Sentencia 34571 de diciembre 13 de 2010

 

Sentencia 34571 de diciembre 13 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 417

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Gómez Quintero

Bogotá, D.C., trece de diciembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del magistrado de justicia y paz con funciones de control de garantías del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que impartió legalidad a la formulación de imputación realizada, se deriva directamente del artículo 26 de la Ley 975 de 2005.

1. Cuestiones preliminares

El proceso de justicia y paz busca una transición hacia el logro de una paz sostenible, sin desconocer derechos fundamentales de los colombianos, así como los de las víctimas, en todo caso procurando la reincorporación a la vida civil de los miembros de los grupos armados ilegales y garantizando los derechos a la verdad, justicia y reparación, dentro del marco jurídico regido por la Constitución Política, y condicionado a la observancia obligatoria de normas humanitarias integradas al ordenamiento jurídico interno en virtud del llamado “bloque de constitucionalidad”, que impone al Estado adaptar las normas internas a los contenidos del derecho internacional humanitario.

Para la aplicación del derecho transicional “las autoridades colombianas deben observar no solo la normatividad interna sino aquella integrada en el bloque de constitucionalidad y las decisiones proferidas por organismos internacionales, tales como el Comité de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”(4), todo ello en aras de hacer compatibles las decisiones judiciales internas con los estándares internacionales de administración de justicia.

Toda interpretación normativa debe hacerse entonces, en clave del proceso de justicia y paz y en la perspectiva de coherencia del proceso y de la sentencia con tales estándares internacionales de justicia, es decir, debe ponderarse con los fines que busca el proceso de justicia de transición que persigue Colombia.

El marco del proceso de justicia transicional, y en materia de indemnización de perjuicios —reparación integral a las víctimas— juega importante papel; de una parte, el compromiso del desmovilizado de ofertar los bienes lícitos e ilícitos cuya propiedad ostenta, sin perjuicio de la facultad de la Fiscalía, del Ministerio Público, de la defensa y de las propias víctimas, de presentar, señalar, denunciar los bienes que pertenezcan al desmovilizado que aparezcan, o no, registrados a su nombre, con los mismos propósitos indemnizatorios y como una manera de contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional mediante la reparación —aunque sea parcial— a las víctimas y a los perjudicados con el conflicto y con las acciones ilegales del desmovilizado (art. 11 ib.).

2. Problemas de orden práctico en la entrega de bienes.

En desarrollo del proceso de justicia y paz, se vienen suscitando problemas prácticos con la delación y entrega de bienes para que formen parte del Fondo Nacional de Reparación; mírense algunos:

— Que se entreguen (o denuncien) bienes con problemas de documentación (no titulados, con titulaciones precarias como las llamadas cartas de venta - cartas de propiedad, cartas de transferencia), es decir, que no son documentos oficialmente reconocidos, aunque por costumbre en las regiones sean admitidos como forma de transferencia de bienes(5).

— Que se entreguen (o denuncien) bienes sin títulos de propiedad, o que aparezcan a nombre de personas fallecidas y no se hizo el proceso de sucesión respectivo (aquí se denuncian bienes que aparecen registrados a nombre de uno de los hijos fallecidos de Ramón Isaza Arango).

— Que se entreguen (o denuncien) bienes con créditos por conceptos de impuestos prediales, actualizaciones catastrales, cuotas de valorización pendientes, o con déficit en los pagos de los servicios públicos, en fin, con créditos que ocasionalmente superan el valor comercial de la propiedad(6).

— Que contra los bienes del desmovilizado exista proceso en curso de extinción de dominio.

— Existen propiedades que se reportan como del desmovilizado, no obstante existir reclamantes con derechos adquiridos de posesión por prescripción adquisitiva del dominio.

— Existen bienes sociales, bien por tratarse de sociedades conyugales no disueltas, ora porque se trate de comunidades de propietarios y se requiere garantizar el derecho del tercero.

— Existen bienes en cabeza de testaferros… (en la audiencia se alegó que la política de justicia y paz requiere de un diseño que autorice al testaferro transferir los bienes al Fondo Nacional de Reparación de Víctimas).

— El defensor técnico del postulado reclamó como viable y solicitó (de hecho informó que ostenta la titularidad de algunas propiedades del desmovilizado, en audiencia pública del 2 de abril de 2010), que se legitime y permita hacer la transferencia de bienes al Fondo de Reparación de Víctimas; reclamó que se autoricen operaciones mercantiles bajo la tutoría de la Fiscalía General de la Nación.

— Existen entregas de bienes muebles, semovientes, que generan costes de administración y de manutención(7).

Este tipo de inconvenientes reales requiere de una estrategia eficiente para superarlos(8); no obstante, es preciso decir que la falta de medidas administrativas, legales (referidas a la titulación y estado financiero de las propiedades revertidas para garantizar la indemnización en el proceso de justicia transicional(9)), no es óbice para examinar la voluntad real de indemnizar por parte del desmovilizado.

Es claro que el ofrecimiento de bienes, ora la delación de los mismos (presentación, señalización) por parte de los interesados, los representantes de víctimas, por la Fiscalía o por el Ministerio Público es… “prueba sumaria de los actos de dominio y posesión”(10) que el desmovilizado ejerce sobre los inmuebles relacionados en el proceso, y por ello no es relevante que… “aparezcan documentalmente como de propiedad de otras personas”(11), es decir, que las medidas cautelares que se adopten sobre ellos es legítima, sin perjuicio de que se demuestre en el proceso el mejor derecho del tercero(12).

En términos del proceso de justicia y paz, la reparación a las víctimas tiene la connotación de ser “pronta e integral”, es prerrequisito de la pena alternativa como lo establecen los artículos 29 y 37.3 de la Ley 975 de 2005, erigiéndose como contrapartida en un deber de los beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz el reparar a las víctimas de las conductas punibles por las que resulten condenados, finalidad para lo cual deben hacer entrega al Estado de los bienes(13).

La Sala comparte el criterio de que para la eficacia de la reparación en materia de justicia y paz, sería ideal que los bienes del desmovilizado estén depurados, estén legalizados, no obstante que la realidad muestre cosa diversa.

Por ello, encuentra plausible que el Gobierno Nacional en asocio con el honorable Congreso de la República diseñe un modo específico que facilite la devolución de bienes, que examine la viabilidad de autorizar la venta de bienes o la transferencia a entidades oficiales como el Fondo de Reparación, bajo una tutoría técnica, especial, seria, confiable, y que se reporte el producto efectivo de la comercialización al fondo para la reparación de las víctimas.

Una reforma agraria no se ha hecho en el marco del proceso de justicia y paz, no obstante conocer que ante el Congreso de la República cursa un proyecto de ley radicado por el Gobierno Nacional: la ley de tierras integral con la que pretende democratizar la propiedad rural.

3. El contexto contemplativo de la entrega de bienes en el marco de justicia y paz.

Al hilo de los objetivos de la Ley 975 de 2005, el juzgador está avocado a examinar qué tanta voluntad de indemnizar a las víctimas asiste en el desmovilizado, pues, corresponde al juez develar el verdadero propósito del sometimiento en el marco del acuerdo humanitario regido por el proceso penal ante la justicia de transición.

Si es claro que el desmovilizado es el menos interesado en faltar a la verdad, y si denuncia bienes suyos, pero esas propiedades aparecen en cabeza de terceros (ya testaferros, ya personas de buena fe), lo que corresponde examinar es si actúa con la intención real de hacer entrega y de indemnizar parcialmente a sus víctimas (en el entendido —como lo precisara el magistrado de control de garantías— que ante la multiplicidad de crímenes de lesa humanidad cometidos, los bienes que entrega siempre serán absolutamente insuficientes para tales efectos), o si lo hace como una manera de dilatar el proceso penal en el marco del proceso de transición. De ahí que se imponga el análisis de tales presupuestos en cada caso concreto.

El proceso de justicia y paz se funda en una confianza recíproca, en el principio de lealtad, en el compromiso del desmovilizado de contribuir a la reconciliación nacional, todo ello sometido a verificación en el proceso penal de justicia y paz (L. 975/2005, art. 2º).

Obviamente que, desde la entrega de bienes también se ponen trabas al proceso de paz, y por esa vía el desmovilizado ofrece un punto a examinar, para saber qué tan cierto es el propósito de reconciliación de los miembros del grupo desmovilizado.

Algún representante de víctimas acotó, con razón, que no se trata de declararse responsable —por sí— de mil o de dos mil crímenes, y que el procesado Isaza Arango lleva más de dos años rindiendo versión libre; de lo que se trata es de establecer ¿qué tan verdadera es la intención de reparar a las víctimas?

Cuando no hay lealtad en el marco del acuerdo humanitario, lo propio es tramitar la exclusión del desmovilizado del programa de justicia transicional y la entrega del caso a la justicia ordinaria, porque se revela que la intención defensiva del desmovilizado es alcanzar impunidad (relativa) y nada más.

Ciertamente que no basta con que el desmovilizado se declare responsable “por cadenas de mando” de crímenes cometidos por la organización, cuando en materia de reparación de víctimas devela falta de sinceridad, falta de seriedad, falta de interés de resarcir, maniobras para retardar el proceso, etc., pervirtiendo el alcance y los propósitos del proceso de paz como mecanismo para garantizar los derechos sociales a la verdad, la justicia y la reparación en el marco de un proceso penal, regido por la Ley 975 de 2005.

Con ese modo de ver las cosas, la Corte no hace cosa diversa que refrendar “las reglas del juego” que motivaron el acuerdo humanitario en el marco del proceso de justicia, en cumplimiento de los acuerdos de paz (L. 975, arts. 10 y 11)(14).

4. El caso.

Con ocasión del proceso que se adelanta en contra del postulado Ramón Isaza Arango, de forma oficiosa la Fiscalía presentó para que se decretaran medidas cautelares sobre “las mejoras” que figuran a nombre del postulado y que aparecen registradas en el folio de matrícula inmobiliaria número 018 18042 (fls. 86 y 87 del cdno. anexo), bien ubicado en el municipio de Puerto Triunfo - Antioquia.

4.1. Sobre el origen y destino de aquel bien, el señor Isaza Arango contó que por los años de 1995 sostuvo una relación sentimental con la señora Deyanira Higinio, de cuya unión nació Ramón María Isaza Higinio, y que aquella casa la compró a José Antonio González León con el fin de donársela a su menor hijo, designando como tenedora a su mamá (Deyanira), con la finalidad de que esa propiedad fuese compartida con ella cuando el niño alcanzara la mayoría de edad.

Si se revisa con detenimiento este primer punto, el folio de matrícula inmobiliaria allegado a la actuación (núm. 018 - 18042), refrenda un primer negocio en virtud del cual, por escritura número 122 del 3 de marzo de 1989, el postulado compró las mejoras al señor González León (anotación Nº 2 del fl. de matrícula inmobiliaria).

Las mejoras al bien baldío, consisten en: “casa, cercas, frutales, pastos naturales y artificiales”, y hacen parte de la declaración extraproceso que integra aquella escritura pública.

4.2. Con el correr del tiempo, advirtió Isaza Arango que la propiedad que compró al señor González León fue solamente la casa, pues, el terreno sobre el que estaba construida era un lote baldío del municipio de Puerto Triunfo, porque esa forma de propiedad era generalizada en aquella población, donde las construcciones se venían haciendo —de facto— sobre terrenos baldíos cuyo titular era la administración municipal; de manera que por un negocio jurídico posterior, el procesado desmovilizado compró el terreno que en los registros oficiales aparecía como un lote baldío y cuyo titular era el ente territorial.

Este segundo negocio jurídico —sobre el lote de terreno baldío— es al que se refiere el segundo folio de matrícula inmobiliaria número 018 75068 realizado el 23 de octubre de 1995 (anotación número uno). El desmovilizado ratificó que ese bien lo adquirió con el fin de donárselo a Ramón María Isaza Higinio y a María Deyanira Higinio Giraldo, y que son ellos quienes han hecho las adecuaciones al predio.

Al revisar el texto de la escritura pública 136 del 23 de octubre de 1995, se advierte que, el lote fue adquirido por compraventa de manos del alcalde municipal de Puerto Triunfo, y que a su turno, en la misma notaría y el mismo día lo transfirió en venta al menor Isaza Higinio y, ciertamente, fue designada la señora Higinio Giraldo como tutora, quien aceptó el cargo (cláusula quinta de la escritura pública, fl. 4; ib. anotación número 2 del fl. de matrícula inmobiliaria).

Efectivamente, el bien fue recibido en aquella ocasión por la señora María Deyanira Higinio Giraldo, en representación del menor, y tales transacciones privadas son las que reportan los dos folios de matrícula inmobiliaria aportados al proceso, el primero, que da cuenta de las mejoras que existen en el predio, y el segundo, que informa de la adquisición al municipio del lote de terreno baldío.

Es coherente en ello la versión del desmovilizado (audiencia de práctica de pruebas del 4 de junio de 2010), según la cual las mejoras las adquirió por compraventa al señor José Antonio González León (fallecido), y que el predio sobre el cual están construidas esas mejoras lo adquirió del municipio, con la finalidad de transferirlo a su hijo Ramón Isaza Higinio para que compartiera la propiedad con Deyanira Higinio.

De allí se sigue que la decisión del magistrado de justicia y paz de Bogotá, en virtud de la cual se abstuvo de levantar la medida cautelar decretada sobre las mejoras existentes en el bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 018 18042 de la oficina de registro de instrumentos públicos y privados del municipio de Puerto Triunfo - Antioquia, estuvo ajustada a derecho, por cuanto la prueba sumaria revela que tales mejoras figuran a nombre del desmovilizado.

Ello sin perjuicio del derecho de compensación que eventualmente asista a terceros de buena fe, entendido tal derecho como de… “respetar el derecho de terceros, cuando han hecho adecuaciones a los bienes objeto de medidas cautelares” de conformidad con las disposiciones del Código Civil (conc. art. 15 del D. 4760/2005, reglamentario de la Ley de Justicia y Paz), tal como lo previniera el magistrado de control de garantías, siendo el tema de la reparación y de la extinción de dominio propios de la sentencia de mérito(15) que, junto con otros postulados, constituye la esencia que justifica la pena alternativa(16).

4.3. Es oportuno este antecedente para hacer referencia a los costes para esclarecer la propiedad y legalización de los bienes:

En relación con las mejoras aquí embargadas se han realizado múltiples audiencias públicas con la intervención del fiscal delegado de la unidad de justicia y paz, del representante del Ministerio Público, de cinco apoderados de las víctimas, con traslados del desmovilizado desde su sitio de reclusión, con la participación del magistrado de justicia y paz y todo el soporte logístico de la audiencia, sin contabilizar los costes que genera la impugnación de la decisión en el trámite incidental ante la Corte Suprema de Justicia… diligencias que por sí superan con creces el valor de las mejoras embargadas en el lote de terreno baldío del municipio de Puerto Triunfo.

Por ello, la Sala CONFIRMARÁ la determinación del magistrado de justicia y paz con funciones de juez de control de garantías.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión impugnada.

2. DEVOLVER la actuación al magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para que continúe con el trámite de la Ley 975 de 2005.

3. COMUNICAR, con fines informativos esta decisión al Ministerio del Interior y al Ministerio de Agricultura, para lo de sus competencias.

Contra esta decisión no procede recurso alguno; se notifica en estrados.

Cúmplase».

(4) Auto del 31 de julio de 2009, Radicado 31539.

(5) “… el hecho de carecer de folio de matrícula inmobiliaria, a pesar de allegarse prueba de su existencia, ubicación e identificación por otros medios como fotografías, ubicación por coordenadas, planos e informes de policía judicial de conformidad con las diligencias de inspección judicial…” (ib. Rad. 33257 del 24 de marzo de 2010)

(6) “Finagro le dio un crédito a alias ‘Macaco’, en el 2005, cuatro meses antes de su desmovilización, para fortalecer una finca que entregó para reparar víctimas y sin pagar el crédito” (El Tiempo, 19 de agosto de 2010).

(7) “… según la información suministrada por la Fiscalía, los desmovilizados postulados han ofrecido, además de los bienes que ya han sido recibidos por el Fondo de Reparación para las Víctimas, los siguiente que se encuentran actualmente en proceso de verificación: (i) 357 inmuebles; (ii) 16 vehículos; (iii) 1.666 semovientes; (iv) 2 sociedades; (iv) 4 embarcaciones; (v) 1 equipo de rayos X; (vi) 1 equipo de odontología; (vii) 1 equipo de ecografía; (vii) 2 computadores; y (ix) 761 millones de pesos (761.407.935)” Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia de primera instancia del Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil diez (2010), Radicado 110016000253200680077.

(8) “La estrategia del gobierno… El Ministro del Interior, Germán Vargas, coincidió en que hay una ‘concentración abusiva’ de tierra y anunció una jurisdicción especial de extinción de bienes de la mafia para la reforma agraria.

Y el jefe de la cartera de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, reveló medidas orientadas a una restitución de tierras rápida e integral: además de crear una jurisdicción agraria especial, anunció un proyecto de ley para agilizar la restitución de tierras en poder de testaferros. También habló de reversar adjudicaciones espurias hechas por el Incoder” (El Tiempo, 19 de agosto de 2010; ib. Revista Semana, Ed. 1477 del 23 al 30 de agosto de 2010, págs. 36 y 37).

(9) “272. La Sala considera que la localización y decreto de medidas cautelares de todos los bienes lícitos, además de los ilícitos, de los postulados (si bien los desmovilizados sólo han de ofrecer en principio los que son fruto de su actividad ilícita, la Fiscalía tiene la obligación de solicitar a los magistrados de garantías la adopción de medidas cautelares sobre todos sus bienes lícitos si esta medida aparece como necesaria para garantizar la ejecución de las futuras medidas de reparación otorgadas a las víctimas) no es una tarea fácil. En este sentido, la propia Corte Constitucional ha subrayado que los grupos armados organizados a que se refiere la Ley 975, y sus líderes, “hacen parte de complejas estructuras y organizaciones”, de manera que “los bienes obtenidos ilícitamente han sido escondidos o trasladados a testaferros o incluso a terceros de buena fe a través de los cuales “lavan” los correspondientes activos”. De la misma forma señala que uno de los factores más importantes para medir el éxito de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz es la identificación, embargo y secuestro de los bienes de las personas y grupos armados a que se refiere la normatividad y su dedicación preferente a la reparación integral en vía judicial a las víctimas.

273. Por ello, como se demuestra de la mera lectura de las cifras arriba señaladas, resulta a todas luces insuficiente el esfuerzo desplegado hasta el momento por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, y se torna absolutamente necesario para el cumplimiento del objetivo y fin de la Ley 975 que se cree una unidad con personal especializado en el análisis de operaciones financieras nacionales e internacionales, estudio de títulos y lavado de dinero que, además de culminar el proceso de verificación de los bienes ofrecidos por los postulados en sus versiones libres, se (i) dedique de manera rigurosa a la identificación de los bienes de las personas y grupos armados a que se refiere la Ley 975 y a su aseguramiento ante los magistrados de control de garantías; (ii) proceda a la identificación de las hectáreas de tierras despojadas a las víctimas, no solo de desplazamiento forzado, sino de todas aquellas que se vieron en la necesidad de negociarlas por precios irrisorios, a causa del conflicto armado y (iii) presente un informe bimensual ante esta Sala de los avances logrados en esta materia”. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia de primera instancia del Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil diez (2010), Radicado 110016000253200680077.

(10) Corte Suprema de Justicia, auto del 8 de septiembre de 2008, Radicado 30360.

(11) Caso en el cual la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de determinar la responsabilidad penal que (por delitos tales como testaferrato, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad documental, etc.) pueda recaer en tales personas.

(12) La prueba sumaria, es aquella que reúne las características de plena prueba, que aún no ha sido controvertida.

(13) Artículo 44 de la Ley 975 de 2005; Radicado 30442 del 3 de octubre de 2008; ibídem. Manual de Procedimiento para Ley de Justicia y Paz, Embajada de la República Federal de Alemania, “GTZ” - Bogotá, páginas 310 - 357.

(14) Ibídem Auto Radicado 31539 del 31 de julio de 2009; auto del 8 de septiembre de 2008, Radicado 30360.

(15) Artículo 24 de la Ley 975 de 2005.

(16) Ibídem auto del 3 de octubre de 2008, Radicado 30442.