Sentencia 34536 de marzo 6 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso: 34.536

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Aprobado acta 069

Bogotá, D.C., seis de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Sobre los falsos juicios de identidad.

1.1. Sea lo primero verificar si los falsos juicios de identidad deprecados por el señor fiscal demandante en los cargos primero y tercero concurren para quebrantar la doble presunción de acierto y legalidad que preserva al fallo de segunda instancia.

Para el efecto, es preciso recordar que, este tipo de error de hecho se perfecciona cuando el sentido literal de un medio de prueba es cambiado para ponerlo a decir lo que no revela. Ello, puede ocurrir por tergiversación, si se varía el contenido material de la prueba; por adición, cuando se agregan aspectos o resultados fácticos no comprendidos por el medio de convicción; o por cercenamiento, si se suprimen hechos fundamentales del elemento de persuasión.

1.2. En el asunto de la especie, son varias las distorsiones y cercenamientos que el recurrente le achaca a la sentencia acusada, los cuales habrían recaído sobre los testimonios de Alba Nelly Caicedo Moreira, Oscar Hernán Gómez Velasco, Nenyork Blandón Tinjacá y Marcelino Bolaños. Sin embargo, en adelante, se evidenciará que, contrario a lo predicado, la colegiatura fue fiel al sentido literal de estas pruebas.

Distinto es que las inferencias derivadas del análisis de la información aportada por esos medios de conocimiento estén distanciadas de las leyes de la sana crítica y el censor haya confundido tales deducciones con la desfiguración de los mismos.

1.3. En efecto, el libelista asegura que, el tribunal omitió valorar el aparte donde Alba Nelly Caicedo Moreira tuvo acceso al número móvil del procesado antes del acontecimiento delictivo pues él se lo suministró cuando laboraba para su hermana, mismo número asentado en el registro cruzado de llamadas del celular de Blandón Tinjacá. Así mismo, sostiene, por ello, es que el ad quem concluyó que i) la acusación contra el enjuiciado se soporta, mayoritariamente, en pálpitos y especulaciones, ii) el número de teléfono móvil, como dato objetivamente comprobable, no recae en Ramírez Gutiérrez, amén que no se demostró que le perteneciera.

Para examinar el reproche, es indispensable escindir el argumento del censor. La primera parte, se refiere, específicamente, al relato vertido por la víctima, y es el objeto actual del examen de identidad, mientras el segundo, corresponde al análisis que del mismo hizo el juez plural y no será estudiado sino hasta que se examine la validez o no de los falsos raciocinios enrostrados en el cargo segundo por el libelista.

Ahora bien, lo narrado por la señora Alba Nelly Caicedo Moreira acerca de cuándo y en qué circunstancias conoció el número telefónico del procesado fue del siguiente tenor:

“[Fiscal] Bueno, doña Alba Nelly, ahora cuéntenos cuánto hace que usted conoció a Héctor Julián Ramírez. [Testigo] Yo a Julián lo conocí el 5 de otubre (sic) de 2008, ese día fui a la finca de mi hermana con mi familia, al menos, con mi esposo y una de mis hijas y con una familia de Buga, del novio de mi hija y pues aprovechamos que nos iban a presentar y pues quise prepararles un sancocho en fogón de leña, ese día, distinguí a Julián que por cierto, me dijo, yo quería conocer a un familiar de la dueña, yo sana de lo que me iba a pasar después le di hasta mi teléfono, le di el teléfono de mi casa porque él me pidió unas tejas y un tubo que yo le dije que le iba a hacer llegar a la finca, algo que nunca le hice llegar (...) [fiscal] Díganos si usted conoció número telefónico alguno del señor Héctor Julián Ramírez. [Testigo] Si señor fiscal. [Fiscal] Cómo lo conoció. [Testigo] El número de Julián lo conocí porque él mismo me lo dio el día que lo distinguí. [Fiscal] Y nos puede indicar cuál era ese número. [Testigo] El número de Julián es el 3117896043”(27).

Igualmente, la prueba documental —evidencia 7(28)— enseña que en el registro de llamadas recibidas en el abonado 3113807764 de propiedad de Nenyork Blandón Tinjacá, se encuentra una efectuada desde el número 3117896043, a las 15:14 horas(29), la cual se emitió y se recibió en el municipio de Guacarí, esto es, unos minutos antes de que la víctima fuera abordada por él.

Por su parte, verificado el fallo de segunda instancia, se observa que diferente a lo argüido por el casacionista, el tribunal no ignoró las expresiones del referido testimonio en que la deponente aludió al conocimiento previo a la conducta punible del número del celular del acusado, que resultó ser el mismo inscrito entre los registros de las llamadas recibidas en el abonado de Nenyork Blandón Tinjacá, instantes antes de su captura.

Así se pronunció el sentenciador:

“Empero, en cuanto a las imputaciones contra el procesado Héctor Julian Ramírez de ser autor, o coautor o determinador del delito, el dicho de la denunciante se reduce a decir que sospecha de él, porque se disgustó al no dejarle en arriendo los potreros de la finca de su hermana, y porque el implicado en el mes de octubre de 2008 —cuando lo conoció— le dio como número de teléfono móvil el 3117896043, el cual en el registro cruzado de llamadas con el celular del capturado en flagrancia Blandón Tinjacá, aparece emitiendo llamada el 27 de noviembre de 2008 en momentos en que recibía el paquete extorsivo”(30).

Por manera que no se percibe ninguna omisión o distorsión de dicha prueba por parte del tribunal, en la medida que contrario a lo señalado en la demanda, sí advirtió la coincidencia entre el número que manifestó conocer la denunciante y el reportado al realizar la búsqueda selectiva de datos de los teléfonos celulares de Blandón Tinjacá y el identificado con el número 3117896043.

1.4. Lo mismo se debe decir en cuanto toca al testimonio de Nenyork Blandón Tinjacá. En efecto, aduce el libelista que el juez plural sostuvo conforme a ese relato que Héctor Julián Ramírez Gutiérrez no tenía teléfono celular ni fue quien lo llamó momentos antes de su captura, cuando lo afirmado por aquel es que no sabía si contaba o no con dicho medio de comunicación y no pudo reconocer la voz de su interlocutor.

Al respecto, es impreciso que el tribunal haya señalado de acuerdo con el mentado testimonio, que el acusado no tenía teléfono celular. Distinto a ello, y con apoyo en otro testimonio, lo que dijo, a lo sumo, es: Oscar Gómez, “no aporta datos sobre teléfono celular de Héctor Julián Ramírez (...)”(31).

Así mismo, frente al otro tópico presuntamente ignorado del relato, esto es, en el que Nenyork Blandón Tinjacá se refirió a la imposibilidad de reconocer la voz de su interlocutor en la llamada recibida desde el número 3117896043, la narración se hizo en los siguientes términos:

“[Defensor] Nenyork, se dice en un informe técnico que usted recibió en ese teléfono que usted acaba de mencionar (se refiere al 31138077764) una llamada del teléfono 3117896043, usted recuerda haber recibido esa llamada? Y si recuerda a qué horas?. [Testigo] Vea primero que todo en ese teléfono entran muchas llamadas yo no sabría decirle el número porque yo siempre contesto el celular y no (sic). [Defensor] Entonces usted recuerda, infórmele al despacho si el señor Héctor Julián Ramírez ese día 27 de noviembre lo ha llamado a ese teléfono a usted o se ha comunicado con su teléfono particular? [Testigo] Primero que todo o sea yo no reconocería la voz, si me entiende? yo no podía decir sí, o no podía decir no, porque no le reconozco la voz. [Defensor] Quiere decir que él nunca lo ha llamado a usted? [Testigo] No, Oscar (sic) Julián, no o sea no, por eso le digo no podía decir si, o no podía decir no, porque no reconocía yo la voz. [Defensor] Se dice que sobre las 15 horas es decir las tres de la tarde, diecisiete minutos y cuarenta y un segundos se recibió en su teléfono, aparece registrado, una llamada de ese teléfono que le acabo de informar, es decir, del teléfono 31178950 perdón 6043, usted le puede informar al despacho si usted recuerda entonces quién entonces le pudo haber hecho esa llamada y si pudo haber sido el señor Héctor Julián Ramírez? [Testigo] No señor, por eso vuelvo y reitero no sabía decirle sí, sí fue él o no fue él porque yo no reconocía la voz. [Defensor] Le pregunto, el señor Héctor Julián Ramírez lo ha llamado ese día a usted, que usted haya hablado con usted? Independiente de que no haya conocido la voz? [Testigo] No señor”(32).

Precisamente, lo consignado al respecto por el ad quem en el fallo es como se pasa a resaltar:

“Así el testigo Nenyork Blandón capturado en flagrancia en el momento en que recibía el paquete que simulaba el dinero fruto de la extorsión, no hace ningún señalamiento directo contra Ramírez Gutiérrez como la persona que le hubiera encomendado acercarse al sitio de los hechos a recibir el paquete de marras; tampoco lo señala como la persona que las (sic) 15:17 de esa tarde lo llamó a su teléfono celular, tampoco indica que la voz de quien le realizó esa llamada fuera la de Ramírez Gutiérrez. A este respecto, el testigo en el interrogatorio cruzado advera la existencia de esa llamada, pero expresa que no pudo reconocer a su interlocutor que le daba instrucción de realizar esa función en la cadena delictiva.

(...).

Empero, el testigo asegura que no reconoció la voz de la persona que entonces lo llamó, no identificó en ella a Héctor Julián Ramírez (...)”(33). 

Así las cosas, no es cierto que la colegiatura haya cercenado el aparte de la declaración de Nenyork en la que aseveró que no reconoció la voz de quien lo llamó.

1.5. Ahora, en el tercer cargo, el recurrente alude a un presunto falso juicio de identidad respecto de la declaración de Oscar Hernán Gómez Velasco, como consecuencia de que i) el tribunal le restara mérito probatorio a su dicho, con fundamento en haber negado saber que el acusado tuviera un teléfono celular (información que, según lo afirma el demandante, se recaudó de forma impertinente en el contrainterrogatorio) y, ii) por dejar de apreciar el orden, la coherencia, la lógica y no mendacidad de su relato.

Sobre el particular, en cuanto se refiere a aquellos aspectos relacionados con errores in iudicando en la aplicación de los criterios de valoración de dicho testimonio que no corresponden a la violación o no del principio de identidad, no pueden ser abordados por la Corte en este segmento, pues los argumentos en los que se fundan, corresponden a hipótesis propias de un falso raciocinio y, en ese orden, por metodología, será cuando se examinen tales reparos que se responda a los mismos.

Ahora, descendiendo al segundo tópico, el fallo impugnado no señala que Oscar Gómez haya manifestado no conocer el número de celular del procesado; lo dicho en la providencia es que aquel “no aporta datos sobre teléfono celular de Héctor Julián (sic) Ramírez (sic)”(34); además, el proveído no podría decir cosa diferente porque escuchada en su integridad la mentada declaración, ni en el interrogatorio, ni en el contrainterrogatorio, el testigo fue preguntado sobre su conocimiento acerca del número de teléfono del enjuiciado, y la única información entregada sobre aparatos celulares se concretó a indicar que i) jamás le dio al procesado el número de su teléfono, al punto que si este lo llamó en horas de la mañana del día de los hechos fue porque lo consiguió a través de Wilmar Castañeda, ii) nunca antes había hablado por teléfono con el acusado, y iii) puso a disposición de la fiscalía el celular en el que recibió la llamada del acusado, pero aquella no lo utilizó.

1.6. El último de los falsos juicios de identidad predicado por la fiscalía se hace recaer sobre el testimonio de Marcelino Bolaños.

Pareciera que el libelista le achaca al ad quem una desfiguración probatoria producto de considerar que el referido testigo dijo que le constaba que el acusado estuvo laborando en la hacienda La Pilarica el día de los hechos, cuando —según lo sostiene el censor— afirmó creer que ello era cierto pues no lo había vuelto a ver.

Sin embargo, en parte alguna del proveído impugnado, se lee que el tribunal haya asegurado que el referido deponente mencionó estar seguro de que Ramírez Gutiérrez estuvo trabajando el 27 de noviembre de 2008 en dicho lugar; lo consignado en la sentencia, en cambio, corresponde a una inferencia realizada por el juez colegiado a partir de unas supuestas “razones serias y acordes con la forma común como ocurren eventos similares”(35), esto es, apoyado en una regla de la experiencia creada por la colegiatura, como pasa a ponerse en evidencia:

“Los testigos que apoyan la presencia del procesado en la hacienda Pilarica en la fecha mencionada, como el señor Marcelino Bolaños, dan razones serias y acordes con la forma común como ocurren eventos similares, para tener como cierto, o al menos como probable, que Ramírez estuviera para el día en cuestión en la hacienda Pilarica donde le había conseguido trabajo hacía pocos días. Un trabajador nuevo se dedica a adaptarse a sus condiciones laborales, a mostrarse con el perfil esperado por el contratante y a brindar seguridad y constancia en el cumplimiento de sus funciones, lo cual lo obliga a permanecer en sitio de trabajo ofreciendo lo mejor de sí”(36).

Si en rigor, el ad quem no sostuvo lo adverado por el demandante, sino que valiéndose del relato de Marcelino Bolaños y del “conjunto probatorio aportado a iniciativa de la defensa”(37) —no identificado—, y de una presunta regla de la sana crítica, dedujo genéricamente, esto es, sin citar expresiones exactas de las pruebas, que existe certeza o, por lo menos, una “probabilidad razonable”(38) de que el procesado estuviera en la mentada hacienda el día de la entrega del paquete simulado de dinero, no se está en el escenario de un falso juicio de identidad y el reparo se desplaza hacia el ámbito del falso raciocinio, el cual será tratado en el siguiente acápite.

Por consiguiente, los cargos primero y tercero, en cuanto postulan falsos juicios de identidad, no prosperan.

2. Sobre los falsos raciocinios.

2.1. Siempre que se pretenda acreditar un falso raciocinio se debe evidenciar un ejercicio valorativo del funcionario judicial, trasgresor de los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de experiencia, es decir, de los principios de la sana crítica como método de persuasión racional, defecto que debe tener una incidencia relevante en la decisión cuestionada, como para lograr que se modifique diametralmente su sentido.

Este es el caso, pues todos y cada uno de los yerros enrostrados a la sentencia de segunda instancia, fácilmente, encuentran comprobación, y la relevancia necesaria para variar lo decidido y consolidar el juicio de reproche que contra el acusado se construyó en el fallo de primer nivel.

2.2. En esencia, el tribunal absolvió a Héctor Julián Ramírez Gutiérrez porque encontró poco fiables los testimonios de Alba Nelly Caicedo Moreira —víctima— y Oscar Hernán Gómez Velasco, esto, atendiendo la referencia a una suerte de animadversión entre ellos y el procesado, por razones diversas, prefiriendo, entonces, las versiones de quienes le sirvieron de coartada y lo ubicaron para la fecha de los hechos en un lugar distante al sitio de la extorsión.

Tanto en la descalificación de los testimonios y la prueba documental de cargo como en el mérito positivo conferido a los medios de convencimiento de descargo, la colegiatura infringió las leyes de la sana crítica al ignorar algunas que rigen el acontecer humano con carácter universal y general como patrones de comportamiento en un contexto sociohistórico específico y previsible dada su repetición bajo unos mismos presupuestos, y al elaborar, en cambio, otras tantas que no gozan de tales características de homogeneidad.

Los siguientes son los errores que conjuran contra la doble presunción de acierto y legalidad del fallo de segundo grado:

2.2.1. Sostiene el tribunal que la prueba recaudada no permite establecer con certeza que la línea telefónica 3117896043 desde la cual el 27 de noviembre de 2008 se realizó una llamada a Nenyork Blandón Tinjacá momentos antes de su captura, pertenecía a Héctor Julián Ramírez Gutiérrez. El juez colegiado llega a esta conclusión por estas razones:

i) No es posible creer en la versión de Alba Nelly Caicedo Moreira en el sentido que dicho número es el mismo que el procesado le suministró cuando se conocieron pues existe enemistad entre los dos porque la primera le quitó al segundo el producido de unos potreros y ella pretendía que la familia del acusado se refugiara en el sótano de la vivienda de su hermana.

ii) La incriminación en contra del procesado únicamente obedece a “pálpitos y especulaciones” de la ofendida.

iii) Los datos biográficos de la mencionada línea telefónica no establecen su titularidad en cabeza del acusado.

iv) Nini Johana Ropero —esposa del encausado— manifestó no conocerle teléfono alguno al acusado.

Al respecto, con el casacionista y el delegado del Ministerio Público, la Corte es del criterio que en la valoración conjunta de los testimonios de Alba Nelly Caicedo Moreira y Nini Johana Ropero así como de la prueba documental(39), el ad quem quebrantó varias reglas de la experiencia y empleó otras que ningún asidero tenían en el caso concreto.

En efecto, si bien la esposa del inculpado dejó entrever que entre la ofendida y su familia hubo algunas diferencias por la pretensión de que residieran en el sótano de la vivienda que les fuera arrendada y por la producción económica de unos potreros pertenecientes a la señora Beatriz Caicedo —hermana de la víctima—, lo cierto es que Alba Nelly Caicedo Moreira no negó este último suceso y el juez plural no logró establecer cómo una aversión generada en tales motivos pueda conducir a una persona, en todos los casos, a incriminar falsamente a otra en un delito con consecuencias sancionatorias tan graves.

Nótese cómo la colegiatura se limita a señalar que “las diferencias y actitudes hostiles hacia el procesado y su familia, (...) le restan imparcialidad y objetividad a su dicho”(40), pero no concreta cuál es el postulado de la sana crítica con base homogénea y verificable que indica que siempre que un ser humano tiene una antipatía respecto de otro tiende a involucrarlo en la comisión de una conducta punible.

De igual manera, considera que la acusación contra el sentenciado “en buena medida la soporta (la víctima) en sus pálpitos y especulaciones”(41); sin embargo, aunque es verdad que, tanto en el interrogatorio directo como en el contrainterrogatorio se dio paso a preguntas —no objetadas por las partes—, las cuales le permitieron a la ofendida conjeturar sobre los probables responsables del delito, con fundamento en circunstancias que a su juicio resultaban sospechosas no obstante la ausencia de soporte probatorio, no corresponde a un pálpito o a una especulación sino a un hecho verificado a través del testimonio de la víctima, que el número del teléfono celular suministrado por el acusado como propio cuando se conocieron, terminó siendo el mismo, que de acuerdo con el reporte de llamadas cruzadas rendido por Comcel, sirvió para emitir a las 3:17 p.m. del 27 de noviembre de 2009, una llamada al copartícipe capturado en flagrancia.

Desconoció también la Sala Penal que, porque el informe de los datos biográficos de dicha línea telefónica muestre que su titular no es Héctor Julián Ramírez Gutiérrez, no se puede concluir indefectiblemente que él no era su propietario y, por ende, no hizo la llamada.

En verdad, se tiene que, según lo informó Comcel, el número 3117896043 fue activado por primera vez, el 23 de agosto de 2005, a nombre de José Jesús Restrepo Ospina, y desactivado el 27 abril del año siguiente, para luego ser reactivado el 12 de diciembre de 2007, a nombre de Aljure Telecomunicaciones Ltda., cuando esta empresa distribuidora lo vendió en plan prepago, transacción esta última respecto de la cual no se cuenta con datos sobre el comprador, toda vez que el contrato respectivo no se legalizó ante el operador.

Con base en lo anterior, el ad quem fue de la idea que “[n]ingún documento autorizado demuestra que ese móvil hubiese sido asignado a nombre de Héctor Julián Ramírez Gutiérrez”(42) (negrilla de la Corte), lo cual lo llevó a considerar, de la mano de los testimonios de su esposa y del otro partícipe —Nenyork Blandón—(43), que existe duda acerca de la propiedad o utilización de dicho teléfono por parte del acusado.

Esta forma de argumentar parece imponer una tarifa probatoria ajena al sistema de libre persuasión, en la medida que considera que el único medio “autorizado” para probar la propiedad de una línea celular es el reporte de datos biográficos a nombre de un determinado titular, premisa que desconoce que para la época de los hechos, el mercado de las telecomunicaciones admitía la venta callejera y la activación de sim cards sin mayores controles o restricciones(44), tanto así que en el caso de la especie, el operador celular informó que el último contrato de venta de la línea en prepago, no se legalizó ante su compañía.

En realidad, razón le asiste al casacionista cuando afirma que el fallador plural se apartó de las máximas de la experiencia que informan que i) en el mundo actual “la venta de chips (circuito integrado) para la activación de un teléfono celular es parte del comercio informal que permea la economía de nuestro país”(45), y ii) “no necesariamente se requiere documento alguno para demostrar la titularidad de un número de telefonía móvil”(46).

De esto se sigue que, no es viable descartar que el procesado fuera el propietario o tenedor de la mentada línea telefónica, máxime cuando, se insiste, fue el mismo acusado quien le suministró dicho número a la víctima como dato de contacto y esta no tendría ninguna otra razón lógica para saber de su existencia, antes de que sobreviniera el acto criminal.

Es más, suficiente ha dicho la jurisprudencia que aunque a la víctima le asiste interés en el resultado del proceso, su propósito no se afirma en procurar la condena de una persona inocente, sino que se dirige a buscar la realización de los valores de justicia, verdad y reparación, lo cual se traduce en la declaración de responsabilidad de quien efectivamente transgredió el bien jurídico protegido.

De igual modo, aunque bien ha sostenido la jurisprudencia, no es viable repudiar de plano el testimonio de familiares o amigos de alguna de las partes involucradas —víctima o victimario—, porque pese a la probable falta de objetividad que pudiera surgir del interés natural de favorecer a los consanguíneos y allegados, algún contenido de verdad puede estar inmersa en su versión, las reglas de apreciación de este tipo de prueba, recomiendan someter a ese testigo un exhaustivo análisis, en los términos del artículo 404 de la Ley 906 de 2004, el cual atiende a “la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememorización, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad”, hecho lo cual, se debe avanzar hacia un estudio concatenado de dicho medio de convencimiento con los demás practicados en el juicio, para de esta manera, identificar si la declaración es digna o no de crédito.

En el caso sometido a examen, un argumento adicional del tribunal para descartar que el acusado fue quien realizó la llamada telefónica de marras, se apoya en la versión de la esposa del enjuiciado, quien al rematar su deposición aseguró que para la época de los hechos, ni ella ni su pareja tenían equipos celulares.

Claramente, se trata de una versión interesada y afectada de imparcialidad, la cual debía ser sometida al tamiz de la sana crítica, ejercicio apreciativo que no intentó el juzgador plural, pues ignorando los lazos de solidaridad que la unen a su compañero de vida y al padre de su hijo, se limitó a conferirle credibilidad sin escudriñar si realmente merecía crédito, sobre todo si otro testigo —la víctima— sostuvo haber conocido el 5 de octubre de 2008, el número telefónico de Ramírez Gutiérrez porque él mismo se lo dio cuando lo conoció en la finca de su hermana, donde acudió con ocasión de un paseo familiar.

A lo analizado se suma que ninguna regla de la experiencia conocida por la humanidad, indica que siempre que una persona localiza o contacta de forma personal a otra, con la finalidad de proponerle un trabajo, es porque el primero no tiene como medio de comunicación una línea celular, premisa edificada por el tribunal para descartar que el procesado tuviera equipo móvil, cuando señala que “en igual sentido concluye el testigo Nenyork Blandón Tinjacá, cuando dice que en su oficio de moto taxista o motoratón en varias ocasiones le sirvió a Héctor Julián Ramírez y su esposa, quienes lo requerían personalmente y ninguna vez a través de teléfono alguno”(47).

Olvidó, asimismo, el ad quem que quien negó haber sido contactado por Héctor Julián vía telefónica, tanto para prestarle el servicio de mototaxi, como en cualquier otra oportunidad, fue, justamente, su copartícipe en el delito de extorsión, sujeto que exhibe un evidente ánimo de favorecer al aquí acusado al abstenerse de hacer señalamiento alguno que pudiera comprometer su responsabilidad en la conducta punible achacada, conducta coherente, común y responsiva con un código de silencio, implícito y normal entre quienes hacen parte de una empresa criminal.

Repárese que, al juzgador colegiado le bastó señalar que la prueba documental(48), y el dicho de la esposa del procesado y de Nenyork Blandón Tinjacá(49), acreditan “con bastante probabilidad y de manera convincente”(50) que “el teléfono de marras no puede atribuirse tajantemente al procesado”(51), siendo que, en verdad, ninguno de esos medios de convencimiento, sirve para confirmar que este no era el propietario del mismo y, en cambio, existe una prueba sólida de que el teléfono del procesado, conocido por la víctima, es el mismo que apareció reportado en el registro de llamadas emitidas al teléfono del aprehendido en flagrancia.

Es de este modo que las pruebas de descargo examinadas por el ad quem denotan total ausencia de coherencia con el testimonio de la ofendida que sí se ofrece confiable y en parte alguna contradictorio.

2.1.2. Otro de los fundamentos empleados por el sentenciador de segunda instancia para rescindir el juicio de responsabilidad formulado por su inferior contra Ramírez Gutiérrez consistió en restarle todo mérito probatorio al testimonio de Oscar Hernán Gómez Velasco, el cual encontró sospechoso dada la enemistad surgida entre los dos por la presunta inconformidad que le habría generado a este último, ser despedido en un recorte de personal de la empresa donde fueron compañeros y, en el que aquel, en cambio, conservó su puesto.

Abiertamente lesivo de los criterios de apreciación del testimonio resulta el limitado ejercicio de auscultación probatoria efectuado por el tribunal, pues tal como lo denota el libelista y lo corrobora el procurador delegado, no obstante la claridad, precisión, coherencia estricta, espontaneidad y fidelidad del relato de Gómez Velasco acerca de la propuesta económica realizada en horas de la mañana del 27 de noviembre de 2008 por Ramírez Gutiérrez para que se desplazara al municipio de Guacarí y a las 3:00 p.m. recibiera un paquete con $ 10.000.000 de manos de una señora de una camioneta y, a su vez, le entregara unos panfletos alusivos a la guerrilla, optó por darle prevalencia a una presunta disputa entre el testigo y el acusado que, en el ámbito de las relaciones personales, no comporta una razón importante o representativa para inculpar o señalar como infractor penal a quien ha sido su compañero y amigo por varios años y respecto del cual, hasta el día del suceso delictivo, conservaba un buen concepto.

Adviértase cómo el sentenciador de segundo grado antes que examinar la coherencia en el relato y el motivo aducido por el deponente para contar lo ocurrido, esto es, el ánimo de colaborar con la justicia y de revelar que quien indujo a Nenyork Blandón Tinjacá a la comisión del delito fue Ramírez Gutiérrez, no solo sobredimensionó la supuesta enemistad entre el deponente y el enjuiciado para tenerla como causa de una mendaz incriminación sino que omitió examinar que la información suministrada por Oscar Hernán Gómez Velasco sobre las características de la persona extorsionada, el monto, la hora y el sitio de encuentro fue idéntica a la conocida por la denunciante y los miembros del Gaula.

En esta misma forma, razonó el a quo:

“(...) Cuatro cosas permiten aceptar la integridad de su dicho (Se refiere a Oscar Hernán Gómez Velasco): la primera, que señaló a las autoridades que la persona extorsionada era una mujer, la segunda, la hora exacta en que debía cumplirse la cita, la tercera, la suma de dinero a entregar, y por último, el sitio en que habría de cumplirse lo pactado. Este conocimiento exacto de los hechos permite asegurar con entera convicción, que conforme lo dijo el deponente, era sabedor de los hechos y de la forma de su ejecución por provenir todo ello de la fuente más segura y confiable, que no es otra que la del propio autor del hecho quien era por lógica el que debía conocer a la persona extorsionada, la suma de dinero exigida y la hora y el lugar que entre víctima y victimario se había acordado para entregar del (sic) dinero”(52).

En este punto, oportuno se ofrece citar, en lo pertinente, la versión de Gómez Velasco, rendida en el juicio oral, en la cual da cuenta detallada de la ilegal invitación a cumplir el cometido extorsionista que le hiciera el procesado:

“[Fiscal] Díganos Oscar Hernán todo lo relacionado con la conversación que usted sostuvo con el señor Héctor Julián el día 27 de noviembre de 2008. [Testigo] El 27 de noviembre del (sic) 2008, yo me encontraba en la iglesia el Nazareno, me encontraba trabajando construcción en compañía del señor Saúl Salazar y otras personas allí, que estaban trabajando. Eh, más o menos entre las diez de la mañana y diez y treinta, recibí una llamada, era el señor Julián (...), él me dijo que si podíamos hablar, no recuerdo bien las palabras concisamente y perfectamente cuáles fueron, pero sé que era un trabajo material ya que días antes habíamos trabajado, eh, habíamos conversado de que (sic) él estaba trabajando por los lados de Palmira, por Tenerife, algo así, con una madera y pues me había dicho que si alguna cosa él me ayudaba pa’ (sic) que trabajáramos allá, yo le dije que sí, cuando él me llamó entonces me dijo que si nos, que si nos (sic) podíamos ver, yo le dije que sí, que pu’ahí (sic) dentro de un ratico que me esperara, eh, yo subí más o menos después de unos 7 minutos, él estaba en la Botella de Oro esperándome, él me había llamado de allí, de unas cabinas, y cuando yo llegué me dijo que, camine conversemos algo, entonces me llamó así, al otro lado de la autopista, cerca de un colegio, por ahí a 15 metros donde él me había hecho la llamada y las primeras palabras que él me dijo era que, qué estaba haciendo? entonces yo le dije que no, que estaba trabajando en la iglesia, que estaba colaborando allí porque estábamos haciendo, entre todos estábamos colocando trabajo para construir, entonces me dijo que cómo estaba yo en la iglesia, y yo le dije que hasta el momento estaba bien, entonces me dijo que era que necesitaba que yo le hiciera un favor, entonces yo le dije que, qué clase de favor? que si yo podía hacérselo yo se lo hacía que tranquilo, pues lógicamente ya nos distinguíamos desde hace tiempo, entonces que yo se lo hacía, entonces me dijo que lo que pasa es que él necesitaba que yo le hiciera un favor y viniera aquí a Guacarí y le llevara una plata que le iban a mandar, entonces yo le dije que ah, que no había problema, entonces yo le dije que, que, que cuánta plata era, o que qué era, entonces me dijo que lo que, que lo que (sic) pasaba era que a él lo conocían y a él le daba miedo venir acá, entonces pues yo le dije, ah entonces yo lo hago, no hay problema yo voy por ella, y le dije, y en dónde hay que ir por esa plata?, entonces él llegó y me dijo que tenía que estar acá a las tres de la tarde en el parque de Guacarí y que una señora en una camioneta llegaba y me la pasaba, entonces yo le dije y cuánta plata es pues, entonces él me dijo, que eran diez millones de pesos, entonces yo le dije, de quién es eso pues?, entonces, él llegó y me dijo, pues la verdad es que eso es de los muchachos de arriba y ellos le mandaron a decir a usted que fuera y trajiera (sic) esa plata, que ellos le pagaban, entonces yo le dije, no viejo, yo por allá no voy a ir porque la verdad, si es verdad como usted dice que los muchachos de arriba ellos mañana o pasado mañana me van a ver en la plaza y me van a conocer y de pronto me van es a mandar a matar porque yo los conozco a ellos, entonces yo por allá no voy, entonces me dijo vaya que nosotros le pagamos, camine que ellos están allá arriba, entonces yo le dije, no viejo, sabe qué? la verdad, es que eso es una extorsión y él me dijo que sí, él en ningún momento me dijo a mí que no, me dijo que sí, entonces, yo volví y le repetí, yo le dije, no viejo, yo por allá no voy a ir, porque la verdad, ellos, si ellos me quieren hacer algo que lo hagan, ellos saben donde vivo yo, pero yo no voy a ir porque mañana o pasado mañana me van a ver y me van a mandar a matar (...). [Fiscal] Ya, él le dijo a qué horas tenía usted que recoger, de aceptar la propuesta, eh, el dinero que a usted le iban a entregar? [Testigo] Si, él me dijo que a las tres de la tarde, que en el parque de Guacarí, que allí llegaba una señora en una camioneta y que me lo pasaba (...). [Fiscal] Díganos si él le hizo algún ofrecimiento, eh, en tratándose de que usted aceptara recoger el dinero. [Testigo] Cuando yo le dije a él y cuánto me van a pagar, me dijo camine pa’ que hablemos con ellos allá arriba, pero según la propuesta que ellos tenían en mente para hacerme a mí, era de un millón de pesos (...)”(53).

Para la Sala, el examen de consistencia interna y externa del testimonio permite observar de manera fehaciente que el deponente da razón específica de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue abordado por el procesado a fin de cumplir el encargo extorsivo, supuestos fácticos que le permitieron al juez primigenio inferir razonadamente la participación del acusado en el acto delictivo cometido horas después en el parque del municipio de Guacarí, bajo condiciones temporo-espaciales idénticas.

Es incomprensible, entonces, que el tribunal se haya apartado de la diáfana inculpación realizada por Oscar Hernán en contra de Héctor Julián, bajo la excusa de una diferencia personal precedente de muy poca trascendencia que, difícilmente, tendría la virtualidad de conducir al testigo a elevar una incriminación sin soporte de verdad.

2.1.3. Para rematar, los testimonios de Marcelino Bolaños y Nini Johana Ropero constituyeron la coartada que le sirvió de apuntalamiento al juzgador de segundo nivel para “suponer” que para el 27 de noviembre de 2008, Ramírez Gutiérrez estaba laborando en la hacienda La Pilarica y no, en el sitio conocido como la Botella de Oro, donde en horas de la mañana invitó a Oscar Hernán Gómez Velasco a ejecutar el reato, ni en la tarde en Guacarí, sitio de encuentro para la entrega del paquete que simulaba contener la suma de dinero exigida a la víctima para no atentar contra su vida y la de su familia.

La equivocación en el raciocinio del tribunal es palmaria en dos frentes argumentativos.

El primero, en cuanto, tuvo como cierto un hecho que descartaba la presencia del procesado en la escena delictiva, con fundamento en una mera especulación, carente, por lo tanto, de todo soporte probatorio en el proceso.

Obsérvese cómo, para el ad quem no es desconocido que las conjeturas y suposiciones no tienen vocación de evidencia demostrativa. Así, expresamente lo manifestó cuando valoró el testimonio de la ofendida y la criticó, entre otras razones, por fundar su acusación en sospechas.

Sin embargo, en tratándose de la valoración de la versión de Marcelino Bolaños, procedió en sentido inverso, es decir, le confirió pleno mérito a las vanas suposiciones que el deponente expresó acerca de la posibilidad de que el acusado estuviera laborando para la fecha indicada, en el referido lugar, en razón a que días antes le había conseguido trabajo allí.

Es así que a partir de una sola probabilidad, del todo intangible o representable, la colegiatura concluyó, genéricamente, al parecer, bajo la proposición de una no ubicuidad(54), que el procesado no cometió el delito endilgado porque estaba en un lugar diferente al de los hechos, premisa con la que incurrió en una típica falacia en la medida que tuvo por verdadero un hecho que el declarante enfatizó desconocer y que no aparece probado mediante ningún otro medio de convencimiento practicado en el debate oral.

En efecto, si la premisa mayor, o sea, la que señala que Ramírez Gutiérrez, el 27 de noviembre de 2008, estuvo trabajando en la hacienda La Pilarica de la jurisdicción de Yumbo, es falsa —porque no existe prueba de ello—, es claro que el tribunal no podía inferir válida, racional o reflexivamente que era imposible su presencia en el corregimiento de Costa Rica y, por lo tanto, que no fue coautor de la tentativa de extorsión.

En esas condiciones, cuando el señor Marcelino Bolaños fue indagado por la defensa acerca de si sabía en dónde se encontraba Héctor Julián Ramírez Gutiérrez el 27 de noviembre de 2008, negó saberlo con certeza, limitándose a indicar que suponía que debía estar en el trabajo para el que días atrás lo había recomendado. Así se expresó:

“[Defensor] Dígale al señor juez y a la audiencia, si usted sabe con certeza, si el señor Héctor Julián Ramírez, al fin, entonces, fue a trabajar o no, a esa finca. [Testigo] Sí fue a trabajar, yo cada 8 días retiraba el producto, la guanábana, y cada 8 días lo encontraba allá. [Defensor] Correcto. Le pregunto, usted sabe o recuerda dónde se encontraba, si usted sabe, el señor Héctor Julián Ramírez Gutiérrez, aquí presente, el día 27 de noviembre del presente año?, perdón, del año 2008? [Testigo] Considero de que (sic) debía estar trabajando allá, porque constantemente él comenzó el 23 y si yo relacionó 23 en adelante, él tenía salidas muy esporádicamente, no me consta qué días, pero supongo de que (sic) sí, estaba trabajando allá. [Defensor] La dueña de ese predio le informó a usted o, el señor Héctor Julián, que efectivamente él se encontraba trabajando? [Testigo] No, no le puedo decir eso porque pues es que ya es una cosa mas de, de, de, (sic) llevar control sobre un obrero, eso no le (sic) n (sic), ya no me incumbe. [Defensor] Correcto. Eh, quiero preguntarle también, finalmente, señor Marcelino, se ha dicho en estos estrados por parte de algunos testigos, o por parte de un testigo que el día 27 de noviembre se encontraba el señor Héctor Julián en la ciudad, en el municipio, o en el corregimiento de Costa Rica, corregimiento de Ginebra, usted que puede aclararnos sobre ese aspecto, si usted tiene conocimiento. [Testigo] No, es difícil yo asegurarle que ese día estuvo o no estuvo. [Defensor] Pero según su conocimiento dónde? [Testigo] Debía estar trabajando. [Defensor] Dónde? [Testigo] En la finca Pilarica, que antes mencionamos (...)”(55).

Y más adelante, en el contrainterrogatorio reiteró:

“[Fiscal] Usted dijo que, para el 27 de noviembre del 2008, usted suponía, suponía (sic) que el señor Héctor Julián se encontraba laborando en la finca Pilarica, eso es correcto? [Testigo] Es correcto. [Fiscal] Pero está usted seguro si efectivamente el señor se encontraba laborando allí o no? [Testigo] Tengo seguridad de que debe estar trabajando si era un día laboral y si me permiten un almanaque, un calendario y si ese es día de trabajo, debe estar allá. [Fiscal] Pero, eh, la fiscalía le pregunta si a usted le consta por otra razón, es decir, porque usted lo haya visto. [Testigo] No. [Fiscal] Por alguna circunstancia especial? [Testigo] Supongo, porque él estaba comprometido a trabajar constante, constante, constante, si él tuvo permiso ese día el que debe dar constancia es la propietaria de la finca o el administrador, pero que a mí me conste, exactamente, que ese día estaba allá, no. [Fiscal] Como dijo? [Testigo] No. [Fiscal] No, qué? [Testigo] No, no puedo asegurarle eso, si? No puedo asegurarle porque es que yo no era el vigilante, no era el dueño de eso, no era la persona, el policía que estaba encima de él, si me entiende? [Fiscal] No más preguntas”(56).

Pese a que el testigo no logró confirmar que Ramírez Gutiérrez estuvo laborando en la hacienda La Pilarica en la fecha mencionada, el tribunal se valió de una presunta regla de la experiencia según la cual “[u]n trabajador nuevo se dedica a adaptarse a sus condiciones laborales, a mostrarse con el perfil esperado por el contratante y a brindar seguridad y constancia en el cumplimiento de sus funciones, lo cual lo obliga a permanecer en (sic) sitio de trabajo ofreciendo lo mejor de sí”(57), para predicar, enseguida, que existía la “probabilidad razonable”(58) e incluso la certeza de que el procesado no haya estado en el corregimiento de Costa Rica ese día, “sino en cercanías de Yumbo (...) donde el señor Marcelino Bolaños le había conseguido trabajo que se afirma asumió desde el 23 de noviembre de ese año, y que dadas las condiciones laborales permiten suponer, fundadamente que 4 días después estuviera en su sede de trabajo recién obtenido, y no en otra parte”(59).

Este predicado del juez plural vulnera el principio lógico de causalidad, pues no porque una persona haya ingresado a laborar en una empresa, queda obligada, de forma invariable, a comparecer al lugar designado para cumplir la profesión u oficio en el horario previamente establecido o, lo que es lo mismo, tampoco se ve impedida para no asistir o salir de su trabajo, pues en esa línea de pensamiento, surgen múltiples posibilidades, por ejemplo, que obtenga un permiso o goce de una incapacidad, o se retrase en llegar o simplemente decida no presentarse.

Además, en el asunto estudiado, ninguna persona con idoneidad acreditativa —propietario, administrador— concurrió al debate oral para certificar que el procesado, dentro del horario en que se realizó la propuesta extorsiva a Nenyork Blandón Tinjacá y se produjo su captura, estuvo efectivamente en la hacienda La Pilarica del municipio de Yumbo y no, en el corregimiento de Costa Rica como lo señaló con contundencia Oscar Hernán Gómez Velasco.

Al efecto, la única persona que aseguró saber que el enjuiciado estaba trabajando en dicha finca el 27 de noviembre de 2008, fue su esposa, quien dijo haberlo llamado al medio día y, además, se refirió a un complejo mecanismo de seguridad que no podía ser burlado sino con el permiso del administrador.

No obstante, se recaba, en el proceso no se practicó prueba alguna que indique fehacientemente que Ramírez Gutiérrez se hallaba ejerciendo sus funciones como segundo mayordomo de la hacienda La Pilarica en el día de marras, y el testimonio de la señora Ropero León no resulta confiable, dada su estrecha relación de parentesco con el acusado y su lógico ánimo de favorecerlo y evitar que sea privado de la libertad.

En suma, desvirtuada como está, la fuerza persuasiva de los testimonios de descargo y, corroborada la credibilidad que merece la prueba de cargo, así como constatados los múltiples errores de raciocinio tangibles en la sentencia de segunda instancia, atendiendo la petición que al unísono formula el demandante y el Ministerio Público, hay lugar a casar la sentencia absolutoria impugnada para, en cambio, conferirle plena vigencia a la dictada por el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de conocimiento de Guacarí el 20 de enero de 2010, por cuyo medio condenó a Héctor Julián Ramírez Gutiérrez, por el delito de extorsión en grado de tentativa.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar la sentencia del 28 de marzo de 2010 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga conforme al segundo y cuarto cargos. En consecuencia, confirmar la proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de conocimiento de Guacarí el 20 de enero de 2010, por cuyo medio condenó a Héctor Julián Ramírez Gutiérrez, por el delito de extorsión en grado de tentativa.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Por consiguiente, devolver la actuación al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(27) Cfr. minuto 1:07:27-1:08:26 y 1:31:03 a 1:31:39 del video 1 del CD parte 1 juicio oral.

(28) Debidamente autenticada durante el debate oral por el intendente Nilson Julián Saavedra Carvajal.

(29) De acuerdo con el registro de llamadas cruzadas proporcionado por Comcel la llamada se hizo a las 15:17 horas. Así consta en la evidencia 8.

(30) Cfr. folio 8 de la sentencia de segunda instancia a folio 221 ibídem.

(31) Cfr. folio 11 de la sentencia de segunda instancia a folio 224 ibídem.

(32) Cfr. minuto 1:50:36-1:52:35 del video 5 del CD 2 de la audiencia del juicio oral.

(33) Cfr. folios 11-12 de la sentencia de segunda instancia a folios 224-225 del cuaderno principal.

(34) Cfr. folio 11 de la sentencia de segunda instancia a folio 224 ibídem.

(35) Cfr. folio 13 de la sentencia de segunda instancia a folio 226 ibídem.

(36) Ibídem.

(37) Ibídem.

(38) Ibídem.

(39) Reporte de llamadas cruzadas de las líneas telefónicas 3113807764 y 3117896043 e informe de diligencia de inspección judicial al celular Motorola L61 incautado a Nenyork Blandón Tinjacá.

(40) Cfr. folio 10 de la sentencia de segunda instancia a folio 223 ibídem.

(41) Ibídem.

(42) Cfr. folio 9 de la sentencia de segunda instancia a folio 222 ibídem.

(43) La primera indicó que para la época de los hechos ninguno de los dos manejaba teléfonos celulares y el segundo, manifestó que siempre que la pareja Ramírez-Ropero necesitaba sus servicios de “motoratón” era contactado personalmente en su oficina.

(44) Solo a partir de la expedición del decreto 1630 de 2011 (mayo 19) “por medio del cual se adoptan medidas para restringir la operación de equipos terminales hurtados que son utilizados para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles” se estableció un marco reglamentario para restringir la utilización de celulares y se crearon obligaciones en cabeza de los usuarios y los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles (PRSTM), que les permita a estas empresas y a las autoridades competentes “hacer uso de la información asociada al número de identificación (IMEI) de dichos equipos terminales para lograr este objeto”.

(45) Cfr. folio 240 ibídem.

(46) Ibídem.

(47) Cfr. folio 9 de la sentencia de segunda instancia a folio 222 ibídem.

(48) Que como se vio nada dice.

(49) Los cuales tampoco son concluyentes.

(50) Ibídem.

(51) Ibídem.

(52) Cfr. folio 22 de la sentencia de primera instancia a folio 190 del cuaderno principal.

(53) Cfr. minuto 08:38-16:07 del video 4 del CD 2 de la audiencia de juicio oral.

(54) Un objeto con masa corporal —persona, en el caso concreto— no puede estar y no estar al mismo tiempo en todas o, por lo menos, varias partes.

(55) Cfr. minuto 16:28-18:45 del video 5 del CD2 de la audiencia del juicio oral.

(56) Cfr. minuto 21:24-22:50 ibídem.

(57) Cfr. folio 13 de la sentencia de segunda instancia a folio 226 del cuaderno principal.

(58) Ibídem.

(59) Ibídem.