Sentencia 34560 de mayo 21 de 2010

 

Sentencia 34560 de mayo 21 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 34560

Acta 12

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil diez.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la señora Nancy Janeth Palacios Palacios contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de marzo de 2007, dentro del proceso ordinario que promoviera la recurrente contra la Organización Radial Olímpica S.A.

EXTRACTOS: «VI. Se considera

La deficiencia que la réplica observa en la denuncia del quebranto normativo propuesta en el cargo no tiene la entidad que implique su desestimación, pues al acusar la falta de aplicación de las normas que estima fueron violadas en la decisión impugnada, usa esa expresión como una modalidad del concepto de infracción directa, que es la forma correcta de acusar la violación de una norma sustancial del orden nacional, por esta vía, cuando el sentenciador ignora la existencia de una norma, se rebela contra su mandato o le niega validez en el tiempo o en el espacio. Aspecto que no es desconocido en la integración de la proposición jurídica del cargo, pues entre paréntesis se cita la infracción directa.

Hecha la anterior aclaración se observa que en este primer cargo se denuncia el quebranto de normas procesales, como violación de medio, que condujo al juzgador de segundo grado a fundar su decisión en la adhesión, pura y simple, es decir, sin crítica alguna, a la sentencia del juez del conocimiento, que contiene una interpretación errónea del artículo 25 del Código Sustantivo del Trabajo.

Empero, no encuentra la Corte que de ser cierto que el tribunal adhirió a las tesis del juzgado de primer grado, tal conducta sea constitutiva de los quebrantos de las normas adjetivas que se le imputan, pues no ve cómo ello afecta los principios de congruencia y de consonancia o resulte violatorio de las reglas contenidas en el artículo 55 de la Ley 270 de 1996. Es cierto, como lo dispone esta última norma, que las sentencias deben referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso y que, además, deben estar en consonancia con las pretensiones y excepciones. Pero el hecho de que un juez de segundo grado acoja las conclusiones del fallador de primera instancia, así sea de manera tácita, no conduce a la violación de esos preceptos, en la medida en que nada impide que estime acertadas las inferencias y razonamientos por aquel efectuados, y, en consecuencia las respalde. Ello no comporta desconocimiento de las aludidas reglas.

Con todo, importa anotar que la aseveración en que se funda el cargo no es exacta, ya que en ninguna parte de la sentencia acusada aparece que el tribunal haya acogido la supuesta interpretación errónea que hizo el juez de primer grado de la norma referida, y tampoco aparece consideración alguna que sugiera, que, siquiera tácitamente, se comparten los argumentos jurídicos expuestos en la sentencia de primer grado.

En rigor, las consideraciones que llevaron al juzgador de segundo grado a concluir que el pago de las comisiones no adquirió su fundamento en la contraprestación de un servicio personal y subordinado por parte de la demandante, sino que de manera directa provinieron del contrato comercial que vinculó a la actora a la compañía demandada, de manera paralela a la ejecución del contrato de trabajo, tienen un claro sustento fáctico, surgido del análisis de las circunstancias que rodearon el pago de las comisiones, establecidas con apoyo en los medios de prueba obrantes en el proceso.

En efecto, el examen probatorio realizado por el juzgador ad quem se desarrolló a partir de la siguiente conclusión fáctica, expuesta antes de referirse de manera particular a los medios de convicción, a que se aludió en la sentencia:

“Sometida la referida decisión a juicio de la Sala, se advierte en primer término, que los argumentos desplegados por el recurrente con el propósito de quebrantar la providencia apelada, no encuentran soporte en las pruebas allegadas oportunamente al plenario, de las cuales se colige sin lugar a dudas, que la demandante sostuvo con la convocada a juicio dos tipos de vinculación: una de índole laboral cuya prestación se traducía en los salarios ordinariamente devengados por la actora y otra de naturaleza comercial, en la cual encontraron su origen las comisiones cuya condición salarial se debate en el informativo”.

El anterior aparte de la sentencia de segundo grado, además, desvirtúa la aseveración de la censura referente a que el juzgador se acogió a la decisión del juez del conocimiento, de manera pura y simple, sin efectuar ninguna crítica respecto de sus consideraciones, pues resulta palmario que la conclusión a la que arribó, referente a que la demandante estuvo vinculada a la organización radial convocada al proceso a través de una vinculación laboral y otra de carácter comercial, en la que encontraron origen las comisiones que suscitan la controversia en este asunto, estuvo soportada en el análisis que el propio tribunal efectuó de las pruebas aportadas al proceso.

Por manera que en modo alguno ese fallador se plegó al examen realizado por el juez de primer grado; cuestión distinta es que, después de haber llegado a su propia convicción, reconociera que la decisión del juez del conocimiento fue acertada.

Conviene agregar a lo dicho, que en la sentencia acusada no se entendió equivocadamente el objeto de la apelación de la parte actora, pues se dirigió el análisis a determinar el origen de las comisiones, esto es, si derivaron de la existencia del contrato de trabajo que no se discute en el proceso, o si, por el contrario, ellas tuvieron origen en los contratos comerciales que suscribieron las partes, como lo alega la empresa de comunicaciones demandada.

El cargo, conforme a lo expuesto, no prospera.

Segundo cargo

Orientado por la vía indirecta denuncia la aplicación indebida de los artículos 18, 20, 22, 23, 64, 65 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo, 98 y 99, numeral 3º, de la Ley 50 de 1990 y 59 de la Ley 100 de 1993.

Quebranto normativo que, aduce la censura, se debió a los siguientes yerros fácticos, que atribuye a la sentencia recurrida:

“1. No haber dado por demostrado, estándolo que la liquidación de las prestaciones sociales involucró las comisiones que se derivaban de la aparente relación comercial.

“2. No haber dado por demostrado, estándolo que la aparente relación comercial se dio en condiciones de continuada subordinación y dependencia”.

En torno al primer error de hecho atribuido al tribunal se dice que proviene de la falta de apreciación de la liquidación definitiva de las acreencias laborales de la demandante, que obra a folio 23 del cuaderno 1, así como en la confesión del representante legal de la demandada, al responder la pregunta 14 del interrogatorio, que obra a folios 197 y 198 del mismo cuaderno; pregunta y respuesta que transcribe para puntualizar su aseveración.

Aclara que para no violar el principio lógico de “no contradicción”, que predica que “una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo por una misma causa”, es preciso concluir que la reliquidación hecha con la finalidad de evitar una condena como la que se señala, lo fue reconociendo que su única causa fue la relación laboral, y en ese caso no puede atribuírsele a la reliquidación y al pago una causa distinta. En tal sentido se dice que la jurisprudencia abunda en tratándose por ejemplo de pagos por consignación, que de hacerse de manera condicionada no tienen poder liberatorio, situación similar a la de quien como en este caso, pretende reliquidar las acreencias laborales, sin que implique reconocimiento de la verdadera causa de dichos conceptos, en síntesis, o se trata de una reliquidación con todos sus efectos, es una mera liberalidad no expresada en ningún caso.

En cuanto al segundo dislate fáctico que enrostra al juzgador de segundo grado, se dice que a folios 78 a 80 del cuaderno 1 obra un memorando con instructivo anexo, dirigido a todos los  ejecutivos, en el que se anuncia por su autor que “me permito anexar información de requisitos indispensables que deberán llevar las facturas de su sociedad para el pago de sus servicios de publicidad a partir de la fecha”; en tanto a que a folios 81 y 82 aparece un memorando dirigido a la trabajadora, que en su parte final le impone la responsabilidad en las negociaciones comerciales y a folio 96 del mismo cuaderno, aparece otro memorando dirigido a los asesores comerciales en los que se cita a los ejecutivos de ventas para “analizar el comportamiento de cada uno de sus clientes y de igual manera definir estrategias necesarias para el manejo de cada uno de ellos”; mientras que a folios 98 y 99 aparece un memorando remitido a los ejecutivos de ventas como personas naturales en los que se establece el pago de las comisiones a los vendedores y se relacionan “los cambios que se han realizado sobre las comisiones de algunos ejecutivos, en el que a la ejecutiva Nancy Palacios se le otorgó una comisión del 2.5% para todo lo que ordene su cliente Coca Cola de Colombia...”.

Encuentra la censura que los documentos considerados como una unidad revelan la forma subordinada en que indistintamente se prestaba el servicio por parte de la demandante, de manera tan evidente que las órdenes se dirigen a las personas que prestaban los servicios como ejecutivas de ventas, instruyéndolos inclusive sobre el manejo que debían dar a sus aparentes entes comerciales, imponiéndoles la comisión, y definiendo estrategias sobre el manejo de los clientes.

Apunta que la sentencia impugnada se limitó a descalificar genéricamente las pruebas sin mención alguna de los documentos aquí referidos, en un acápite denominado “Naturaleza de las comisiones”, donde considera que la sola existencia de un contrato de índole comercial es la causa de las comisiones, de manera tan contraria al principio de primacía de la realidad, que no se hace ningún análisis de la subordinación que tan ostensiblemente se hace palpable en la prueba documental relacionada.

Resalta que, por la naturaleza de orden público de sus normas, la carga de la prueba exigía que fuera la parte demandada la obligada a desvirtuar la naturaleza de la subordinación ejercida, de conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que de haberse declarado la subordinación respecto del aparente contrato comercial, la única posible consecuencia habría sido la de declararlo ineficaz y proceder a reconocer como única causa de la prestación de los servicios y de la remuneración el contrato de trabajo que vinculaba a las partes.

La oposición

Asevera que la acusación no logra desvirtuar el criterio sólido, legítimo y claro que tuvo el tribunal, sobre la simultaneidad de los contratos comerciales suscritos entre la demandada y la sociedad Gaviotas y Publicidad Ltda. y el establecimiento de comercio denominado Don Simón; como también que la acusación no comprende todas las pruebas que soportan el fallo.

También observa que la práctica de la empresa de impartir órdenes o directrices a través de circulares, escritos o memorandos, en manera alguna configura necesariamente subordinación, pues cualquier actividad que se desempeñe debe ejecutarse con cierto grado de coordinación, supervisión y vigilancia, que dependiendo de la función puede variar su grado de autonomía.

V. Se considera

El aspecto referente al origen de las comisiones sobre las cuales versa la controversia entre las partes fue dilucidado en la sentencia acusada, esencialmente con los contratos comerciales que celebraron las partes, visibles a folios 24 a 28 del cuaderno de primera instancia y los recibos de los pagos efectuados a la accionante en su calidad de representante legal de las compañías Gaviotas Publicidad y el establecimiento de comercio Don Simón Ltda. Medios de prueba que le sirvieron al sentenciador ad quem para establecer que la actora sostuvo con la organización radial demandada dos tipos de contratos, uno de índole laboral cuya contraprestación se traducía en los salarios ordinarios devengados por aquella y el otro de naturaleza comercial, en el que encontraron origen las comisiones, sobre las que recae la controversia en este caso.

La acusación, que no comparte las apreciaciones del tribunal referidas, al plantear su ataque pasa por alto controvertir los medios de convicción a que antes se hizo referencia, omisión que tiene gran trascendencia pues determina que el cargo resulta insuficiente, ya que cuando se acusa una equivocación relacionada con los hechos controvertidos en el proceso y lo establecido en relación con ellos en la decisión impugnada, corresponde al recurrente cuestionar la apreciación de los medios de prueba que sirvieron de soporte al tribunal, pues si deja libre de crítica la valoración de algunos de ellos, la decisión seguirá apoyada en esa valoración. Además, tiene la carga de exponer claramente lo que las prueba acreditan y el yerro evidente en su apreciación; demostración que incumbe hacer mediante un análisis crítico de los medios de prueba, confrontando la conclusión que se deduzca de ese examen con las conclusiones acogidas en la resolución judicial.

Luego la deficiencia advertida conduce a que la apreciación del tribunal referida permanezca incólume porque, dado el carácter dispositivo del recurso, no puede la Corte emprender su estudio oficioso.

No obstante que lo dicho resulta suficiente para restarle prosperidad al cargo, encuentra la Sala oportuno anotar que en la respuesta dada por el representante legal de la demandada, al resolver una de las preguntas que le fue formulada en el interrogatorio de parte, al contestar “Sin que implique reconocimiento y con el propósito de evitarse una eventual condena por salarios moratorios la empresa decidió incluir los ingresos de Don Simón para la liquidación de los años 2002, 2003, 2004 y la definitiva de 2005”, no se hizo una manifestación que pueda tenerse como una confesión, dado que no reúne las exigencias legales para que ésta se presente, previstas en el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, porque no hubo una aceptación expresa.

En realidad, se desprende de la respuesta referida que la empresa asumió con la liquidación final de prestaciones sociales reconocidas a la actora una posición defensiva, frente a un eventual proceso en el que eventualmente llegare a ser vencida, particularmente por las condenas moratorias que le pudieran ser impuestas, lo que obviamente no puede tenerse como el reconocimiento relativo a que las comisiones realmente se causaron en desarrollo del contrato de trabajo, ya que, además, se manifestó que lo admitido no implicaba “reconocimiento”.

Y si bien la admisión de ese hecho podría dar lugar a la elaboración de un indicio, debe recordarse que ese medio de prueba no es hábil en la casación del trabajo para dar lugar a un error de hecho evidente y, con todo, no puede ser confundido como la aceptación manifiesta del hecho alegado por la recurrente, que dé lugar a la confesión cuya valoración se echa de menos.

En cuanto a los memorandos que cita la acusación se advierte que, aun de admitirse que contienen elementos que pueden ser demostrativos de subordinación laboral, importa anotar que el tribunal no desconoció que la demandante tenía un vínculo de esa naturaleza, solo que entendió que concurría con uno comercial, que, dijo, dio origen a las comisiones. De modo que a nada conduce determinar si la actora estuvo sujeta a subordinación, hecho que no pasó por alto el fallador.

De los memorandos no surge que las comisiones tuvieran origen laboral porque algunos eran enviados a los representantes de la sociedad contratada por la demandada para efectos de servicios de publicidad, como se desprende de los actuantes a folios 78 y 79 a 80 del cuaderno de instancia, y en ellos se hace alusión al vínculo comercial aludido; en tanto que, en los visibles a folios 81 a 82 y 96, la comunicación es de carácter personal y de naturaleza administrativa puesto que en ellos se hace referencia a una gestión diferente a la de ventas, sin desconocerse que es complementaria, a la que se refieren los mensajes anteriores, relacionada con la colocación de pautas publicitarias.

Por su parte, en el memorando que milita a folio 98 simplemente se dan a conocer unos puntos a tener en cuenta, mas no se específica si está dirigido a los representantes de las entidades comerciales, con los que la organización radial tenía contratos comerciales, para servicios de publicidad o a los trabajadores de la empresa, pues su contenido es ambiguo. No obstante, no muestra signos inequívocos de subordinación laboral, pues solamente fija pautas sobre las ofertas especiales y la comisión que les corresponde; se alude a las comisiones para dos emisoras y a las de los clientes nuevos; y se solicita poner empeño en la venta de algunos eventos, lo que no puede ser entendido como la imposición de una orden demostrativa de dependencia laboral.

Y el documento de folio 99 tan solo indica la comisión a la que tendría derecho la actora, mas no demuestra la forma como cumplió ella su actividad, ni por tanto, la existencia de subordinación laboral.

Surge entonces de estos documentos que es posible concluir que en las actividades administrativas, cotidianas de la empresa demandada, indistintamente se hacía referencia a cuestiones comerciales y laborales, con lo que se descarta una equivocación manifiesta del tribunal en sus conclusiones fácticas, pues, importa reiterar, partió del supuesto de la concurrencia de un contrato de trabajo con uno comercial.

En las condiciones anotadas se impone desestimar el cargo, de acuerdo con lo expuesto inicialmente.

Las costas en el recurso son de cuenta de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de marzo de 2007, dentro del proceso ordinario laboral que adelanta Nancy Janeth Palacios Palacios contra la Organización Radial Olímpica S.A.

Costas en el recurso a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».