de la relación laboral, entre el 22 de julio de 1996 y el 26 de diciembre de 2002, fecha en que fue despedido sin justa causa, previo pago de la indemnización respectiva, sin autorización del Ministerio de Trabajo; que el último salario devengado fue de $1.958.632, que el accidente de trabajo, ocurrió el 9 de febrero de 2002 y que perdió la capacidad laboral en el “18.72% (folio 17)”.

Sobre la petición de reintegro consideró que procedía en los términos del Decreto 2351 de 1965 o de la Ley 50 de 1990 “cuando lleve más de diez años de servicios continuo y fuere despedido sin justa causa, el trabajador con fuero sindical, y en los casos de maternidad, circunstancias en las que no se encuentra encajado el demandante y por lo tanto no es procedente el reintegro común”.

Destacó el informe de Colseguros “donde se estipula que a partir del 10 de abril de 2002 el Sr. Jaime Carrillo Mejía, podía reincorporarse a sus labores habituales sin ningún tipo de restricción, y de la carta de fecha diciembre 18 de 2002 (folio 83 a 84 cuaderno anexo No.2) en que la ARP informa que la pérdida de la capacidad laboral del demandante era 0.0%, se infiere con claridad que el demandante no cumplía tampoco los requisitos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997”. Reprodujo el precepto aludido y comentó que el último inciso había sido declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-531 de 2000 bajo el entendido que el despido del trabajador por razón de su limitación, sin la autorización de la oficina del trabajo, era ineficaz.

Recurso de casación

Solicita el accionante que la Corte case la sentencia acusada y en sede de instancia revoque la de primer grado y en su lugar condene al reintegro al cargo, con el pago de los salarios dejados de percibir, hasta cuando se produzca la reinstalación.

Con tal propósito propone dos cargos, oportunamente replicados. Se analizan conjuntamente por permitirlo así el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

Primer cargo

Acusa la sentencia por interpretación errónea del inciso 1º, parcial, y segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; 1º, 2º, 13, 23, 25, 29, 47, 53, 54 y 68 de la C.N; 1º, 13, 18, 19, 21 y 58, numeral 5º del CST.

Alude a apartes de la Sentencia C-531 de 2000, y subraya los elementos para acceder al “REINTEGRO CONSTITUCIONAL”, que, dice, se deriva de la recta interpretación de la norma; que la mencionada protección debe lograrse al aplicar, en concordancia, los principios contenidos en el artículo 53 de la Constitución Política y con el concepto de Estado Social de Derecho de su artículo 1º. Reseña una serie de sentencias de tutela y concluye que existe fuero para la persona limitada, de acuerdo con la Ley 361 de 1997, en armonía con otros preceptos constitucionales.

Agrega que la empresa conocía las condiciones de discapacidad del demandante, al brindarle atención médica y los permisos correspondientes, y que por ello actuó de mala fe al buscar otros argumentos para despedirlo.

Destaca que en el expediente, obran documentos en los cuales se puede claramente establecer la relación laboral; el estado de salud del demandante, que comprueban que sufrió varios accidentes de trabajo y enfermedad profesional, que lo llevaron a que Colseguros, lo atendiera y recomendara tratamientos especiales. La demandada también lo hizo en su centro de salud, en todas las limitaciones sufridas; tiene una discapacidad laboral del 18.72%. “En el expediente obra prueba del buen estado de salud del demandante a la fecha de su vinculación con la empresa y en cambio no obra prueba del estado de Salud a la fecha de su retiro, tal como lo afirma la empresa”.

La réplica

Señala que el cargo contiene errores de técnica que impiden su estudio, como que es equivocado el concepto de violación. Estima que el Tribunal aplicó las disposiciones acusadas, en cuanto advirtió que el despido no fue consecuencia de la limitación física alegada, la cual, se estructura después del retiro, por lo que “si en el momento de terminarse el contrato de trabajo no existía limitación alguna, mal puede pedir autorización del Ministerio de Protección Social, tal como ocurrió en este caso”.

Segundo cargo

Acusa, por vía indirecta, la aplicación indebida del inciso 1º parcial, y segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; 1º, 2º, 13, 23, 25, 29, 47, 53, 54, 68 de la C.N; 1º, 13, 18, 19, 21, 58 numeral 5º del CST; 174, 175, 177, 183, 187, 194, 195, 197, 198, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 268 y 279 del CPC. Indica que la violación se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho, originados en la falta de apreciación de “unas pruebas” y la equivocada apreciación “de otras”:

“1. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tenía una discapacidad producida por un accidente de trabajo y de enfermedad profesional.

“2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tenía derecho a que se cumpliera el requisito de solicitud de permiso para despedir de que habla el artículo 26 de la ley 361 de 1997.

“3. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada conocía el estado de discapacidad desde el momento del accidente.

“4. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tenía derecho a que se le reintegrara a su puesto de trabajo.

“5. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante se encontraba bajo restricciones médicas al momento del despido”.

Cita como pruebas no apreciadas: el formulario de dictamen para calificación de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de invalidez (folios 14 a 18); carta de Colseguros ARP del 3 de julio de 2002, dirigida al médico del puerto DRUMMOND LTDA (folio 86); historia médica ocupacional (folios 188 a 189) cuaderno anexo (folios 7 al 16); historia clínica del demandante (folios 197 a 485, cuaderno anexo, folio 1 al 110); incapacidades del demandante, (cuaderno anexo, folios 1 a 4).

Dice que el Tribunal no se detuvo a analizar el acervo probatorio y por ello su decisión final fue equivocada; entre las pruebas reseña el dictamen y el documento de la ARP a la empresa, en que le comunica el reajuste a las restricciones después de un control a los 15 días, los documentos de la división médica, historia médica, donde se establece el grado de riesgo, que le generó la enfermedad, agravada por el accidente y donde se hallan los diferentes tratamientos al demandante recibidos de la empresa y la ARP.

Destaca que el demandante, al momento del despido, tenía una incapacidad y quebrantos de salud, consecuencia del accidente de trabajo y, que la ARP ordenó su protección, al disponer el 3 de julio de 2002, restricciones en el ejercicio de sus funciones con proyección a ser ajustadas después de la cita de control con neurología; a los pocos días, fue despedido cuando se hallaba en proceso de calificación, el cual finalizó el 21 de marzo de 2003, al establecerse una pérdida de la capacidad laboral del 18.72%.

La réplica

Explica que de el (sic) recurrente solo alude a las pruebas no apreciadas; que dos de los errores, no son de hecho, sino jurídicos y los otros 3, no son manifiestos, aclara que la decisión del juez colegiado, se basó en la comunicación de Colseguros a la demandada, el 10 de abril de 2002, donde informó la necesidad de reubicación del demandante y la del 18 de diciembre de 2002, sobre la pérdida de la capacidad de 0%; las que condujeron a señalar el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que no fueron atacadas por el recurrente. Indica que con la carta del 18 de diciembre de 2002, se establece que el demandante, podía operar el equipo de trabajo sin restricciones, y que la calificación de la junta, se produjo tres meses después del despido.

Se considera

La Sala observa que el ad quem finalmente consideró que según la comunicación del 10 de abril de 2002, el demandante podía reincorporarse a su labor, sin ningún tipo de restricción; que el 18 de diciembre de 2002 la ARP informó que la pérdida de su capacidad es de “0.0%” y que el dictamen de folio 17 la estableció en el 18.72%, con fecha de estructuración del 21 de marzo de 2003. 

Se advierte que, como lo apunta la réplica, el recurrente citó las pruebas en las que el Tribunal fundó su conclusión como inapreciadas, e incumplió su carga de destruir las inferencias que dan soporte a la decisión acusada. 

Precisa aclarar que en el fallo acusado no se desconoció la pérdida de la capacidad del actor en un 18.72%, sólo que el ad quem consideró que no se estructuró para la fecha del despido (26 de julio de 2002), y en consecuencia el demandante no padecía una limitación que ameritara el amparo, en los términos de la Ley 361 de 1997, y ello es así, porque lo que protege dicho precepto es la discapacidad que se produzca durante el vínculo laboral, por lo que no podía exigirse al empleador que solicitara el permiso ministerial a que se refiere el artículo aludido. Se reitera que la incapacidad del actor se estructuró 8 meses después del retiro del trabajador tal como lo registra el “folio 17” al que el ad quem se refirió en su sentencia, la desvinculación en circunstancias normales no hace ineficaz tal proceder como para obtener el reintegro. 

En todo caso, conviene agregar que las historias clínicas acusadas por el recurrente no desvirtúan aquel corolario, como tampoco la documental del 3 de julio de 2002, pues en ella se anota que el demandante “se debe reincorporar a su puesto habitual, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones”, “1. Insistir en la realización de las actividades laborales y extralaborales. 2. Restricciones para manipular cargas superiores a 15 Kg”. 3. Evitar asumir posturas críticas de columna dorso lumbar. 4. Control en 15 días con neurocirugía” (folio 86). Así, aunque se reseñó el accidente de que fue víctima el demandante, el 9 de febrero de 2002, no se precisó alguna discapacidad o limitación del trabajador, tal como lo infirió el sentenciador. 

En las anteriores condiciones, los cargos no prosperan.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 2 de marzo de 2007, en el proceso promovido por JAIME RAFAEL CARRILLO MEJÍA contra DRUMMOND LTDA.

Costas en casación a cargo de la recurrente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

Secretaria: María Ismenia García Mendoza.