Sentencia 34584 de marzo 24 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 34584

Acta 09

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., veinticuatro de marzo de dos mil diez.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la entidad Servicio Aéreo a Territorios Nacionales - Satena, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, el 24 de noviembre de 2006, en el juicio que le promovió Elida Malaver Díaz.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El oficio SATJU-SATGE 000430, fechado el 14 de marzo de 2003, dirigido por el gerente a la demandante, dice textualmente:

“En mi calidad de gerente y representante legal del Servicio Aéreo A Territorios Nacionales Satena, por medio del presente escrito le comunico que esta entidad tomó la determinación de no continuar y/o prorrogar su contrato de trabajo.

“Lo anterior, en consideración a que el vínculo contractual finaliza el día 8 de abril de 2003, por expiración del plazo presuntivo, de conformidad con lo establecido en el literal a), artículo 47, del Decreto 2127 de 1945”.

De acuerdo a los fundamentos del fallo recurrido, el tribunal entendió el anterior había sido un rompimiento unilateral del contrato de trabajo, en cuanto discernió de manera no muy clara que “Satena, como decisión suya, inconsultada y apoyada en su razonamiento individual y personal de percibir los hechos a su cargo (fl. 100, párrafo 2 y 3), decide no continuar contando con los servicios de la ahora demandante, lo cual a grandes trazos y sin mucho análisis de razón es una ‘decisión unilateral.’

Lo anterior, constituye una apreciación equivocada del documento, pues nítidamente se desprende de su texto, que lo efectuado por la demandada fue la notificación a la actora de su intención de no prorrogar nuevamente el contrato de trabajo a su vencimiento por expiración de su plazo presuntivo, y no su decisión de dar por terminado unilateralmente el mismo, como lo dedujo el tribunal.

Ahora bien, ha sostenido la jurisprudencia de la Sala que la terminación del contrato de trabajo por vencimiento del plazo presuntivo, es un acto unilateral apenas en apariencia, pues que la forma de terminación, en este caso, la establece previamente la ley. Así se pronunció la Sala en sentencia del 21 de febrero de 2005 (Rad. 23975) y que para el caso resulta pertinente:

“La acusación olvida una cuestión elemental: el acuerdo de voluntades orientado a terminar un contrato de trabajo no debe ni puede generar indemnización alguna. En los contratos a término indefinido, ese acuerdo pone de presente que las partes contratantes, al unísono, le ponen término final al vínculo. Y desde luego, no cabe indemnización alguna. En los contratos a término fijo ocurre lo mismo, solo que el acuerdo extintivo se hace desde el mismo momento en que las partes conciertan las condiciones de su vinculación, determinando la fecha de la expiración del contrato; y por eso tal acuerdo inicial surte efectos sin que quepa indemnización alguna. Obsérvese, en adición a lo anterior, que en los contratos a término fijo, una de las partes puede manifestarle a la otra que no tiene intención de continuar con la vinculación, y que esa declaración de no prorrogar el contrato, cuando viene de una sola de las partes, solo es unilateral en apariencia, porque dentro del marco integral del contrato es el acuerdo mismo.

“El plazo presuntivo es el imperio de la ley en favor del Estado cuando funge como empleador y por ende de la sociedad sobre la voluntad de las partes. La ley presume que en todo contrato laboral concertado por aquel, la ausencia de una estipulación sobre la duración del contrato implica, aunque parezca contradictorio, la fijación de un plazo de vigencia del contrato de seis meses según el Decreto 2127 de 1945. La presunción es legal, y por eso tanto en la contratación individual como en la colectiva, las partes pueden acordar lo contrario y apartarse del plazo presumido por el legislador. Y aquí, como ocurre con el régimen de los contratos a término fijo, con los cuales la identidad es manifiesta, en los gobernados por el plazo presuntivo la intención que exprese una de las partes de no prorrogar el contrato solamente es unilateral en apariencia, porque el imperio de la ley impone un contexto contractual en el cual se asume que las partes convinieron la fijación de un plazo semestral.

“De acuerdo con lo anterior, cuando una parte se acoge al plazo presuntivo semestral o cuando lo hace valer, no hay despido y por lo mismo no hay lugar a indemnización alguna. Por lo mismo, también, existe una sustancial diferencia entre la terminación de un contrato cuando opera el plazo presuntivo extintivo y la terminación de un contrato que expira por la invocación de una justa causa, ya que en este caso sí está de manifiesto la declaración unilateral, de manera que si la causa invocada no es suficiente, según la ley, caben las indemnizaciones legales. Y como la expiración del plazo pactado o la expiración del plazo presumido por la ley, implican acuerdo de voluntades, no puede asimilarse este modo de terminación del contrato con los que no lo conllevan y es por eso por lo que la constante jurisprudencia de la Corte ha dicho que respecto de otros modos de terminación legal del contrato, como el cierre de la empresa, hay lugar a las indemnizaciones legales, porque esas indemnizaciones las impone la ley en los casos en que no hay justa causa, pero las descarta, se repite, cuando hay acuerdo de voluntades dirigido a terminar el contrato”.

Ahora bien, la cláusula séptima del contrato de trabajo que suscribieron las partes (fl. 3), dispuso:

Séptima: Los dos (2) primeros meses del presente contrato son de período de prueba y por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminarlo unilateralmente en cualquier momento durante dicho período sin previo aviso; vencido el período de prueba, este contrato será de duración indefinida, que tendrá vigencia mientras subsistan las causas que dieron origen o rigen al presente contrato y se regirá según lo establecido en el Decreto Reglamentario 2127 de 1945, artículo 40, que reglamenta los contratos a término indefinido. Con todo, Satena como el trabajador se reservan el derecho de darlo por terminado en cualquier tiempo, mediante aviso escrito dado a la otra parte con antelación no inferior a 30 días, de acuerdo al artículo 50 del Decreto 2127 de 1945” (resaltados fuera de texto).

Claramente se desprende de su texto que, en cuanto a su duración, las partes acordaron que el contrato sería a término indefinido y su regulación la remitieron al artículo 40 del Decreto 2127 de 1945, que establece: “El contrato celebrado por tiempo indefinido o sin fijación de término alguno, se entenderá pactado por seis meses, a menos que se trate de contratos de aprendizaje o a prueba, cuya duración se rige por normas especiales”.

En cuanto al preaviso con antelación no inferior a 30 días, igualmente es claro que este se refirió al caso previsto en el artículo 50 ibidem, que dispone en lo pertinente “También podrán las partes reservarse la facultad de terminar unilateralmente cualquier contrato de trabajo, mediante aviso dado a la otra con una antelación que no podrá ser inferior al periodo que... regule los pagos de salario. Esta reserva solo será válida cuando conste por escrito...”, y que es lo que se ha llamado por la doctrina y la jurisprudencia la “Cláusula de reserva”, y cuya regulación, prevista en el artículo 2º de la Ley 64 de 1946 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, en fallo C 003 de 1998, que, de manera clara, no es el caso que ahora se trata, pues, conforme a lo que se dejó visto, a lo que se acogió la demandada fue el vencimiento del término presuntivo previsto en la ley, que no constituye una terminación unilateral del contrato.

En conclusión, el cargo es fundado y habrá de casarse la sentencia recurrida.

Como quiera que los restantes cargos tienen el mismo alcance que el presente, por sustracción de materia queda la Corte relevada de su estudio.

En instancia baste señalar que, conforme al contrato de trabajo suscrito por las partes (fls. 2-4), y a lo afirmado en la demanda inicial y su contestación, la prestación del servicio se dio a partir del 9 de octubre de 1989, por lo que sus prórrogas automáticas se dieron entre esa fecha y el 8 de abril, y así sucesivamente hasta el año 2003, motivo por el cual cabe concluir que el contrato de la actora terminó por vencimiento del plazo presuntivo previsto en la ley, en esta última data, por lo que las pretensiones de la demanda inicial no estaban llamadas a prosperar.

En consecuencia, se revocará decisión de primer grado y, en su lugar, se absolverá a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra por la actora.

Costas en primera instancia, a cargo de la demandante. Sin lugar a ellas en segunda instancia ni en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 24 de noviembre de 2006, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, dentro del juicio ordinario laboral seguido por Elida Malaver Díaz contra Servicio Aéreo A Territorios Nacionales - Satena. En instancia se revoca la decisión del a quo y, en su lugar, se absuelve a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra por la actora. Costas de primera instancia a cargo de la demandante. Sin lugar a ellas en segunda instancia ni en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».