Sentencia 34561 de julio 28 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Sentencia 34561 de 2010 

Magistrado Ponente

Dr. Javier Zapata Ortiz

Aprobado Acta 236

Bogotá D.C., veintiocho de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones:

De conformidad con los artículos 57y 341 de la Ley 906 de 2004, corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dirimir el asunto, por cuanto el impedimento es manifestado por un Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial. En efecto, las disposiciones citadas rezan:

“ART. 57.—Trámite para impedimento. Cuando el funcionario judicial se encuentre incurso en una de las causales de impedimento deberá manifestarlo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia o a la Sala Penal del Tribunal de Distrito, según corresponda, para que sea sustraído del conocimiento del asunto”.

“ART. 341.—Trámite de impedimentos, recusaciones e impugnación de competencia. De los impedimentos, recusaciones, o impugnaciones de competencia conocerá el superior jerárquico del juez, quien deberá resolver de plano lo pertinente dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de lo actuado.

En el evento de prosperar el impedimento, la recusación o la impugnación de competencia, el superior deberá remitir la actuación al funcionario competente. Esta decisión no admite recurso alguno”.

Con el fin de adoptar la decisión que en derecho corresponda, resulta pertinente señalar que el instituto de los impedimentos, en cuanto mecanismo orientado a asegurar la imparcialidad de la administración de justicia, se rige, entre otros, por el principio de taxatividad, en virtud del cual se excluye la analogía o la extensión de los motivos señalados en la ley, de manera que la manifestación de impedimento es un acto personal, voluntario, de carácter oficioso y obligatorio para cuando el funcionario advierta que se encuentra incurso en alguno de los supuestos fácticos dispuestos por el legislador, a la vez que comporta sujeción estricta a las causales invocadas, a fin de que tal mecanismo no sea utilizado indebidamente como medio para no conocer de un determinado asunto.

En el caso analizado, el magistrado José Rafael Labrador Buitrago, quien integra la Sala que debe resolver la apelación interpuesta contra la sentencia condenatoria proferida por el Juez Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Ocaña, manifiesta que está impedido para conocer del asunto.

Para hacerlo, explica que su esposa fue designada fiscal dentro del caso y por tanto se encuentra incurso en el numeral 1º del artículo 56 citado, que establece como causal de impedimento: “Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal”.

Frente a esta causal, la jurisprudencia de esta Corte tiene establecido que el "interés en el proceso", debe entenderse como aquella expectativa manifiesta por la posible utilidad o menoscabo, no sólo de índole patrimonial, sino también intelectual o moral, que la solución del asunto en una forma determinada acarrearía al funcionario judicial o a sus parientes cercanos, y que, por aparecer respaldada en serios elementos de juicio, compromete la ponderación e imparcialidad del juzgador, tornando imperiosa su separación del conocimiento del proceso(1).

En el presente asunto, deriva incontrastable que la esposa del funcionario que debe resolver la apelación tiene interés en la actuación, su ánimo está dirigido a un objetivo específico en su condición de fiscal delegada, aún de manera transitoria, con lo cual surge evidente la causal de impedimento propuesta.

Así las cosas, resulta elemental y natural considerar que el servidor judicial no puede encontrarse con el ánimo sereno y ecuánime para abordar el estudio del caso a resolver, ni formarlo dentro de un marco objetivo para administrar justicia acorde a lo señalado en la ley, por tanto, el magistrado deberá ser separado del conocimiento de la apelación.

Finalmente y como quiera que no se desintegra el quórum deliberatorio y decisorio de la Sala Penal a que pertenece el funcionario impedido, acorde con el artículo 54 de la Ley 270 de 1996, no se dispondrá su reemplazo.

Dadas las reseñadas condiciones, surge evidente declarar fundado el impedimento expresado por el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta.

Consecuente con lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Declarar fundada la causal de impedimento y, en consecuencia, disponer que el magistrado José Rafael Labrador Buitrago sea separado de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta a la que corresponde conocer la apelación de la sentencia dentro del proceso seguido en contra de Edinson Alfredo Gallardo Pérez.

2. Contra esta decisión no procede recurso alguno, por expreso mandato del artículo 65 de la Ley 906 de 2004.

3. Remítase el expediente a la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, para lo pertinente.

omuníquese y cúmplase».

(1) Ver, auto del 17 de junio de 1998, radicado 14.104, 15100 de 21 de enero de 2003, 23542 de 20 de abril de 2005 y 26667 de 24 de enero de 2007, entre otros.