Sentencia 34536 de abril 20 de 2010

 

Sentencia 34536 de abril 20 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 34536

Acta 12

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., veinte de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS:«Consideraciones de la Corte

El fundamento esencial de la decisión cuestionada, como se vio, estribó en que, para que el pago de las prestaciones sociales, mediante depósito judicial, fuera válido, necesariamente debía hacerse este en los bancos o institutos autorizados para recibirlo, entregarse el respectivo título o comprobante al juez o funcionario competente y autorizar la respectiva entrega al trabajador, y como, en el presente caso, no se comprobó que se hubiese colocado a disposición del juzgado el respectivo título, este carecía de validez, pese a que el actor aceptó había aceptado haber recibido el original del banco, pues no era posible trasladar al trabajador una obligación que correspondía exclusivamente al empleador.

Bajo estas circunstancias, carece de trascendencia el que no hubiere observado el tribunal que en la liquidación de prestaciones sociales (fls. 28 y 78), el trabajador hubiere firmado en señal de haber recibido lo consignado en ese documento, toda vez que no discuten las partes que el medio de pago empleado por la demandada de tales acreencias fue el depósito judicial, el cual, observó el ad quem, carecía de efectividad porque no se había llevado a cabalidad el procedimiento necesario para que los dineros fueran puestos a disposición del trabajador, lo que no aparece desmentido porque este hubiere firmado la liquidación en señal de haber recibido lo que a la postre no recibió.

Tampoco ataca el verdadero fundamento de la decisión el que el título de depósito no apareciera con ninguna restricción para su cobro, pues, se insiste, lo que echó de menos el tribunal es que se hubiese colocado a disposición del juzgado el respectivo título para que el juez competente hubiere autorizado la entrega, de modo que así no tuviere restricción alguna este, no se varía ni afecta la conclusión del ad quem.

La comunicación del 14 de junio de 2001, igualmente, no aparece mal apreciada por el tribunal, porque este no desconoció que el título había sido entregado al trabajador, sino que consideró que a pesar de tenerlo este en su poder no podía cobrarlo, porque el trámite para su pago no se había hecho de manera correcta por la empleadora, que era quien tenía la responsabilidad exclusiva de realizar la cancelación oportuna de las prestaciones sociales del actor.

De otra parte, del hecho de que no hubiera intención en la demandada de entorpecer el pago o que la actitud del demandante no fue enteramente la correcta al manifestar que el título no se encontraba en el juzgado cuando lo tenía en su poder, apenas si constituye una justificación, pero no permite inferir, de ninguna manera, la efectividad del pago, pues desde el punto vista meramente fáctico, por el que se encausa la acusación, según lo entendió el tribunal, era necesario que el título valor fuera puesto por la empleadora a disposición del juzgado, lo cual no logra censura destruir.

En cuanto al cuarto yerro, debe señalarse que el tribunal estimó que “solo” siguiendo el procedimiento previsto para el depósito judicial se podía considerar “… efectuado el pago y desvirtuada la presunción de mala fe que contempla el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo”, en consecuencia, al no haber prosperado la acusación respecto a los anteriores yerros que le imputa la censura al sentenciador de segundo grado, no es posible a esta, por la vía fáctica, destruir este soporte de la decisión, que solo admite el pago efectivo como hecho susceptible de desvirtuar la presunción de mala fe, que, estimó el ad quem, contempla el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Segundo cargo

Acusa la sentencia recurrida de violar directamente, por interpretación errónea, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

En la demostración, sostiene la censura que el tribunal omitió toda consideración sobre la conducta de la demandada, en relación con la deuda que se le imputa, y si bien en otro aparte invoca la presunción de mala fe, al momento de decidir sobre la aplicación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, no la tuvo en cuenta y produjo una condena en forma automática, que, señala, consigna una mala comprensión de la norma, que se aparta de la tenida por esta corporación, por lo que, dice, procede el quebrantamiento de la decisión recurrida, en el aspecto de la sanción moratoria, para que, en sede de instancia, se tenga en cuenta como prueba de la buena fe de la demandada, la liquidación oportuna de las prestaciones sociales, la constancia de recibo firmada por el actor respecto a los valores liquidados, la entrega del título de depósito judicial y toda la restante documentación que acredita la atención oportuna por la demandada de sus obligaciones laborales.

Como un segundo error de interpretación de la norma señalada, le imputa la censura al ad quem el haber entendido que es procedente la sanción moratoria por no enviar el título al juzgado, cuando, argumenta, la sentencia de esta corporación que transcribió en su apoyo no dice tal cosa, ni se refiere a una situación como la presente en donde es el demandante quien tiene en su poder el título, sino aquella en que este quedó en la hoja de vida del trabajador, sin que existiera prueba de la buena fe de la empleadora, lo que, dice, pone en evidencia que la sanción moratoria no se origina por no mandar el título, como lo pregonó el tribunal, sino por no existir prueba de la buena fe, que es diferente.

Señala, así mismo, que en este caso, para ser considerado en sede de instancia, la demandada entregó el título de depósito al demandante, por lo que mal podía asumir la iniciativa de llevarlo al juzgado, además que los restantes documentos solo indican una conducta orientada a permitirle al trabajador el recibo oportuno de sus derechos.

La réplica

Señala que en casación no proceden los cargos subsidiarios como el presente; que no se puede acusar una sentencia simultáneamente por la vía directa e indirecta; que en el presente caso no existe el mínimo indicio de la buena fe de la demandada; que conociendo que el título judicial fue devuelto por falta de autorización, dentro del trámite del proceso, no hizo nada tendiente al pago de las prestaciones; que el trabajador no tuvo oportunidad de cobrar el título porque no fue autorizado su pago.

Consideraciones de la Corte

Tal como se anotó al despachar el anterior cargo, el tribunal estimó, en lo que respecta a la sanción moratoria, que “solo” siguiendo el procedimiento previsto para el depósito judicial se podía considerar “… efectuado el pago y desvirtuada la presunción de mala fe que contempla el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.”, es decir, que para el sentenciador de segundo grado, solo con la acreditación del pago efectivo de lo adeudado al trabajador, puede liberarse el empleador de la sanción prevista en la norma en cuestión. Entendimiento este que supone una errada interpretación de la norma, pues implica, nada más ni nada menos, que su aplicación automática, lo que es contrario a lo sostenido por la jurisprudencia reiterada de la Sala, según la cual es necesario, en cada caso, analizar los motivos que indujeron al empleador a omitir el pago, ya que, de resultar estos serios y atendibles, demostrativos de una conducta carente de mala fe, no sería procedente la sanción prevista legalmente.

Así se pronunció la Sala en sentencia del 8 de julio de 2008, radicación 30868, que para el caso resulta pertinente:

“En lo que respecta a la indemnización moratoria, el tribunal entendió, como fundamento de su decisión, que el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo “... no es de aplicación automática…” y que, refiriéndose al empleador, “…en todo caso habrá de observarse y calificar la buena o mala fe de su actuación.”, lo que, bajo ningún aspecto, implica una mala hermenéutica de la norma, pues ese es, a grandes rasgos, el entendimiento que esta Sala le ha dado a la disposición en cuestión, tal como lo ha expresado en innumerables ocasiones desde vieja data, como, por ejemplo, en la sentencia del 3 de mayo de 2006 (rad. 26271), en donde se dijo:

“’En lo que atañe al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, ha dicho la jurisprudencia de esta Sala, reiterada en innumerables ocasiones, que su aplicación no es inexorable ni automática, pues, en cada caso en concreto, es imperioso al juez analizar los motivos que indujeron al empleador a omitir el pago, total o parcial, de los salarios y prestaciones del trabajador, a la terminación del contrato de trabajo, pues de estar aquellos justificados en razones serias y atendibles, debidamente acreditadas en el proceso, que indiquen, sin lugar a dudas, que no hubo intención de defraudar al trabajador y que se obró con buena fe, bajo el entendimiento de nada se quedaba a deber por estos conceptos, no procede la aplicación de la sanción contemplada en dicha norma”.

“’También se ha dicho que razones válidas, no necesariamente son las que jurídicamente acoja el juez en su sentencia, o que sean las que finalmente defina la jurisprudencia o la doctrina, sino que solo basta con que ellas tengan fundamento en unos argumentos sólidos y factibles, que den un grado certeza tal que permita llevar a la creencia fundada que se está actuando correctamente o conforme a la ley”.

“Ahora bien, del entendimiento dado por el ad quem, no se desprende que este hubiere estimado que la norma legal establece una presunción de buena fe del empleador, sino que, como lo expresó claramente, habría que observarse y calificar la conducta de este, lo que, de por sí, descarta cualquier presunción en su favor.

“De otro lado, no es que la norma establezca una presunción de mala fe del empleador como lo plantea el censor, sino que, ante la prueba fehaciente del incumplimiento de sus obligaciones contractuales, para lo cual generalmente basta una negación indefinida del trabajador, es el deudor quien corre con la carga de la prueba de demostrar que su omisión en el pago obedeció a causas atendibles que le impidieron cumplir oportunamente. Carga que de no cumplirse se resuelve desfavorablemente para quien la soporta, conforme se desprende del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil”.

De lo anterior el cargo es fundado y habrá de casarse la sentencia recurrida en este aspecto.

En instancia, se observa lo siguiente:

En el documento de folio 28, liquidación de prestaciones sociales, aparece que, con fecha de 14 de junio de 2001, la demandada procedió a hacer la liquidación de las prestaciones sociales que creía deber al demandante.

En el documento de folio 44, carta de 14 de junio de 2001, con firma de recibido del actor, aparece que a este le fue entregado, en esa misma data, el “... título judicial correspondiente al pago de sus prestaciones sociales del 8 de febrero del año 1995 hasta el 11 de junio del año 2001”.

A folio 57 aparece fotocopia del título de depósito judicial, del Banco Agrario de Colombia, con fecha del 13 de junio de 2001, a nombre del Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Reparto, por valor de $ 2.204.268, por concepto prestaciones sociales, en cuya margen derecha se lee “consignante”.

Dentro de la continuación de la tercera audiencia de trámite, celebrada el 21 de enero de 2004, cuya acta reposa a folios 708 a 709, la apoderada del actor dejó la siguiente anotación: “Así mismo me permito aportar el original del título Nº 9263337 con la constancia de no pago por parte de Conavi con la causal señalada por el mismo. Me permito de la misma manera informar que el título fue entregado al actor por parte del Banco Agrario”.

A folio 710 aparece la correspondiente nota de devolución de Conavi, con fecha 6 de julio de 2001.

A folio 712 aparece constancia secretarial del 21 de enero de 2004, en donde informa que el Título Judicial Nº 00100066330 del 15 de junio de 2001, por valor de $ 2.204.268, consignado a órdenes del Juzgado Noveno Laboral de este Circuito, aportado en audiencia celebrada en esa fecha, se guarda en los títulos judiciales para procesos que se adelanta en el despacho.

De lo anterior se desprende claramente que la demandada estuvo pendiente desde la terminación del contrato de trabajo de cancelar al trabajador lo que consideraba le adeudaba por concepto de créditos laborales, tal como lo demuestra la liquidación de prestaciones sociales que realizó apenas finalizó la relación contractual, así como la consignación de lo liquidado mediante un depósito judicial, que, si bien no cumplió con el trámite previsto para poner a disposición del trabajador los dineros depositados a su favor, tal como lo dedujo el tribunal, esa circunstancia no denota una intención de defraudar a aquel, pues, una vez hecha la consignación de la suma liquidada, le fue entregado a este el título correspondiente o, bien su copia, tal como se acredita con la carta del 14 de junio de 2001, lo que permitió al demandante reclamar ante el banco el título, que, según se informa por la apoderada, trató de cobrar mediante consignación ante la entidad Conavi, sin resultados positivos por la falta de endoso o autorización, lo que ocurrió el 6 de julio de 2001.

Ahora bien, aunque es cierto que el trabajador no pudo cobrar el importe del título, porque, se repite, la empleadora no cumplió el trámite correspondiente para ello, no lo es menos, que el trabajador, sin justificación alguna y durante más de dos años, lo tuvo en su poder, y solo lo vino a allegar al proceso, tiempo después de haber instaurado la demanda, cuando lo correcto es que lo hubiera allegado al juzgado noveno, a órdenes del cual se había elaborado, y hubiera alertado a la demandada para que cumpliera trámite que hacía falta para obtener el pago.

De otro lado, si bien es cierto que el respectivo título fue allegado en el curso del proceso por el propio demandante desde el 21 de enero de 2004, también resulta serlo que la demandada desde la contestación de la demandada adujo con razones valederas que había efectuado el pago de las prestaciones sociales del actor, mediante depósito judicial, que si bien a la postre no fueron aceptadas por el ad quem, si lo fueron, al menos, por el a quo, por lo que, tampoco, puede aducirse que a partir de esta última fecha la actitud de la demandada fue de mala fe.

Es suficiente lo anterior, para concluir que la decisión del a quo debe ser confirmada en cuanto absolvió a la demandada de la indemnización moratoria.

Las costas de primera y segunda instancia estarán a cargo de la demandada. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el 31 de enero de 2007, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del juicio ordinario laboral seguido por Heriberto Hernández Quintero contra Galerías Ciudadela Comercial propiedad horizontal, en cuanto revocó la decisión absolutoria del a quo para condenar a la demandada a pagar $ 80.000.00 diarios por indemnización moratoria desde el 11 de junio de 2001. No la casa en lo demás. En instancia, se confirma la absolución de primera instancia por concepto de indemnización moratoria.

Costas de primera y segunda instancia a cargo de la demandada. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».