Sentencia 3457 de octubre 5 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

ACCIÓN DE RESOLUCIÓN

CONCORDATO DEL DEMANDADO

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss

Ref.: Expediente 3457

Santafé de Bogotá D.C., cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos.

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 19 de marzo de 1991, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga en este proceso ordinario promovido por Alfonso Bedoya Alzate y Fabiola Ortiz de Bedoya frente a Alfonso Hincapié Agudelo.

I. Antecedentes

1. Por demanda repartida al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago (Valle), los citados actores solicitaron que con citación y audiencia del demandado, se hagan las siguientes declaraciones:

“1. Primera principal

Que se declare la resolución por incumplimiento en el pago del precio por parte del comprador, del contrato de compraventa realizado por escritura pública número 357 del 25 de marzo de 1981, otorgada en la Notaría Segunda de Cartago (Valle), por medio del cual los señores Alfonso Bedoya Alzate y Fabiola Ortiz de Bedoya, vendieron al señor Alfonso Hincapié Agudelo “los derechos de dominio y propiedad que aquellos tenían sobre una finca agrícola rural, compuesta por tres lotes de terreno que conforman un solo globo, denominados “Bellavista”, “La Miranda” y “El Cedral”, ubicada en el corregimiento de El Vergel, jurisdicción del municipio de Ansermanuevo (Valle), bien inmueble éste debidamente especificado y alinderado en el hecho primero de esta demanda.

2. Primera subsidiaria

Que subsidiariamente de la anterior petición se declare la rescisión por lesión enorme para los vendedores, del contrato de compraventa realizado por escritura pública número 357 del 25 de marzo de 1981, otorgada en la Notaría Segunda de Cartago (Valle), por medio del cual los señores Alfonso Bedoya Alzate y Fabiola Ortiz de Bedoya, vendieron al señor Alfonso Hincapié Agudelo “los derechos de dominio y propiedad que aquellos tenían sobre una finca agrícola rural, compuesta por tres lotes de terreno que conforman un solo globo, denominados “Bellavista”, “La Miranda” y “El Cedral”, ubicada en el corregimiento de El Vergel, jurisdicción del municipio de Ansermanuevo (Valle), bien inmueble éste debidamente descrito, especificado y alinderado en el hecho primero de esta demanda.

3. Que acogiéndose la petición primera principal, igualmente se declare que el demandado deberá restituir a los demandantes el bien a que se refiere el hecho primero de esta demanda, dentro de los tres días siguientes a la sentencia respectiva, debidamente saneado de las hipotecas y gravámenes que en él haya constituido.

4. Que acogiéndose la petición primera subsidiaria, igualmente se declare que el demandado deberá restituir a los demandantes el bien objeto del contrato aquí impugnado (referido en el hecho primero de esta demanda), debidamente saneado de las hipotecas y gravámenes que sobre él haya constituido, dentro de los tres días siguientes a la sentencia respectiva; y que los demandantes entregarán al demandado la suma de un millón doscientos setenta y tres mil pesos ($1’273.000) como precio realmente recibido, aumentado en un diez por ciento (10%).

Peticiones comunes a la primera principal y primera subsidiaria

Que acogiéndose cualquiera de las peticiones primera principal o primera subsidiaria, igualmente se hagan las siguientes o parecidas declaraciones:

5. Que el demandado deberá restituir a los demandantes, dentro de los tres días siguientes a la sentencia pertinente, todos los frutos producidos y/o que hubiere podido producir el bien cuya venta hace objeto en esta litis, computados desde el 25 de marzo de 1981; o su equivalente en dinero actual para la época del pago (restitución).

6. Que se condene al demandado al pago de todos los perjuicios ocasionados a los demandantes con motivo del contrato impugnado.

7. Que se condene al demandado al pago de las costas y agencias en derecho que ha causado y causare el presente proceso, en suma no inferior al cuarenta por ciento (40%) de los obtenidos en este litigio, pues en dicho porcentaje fueron pactadas las agencias en derecho en la modalidad de cuota litis.

8. Que se decrete que los demandantes y el demandado podrán compensar las sumas resultantes del presente proceso, y que se establezca dicha compensación con saldo a favor de unos o del otro en la sentencia con que termine este proceso.

9. Que se oficie a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Cartago (Valle), para la cancelación del registro del contrato aquí demandado, y que en su lugarse inscriba nueva y respectivamente a los demandantes, es decir al señor Alfonso Bedoya Alzate como propietario de los lotes “Bellavista” y “La Miranda”, folios 375-0001869 y 375-0001383 correspondientemente; y a la señora Fabiola Ortiz de Bedoya como propietaria del lote “El Cedral”, folio 375-000537, en concordancia con el hecho primero de esta demanda.

10. Que se decrete en el auto admisorio de esta demanda su inscripción en los folios correspondientes a los bienes trabados en este proceso, y que son individualmente: para el lote “BellavistA”, 375-0001869; para el lote “La Miranda”, 375-0001383; para el lote “El Cedral”, 375-000537; y para estos tres lotes englobados en una sola finca, 3750015574. Todos debidamente inscritos en el círculo de Cartago. En consecuencia habrá de oficiarse al registrador de instrumentos públicos y privados de esta villa.

11. Que se decreten todas las demás peticiones implícitamente contenidas en las anteriores y que las considere prudentes, pertinente y concordantes ese Despacho”.

2. Como razones de pedir se indican en la demanda las que a continuación se compendian:

a) Mediante escritura 357 de 25 de marzo de 1981, otorgada en la Notaría Segunda de Cartago (Valle), los demandantes vendieron al demandado el inmueble descrito por su ubicación, nombre y linderos en el hecho primero de la demanda, haciéndole entrega de él, con todas sus anexidades, desde el día 10 de noviembre de 1980.

b) El precio de esa venta se acordó en la suma de $ 2’583.000 de los cuales el comprador pagó a la fecha del contrato $ 1’273.000 comprometiéndose a cancelar el saldo restante de $ 1’310.000 a los tres años de la fecha del contrato, es decir, el 25 de marzo de 1984, y a pagar intereses sobre la suma debida del 1% mensual durante los dos primeros años, y del 1.5% mensual durante el tercer año.

c) El comprador incumplió la obligación de pagar el saldo del precio y sus intereses, no obstante los reiterados cobros de los vendedores.

d) El inmueble en mención tenía para la fecha del contrato un justo precio de $ 15’000.000, y una producción de $ 2’000.000, anuales.

e) Durante el segundo semestre de 1980 y todo el año de 1981, Alfonso Bedoya Alzate “padeció serios problemas, trastornos y crisis nerviosas, que lo llevaron a dilapidar sus bienes de fortuna, así como los bienes de su esposa Fabiola Ortiz de Bedoya”, actitud ante la cual su sobrino político Eutimio Ortiz Peláez buscó disuadirlo de sus negocios, en procura de lo cual buscó la intervención de los presbíteros Jaime Bedoya y Jairo Ramírez, del contador Orlando Díaz y de Humberto Ortiz Buitrago y Margarita Peláez. El mismo Ortiz Peláez buscó asesoría jurídica en los profesionales mencionados en el hecho séptimo de la demanda tendiente a obtener la interdicción por disipación de su tío Bedoya Alzate, sin que esto pudiera lograrse porque su esposa Fabiola Ortiz de Bedoya se negó a firmar el poder alegando una posible locura o suicidio de aquél a consecuencia del proceso.

3. Dando respuesta oportuna al libelo el demandado manifestó que es cierto que adeuda a los actores un saldo de $ 1’310.000; que el precio real de la venta fue de $ 14’000.000; que recibió el inmueble el 10 de noviembre de 1980; y que no le constan los demás hechos de la demanda, que pide sean probados. Consecuentemente se opone a las pretensiones de los vendedores demandantes, proponiendo las excepciones que denomina:

a) “Improcedencia de la acción resolutoria demandada”, que hace consistir en el hecho de que el comprador solicitó de sus acreedores concordato preventivo, admitido el 5 de noviembre de 1981 y “actualmente en ... trámite”, lo que le impide a éste hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, concordato al cual concurrió Alfonso Bedoya Alzate a cobrar su crédito, optando así por la acción alternativa de exigir el precio y no por la resolutoria que también tenía a su alcance;

b) de“pago” que fundamenta en que el vendedor Alfonso Bedoya Alzate se hizo presente en el concordato y quedó obligado por el acuerdo que en él se suscribió, incluso con su aprobación, consistente en que el deudor concordatario vendería la finca “La Miranda” para destinar 15 millones del producto de la venta al pago de los créditos allí reconocidos, a lo que agrega que “El 19 del presente mes de octubre (se refiere al año de 1984) hay convocada una nueva reunión para adoptar decisiones que faciliten el cumplimiento del concordato”, y

c) de “improcedencia de la acción de rescisión por lesión enorme”, que apoya en el hecho de que el valor real del inmueble al momento de la venta era de $ 15’000.000, y que el precio estipulado fue de $ 14’000.000.

4. Luego de rechazar la reforma y adición de la demanda presentada por los actores (fls. 41, 60 del C. 1 y 53 vuelto del C. 4) y de agotar el trámite del proceso, el a quo le puso término a la primera instancia con sentencia de 4 de agosto de 1988 (fl. 174 C. 1), en la cual resolvió:

“1. Declarar probadas las excepciones de improcedencia de la acción resolutoria demandada y de improcedencia de la acción de rescisión por lesión enorme, propuesta por la parte demandada en este proceso ordinario presentado por Alfonso Bedoya Alzate y Fabiola Ortiz de Bedoya contra Alfonso Hincapié Agudelo.

2. Niéganse las peticiones formuladas por la parte demandante, tanto la señalada como “primera principal” como la indicada como “primera subsidiaria”, y las demás comunes a tales pretensiones, contenidas en la demanda base de este proceso.

3. No se condena en costas a los demandantes, por cuanto se encuentra vigente el amparo de pobreza concedido a ellos en el curso del proceso.

4. Dispónese librar oficio al señor registrador de instrumentos públicos de esta localidad, para que se sirva cancelar la inscripción de la demanda que le fue comunicada por oficio número 692 de 6 de septiembre de 1984, registrada el siete de septiembre de 1984 bajo matrícula número 375-0015574''’.

5. A petición de la parte demandada el a quo dictó sentencia complementaria el 23 de agosto de 1988 (fl. 207 C. 1), en la que adicionó la decisión anterior en el sentido de declarar probada una objeción por error grave propuesta por la misma parte contra el dictamen de los peritos Leopoldo López Ochoa y Carlos Arturo Valencia Cardona, obrante en el cuaderno 10 del expediente.

6. Contra el fallo anterior y su adición recurrieron en apelación los demandantes, recurso que resolvió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga mediante sentencia de 19 de marzo de 1981, disponiendo:

“Confírmase en todas sus partes la decisión tomada en este proceso en primera instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, con las siguientes adiciones:

a) Niégase la excepción de pago propuesta por el demandado en el presente proceso.

b) Niégase, igualmente, la nulidad absoluta alegada por la parte actora en el proceso...”.

II. La sentencia del Tribunal

Aborda en primer término la excepción de improcedencia con que el demandado pretende enervar la pretensión resolutoria de los demandantes, para manifestar respecto a ella que aquel fue admitido en concordato preventivo potestativo el 5 de noviembre de 1981 el cual “se encontraba vigente al tiempo de introducción de la demanda de este proceso...”, y que aun cuando el Código de Comercio no regula en forma específica la incidencia que pueda tener frente a dicha situación la mencionada pretensión, pues los artículos 1914, 1920 y 1921 ibídem sólo se refieren a obligaciones actuales y no a las que podrían surgir de una sentencia condenatoria como sería la dictada en el proceso de resolución, es lógico entender que esta última acción tampoco es oponible al concordato, pues afecta gravemente la prenda general de los acreedores, que se vería así disminuida. Anota sobre el mismo particular que si bien es distinta la misión que corresponde a la quiebra y al concordato, ambos institutos se identifican “en cuanto a que en los dos juegan papel importante los intereses de los acreedores” y que por ello es aplicable al presente caso la sentencia de la Corte de 8 de junio de 1979, que transcribe en lo pertinente, y en la que se sostiene que la acción resolutoria no es procedente contra el comprador fallido, porque “desde el instante mismo en que la cosa vendida haya pasado en propiedad al comprador, el vendedor no será ya, para el cobro del precio o de la parte de éste, sino un acreedor quirografario en la quiebra”.

Consecuentemente, señala el Tribunal para estimar próspera la excepción en referencia que “una vez el inmueble ha sido incorporado al proceso de concordato por ser propiedad del comerciante con anterioridad al proceso de resolución, viene a constituirse en prenda de los acreedores y no puede ser sacado de allí, como se dijo, en beneficio de uno o varios sin que se viole el principio de la igualdad legal en relación con los demás que en similares condiciones se presentan al concordato, máxime cuando la acción que consagra el artículo 1546 del Código Civil queda en manos, totalmente, del vendedor. Deberá entonces, este acreedor, desistir de la acción de resolución contractual y presentarse al concordato como acreedor personal para obtener la satisfacción de su crédito en las condiciones que allí se pacten por la mayoría legal (art. 1922 del C. de Co.) ...”.

El Tribunal no considera admisible, de otra parte, la excepción de pago, cuyo estudio se ocupa seguidamente, porque —dice— el acuerdo concordatario no constituye solución de esta naturaleza sino cuando la obligación se satisface de manera efectiva; que al folio 25 del cuaderno 8 obra el acuerdo a que llegó el deudor con sus acreedores en torno a la venta de la finca “La Miranda” por el precio de $ 15’000.000, con cuyo producto se cancelarían las obligaciones del primero, y que debiendo cumplirse esto en un plazo de 6 meses a partir del 21 de febrero de 1984, se sabe sin embargo que eso no ocurrió porque el funcionario que conoce del concordato hizo constar que Alfonso Hincapié Agudelo “está sujeto a una petición de trámite de resolución del acuerdo concordatario con lo cual se demuestra fehacientemente que en manera alguna hubo pago que permita prosperar la excepción” (Fl. 8 C. 8).

Indica luego el sentenciador, al ocuparse de la pretensión de lesión enorme, que esta sí puede ser promovida por los vendedores demandantes no obstante la iniciación del concordato, porque lo contrario sería patrocinar el enriquecimiento injusto del comprador, lo que no puede predicarse como designio de la ley, máxime cuando es relativamente corto el término de prescripción de la primera acción y apreciable el tiempo que suelen tardar los concordatos. Advierte eso sí que los efectos de su ejercicio no podrían ser los contemplados por el artículo 1948 del Código Civil pues la restitución del inmueble no sería posible estando de por medio el interés general de los acreedores, que obliga a que el bien permanezca vinculado al concurso; y, deja en claro además, que en caso de salir avante esta pretensión, la única posibilidad que tendría la parte actora sería la de “presentarse con su crédito al concordato si se está en oportunidad para ello pues de otra manera deberá seguir la suerte de las acreencias no presentadas en su momento en ese proceso abierto por el comerciante”.

Y también sobre el mismo tema señala a continuación el Tribunal que la inoponibilidad del concordato a la acción de lesión enorme tiene una clara excepción cuando, en el acuerdo debidamente homologado a que se llegó dentro de aquel, “se ha dispuesto del bien en favor de los acreedores”, caso en el que no puede intentarse la acción de lesión enorme por mandato del artículo 1951 del Código Civil, por cuanto ese acuerdo tiene “equivalencia de venta” desde el momento de su aprobación por el juez. Pero si la enajenación no se produce dentro del término estipulado en el acuerdo, agrega, “habrá lugar para el adelantamiento del proceso por lesión enorme para que el tribunal vea la posibilidad de incorporar el crédito a la quiebra subsiguiente o disponga de uno que pueda cobrar después de haber terminado ella, todo en función de que cuando menos tiene el perjudicado con la lesión enorme la posibilidad de obtener un crédito que podría resultar efectivo en el futuro”.

En el proceso está probado, prosigue, que al promover la pretensión por lesión enorme ya se había logrado el acuerdo concordatario (fl. 25 y 26 C. 8) en el que se dispuso la enajenación del bien y se acordó un lapso de 6 meses para ello, vencido el cual “si tal logro no se alcanzaba habría lugar a otra reunión para un nuevo acuerdo”. Esta actuación, continúa, fue instaurada 6 días después de vencido el plazo para la venta, y como consta que se solicitó resolución del concordato (fl. 8 C. 8), es del caso suponer el incumplimiento probable del comerciante a lo acordado, pero sólo eso, en vista de que no hay plena prueba de que él lo hubiera incumplido realmente, pues la constancia anterior sólo indica la proposición del incidente respectivo mas no el resultado del mismo, es decir, si el concordato fue o no resuelto, mayormente cuando se previó una nueva reunión para resolver lo pertinente. Afirma de esta suerte el fallador que “estando vigente la disposición del bien en favor de los acreedores, el proceso por lesión enorme no era procedente al momento en que fue propuesto...”.

Advierte seguidamente el ad quem que el precio real de venta del inmueble fue la suma de $ 14’000.000, lo que deduce de la promesa de permuta y su ratificación visible a folios 25, 28 y 29 del cuaderno 1, y no el que por evitar cargas fiscales estipularon las partes en la escritura 357, que de paso demuestra, añade, que Alfonso Bedoya Alzate estaba en sus cabales y no en estado de postración mental. Al comparar ese precio con el valor que correspondía en realidad al bien para la fecha de la negociación, se remite al peritazgo de 10 de febrero de 1986 (fl. 8 y ss. C. 2), que lo fijó en $ 35’680.000, como al dictamen fruto de la objeción de aquél que lo tasó en $ 18’000.000 (folios 171 y 172 C. 1), para acoger este último y concluir que no se configura lesión enorme en perjuicio de los vendedores.

Refiere expresamente sobre este último particular, que “bien es cierto que esta peritación (alude a la segunda, se agrega) no es tan explícita como la primera en cuanto a los fundamentos para avaluar, pero la Sala la acepta toda vez que el avalúo dado al bien en la suma de dieciocho millones de pesos ($18’000.000) por una superficie de 60 hectáreas y 9.525 M2, coincide virtualmente con el avalúo de casi treinta y seis millones de pesos ($ 36’000.000) dado por los primeros peritos sobre la base del doble de la superficie, es decir 120 hectáreas lo que también implica la admisión de que hubo error grave en la primera peritación.

“Tiene lo anterior fundamento en que no obstante el error cometido en el primer experticio en lo relativo a la superficie del inmueble con decisiva influencia en el avalúo del bien, los elementos materiales para tal evaluación fueron suficientemente explicados siendo por ello atendibles, mientras son escasos los argumentos en que se fundamenta la segunda peritación. Además este segundo avalúo, no suficientemente razonado, viene a ser coincidente con la explicación que en su ampliación y aclaración del primer avalúo dieron los peritos (folios 87 y 88 C. 8), cuando expresan que, sin considerar aparte las mejoras introducidas al inmueble e incorporándolas al avalúo global, cada hectárea tendría un avalúo de trescientos mil pesos ($ 300.000) lo cual viene a determinar que con la verdadera mensura del bien, de 60 hectáreas y 9.525 M2, el precio de dieciocho millones de pesos ($ 18’000.000) se ajusta a la realidad.

Y tiene también base la aceptación de esta segunda peritación en que tiene como fundamento para su elaboración la mensura llevada a cabo por experto sobre el inmueble “La Miranda” y que no fue motivo de tacha u objeción, por lo cual es documento auténtico conforme al mandato del ordinal 3º del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y, además, llena los requisitos del artículo 254 inciso primero, en concordancia con el artículo 253 ejusdem para que la copia tenga el mismo valor probatorio del original al haber sido autenticada por el notario previo cotejo. Y no solamente porque el documento de mensura se constituyó en prueba eficiente sino porque aparece respaldado en parte por la verificación llevada a cabo en la inspección judicial por el juez del conocimiento al inmueble (fls. 1 y ss., C. 11) en la que se hace constar que “... lo que sí se estableció plenamente es que el plano levantado por el señor Ramón Vásquez T., corresponde al inmueble “La Miranda...” aunque el juzgado no haya podido precisar si corresponde o no a la superficie señalada en el plano presentado para la objeción. Considerando, finalmente, sobre este aspecto, que la parte demandante no logró en manera alguna infirmar el alcance demostrativo del documento de mensura en sí mismo, pues nada dice al fallador el hecho adjetivo de que la notaría donde se asentaron las escrituras públicas números 357 y 397, referentes a esa propiedad, certificara que esos instrumentos no tienen nota marginal donde se indique la variación de su superficie y mucho menos pretender enfrentar tales circunstancias a la medición técnica llevada a cabo por un profesional en la materia.

Podría decirse, sin embargo, que aceptando la validez de la objeción al primer avalúo, no es procedente tomar de allí elementos para fundamentar el otro justiprecio, mas la Sala considera que no existe error alguno dado que la falla endilgada a la primera peritación radica, no en los elementos fácticos analizados para integrar el precio del bien, sino en la superficie mensurada, por la cual esos elementos están libres de error y pueden por ello ser aprovechados para contribuir a fundamentar el segundo avalúo, tan escaso de argumentos pero tan coincidente con esos elementos de evaluación del primer peritaje”.

A continuación y bajo un epígrafe que indica el tema por tratar, el Tribunal niega la declaración de nulidad absoluta en que afirman los demandantes se incurrió al otorgarse la escritura 357, aduciendo que el artículo 99 del Decreto 960 de 1970 no consagra esa sanción para cuando los varones contratantes no acreditan haber definido su situación militar, irregularidad constitutiva a lo sumo de sanción disciplinaria para el notario que no lo exige o no da cuenta de ello en la escritura correspondiente, y que constando en el mencionado instrumento que el demandado Hincapié Agudelo presentó su cédula de ciudadanía a la notaría, el hecho de que se hubiera dejado escrito que había sido expedida en Ansermanuevo cuando en los actos visibles a folios 21 y 24 del cuaderno 1 aparece identificado con cédula expedida en Cartago, “no es prueba eficiente de falta de la debida identificación toda vez que cuando menos, la anotación pudo obedecer a equivocación, máxime si se tiene en cuenta que los otros dos contratantes tienen cédula expedida en Ansermanuevo, lo que no excluye una fijación que determine el error, cuando por otra parte el número no ofrece equivocación alguna pues es siempre el mismo en todos los actos judiciales cumplidos por el señor Hincapié Agudelo. Obsérvese, por otro lado, que no hay duda sobre los demás elementos de la identificación y especialmente sobre el número que es exclusivo del ciudadano y el que permite determinarlo, básicamente”.

Finalmente, en cuanto a lo alegado en segunda instancia por los actores respecto a que el demandado Hincapié Agudelo incumplió el concordato, señala el Tribunal “que no existe prueba alguna dentro del plenario que permita afirmar que el concordato ha terminado, por lo cual es, desde ya, inaceptable la tesis de finalización de la inoponibilidad de la acción resolutoria al concordato, menos teniendo en cuenta que a folio 8 del cuaderno 8 existe constancia de que el juez que conoció del aludido proceso concordatorio tiene a despacho una petición de resolución del acuerdo logrado en el mismo, toda vez que ello indica que dicho proceso no ha terminado y además, esa certificación es la última constancia que milita en el expediente sobre el estado del proceso de concordato del demandado Alfonso Hincapié Agudelo y por lo mismo completamente atendible”. Por todo lo anterior, el Tribunal reitera que es acertada la decisión del a quo de tener por probadas las excepciones de improcedencia de las acciones de resolución y de rescisión por lesión enorme, apreciación que lo lleva a confirmarla en la forma que quedó vista.

III. La demanda de casación

Cuatro cargos formula el recurrente contra la sentencia del Tribunal, todos por la causal primera de casación, de los cuales la Corte estudiará sólo el tercero por estar llamado a prosperar.

Cargo tercero

A través de él se le endilga a la sentencia la violación indirecta de los artículos 1546, 1930, 1928, 1929 inciso 1º, 1602, 1608-1º, 1544, 1545, 1932, 1613 inciso 1º, 1615, 1616 incisos 1º y 2º, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 1714, 1715, 1716 inciso 1º, 63, 768, 769, 1516 del Código Civil, 37-3 del Código de Procedimiento Civil (según la reforma del Decreto 2282 de 1989), 5º de la Ley 153 de 1887, 51, 83 del Código de Procedimiento Civil, 45, 47, 48, 53 del Decreto 960 de 1970, 690-1º del Código de Procedimiento Civil (según la reforma del Decreto 2282 de 1989), 2º, 1º, 4º, 3º, 40, 43, 44 del Decreto 1250 de 1970, 1925 inciso 2º, 1927 inciso 1º, 1920 inciso 3º, por falta de aplicación; 570 numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, 2º, 822, 1910, 1914, 1917, 1918 y 1921 inciso 1º del Código de Comercio, por aplicación indebida, todo a consecuencia de errores de hecho cometidos por el Tribunal al estimar las pruebas.

Lo fundamenta el recurrente señalando cuatro aspectos independientes entre sí, de los cuales la Sala se referirá exclusivamente al tercero de ellos, es decir, al propuesto por “errónea apreciación de la incoación de este proceso después de incumplido el concordato aprobado”, que es el llamado a prosperar.

Dice al desarrollarlo el casacionista que el Tribunal apreció erróneamente la demanda incoativa del proceso al no percatarse que esta fue presentada el 27 de agosto de 1984, es decir 6 días después de incumplido el concordato por parte del demandado, pues desde el 21 de agosto de 1984 se hallaba vencido el semestre que se le concedió en dicho acuerdo para vender la finca en litigio (folios 28 a 29 cuaderno 8), y que por lo tanto los actores no tenían por qué seguir atados al concordato, como quiera que ya no había acuerdo por cumplir, sino que quedaron en libertad de demandar la resolución de la compraventa, ante la mora en que aquél se colocó; que también apreció erróneamente la certificación visible a folio 11 del cuaderno de pruebas de la parte demandada, pues esta sólo demuestra que se solicitó la tramitación de incidente de resolución del concordato, pero no si el sub lite se entabló o no después de incumplido este, para lo cual debió confrontar la fecha de presentación de la demanda con el vencimiento de los seis meses concedidos al demandado para enajenar la finca en comento y pagarle a los acreedores. Cita a continuación la sentencia de la Corte de 10 de diciembre de 1990, proferida en el proceso iniciado por la Sociedad Promociones Colombianas Urrea Delgado S. C. frente a Darío Cárdenas Martínez y otros, aseverando que “la comparecencia “forzosa” al concordato (o a la quiebra) no es obstáculo para luego ejercitar la acción resolutoria originada en el no pago del precio por parte del deudor”.

Indica de este modo el censor que los anteriores yerros fácticos cometidos por el Tribunal fueron determinantes para que él desestimara la pretensión principal de resolución de la compraventa deprecada.

Se considera

1. Como es bien sabido, lo mismo al concurso civil (art. 570 del Código de Procedimiento Civil) que a la quiebra (art. 1º del Decreto 350 de 1989) puede precederlos una etapa previa a través de la cual se procura llegar a una solución amistosa que, expresada en un concordato, armonice los intereses de los acreedores con los del deudor común que no se encuentre en condiciones de atender normalmente el pago de sus obligaciones, evitándose así la liquidación forzosa del patrimonio que de ellas constituye garantía general, liquidación que de no mediar el acuerdo habrá de efectuarse en el correspondiente proceso concursal bajo una de aquellas dos modalidades, autónomas entre sí desde el punto de vista normativo, que ese tipo de procesos puede presentar en nuestro medio. A esta finalidad preventiva tienden, pues, los trámites concordatorios potestativos cuya función, entendiéndolos desde luego como medidas benignas instituidas para beneficio de la honestidad no culpable, no es otra que la de obviar, por obra de la voluntad de los acreedores “colectivizados” a instancia del deudor que ha actuado con rectitud, los graves efectos morales y económicos que al estado de falencia judicialmente declarada le son inherentes, consagrando por tanto la ley una serie de disposiciones que en orden a asegurar la efectividad de esa función, acarrean importantes modificaciones para los derechos de los interesados, bien sean los acreedores individual o colectivamente considerados, bien el deudor de cara a la nueva condición jurídica en que viene a quedar situado como consecuencia de la admisión a trámite de su pedido de concordato.

En este orden de ideas y por lo que con los primeros toca, es de destacarse la eficacia suspensiva o “moratoria” que con evidente carácter de transitoriedad de dicha admisión se predica, definida en sus alcances por el artículo 1914 del Código de Comercio —hoy en el capítulo IV del título primero del Decreto Ley 350 de 1989— y por virtud de la cual se impide, bajo pena de nulidad y mientras dure el procedimiento concordatario que por lo general termina cuando la providencia homologatoria del acuerdo adquiere plena firmeza, emprender o proseguir todo acto de ejecución judicial que disminuya el patrimonio del deudor o por la fuerza altere la situación igualitaria en que frente a él se encuentran los acreedores convocados, evitándose así que estos, al menos los más obstinados e intransigentes, puedan conseguir por anticipado y con menoscabo del principio de elemental justicia distributiva contenido en la regla de la “par conditio creditorum”, hacer efectivos derechos que de otro modo habrían quedado sometidos con seguridad a los aplazamientos y rebajas que comúnmente constituyen la esencia de cualquier concordato. Los efectos suspensivos de la providencia admisoria tienen, pues, un alcance preciso y determinado, acorde de suyo con la finalidad institucional que el legislador tuvo en cuenta al establecerlos, habida consideración que lo vedado en las disposiciones atrás mencionadas son los actos aislados de ejecución forzosa en cuya virtud pueda terminar por hacerse peor la condición de los acreedores a quienes el convenio vaya a afectar, actos que por su propia entidad procesal, además, suponen siempre una intimación judicial de pago dirigida al deudor y que éste, después de admitida su solicitud de concordato y sin contar con autorización previa del juez del conocimiento, no puede realizar lícitamente de acuerdo con el artículo 1921 del Código de Comercio, sustituido en lo que a este particular atañe por el artículo 6º, numeral 3º, del Decreto 350 de 1989. En otras palabras y porque no van en detrimento de esa suspensión general de pagos impuesta por la ley, suspensión cuyo objeto específico —se reitera— es mantener la integridad del patrimonio del deudor y la inalterabilidad de los derechos creditorios que llevan aparejada ejecución, la prohibición bajo examen no alcanza a las acciones personales o reales, iniciadas o por iniciar, que se hagan valer a través de procesos declarativos, pues la simple apertura de un trámite concordatario, por sabido se tiene, no implica que desaparezca en el deudor la investidura suficiente para comparecer en juicio en defensa de su patrimonio, ello aparte de que al decir de renombrados expositores, León Bolaffio entre ellos (Bolaffio, Rocco y Vivante. Derecho Comercial. Tomo XX, Vol. III, Par. 5º), “...las acciones mobiliarias e inmobiliarias deducidas para el simple reconocimiento de derechos discutidos no perturban el procedimiento de concordato; por el contrario, lo facilitan...”, agregando que “establecer un plazo o una tregua para ese reconocimiento ha parecido un sacrificio injustificado con perjuicio individual y social mientras que las prescripciones y las caducidades ordinarias deberían en el ínterin quedar suspendidas...”, ya que es importante advertirlo, las prescripciones que se interrumpen por efecto de la admisión de la solicitud según los textos de los artículos 1914 del Código de Comercio y 16 del Decreto 350 de 1989, así como las caducidades que no operan de acuerdo también con estos preceptos, no son todas cual pudiera pensarse a primera vista, sino tan sólo aquellas que dada la índole de la acción a que se refieren y en circunstancias normales, deban entenderse impedidas en su curso o eliminadas como consecuencia de los actos de ejecución que el ordenamiento positivo, en guarda de la finalidad esencial del concordato preventivo, prohíbe o manda detener.

Así, pues, la primera conclusión por destacar con apoyo en las consideraciones efectuadas en las líneas precedentes, es que tratándose de contratos bilaterales aún sin consumarse del todo y en cuyo título sea ostensible la respectiva condición resolutoria, la proposición de convenio por parte de uno de los contratantes al conjunto de sus acreedores, una vez admitida y abierto por consiguiente el trámite del caso, no constituye factor de por sí llamado a modificar el juego normal de los requisitos indispensables para el ejercicio de la acción de resolución por incumplimiento que con posterioridad pueda instaurar el otro contratante limpio de cargo, así como tampoco estorba o paraliza acciones de esa misma naturaleza entabladas antes, regla ésta que entre otras de no menor importancia, trae las siguientes consecuencias que son relevantes para el estudio del caso presente, a saber: En primer lugar, que la convocatoria y la condigna apertura del expediente judicial destinado a darle cuerpo a un concordato preventivo potestativo, no obliga al acreedor-vendedor a cambiar el sentido que voluntariamente y con anterioridad le dio al derecho de opción en su favor originado a raíz del incumplimiento del deudor-comprador, imponiendo por lo tanto un desistimiento de la pretensión resolutoria que la ley en parte alguna exige, y en segundo lugar, que los efectos retroactivos que de dicha resolución se desprenden tan pronto ella adquiera vigencia —circunstancia ésta última que como se sabe varía según sea la fuente (legal o convencional) de la cual el derecho a reclamar la resolución emana—, les son oponibles a los demás acreedores no obstante la existencia del trámite en mención, ello en forma tal que el contratante que resuelve, si ha cumplido con la prestación objeto del compromiso por él asumido, podrá retirarla en tanto se conserve como especie identificable en el patrimonio del deudor concordatorio y, desde luego, sin tener que experimentar deducciones concursales de ninguna clase.

2. Pero en orden a definir con exactitud los alcances de los principios que se dejan esquematizados, preciso es distinguir de la situación explorada hasta el momento, referida ella por definición a la existencia de un trámite concordatario apenas en curso, aquella otra que se ofrece frente al convenio concertado por el deudor común y los acreedores al que se llega en virtud de dicho trámite, homologado, el acuerdo por la autoridad judicial interviniente y en plena vigencia, habida consideración que el tema hoy bajo examen y según tuvo ocasión de anotarlo la Corte no hace mucho tiempo (G. J., T. CCIV, pág. 132), no admite idéntico tratamiento en uno y otro caso.

A tono con lo anterior, es pertinente comenzar recordando que, dentro de los efectos que todo concordato homologado produce y que son consustanciales a la idea misma que informa la institución, se destaca el de la obligatoriedad de las estipulaciones que lo integran, tanto para el deudor como para los acreedores “colectivizados”, vale decir para el conjunto de los acreedores que, salvedad hecha de casos especiales expresamente previstos, incluye por mandato de la ley (arts. 1925 del Código de Comercio y 33 del Decreto 350 de 1989) a los ausentes, conocidos o desconocidos, y a los disidentes, siendo de advertir que la significación precisa que esa obligatoriedad tenga respecto de los derechos involucrados, depende en últimas del contenido que el acuerdo tenga y de la tendencia dilatoria, remisoria o solutoria que prevalezca en el sistema de pagos mediante el mismo convenio organizado para corregir el desorden económico registrado en el patrimonio del deudor. En otras palabras, por fuerza de la homologación del concordato preventivo se produce una modificación notable en las relaciones del deudor con la generalidad de sus acreedores, toda vez que mientras subsista como negocio jurídico vinculante y en proceso de paulatino cumplimiento, perfila y condiciona las posibilidades que estos tengan de hacer valer sus derechos, imponiéndoles un deber de comportamiento coherente que los obliga, en ese ámbito, a no proceder sino del modo y en la forma que resulten congruentes con los términos concretos del acuerdo celebrado, lo que llevado a un caso con las peculiaridades del que estos autos ponen de manifiesto, permite sostener:

a) Que una vez perfeccionado un acuerdo concordatario con claro designio dilatorio en beneficio del deudor-comprador, el vendedor queda obligado a observarlo aun cuando no lo haya votado o si lo hizo en forma negativa, luego es de sentido común inferir que mientras dicho acuerdo conserve vigencia, no puede el vendedor en mención demandar la resolución de la venta por incumplimiento, aduciendo en apoyo de su pretensión que la obligación de pagar el precio no se atendió en el mismo tenor en que aquel en un principio la contrajo, puesto que hay de por medio una espera concedida mediante pacto colectivo posterior y tienen que respetarla todos los acreedores hasta tanto el plazo previsto para ejecutar la solución concordataria no se agote. O para expresarlo en otros términos, en circunstancias semejantes no puede configurarse entonces una situación de incumplimiento injusto, objetivamente antijurídica, frente a la cual deba reaccionar el ordenamiento abriéndole paso al remedio resolutorio en cuestión.

b) Que si el comprador incumple el convenio homologado, dejando expirar el plazo allí fijado sin poner en práctica el mecanismo de pagos aceptado por los acreedores, ningún obstáculo hay para que, bajo el marco normativo tantas veces citado a lo largo de estas consideraciones, el vendedor haga valer su derecho a obtener la resolución del vínculo contractual, cualquiera que fuere el estado de exigibilidad que presentara su acreencia al momento de iniciarse el trámite que con el ameritado convenio concluyó, ello en razón a que la obligatoriedad de este último desaparece y, consecuencialmente, desprovisto de base queda también el compromiso recíproco asumido por los acreedores de atenerse al aplazamiento allí concedido. No es, pues, requisito indispensable el que se declare la terminación del concordato (art. 37 del Decreto 350 de 1989) o que se produzca su resolución, si es que al lenguaje forjado al amparo de la legislación de 1971 hubiera de estarse (art. 1927 del Código de Comercio), toda vez que es ésta una determinación de patente valía sin duda para poder proceder, en los casos en que hubiere lugar, a la apertura del proceso de ejecución concursal correspondiente (quiebra o concurso civil), así como también para que pueda entenderse levantada la moratoria provisional que respecto de ejecuciones singulares iniciadas o por iniciarse estos trámites preconcursales conllevan, mas no para constatar ante los hechos y en función de las expectativas de pago frustradas, el fracaso de la medida concordataria implantada.

3. En el caso que hoy ocupa la atención de la Corte, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago admitió, por auto de 5 de noviembre de 1981 (fl. 14 vuelto C. 8), la propuesta de convenio preventivo promovido por el comprador-deudor Alfonso Hincapié Agudelo, trámite éste en el que se perfeccionó el respectivo concordato el 21 de febrero de 1984, homologado en la misma fecha (folios 28 y 29 C. 8). Allí los acreedores convinieron con el deudor que éste vendiera el bien litigado en el plazo de 6 meses “a partir de la fecha en que se apruebe la propuesta”, y consignar “con destino a este concordato” la suma de $ 15’000.000, para el pago de los créditos; pero a más de eso, se acordó que “si en el término de seis meses no se ha podido vender el inmueble aludido, se convoca a nueva reunión con los acreedores para buscar nuevas fórmulas. El plazo en mención venció el 21 de agosto de 1984 y el 27 siguiente los vendedores incoaron este proceso, en el que se pide de manera principal y con apoyo en una condición resolutoria no oculta sino ostensible, la resolución de la compraventa contenida en la escritura 357 de 25 de marzo de 1981, otorgada en la Notaría Segunda de Cartago, en atención a que el comprador Hincapié Agudelo se encuentra en mora de pagar a los actores la suma de $ 1’310.000 como saldo del precio que según el tenor de dicho instrumento quedó adeudando, más los intereses pactados.

Es preciso, entonces, apreciar los elementos probatorios que en el expediente obran para determinar si el deudor incumplió o no el acuerdo concordatario y si, consecuentemente, el Tribunal incurrió en el yerro de juicio que se le atribuye, consistente en haber apreciado erróneamente que la demanda de este proceso fue presentada después de fracasado el concordato.

Es evidente que al presentarse la demanda que a este litigio le dio comienzo, habían transcurrido ya seis días desde cuando perdió vigencia el acuerdo concordatario, bien porque Alfonso Hincapié Agudelo hubiera cumplido y entonces se hubiese operado la extinción del proceso por pago, bien porque no se hubiera atemperado a él, o simplemente porque se le hubieran presentado dificultades para cumplirlo. A este respecto es pertinente observar la certificación del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago (Valle), visible al folio 11 del cuaderno 8, sobre la que recayó fundamentalmente el análisis probatorio del Tribunal, prueba que es del siguiente tenor:

“Que en este despacho se tramita el proceso de concordato preventivo potestativo propuesto por el señor Alfonso Hincapié Agudelo, radicado bajo el número 3633.

Que dentro del citado proceso se tramita incidente sobre resolución de concordato a petición del apoderado de uno de los acreedores ...incidente que se encuentra a Despacho para resolver.

Para constancia se expide la presente en Cartago (Valle), a los quince días de marzo de mil novecientos ochenta y seis (1986)”.

Un primer efecto producido por esta evidencia es el de llamar a reflexión en torno a que si, como es lógico suponerlo, el cumplimiento del acuerdo concordatario por parte del deudor implica como inferencia obligada la extinción del concordato, un detenido examen del aludido medio de convicción obliga, por el contrario, a concluir que el pedido de resolución del mismo supone necesariamente su incumplimiento por el deudor, pues, de no ser así, ninguna explicación razonable tendría esa petición, aún pendiente de decisión no obstante haber transcurrido más de un año y siete meses desde cuando se instauró la demanda de este proceso.

Obsérvase, de otra parte, que el deudor demandado manifestó el 16 de octubre de 1984, al fundamentar la excepción de pago propuesta por él en la contestación de la demanda (fl. 31 C. 1), que “el 19 del presente mes de octubre hay convocada una nueva reunión para adoptar decisiones que faciliten el cumplimiento del concordato”, declaración esta que, aun cuando no sea del caso catalogarla de confesión, si actúa como indicio de que el deudor incumplió el acuerdo, porque de lo contrario no serían necesarias, como él lo expresa, nuevas reuniones para buscar nuevas soluciones para las dificultades de pago existentes.

La Sala considera, pues, suficientes las pruebas señaladas en el cargo para tener por acreditado el no cumplimiento del acuerdo concordatario, parecer sobre el que, estima además, no tiene influencia la falta de decisión del incidente de “resolución” del concordato, como quiera que ésta, al producirse, no haría más que ratificar el hecho del incumplimiento del deudor, puesto aquí en evidencia a través de los elementos de convicción ya relacionados. Tampoco demerita esa situación de incumplimiento del deudor el que, en el acuerdo inicial, se hubiera dispuesto la realización de una nueva reunión tendiente a conseguir otras fórmulas de arreglo, ya que éste sólo demuestra que los acreedores previeron un eventual incumplimiento del deudor, tal como en efecto sucedió.

Entonces, si como está probado, la demanda de este proceso fue incoada 6 días después de incumplido por el deudor-demandado el acuerdo concordatario y fracasado por lo tanto el sistema de pagos allí concebido, es obvio que aun cuando no se hubiera tomado decisión respecto a la petición de resolución del concordato, los vendedores actores estaban habilitados para demandar la resolución de la compraventa, edificada sobre la base de hallarse aquel en mora de atender el convenio concordatario. Siendo así, el Tribunal erró realmente cuando teniendo en mira el material probatorio decidió que no era procedente la acción resolutoria aquí entablada, bajo la consideración errónea de que, por no estar acreditado que se declaró resuelto el concordato, ella redundaba en detrimento del tratamiento igualitario a que tienen derecho los acreedores.

El cargo, por lo dicho, se abre paso y hay lugar entonces a infirmar el fallo impugnado.

Con todo, la Corte no dictará en esta oportunidad la sentencia sustitutiva que corresponde, porque estima pertinente, al tenor del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, decretar oficiosamente las pruebas que se indicarán en la parte dispositiva de esta sentencia.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 19 de marzo de 1991 proferida en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.

Antes de pronunciar la sentencia de reemplazo se ordena la práctica de las siguientes pruebas:

1. Por Secretaría y de conformidad con el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, ofíciese al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para que certifique por anualidades la variación del índice de precios al consumidor desde el 25 de marzo de 1981 hasta la fecha.

2. Por peritos se establecerá:

a) El valor correspondiente a la producción de café y cacao del inmueble en litigio a partir del año de 1986, inclusive, tomando como punto de referencia el dictamen pericial visible entre folios 69 y 89 del cuaderno 2. Lo discriminarán año por año.

b) El valor actual de las mejoras efectuadas en el citado inmueble por el comprador Alfonso Hincapié Agudelo, a partir del 25 de marzo de 1981, y en qué consisten ellas, para lo cual tendrán en cuenta el dictamen pericial obrante entre folios 29 y 32 del cuaderno 2.

Para los efectos de este numeral, se comisiona al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago (Valle) para que dentro del término de treinta (30) días, designe dos peritos, los posesione, les señale la oportunidad dentro de la cual deben rendir el dictamen, se lo reciba, agote todos los trámites indispensables para su contradicción en forma legal y remita lo actuado a la Corte.

Líbrese el correspondiente despacho comisorio con inserción de las experticias visibles entre los folios 8 a 32 y 69a 89 del cuaderno 2. El costo de esta prueba lo asumirán las partes por igual.

Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Eduardo García Sarmiento—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Alberto Ospina Botero—Rafael Romero Sierra.

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