Sentencia 3452 de septiembre 9 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación interna 3452

Radicación 850012331000200301200 01

Consejera Ponente:

Dra. María Nohemí Hernández Pinzón

Actor: Édgar Eduardo Romero Segovia

Fallo de segunda instancia.

Bogotá, D.C., nueve de septiembre de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Antecedentes

La demanda

El ciudadano Édgar Eduardo Romero Segovia, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción electoral, demanda la nulidad del acta parcial de escrutinio E-26 del 28 de octubre de 2003, por la cual la comisión escrutadora municipal declaró elegidos, entre otros, al ciudadano Reinaldo Cárdenas Cárdenas concejal del municipio de Maní (Casanare) para el período 2004 a 2007.

Como declaraciones consecuenciales solicita declarar inhábil al ciudadano Reinaldo Cárdenas C. para ocupar el cargo de concejal del municipio de Maní (Casanare) y se declare elegido en su reemplazo el ciudadano que le sigue en votación inscrito por el movimiento Cambio Radical.

(...).

Consideraciones

Competencia

La competencia de esta corporación para conocer de esta acción electoral está fijada por lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 37; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

De las excepciones propuestas

Previamente es necesario tener en cuenta que en el proceso contencioso administrativo no hay una etapa para tramitar las excepciones previas. No obstante, ellas son consideradas como hechos impeditivos para proferir sentencia de fondo, y en esa medida se analizarán en el presente fallo.

El demandado propuso las excepciones que denominó “Inexistencia de la inhabilidad alegada” e “Inepta demanda”; la primera sustentada en el hecho de que el objeto del contrato por el que se le cuestiona quedaba despojado del elemento “en interés propio o de terceros” exigido por la norma inhabilitante, dado que dicho convenio se suscribió en interés comunitario, y la segunda en el hecho de que la demanda no habría precisado el ingrediente normativo sobre el que se edifica la inhabilidad.

La Sala al ocuparse de la “inepta demanda” como un hecho impeditivo enfocará seguidamente su análisis, en tanto, que respecto de la “inexistencia de la inhabilidad alegada” será considerada como un argumento de la defensa, y como tal no será estudiada en este acápite del fallo.

Sobre la “Inepta demanda” no es cierta la falencia que se le atribuye, por cuanto el libelo es explícito en mencionar la norma violada por el acto acusado, y tanto en los argumentos sobre el concepto de violación como en el acápite de hechos so ofrece con claridad el factor que, en concepto del actor, desencadena la inhabilidad. En efecto, la demanda focaliza como norma violada el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, y en más de una oportunidad reitera que el demandado suscribió un contrato con el municipio de Maní, durante el año anterior a su elección como concejal; luego, a pesar de haberle agregado en su concepto de violación, que la administración de recursos públicos por parte del contratista comprometía la violación al régimen de inhabilidades, es muy claro que este ingrediente se subsume dentro del factor objetivo informado como propiciador de la inhabilidad, esto es, la suscripción del contrato. Por consiguiente, la inepta demanda alegada no estaba llamada a prosperar.

Problema jurídico

Entiende la Sala, según el planteamiento del censor, que el convenio celebrado entre el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Fronteras y la alcaldía de Maní inhabilitaba a aquel para la elección al cargo de concejal al cual se postuló y resultó ganador.

Por tanto, la Sala analizará si la contratación que llevan a efecto las juntas de acción comunal con los municipios inhabilita a sus miembros para la postulación a cargos de elección popular.

El acto demandado

Se trata del acta parcial de escrutinio de los votos expedida el 28 de octubre de 2003 por la comisión escrutadora municipal, a través de la cual se declaró elegido el señor Reinaldo Cárdenas Cárdenas como concejal del municipio de Maní (Casanare), para el período 2004 a 2007.

De las inhabilidades. Consideraciones generales

Con relación al tema de las inhabilidades para ocupar cargos de elección popular es preciso invocar algunas de las precisiones que sobre dicha materia han expuesto la legislación y la jurisprudencia:

La Ley 5ª de 1992 en su artículo 279 estableció lo siguiente:

“Concepto de inhabilidad. Por inhabilidad se entiende todo acto o situación que invalida la elección de congresista o impide serlo”.

La Corte Suprema de Justicia la definió como “aquella circunstancia negativa del individuo, el defecto o impedimento para ejercer u obtener un empleo o que le resta mérito para ejercer ciertas funciones en un cargo determinado y se traduce en la prohibición legal para desempeñarlo independientemente de otros” (sent. jun. 9/88, Fabio Morón Díaz).

Por su parte la Corte Constitucional sobre las inhabilidades expresó:

“Las inhabilidades, entonces, son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada en un cargo público, y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio, y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad da quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos.

Así las cosas, las inhabilidades son de distinta índole, v.gr. generales, es decir, que operan para toda clase de empleados del sector público; específicas, para una determinada entidad o rama del poder, limitadas en el tiempo, permanentes, absolutas, relativas, etc.

Las inhabilidades, como las demás calidades, exigencias o requisitos que deban reunir los candidatos para efectos de su incorporación al servicio del Estado, en empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción, deben estar consagradas en forma expresa y clara, y pueden hacer parte del estatuto general que rige la función pública, o de manera específica, del estatuto de carrera, o de personal de cada entidad, sector o rama del poder público” (C-546, nov. 25/93. M.P. Carlos Gaviria Díaz).

Finalmente, es preciso recordar, como en ocasión pasada lo hizo la Sala Plena del Consejo de Estado (1) , el informe-ponencia sobre el régimen de inhabilidades, para primer debate en la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente del 22 de mayo de 1991. Dijo al respecto y específicamente sobre las inhabilidades electorales lo siguiente:

“Inhabilidades para la elección: es indispensable evitar que se utilicen los factores de poder con fines electorales, para ello, debe contemplarse que quienes tienen posibilidad de disponer de recursos oficiales o nombrar empleados o tienen acceso a otros factores con los que podrían manipular a los electores, estén impedidos para presentarse como candidatos a cargos de elección popular. El régimen de inhabilidades debe además impedir que personas indignas lleguen a tales cargos y que utilice la fuerza electoral de uno para arrastrar a sus parientes más cercanos y crear dinastías electorales...” (2) (resalta la Sala).

Inhabilidad de los concejales por intervención en la celebración de contratos

Ahora, en torno a la variada gama de inhabilidades electorales, ciertamente el legislador previó lo concerniente a la celebración de contratos con la administración pública, contándose entre las normas que así lo prevén los artículos 43 y 95 de la Ley 136 de 1994, modificados por los artículos 40 y 37 de la Ley 617 de 2000, aplicables a los concejales y alcaldes respectivamente, así como el artículo 174 de la Ley 136 de 1994 con relación a los personeros municipales.

El artículo 43, numeral 4º, de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 dispone lo siguiente:

“ART. 43.—Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.

(...)”.

Por consiguiente, para que se configure la causal de inelegibilidad prevista en la norma transcrita, es necesario acreditar 5 supuestos: a) la elección, pues debe probarse que el demandado ha sido elegido concejal; b) el objeto, esto es, la existencia de un contrato en el que el elegido hubiere intervenido en su celebración, ya sea en interés propio o en interés de terceros; c) la naturaleza del contrato, puesto que debe probarse que este fue celebrado con entidades públicas; d) el tiempo en que fue celebrado. Así, para determinar ese supuesto, se requiere tener como referencia las fechas de la elección y de la celebración del contrato, toda vez que solamente se configura la inhabilidad cuando entre los dos momentos jurídicos no hubiera transcurrido un término igual o inferior a un año, y e) el lugar, pues se exige que el contrato tenga lugar en el mismo municipio donde resultó electo el demandado.

Límites de la inhabilidad

La jurisprudencia tiene previstas delimitaciones o excepciones al carácter, eventualmente, en exceso rigorista, de la aludida inhabilidad. Es así como la Corte Constitucional tiene dicho:

“Con todo, la Corte considera que una interpretación puramente literal de la norma suscita problemas constitucionales, por lo cual será necesario condicionar su alcance a fin de ajustar su sentido a la Constitución. En efecto, el ordinal no solo no distingue los tipos de contratos que generan la inhabilidad sino que expresamente señala que esta surge de contratos de “cualquier naturaleza”, con lo cual podría entenderse que la inelegibilidad opera en casos en donde su aplicación sería manifiestamente inconstitucional. Así, sería absurdo que se señalara que no puede ser alcalde una persona por cuanto en el año anterior suscribió con el municipio un contrato para la prestación del servicio de luz, pues estos contratos son ofrecidos a todos los habitantes da la localidad, como lógica consecuencia del papel que juega el municipio en la prestación de los servicios públicos (C.P., art. 311). Por ello la propia Constitución, al definir el régimen de incompatibilidades de los congresistas, y señalar que estos no podrán contratar o realizar gestiones ante entidades públicas o que manejen dineros públicos, expresamente señaló que esa prohibición no cobija “la adquisición de bienes y servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones” (C.P., art. 180, ord. 4º). Conforme a lo anterior, la Corte entiende que la disposición acusada no se aplica a aquellos contratos por medio de los cuales la administración ofrece, en igualdad de condiciones, a todos los ciudadanos y personas, un determinado bien o servicio, en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, tal y como sucede por ejemplo con la prestación de los servicios públicos, pues en tal caso la inhabilidad sería totalmente irrazonable. Así interpretada la norma, la Corte considera que ella no desconoce el derecho de participación política y por ende es constitucionalmente admisible” (negrilla fuera del texto) (3) .

Igual conclusión tiene el Consejo de Estado al considerar que la inhabilidad no se configura al evento en que el contrato que se celebra con la entidad pública es de aquellos en los que se ofrece, en igualdad de condiciones, bienes o servicios a todas las personas (4) .

Y la misma corporación, adicionalmente, ha expresado:

“En relación con la causal quinta de inhabilidad para ser elegido alcalde, prevista en el numeral 5º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, esta Sala ha dicho que ella plantea dos supuestos independientes en donde el primero comprende 3 elementos a saber: la intervención en la celebración de contratos; con entidades públicas; y en interés propio o de terceros. El segundo supuesto comprende la celebración, por sí o por interpuesta persona, de contrato de cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo y que deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio: existiendo, adicionalmente, una circunstancia temporal común, consistente en que la intervención o celebración del contrato, haya ocurrido durante el año anterior a la inscripción de la candidatura. Conforme a la interpretación jurisprudencial de la disposición, se ha llegado a entender que la inhabilidad solo puede predicarse cuando se obra en interés particular (propio o de un tercero). Tal interpretación excluye la celebración de contratos cuando se hace en razón de la representación, entre otras, de una entidad pública porque se entiende que el funcionario obra en interés general” (negrilla fuera del texto) (5) .

No obstante, restándole cierto rigor a la cita jurisprudencial precedente, el numeral 2º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 estableció lo siguiente:

ART. 40.—De las inhabilidades de los concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

“ART. 43.—Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

1. (...).

2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito” (resalta la Sala).

Lo cual significa que hoy por hoy la excepción a las inhabilidades para la inscripción y elección de concejales municipales o distritales, según la cual la inhabilidad no opera para el candidato que ha celebrado contratos como representante de una entidad pública, no se aplica cuando dicho representante legal obra siendo ordenador del gasto. En consecuencia, la aludida limitante no puede aplicarse de manera general, como en principio fue concebida, esto es, para todos los representantes legales de las entidades públicas sin distinción, sino solo a los representantes legales de entidades públicas que no ostenten la condición de ordenadores del gasto.

En síntesis, las excepciones a las inhabilidades son dos: la celebración de contratos mediante los cuales la administración ofrece, en igualdad de condiciones, a todas las personas, determinados bienes o servicios, y la celebración de contratos en representación de entidades públicas, siempre y cuando que el empleado que ejerce la representación legal no sea ordenador del gasto de la misma.

Del caso concreto

Pues bien, en torno a la demostración de los supuestos fácticos necesarios para que se configure la causal de nulidad objeto de análisis, se encuentran en el expediente las siguientes pruebas:

— Copia auténtica del acta general de escrutinio municipal de fecha 28 de octubre de 2003, por la cual, se declara electo, entre otros, el demandado, como concejal del municipio de Maní (Casanare).

— El texto del “convenio 017/2003 —Entre la alcaldía municipal de Maní y la junta de acción comunal de la vereda Fronteras del municipio de Maní”, de fecha 3 de febrero de 2003, para ser ejecutado en el restaurante escolar de la vereda Fronteras del municipio de Maní, conforme a su cláusula primera (fls. 7 a 9).

— Acta de liquidación del referido convenio (fl. 10).

— Copia de la Resolución 277 de 23 de agosto de 2002 (fl. 11), que informa la inscripción de los dignatarios, entre ellos, el demandado en su calidad de presidente de la junta de acción comunal de la vereda Fronteras del municipio de Maní para el período 23 de agosto de 2002 al 30 de junio de 2004 (fl. 11).

— Certificaciones emanadas de la directora de la institución educativa de la vereda Fronteras informando el cumplimiento del objeto del convenio (fls. 12 y 13).

Con base en lo anterior, se tiene lo siguiente:

a) Está demostrado en el proceso que en los comicios realizados el 26 de octubre de 2003, el señor Reinaldo Cárdenas Cárdenas fue elegido concejal del municipio de Maní (Casanare), para el período 2004-2007, elección que fue declarada mediante el acto administrativo impugnado, y

b) Se encuentra probado así mismo que durante el año anterior a la elección el demandado, en representación de la junta de acción comunal de la vereda Fronteras del municipio de Maní (Casanare) celebró con la administración del mismo municipio un convenio cuyo objeto fue “la transferencia de recursos a la JAC de la vereda Fronteras para el suministro mensual de víveres para el restaurante escolar de la vereda Fronteras del municipio de Maní, hasta por un monto de dos millones seiscientos veinticinco mil pesos ($ 2.625.000)”, a través del cual la junta de acción comunal se obligó, entre otras, suministrar mensualmente conforme al listado especificado por el Consejo Directivo del Plantel Educativo de Fronteras, los víveres para el funcionamiento del restaurante escolar”. Se trata, entonces, de un contrato estatal, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que al respecto señala:

“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad...”.

En consecuencia, el convenio celebrado entre el demandado y la alcaldía de Maní, es decir, el municipio de Maní, es un contrato estatal que tiene por objeto “la transferencia de recursos a la JAC de la vereda Fronteras del municipio de Maní, hasta por un monto de dos millones seiscientos veinticinco mil pesos ($ 2.625.000)” (cláusula primera del contrato). Ello implica, obviamente, el acuerdo de voluntades inherente a la noción misma de contrato, que, como se ve en el que ocupa la atención de la Sala, estuvo encaminado a asumir obligaciones de dar y de hacer.

Por tanto, en torno al examen de si la intervención contractual del demandado encuadra dentro de las excepciones previstas por la jurisprudencia, con vocación de enervar la inhabilidad denunciada, como se transcribió renglones atrás, se tiene lo siguiente:

Si el contrato celebrado tuvo por finalidad transferir unos recursos públicos para comprar víveres destinados al funcionamiento de un restaurante escolar, evidentemente, no se trata de contrato celebrado por el hoy concejal para usar bienes y servicios que las entidades estatales ofrecen en condiciones comunes a quienes los soliciten, como se trataría de los servicios públicos domiciliarios, no; el contrato tuvo como objeto la transferencia de unos recursos del municipio a la junta de acción comunal para que esta a su vez suministrara las provisiones necesarias para el restaurante escolar de la vereda Fronteras del municipio de Maní.

De igual manera, dado el carácter privado de la junta de acción comunal de la vereda Fronteras del municipio de Maní, presidida por el demandado, el contrato celebrado por este tampoco cabe dentro de la excepción según la cual la inhabilidad no puede predicarse cuando la celebración de contratos se hace en representación de una entidad pública en la que el representante legal no ejerce la ordenación del gasto.

En efecto, averiguando por la naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal se tiene que de ninguna manera se avienen al carácter de entidades públicas, como se advierte del contenido de la ley que las regula, la cual al respecto, dice lo siguiente:

Ley 743 de 2002, “ART. 6º—Definición de acción comunal. Para efectos de esta ley, acción comunal es una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad”.

“ART. 8º—Organismos de acción comunal:

a) Son organismos de acción comunal de primer grado las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunitaria. La junta de acción comunal es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa”.

ART. 19.—“Objetivos. Los organismos de acción comunal tienen los siguientes objetivos:

f) Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden internacional, nacional, departamental, municipal y local, con el fin de impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes comunitarios y territoriales de desarrollo;”.

En anterior oportunidad esta Sala trató el punto al resolver un caso similar en el que igualmente la inhabilidad se derivó de la celebración de un contrato con una institución particular, en este caso la Asociación de Mujeres de Vegachí, “Asomuve” (6) , evocando a su vez otra sentencia relacionada con un asilo de ancianos. Dijo entonces la Sala y hoy lo reitera:

“Vale precisar, sin embargo, como hubo de explicar la Sala en sentencia de 11 de septiembre de 1995, que el numeral 5º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 debía entenderse restrictivamente, en el sentido de que no se refiere a contratos que se celebren para usar de los bienes y servicios que las entidades estatales ofrecen en condiciones comunes a quienes los soliciten, sino solo a aquellos de los que los candidatos podrían derivar ventaja, de cualquier orden (Exp. 1361).

Pero este, obviamente, no es el caso, pues no se trata de usar de bienes y servicios ofrecidos al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, además de que se trata de un contrato del que habría podido obtener ventaja quien lo celebró, frente a sus contendores, en las elecciones, y no precisamente pecuniaria” (7) .

Y la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de súplica interpuesto contra la sentencia de la Sección del 15 de octubre de 1998, analizó ese punto de la siguiente manera:

“La Sala considera que la aplicación indebida del numeral 5º del artículo 95 al caso sub judice, tal como lo considera el recurrente, no se presenta porque la excepción prevista en el artículo 10 de la Ley 80 de 1993 no tiene el alcance que el recurrente le da. En efecto, esa excepción es aplicable a los contratos sobre uso de bienes y servicios que las entidades ofrecen al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, como sucede, a manera de ejemplo, cuando un candidato a alcalde celebra un contrato de prestación de servicios con una entidad que presta un servicio público domiciliario, como de acueducto, o de suministro de energía eléctrica, o de servicio telefónico. Naturalmente que en un evento de esa naturaleza, el candidato no quedaría inhabilitado porque, como cualquier ciudadano, en su condición de usuario, tiene derecho a disfrutar de los servicios que se ofrecen en condiciones de igualdad” (8) .

(...).

De otro lado, se debe tener en cuenta que las inhabilidades constitucionales o legales para ser elegido, aunque limitan el derecho a la participación política y a ser elegido consagrado en el artículo 40 de la Carta Política, tienen la finalidad de proteger la imparcialidad y moralidad de la administración pública y la de evitar que se otorguen ventajas a los candidatos a elecciones populares derivadas de la actividad de aquella. Precisamente, la Corte Constitucional en la citada sentencia del 27 de noviembre de 1997 señaló las finalidades de la inhabilidad establecida en el numeral 5º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, en los siguientes términos:

Así las cosas, la Corte encuentra que la inhabilidad establecida por la norma impugnada pretende alcanzar una finalidad constitucionalmente importante, pues busca evitar una confusión entre intereses públicos y privados. En efecto, quien ha intervenido en nombre propio o de terceros en la celebración de un contrato con la administración, en principio defiende los intereses particulares frente a los intereses del Estado, mientras que el alcalde tiene exactamente la función contraria, pues su función es la preservación de los intereses del municipio, por lo cual le corresponde incluso ejercer un control sobre los propios contratistas. Por ello, y como bien lo señalan los intervinientes, resulta razonable evitar que llegue a ser jefe de la administración local quien, como particular, ha participado en una contratación que interesa al municipio, sin que medie un plazo prudente que garantice la no incidencia del funcionario en las medidas, recursos y evaluaciones que se encuentran en cabeza de la administración. El plazo de un año establecido por la ley resulta entonces razonable para impedir que la marcha de la alcaldía se encuentre condicionada por las indebidas influencias de los contratistas. De esa manera se evita que los intereses privados ligados al contratista puedan incidir en el ejercicio de la función pública por parte del alcalde, con lo cual se preserva la moralidad e imparcialidad de la administración municipal, la cual se encuentra al servicio del interés general (C.P., art. 209).

De otro lado, la inhabilidad también puede cumplir otra finalidad constitucionalmente relevante, pues obstaculiza el aprovechamiento de recursos públicos para desfigurar los procesos electorales. En efecto, un contratista, por el hecho de adelantar obras de utilidad para la comunidad, puede llegar a ejercer una cierta influencia local, que podría aprovechar en los procesos electorales municipales, con lo cual se viola la igualdad en este campo y se altera la propia dinámica de la participación política. Por esta razón resulta también aceptable que la ley exija un término prudencial antes de que pueda llegar a ser alcalde una persona que ha participado en contratos que interesen a la administración municipal”.

Y es claro que la celebración del contrato pudo derivar ventajas de carácter electoral a favor del alcalde elegido, pues, sin lugar a dudas, al cumplir el objeto del mismo, en cuanto implicó el desarrollo de una actividad altruista en beneficio de personas de la tercera edad, carentes de recursos económicos, creó una imagen favorable hacia los electores que coloca al contratista y candidato en una situación de ventaja frente a los demás candidatos. Y esa ventaja la deriva de la celebración de un contrato con recursos públicos de una entidad del Estado que debe actuar con imparcialidad en los procesos de elección popular. No se desconoce, pues, la actividad noble, altruista que implica la celebración de un contrato como el celebrado por el señor Loaiza Hurtado. Pero ello no descarta la inhabilidad, pues para que esta no se hubiera configurado se requería que entre la celebración del contrato y la fecha de la inscripción de la candidatura hubiera transcurrido el término que el legislador consideró razonable a fin de evitar las influencias nocivas de la contratación en el proceso electoral y que, eventualmente, incida en las funciones del alcalde elegido (9) .

En suma, en el sub judice, se colige que la celebración del contrato por parte del demandado representando a la junta de acción comunal tantas veces mencionada, conlleva ventajas electorales a favor del concejal elegido, pues, sin lugar a dudas, al cumplir el objeto del mismo, —el suministro mensual de víveres para el restaurante escolar de una de las veredas del municipio donde resultó elegido concejal el demandado—, colocó a la junta y mayormente a su presidente, en el pináculo de la eficiencia de la gestión comunitaria y aun en la de órgano redentor de una necesidad sentida por la comunidad. Se colocó así el candidato elegido, en una situación privilegiada frente a otros candidatos que no contaron con la misma posibilidad, la posibilidad de, a través de un contrato recibir dineros públicos para satisfacer una necesidad de la comunidad creando una imagen favorable y ventajosa hacia los electores en desmedro de los demás candidatos, ventaja derivada, nada menos que de la utilización de recursos públicos oficiales. Era deber del presidente de la referida junta de acción comunal, para no incurrir en la inhabilidad que se le atribuye, abstenerse de postular su nombre para la contienda electoral, por lo menos durante el término prohibitivo que señala la norma contrariada por su proceder.

En consecuencia, el convenio celebrado entre la alcaldía de Maní (Casanare) y el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Fronteras del mismo municipio inhabilitó a este último para su inscripción y elección al cargo de concejal municipal por las siguientes razones: a) porque dentro del año anterior a la elección celebró un contrato con el municipio de Maní a través del cual asumió la obligación de suministrar víveres al restaurante escolar de la vereda Fronteras del mismo municipio; b) porque el contrato se ejecutó dentro del mismo municipio donde resultó elegido concejal; c) porque el contrato celebrado no es de aquellos que se ofrece, en igualdad de condiciones, bienes o servicios a todas las personas; d) porque el contrato se celebró en interés de terceros, y e) porque el contrato se celebró en representación de una entidad privada. En fin, el convenio celebrado se aviene a todas y cada una de las exigencias previstas en la ley para constituirse en causal inhabilitante para ocupar el cargo de concejal municipal.

Como consecuencia, hay lugar a revocar el fallo de la primera instancia, declarando infundada la excepción de “Inepta demanda”, alegada por el demandado.

En virtud de lo expuesto, la Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

DECLARAR infundada la excepción de “inepta demanda”, alegada por el demandado.

REVOCAR la sentencia de veinte de mayo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que negó las súplicas de la demanda. En consecuencia, declarar la nulidad parcial del acta de escrutinio del 28 de octubre de 2003, mediante la cual la Comisión Escrutadora Municipal declaró a Reinaldo Cárdenas Cárdenas electo concejal del municipio de Maní (Casanare) para el período 2004 a 2007.

Líbrese comunicación informando esta decisión al señor registrador del estado civil del municipio de Maní, así como a la presidencia del concejo municipal y al señor alcalde del mismo municipio para lo de su cargo.

Una vez ejecutoriada esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Consejeros: María Nohemí Hernández Pinzón, Presidente—Darío Quiñones Pinilla—Filemón Jiménez Ochoa—Reinaldo Chavarro Buriticá, (ausente con excusa).

Virgilio Almanza Ocampo, Secretario.

(1) Sentencia de 13 de julio de 2004. C.P. Ana Margarita Olaya Forero. Radicación 1101-03-15-000-2004-00454-00.

(2) Gaceta Constitucional 79 del 22 de mayo de 1991.

(3) Sentencia C-618 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(4) Sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de fechas 7 de marzo de 2000 y julio 24 de 2001, expedientes S-039 y S-062, C.P. Manuel Urueta Ayola; y de la Sala de la Sección Quinta de fecha 15 de octubre de 1998, expediente 1969, Sección Quinta, C.P. Mario Alario Méndez.

(5) Sentencia de septiembre 3 de 1998, C.P. Miren de Lombana de la Magyaroff. Radicación 1954.

(6) Sentencia de octubre 26 de 2001. Expediente 2685. Ponente: Darío Quiñones Pinilla. Actor: Julio Martín Uribe González. Demandado: alcalde municipio de Vegachí.

(7) Sentencia del 15 de octubre de 1998.

(8) Sentencia del 24 de julio de 2001, expediente S-062. Ponente: Manuel Santiago Urueta Oyola. Actor: Helmunmth Rincón Fernández. Demandado: alcalde municipal de Caparrapí.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. C.P. Darío Quiñones Pinilla, 26 de octubre 2001, radicación: 05001-23-31-000-2000-2493-01(2685). Actor Julio Martín Uribe González. Demandado: alcalde del municipio de Vegachí.

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