Sentencia 3456/02 de abril 19 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SALA DE CONJUECES

Ref.: Expediente 3456/02

Conjuez Ponente:

Dr. Ernesto Forero Vargas

Recurso de apelación contra la sentencia de 3 de mayo de 2002 proferida por la Sala de conjueces del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección A.

Actor: Filemón Jiménez Ochoa

Bogotá, D.C. diecinueve de abril de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En primer lugar, frente a la aducida falta de competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para conocer en primera instancia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debe anotarse:

El Decreto 2668 de 1998 derogó los decretos 610 y 1239 de 1998, que crearon una bonificación por compensación para los funcionarios allí señalados. El Consejo de Estado en fallo de 25 de septiembre de 2001, declaró la nulidad y por virtud de tal pronunciamiento definitivo, aquí perdió toda trascendencia la pretensión que en ese sentido se elevó, dados los efectos ex tunc o retroactivos que se derivan de tal declaración.

Sobre el particular y en caso similar el Consejo de Estado tiene sentado que “independientemente de que el acto acusado sea de carácter general, frente a él procede la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, pues el mismo tiene claros efectos particulares, en la medida en que afecta a las personas fácilmente determinadas beneficiarias de la bonificación por compensación que en virtud de aquel fue derogada, precisamente porque la administración para ejecutar el acto general que establece las escalas salariales, no requiere de expedir acto particular alguno en relación con cada uno de los servidores titulares de aquella” (S. de lo Contencioso Administrativo, Sec. Segunda, Subsec. “A”, dic. 11/2003, exp. 99-3971).

En otra oportunidad, señaló que “de otro lado y para efectos de la unificación de la jurisprudencia de la Sala, se advierte que distintos son los casos, como por ejemplo, el de la supresión de empleos, en que aparentemente el acto supresor por no dirigirse expresamente a persona alguna podría reputarse equivocadamente como acto general, pero que en realidad no lo es, precisamente por sus efectos particulares, que solo, requieren de ser comunicados para que se cumplan, en esta hipótesis resulta viable, entonces, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra aquel acto supresor” (C.E., Sec. Segunda, sent., exp. 14697, dic. /99, C.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda).

Por tanto, si de una parte la declaratoria de nulidad produce efectos ex tunc, vale decir, se retrotraen al momento en que nació el acto administrativo viciado de nulidad, y de la otra, el citado decreto por su explícito contenido terminaba afectando a servidores judiciales clara y perfectamente individualizables a la hora de concretar quiénes eran los beneficiarios de la bonificación por compensación, queda sin soporte la pretendida falta de competencia invocada.

En lo concerniente al restablecimiento del derecho la sentencia de primera instancia condenó a la Nación - rama judicial, a pagar la bonificación por compensación mensual y con carácter permanente, equivalente al 60%, de los ingresos que por todo concepto perciban los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura por el año de 1999, 70% por el año 2000 y 80% a partir del 1º de enero del año 2001, de acuerdo a lo previsto en el Decreto 610 de 1998, en forma actualizada según la variación de los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, ordenó descontar lo que se haya cancelado al actor por razón de tales porcentajes.

El Decreto 610 de 1998, producto del acuerdo entre el Gobierno Nacional y representantes de funcionarios judiciales según aparece de su contexto, creó la bonificación por compensación con carácter permanente, estableciendo un ajuste gradual y porcentual para superar gradualmente la desigualdad económica que se venía incrementando con los magistrados de las altas corporaciones judiciales, y determinó un 60% para el año de 1999, 70% para el 2000, y 80% a partir del 2001, de la remuneración total que estos devengaran.

El Consejo de Estado en su fallo de 25 de septiembre de 2001, al declarar la nulidad por falsa motivación del Decreto 2668 de 1998 y dejar en evidencia el equivocado proceder del Gobierno Nacional, los decretos 610 y 1239 recobraran plena vigencia y con ellos el aumento porcentual creado, todo en razón de los efectos ex tunc que de allí devienen, esto es, desde el momento en que se expidió el acto anulado las cosas se retrotraen al estado en que se encontraban antes de su expedición.

Además, la citada corporación en fallo de 11 de diciembre de 2003, precisó que el Decreto 664 de 1999 no creó “una bonificación por compensación diferente de la prevista en los decretos 610 y 1239. Es el mismo derecho con diferente cuantía. Pero el Decreto 664 perdió fuerza ejecutoria cuando se declaró nulo el Decreto 2668, como consecuencia de que el Decreto 664 se expidió sobre la base de que la bonificación por compensación a que se refieren el 610 y 1239 no existía y por ello se utilizó la expresión obvia de “créase”; entonces si el día anterior a la expedición del Decreto 664 la bonificación por compensación no existía, ello es el fundamento fáctico jurídico de su expedición, pero al declararse nulo el Decreto 2668 y recobrar vigencia el Decreto 610 y 1239, ello determina que el día anterior estaban vigentes estos y, por ende, desapareció el fundamento fáctico y jurídico del tantas veces citado Decreto 664, que es lo que conforme al artículo 66, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo, se denomina “pérdida de fuerza ejecutoria”, fenómeno que se traduce en que por mandato legal un acto administrativo no está llamado a seguir produciendo efectos, sin necesidad de declaración judicial que así lo disponga”.

Tampoco resulta de recibo sostener que la bonificación por compensación se podía derogar por constituir un mera expectativa, por la sencillísima razón que los decretos 610 y 1239 de 1998, no contenían ningún condicionamiento para el nacimiento de la bonificación, sino apenas el señalamiento de la época en la cual el derecho allí consagrado se entraría a cancelar previa la aprobación de la correspondiente partida presupuestal para la vigencia fiscal de 1999, lo que efectivamente ocurrió con la expedición de la Ley 482 de 15 de noviembre de 1998.

De manera que si los decretos 610 y 1239 entraron a regir a partir de la fecha de su publicación, los destinatarios de los mismos, servidores judiciales perfectamente identificables, adquirieron el derecho a la bonificación por compensación que producía efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1999, y obviamente mal podía estarse frente a una mera expectativa.

No sobra advertir que el inciso final del artículo 53 de la Constitución Política expresa que “la ley, los contratos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”, de donde surge que en la citada disposición el constituyente consagró derechos mínimos de los trabajadores, derechos inalienables que no pueden desconocerse ni renunciarse, derechos de los cuales emerge la aplicación del principio de favorabilidad, que la propia Constitución entiende como “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho...”.

Al respecto el Dr. Francisco Escobar Henríquez anota:

“... En nuestro sentir este texto que, aunque figura en el mismo artículo, aparece desligado de la inicial enunciación de principios, consagra la conocida regla de la condición más beneficiosa. Ella implica que, por lo común, las partes fuentes de producción normativa laboral carecen de virtualidad para desmejorar la situación jurídica del trabajador. En otros términos, las normas laborales nuevas derogan las precedentes siempre y cuando signifiquen un beneficio para el empleado al que deban aplicarse, con respecto al régimen que este venía disfrutando.

“La condición más beneficiosa supone la confrontación del régimen laboral que viene aplicándose a cierto trabajador con el régimen propio que pretende remplazarlo totalmente o parcialmente, ya que este solo puede tener eficacia jurídica frente al mismo trabajador en caso de que resulte beneficiado.

“El artículo 53 inciso final de la Constitución Nacional no permite dubitaciones, en nuestro sentir, con relación a que la condición más beneficiosa debe entenderse extendida incluso a los cambios de régimen producidos por normas de igual naturaleza, es decir, que dicho texto comporta una ley laboral, por principio, no puede ser derogada con referencia a los trabajadores que se encontraren sujetos a su régimen, sino en el evento que de la nueva ley resulte ser favorable a estos e igual cosa corresponde predicar frente a la convención colectiva, al contrato de trabajo o cualquier otra fuente de derecho que pretenda reemplazar la anterior de su misma especie o de otra.

“En efecto, la norma constitucional examinada preceptúa que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios no pueden menoscabar los derechos de los trabajadores, sin efectuar exclusiones en razón de la índole de la preceptiva que los contemple. Además, es pertinente advertir que en lo que toca a la expresión “derechos” que no pueden sufrir menoscabo, mal puede entenderse circunscrita a los derechos adquiridos, pues perdería todo sentido la disposición en cuanto no sería más que una innecesaria repetición del artículo 58. Se estima entonces que el constituyente se refirió a la situación jurídica en que se hallen los trabajadores en determinado momento” (Los principios del derecho laboral en la nueva Constitución Nacional. Revista Actualidad Laboral, nov.-dic. de 1991).

Para abundar en razones y en materia que tiene estrecha relación con el salario de los magistrados de los tribunales y otros funcionarios que a ellos están equiparados, en reciente fallo de 16 de febrero de 2006, dentro del expediente T-1224181 la Corte Constitucional, sentenció:

“5.3. Las garantías laborales irrenunciables de los trabajadores, como lo es el derecho al salario, no pueden depender de interpretaciones restrictivas del empleador como sucede en el asunto que se examina. Los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política en materia laboral imponen su interpretación y aplicación de suerte que se vivifiquen y realicen plenamente los valores y principios en ella contenidos en procura del reconocimiento total de la dignidad humana”. Más adelante agregó:

“Si bien el Decreto 4040 de 2004 fue expedido por el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, ello obedeció a la necesidad de poner fin a una controversia jurídica entre unos funcionarios y empleados de la rama judicial con el Estado respecto de un derecho de esos servidores públicos que se controvertía en los estrados judiciales. En ese sentido, se reconoció la existencia de un derecho que derivó en el pago de la denominada bonificación por gestión judicial para algunos servidores públicos, entre los cuales se incluyeron los magistrados auxiliares de las altas corporaciones judiciales.

“Con la expedición del Decreto 4040 de 2004, se ofreció a los servidores judiciales que se acogieron a sus normas y se encontraban en las condiciones allí reguladas un instrumento de carácter jurídico que permitió poner fin a unos procesos judiciales en curso antes de la sentencia con la cual debían culminar, acudiendo, según el caso, a la celebración de una transacción o de una conciliación.

“En manera alguna, puede interpretarse ese decreto como un medio para establecer una distinción que él no consagra en relación con la remuneración de quienes ocupaban y en el futuro ocupen unos cargos en la rama judicial del Estado, pues ello conllevaría a la vulneración del principio constitucional que establece que a trabajo igual salario igual, principio que por lo demás pertenece a la teoría general del trabajo en el derecho universal. Esa es la razón por la cual resulta contrario a la teleología del Decreto 4040 de 2004 una interpretación como la realizada por la entidad accionada, pues ella llevaría a desvertebrar inclusive la propia finalidad constitucional incorporada al artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política, según la cual una ley marco traza los objetivos y criterios a los cuales se debe sujetar el gobierno para “Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso y de la fuerza pública, lo que significa que se fija la remuneración para empleos de manera general y abstracta mediante la intervención del Congreso de la República y del ejecutivo, cada uno en el ámbito de sus competencias, sin importar quién los ocupe y la fecha de su posesión.

“El reconocimiento de una misma remuneración para los servidores públicos que ingresen a desempeñar los cargos de director de unidad de la dirección ejecutiva de administración judicial con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 4040 de 2004, no significa que se está haciendo extensivo el pago de la bonificación por gestión judicial a nuevos cargos. No. Es evidente que se trata de cargos que existían con anterioridad a la expedición del mencionado decreto. Cosa distinta es que las situaciones individuales y concretas para eventuales reclamaciones judiciales que pudieran culminar con la conciliación o la transacción a que se refiere ese decreto, no se extienden a quienes fueron nombrados con posterioridad a la vigencia del mismo en esos cargos.

“Como se dijo, con la expedición del Decreto 4040 se pretendió poner fin a una controversia jurídica surgida precisamente a raíz de la expedición de un acto administrativo que reconocía la bonificación por compensación para determinados servidores de la rama judicial y, por ello, se reconoció la existencia de un derecho a quienes se encontraban en las situaciones de hecho señaladas en el Decreto 4040. Pero eso no significa que mediante el mismo se haya autorizado el establecimiento de diferencias para efectos de la remuneración de servidores públicos de la rama judicial, ni que para amparar derechos adquiridos de quienes ocupaban determinados cargos con anterioridad a la expedición del decreto se pueda establecer una diferencia de trato respecto de servidores que ocupan los mismos empleos.

“Una cosa es el reconocimiento de unos derechos que se estaban controvirtiendo judicialmente a algunos servidores judiciales que desempeñaban determinados cargos con anterioridad a la expedición y vigencia del Decreto 4040 de 2004, controversia que efectivamente quedó terminada con la expedición de ese acto administrativo para quienes a él se acogieron; y, otra muy distinta la situación que se presenta respecto de esos empleos con posterioridad a la vigencia del mismo, en relación con los cuales se exige por las normas jurídicas determinados requisitos y calidades, y por lo tanto deben tener los mismos derechos y prerrogativas.

“La solución de una controversia jurídica de orden laboral por el reconocimiento de derechos de los trabajadores, no puede dar lugar a otra por la indebida interpretación que de los principios laborales realicen las entidades del Estado. Precisamente los principios mínimos fundamentales que consagra el artículo 53 de la Constitución Política, aun cuando no se haya dictado el estatuto del trabajo, son vinculantes para el intérprete, y mal podría aceptarse una tesis según la cual derechos y garantías obtenidos por los empleados, puedan ser desconocidos en forma paulatina con fundamento en una interpretación que no consulta los principios y valores que en relación con el derecho al trabajo se consagran en la Constitución Política” (T-097/06).

De manera que ante la evidente constitucionalización que ha experimentado el derecho al trabajo, la consagración de los “principios mínimos fundamentales que consagra el artículo 53 de la Constitución Política”, la expedición del Decreto 4040 de 2004, que al aceptar y reconocer en buena medida la existencia de la bonificación por compensación que venían reclamando los funcionarios allí mencionados, y que terminó por la vía de la transacción y la conciliación la inmensa mayoría de las controversias jurídicas surgidas a raíz de la expedición de los decretos 610 y 1239 de 1998, no dejan duda de la existencia de los derechos acá reclamados, y como así lo reconoció el fallador de primer grado, se impone la confirmación de lo allí decidido.

Ajuste porcentual de los ingresos laborales como garantía constitucional de la igualdad, proporcionalidad a la cantidad y calidad del trabajo, primacía de la realidad y dignidad

El Decreto 610 establece un ajuste gradual y porcentual del 60% para 1999, 70% para el año 2000, y 80% para el año 2001, para restablecer el equilibrio entre lo que devengan los magistrados de las altas corporaciones y los funcionarios a que alude el citado decreto.

La expedición del Decreto 2668 de 1998 atenta de manera abierta y directa en contra del marco constitucional enunciado, se expide en la práctica dentro de un contexto autoritario y corresponde al ejercicio de una potestad presidencial omnímoda que desconoce los principios enunciados de la carta política, entre los cuales bastaría enunciar el principio de legalidad formulada a partir del artículo 121 de la Constitución que le obliga a las autoridades a actuar dentro del marco de la ley.

El Decreto 610 de 1998, que creo una bonificación por compensación para los funcionarios allí enlistados, se generó a consecuencia del acuerdo a que llegaron “el Gobierno Nacional... con los representantes de los funcionarios mencionados en el considerando anterior”, dentro de “un esquema que gradualmente permita superar la desigualdad económica entre los dos niveles mencionados”, acuerdo que de manera unilateral y caprichosa desconoció de un plumazo el Gobierno Nacional, al derogarlo.

Mantener el aumento porcentual como lo estableció el Decreto 610 constituye la garantía hacia el futuro de que la remuneración de los magistrados de los tribunales, fiscales y procuradores ante aquellos se mantendrá en términos de equidad y proporcionalidad, para mantener un equilibrio razonable, principios referidos en términos constitucionales, básicamente en el artículo 53 cuando establece que la remuneración será proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.

El espíritu y propósito del Decreto 610, producto de la concertación entre gobierno y magistrados, procuradores y fiscales, no fue otro que establecer un esquema gradual, que hacia el futuro permitiera superar la desigualdad económica entre los magistrados de las altas cortes y el de los funcionarios mencionados en aquel.

Es más, sobre un asunto similar al aquí debatido el Consejo de Estado en fallo de 11 de diciembre de 2003, señaló:

“Se anota que el derecho conocido como bonificación por compensación ha venido siendo cancelado desde el 1º de septiembre de 1999, el cual no ha sido anulado o suspendido.

“Sobre este punto cabe señalar que no se puede afirmar que el Decreto 664 de 1999 haya creado una bonificación por compensación diferente de la prevista en los decretos 610 y 1239. Es el mismo derecho con diferente cuantía. Pero el 664 perdió fuerza ejecutoria cuando se declaró nulo el 2668, como consecuencia de que el 664 se expidió sobre la base de que la bonificación por compensación a que se refieren el 610 y 1239 no existía y por ello se utilizó la expresión obvia de “creáse” (sic); entonces si el día anterior a la expedición de 664 la bonificación por compensación no existía, ello es el fundamento fáctico jurídico de su expedición, pero al declararse nulo el 2668 y recobrar vigencia el 610 y 1239, ello determina que el día anterior estaban vigentes estos y, por ende, desapareció el fundamento fáctico y jurídico del tantas veces citado 664, que es lo que conforme al artículo 66, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo, se denomina “pérdida de fuerza ejecutoria”, fenómeno que se traduce en que por mandato legal un acto administrativo no está llamado a seguir produciendo efectos, sin necesidad de declaración judicial que así lo disponga” (se destaca).

Tampoco resulta de recibo sostener que la bonificación por compensación se podía derogar por constituir una mera expectativa, por la sencillísima razón que el Decreto 610 de 1998, que entró a regir a partir de la fecha de su publicación, permitió a sus destinatarios adquirir el derecho a que les pagara mensualmente dicha bonificación, al cumplirse el condicionamiento de que se incluyera la correspondiente partida en la ley de presupuesto para la vigencia fiscal de 1999, como efectivamente ocurrió con la expedición de la Ley 482 de 15 de noviembre de 1998.

Finalmente, no puede pasar desapercibido que con el régimen opcional del Decreto 4040 de 2004, el Gobierno Nacional al crear la bonificación por gestión judicial para los mismos funcionarios a que alude el Decreto 610 de 1998 “con carácter permanente, que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los magistrados a (sic) altas cortes”, y determinar como reconocimiento las sumas indicadas en el artículo 3º para los años 2000, 2001, 2002, 2003 más la correspondiente al año de 2004, implícitamente aceptó y reconoció en buena medida, el derecho salarial que venían reclamando los funcionarios allí mencionados, y que terminaron como es de público conocimiento por vía de transacción y conciliación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada de acuerdo a las consideraciones expuestas.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por Sala de conjueces en sesión de la fecha».

ACLARACIÓN DE VOTO

Me permito, aclarar mi voto de respaldo a la decisión adoptada, en el sentido de que lo hago solo para, proteger los derechos fundamentales de los demandantes, que se verían afectados con una sentencia desfavorable por razones de forma y procedimiento.

Al respecto la Constitución Nacional ordena a los administradores de justicia hacer prevalecer “el derecho sustancial” (art. 228) y “el de igualdad” (art. 13) frente a situaciones idénticas. Significa lo anterior que siendo claro el derecho laboral cuyo reconocimiento solicitan los demandantes y encontrándose estos en la misma situación jurídica de aquellas personas a quienes el Estado reconoció y pagó la bonificación, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 4040 de 2004, debe preferirse la decisión favorable a sus pretensiones, frente a otro tipo de sentencia que por razones de orden procesal pueda llevar a sacrificar el derecho sustancial.

En mi concepto, es absolutamente claro que por constituir el Decreto Presidencial 2668 de 1998 un acta administrativa, formal y materialmente, su juez de constitucionalidad y legalidad, es el Consejo de Estado privativamente, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 237 numeral 2º de la Constitución Nacional y 128 -1- del Código Contencioso Administrativo (L. 446/98, art. 36).

Este planteamiento encuentra su demostración en la sentencia del Consejo de Estado, Sala de Conjueces, de fecha 25 de septiembre de 2001, mediante la cual declaró nulo el mencionado decreto expedido por el Gobierno Nacional, derogatorio de los decretos 610 y 1239 de 1998, por los cuales se estableció una bonificación por compensación para magistrados de tribunales y otros funcionarios.

Los tribunales administrativos carecen de competencia para conocer de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, en las cuales figuren como actos acusados los decretos expedidos por el Presidente de la República pues la competencia que les atribuye el artículo 132 -2- del Código Contencioso Administrativo, para conocer de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, de conformidad con la cuantía, no comprende los decretos presidenciales, cuyo control de constitucionalidad y de legalidad, de carácter especial, se reparte entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, teniendo en cuenta la naturaleza del acto acusado, esto es si tiene carácter legislativo o administrativo.

Como para el restablecimiento de derechos es presupuesto indispensable la competencia para conocer de la juridicidad del acto impugnado, una primera conclusión es la de que los tribunales administrativos son incompetentes para conocer de este tipo de demandas, por la naturaleza del acto acusado. Obviamente, tampoco son competentes para ordenar el restablecimiento del derecho, consecuencia obligada de la declaratoria de nulidad.

El acto acusado en el proceso contencioso administrativo debió ser, en mi concepto, el definitivo resultante de la reclamación individual de cada interesado en el reconocimiento de la bonificación, esto es, el acto individual, desfavorable después de agotada la vía gubernativa, caso en el cual la competencia si corresponde a los tribunales administrativos de acuerdo con el factor cuantía (CCA, art. 132 -2-).

En este proceso, entonces, se acumuló indebidamente una pretensión de nulidad de un acto de carácter general, que no era de competencia del tribunal administrativo, con una de restablecimiento de derechos particulares.

No obstante, el Estado colombiano reconoció y pagó la bonificación a sus servidores en la rama judicial que desistieron de sus demandas, dentro de los parámetros del Decreto 4040 de 2004, sin reparo alguno. Lo que indica que encontró justas las reclamaciones de los funcionarios y claro su derecho a la bonificación. Solo por esta razón y para proteger el derecho sustancial de los demandantes que no se acogieron al Decreto 4040, dando aplicación a lo previsto en los artículos 228 y 13 de la Constitución Nacional, respaldo la decisión adoptada, ya que no comparto la motivación del fallo de primera instancia ni la del que decide el recurso de apelación en cuanto omite el análisis de los temas a que se refiere mi aclaración.

En síntesis y dado que el Consejo de Estado declaró nulo el Decreto 2668 de 1998, retirándolo del ordenamiento jurídico, y que el Estado colombiano reconoció y pagó a los servidores judiciales la controvertida bonificación, dentro de las directrices del Decreto 4040 de 2004, exigiéndoles el desistimiento de sus demandas, estimo que quienes no se acogieron al citado decreto y continuaron sus procesos son titulares del mismo derecho, que debe prevalecer frente a cualquiera otra consideración.

Con toda consideración.

Álvaro Concha Narváez 

ACLARACIÓN DE VOTO

Con mi acostumbrado respeto por la decisión mayoritaria de la Sala, me permito expresar mi disentimiento frente a la parte resolutiva de la sentencia, en lo concerniente a la cuantía de las pretensiones del actor.

En efecto, el fallo de primera instancia recurrido en apelación, otorga al demandante el setenta y el ochenta por ciento de los ingresos que por todo concepto perciban los magistrados de las altas cortes a partir de los años dos mil y dos mil uno respectivamente. Pero estos porcentajes no fueron reconocidos por el Decreto 610 de 1998; por tanto, considero que no es procedente el reconocimiento en estas proporciones.

Con toda consideración,

Mariela Vega de Herrera 

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