Sentencia 34585 de junio 3 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 34585

SP6904-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

(Aprobado acta 167)

Bogotá, D.C., tres de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: “Consideraciones de la Corte

1. La Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la acción propuesta, comoquiera que el numeral 2º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000 la habilita para ello por estar dirigida la acción de revisión contra una sentencia dictada en segunda instancia por un Tribunal Superior de Distrito Judicial.

2. La Sala tiene dicho que la acción de revisión se halla prevista legalmente como mecanismo a través del cual se busca la remoción de una providencia que pese a tener ejecutoria material, de ella se advierte razonablemente un contenido de injusticia, porque la verdad procesal declarada es bien diversa a la verdad histórica del acontecer objeto de juzgamiento.

3. Como se anticipó en precedencia, MIPA, en dos ocasiones dentro del presente trámite, manifestó desistir del planteamiento de la causal 2ª de revisión contenida en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000, referente a la presunta prescripción de la acción penal del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años.

Tal manifestación encuentra fundamento en el artículo 230 de la Ley 600 de 2000 que establece: “Desistimiento. Podrá desistirse de la casación y de la acción de revisión, antes de que la Sala decida”.

Dicha figura jurídica —como se desprende del tenor literal de la ley— contempla el desistimiento de la demanda de revisión y si ello es así, una interpretación racional, sistemática y coherente de dicha disposición enseña que puede ser parcial, como acontece en el presente evento, donde se incoaron dos causales —la 2ª y la 3ª— y, el condenado reitera, su intención de desistir de la 2ª, dando primacía a la 3ª en su aspiración que sea resuelta en forma favorable.

Así las cosas, si el referido desistimiento emana del condenado MIPA, quien otorgó poder especial a un abogado para incoar la acción de revisión, a la luz del artículo 221 de la Ley 600 de 2000 —“titularidad”— ostenta la condición de sujeto procesal —art. 126 ibídem— y por ende, tiene la facultad de desistir de la demanda de revisión, total o parcialmente.

En apoyo de lo anterior ha de tenerse en cuenta que la norma rectora contenida en el artículo 8º ejusdem —“defensa”— establece: “En toda actuación se garantizará el derecho de defensa, la que deberá ser integral, interrumpida, técnica y material” (resalta la Sala). Precisa y reitera eso sí la Sala, que constituye requisito ineludible que la presentación de la demanda deberá serlo a través de abogado, excepto que el condenado ostente dicha profesión y se halle habilitado para ejercerla.

En consecuencia, la Sala acepta el desistimiento parcial de la demanda de revisión en cuanto hace relación a la causal 2ª incoada.

Por tanto, por sustracción de materia la Sala no se referirá a dicha causal, al igual que a los planteamientos ofrecidos por la delegada de la Procuraduría en relación con la misma.

4. La causal tercera de revisión —L. 600/2000, art. 220-3— impide reabrir un debate probatorio fenecido en las instancias. Su teleología reside en el aporte de pruebas no conocidas al tiempo de los debates, o de hechos nuevos por ellas revelados, de tal fuerza de convicción que establezcan per se la inocencia del condenado o su inimputabilidad.

No se trata de que el demandante vislumbre la posibilidad de dicha inocencia, se exige una prueba rigurosa y de tal fuerza conclusiva, que “establezca” esa inocencia; no pudiendo perderse de vista que la acción de revisión tiene por objeto la corrección de errores judiciales por causa de los cuales se haya condenado a un inocente, mediante fallo en firme, que solo será posible remover con pruebas novedosas de inexorable solidez.

En el caso sometido a la consideración de la Sala, el demandante funda la revisión del proceso en que el fallador de primer grado no tuvo en cuenta el concepto técnico del médico forense Germán Alfonso Vanegas Cabezas y el “dictamen” del dermatólogo José Francisco Acosta. Pregona que en virtud de lo dicho por los citados galenos, pudieron ser varias las causas que determinaron las lesiones de la menor en la región genital.

Aduce, de otro lado, que del contenido de la Resolución 3 del ICBF, se podría confirmar que el comportamiento exhibido por MCMP tendría explicación por haberse separado de ella, en venganza de lo cual habría realizado “la temeraria y calumniosa denuncia en su contra”.

De esta forma indica que de haberse considerado las pruebas citadas, la sentencia de primera instancia habría sido absolutoria en observancia del principio del in dubio pro reo.

4.1. Vistas así las cosas, la Sala debe rememorar que la referida documentación fue desechada en el fallo de primera instancia al haber sido adjuntada en los alegatos de conclusión, esto es, no fue solicitada dentro del término establecido por el artículo 400 de la Ley 600 de 2000 y por ende no hubo pronunciamiento alguno al respecto en la audiencia preparatoria.

Tampoco se les asignó la calidad de pruebas sobrevinientes, todo lo cual conllevó a su exclusión y fue así como se sostuvo que únicamente se valorarían las pruebas legalmente aducidas y practicadas en la actuación.

4.2. Así mismo, impera precisar que el “concepto médico pericial” signado por Germán Alfonso Vanegas Cabezas, en virtud del cual el demandante sostiene que la causa de la lesión aconteció en momento diverso al compartido por la menor con el condenado, tiene como soporte —al parecer—, documentación que le fue entregada extraprocesalmente para dicho menester.

Y sobre dicha base, nótese que el citado médico reconoce que “efectivamente hay signos de edema e inflamación en el esfínter anal y se aprecia un desgarro hacia meridiano de las 7 que pudiere medir más o menos unos 5 mm (...)” tras lo cual plantea una serie de interrogantes sobre sus causas, como por ejemplo “si dichos hallazgos pueden corresponder a distensión del exterior hacia la luz anal o del interior hacia el exterior del cuerpo, pregunta de difícil respuesta (...)”.

Similar actitud asume respecto de las fotografías, acerca de las cuales sostiene “denota ausencia precisamente de los signos de inflamación, sangrado, edema, desprendimiento de capa superior dérmica, residuos hemáticos y demás elementos que se observan siempre en una herida o desgarro o laceración, o escoriación o abrasión o a avulsión reciente”.

Señala al final sobre el citado documento, que aspira a que “con estos elementos de reflexión y de contenido técnico pericial pueda ilustrarse en mejor forma el caso que se ventila”.

De todo lo cual debe señalarse desde ya, que los referidos conceptos médicos no ostentan la condición de prueba nueva, respecto a lo cual la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que consiste en

aquel mecanismo probatorio (documental, pericial, testimonial) que por cualquier causa no se incorporó al proceso, pero cuyo aporte ex novo tiene tal valor que podría modificar sustancialmente el juicio positivo de responsabilidad penal que se concretó en la condena del procesado. Dicha prueba puede versar sobre el evento hasta entonces desconocido (se demuestra que fue otro el autor del delito) o sobre hecho conocido ya en el proceso (muerte de la víctima, cuando la prueba ex novo demuestra que el agente actuó en legítima defensa), por manera que puede haber prueba nueva sobre hecho nuevo o respecto de variantes sustanciales de un hecho procesalmente conocido que conduzca a la inocencia o irresponsabilidad del procesado (CSJ SP 22 Abr. 1997, Rad. 12460; CSJ SP 6 Mar. 2008, Rad. 26.103).

Lo anterior, por cuanto dentro del esquema de la Ley 600 de 2000 —bajo cuya égida se tramitó el proceso que culminó con sentencia condenatoria— el médico Vanegas Cabezas no podía ni puede ostentar la calidad de perito oficial, como lo establece del artículo 249(13).

Es así que el primigenio dictamen médico legal sexológico(14) rendido por el médico forense Luis Hernando Rubio Mora —adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses—, resultaba susceptible de contradicción como lo establece el artículo 254 ejusdem, para efectos de que las partes solicitaran su ampliación, aclaración o adición. Igualmente, podía ser objetado antes de finalizar la audiencia de juzgamiento.

En el caso presente, el defensor solicitó su ampliación, acerca de lo cual se surtió el trámite respectivo e incluso el citado perito compareció al juicio siendo ampliamente interrogado por la defensa. Escenario en el cual ratificó su dictamen inicial en aspectos tales como: que acorde con los hallazgos en la víctima, hubo penetración por el esfínter anal y desgarro en dicha zona de carácter reciente, descartando su producción por el sillín de la moto —en la cual fue transportaba por su padre—, pues esto causaría un eritema al interior de los muslos.

Resaltó así mismo el citado perito oficial, que se “evidencia una pérdida del tono muscular, es decir, que el esfínter ha quedado relajado, luego de que fue penetrado de manera involuntaria y/o traumática”.

La referida prueba científica fue valorada por el sentenciador de primer grado en conjunto con el testimonio de la madre de la menor, MCMP, su tía, EMB y lo descrito por los peritos, psiquiatra y médico legista en sus respectivos dictámenes, y aclaración y ampliación de estos, expresando que “en cuanto a lo dicho a ellos por la menor (...) corresponde estrictamente a lo que la pequeña les refirió verbal y gestualmente; no es una invención ni corresponde a un aleccionamiento supuestamente fraguado por la mamá de la pequeña, sino que corresponde sencillamente a lo que cada uno de ellos escuchó y vio decir a la menor (...)”.

Del mismo modo, importa destacar que la sentencia de primera instancia profundizó en la valoración del dictamen de psiquiatría forense, del cual, luego de transcribir los fragmentos más relevantes sostuvo,

“Como se puede observar, de la lectura minuciosa de los apartes anteriores, en concepto del perito psiquiatra, la menor (...) con el lenguaje propio de su edad, y mediante juegos de roles, refirmo (sic) una situación en la que ella fue participe y su padre el protagonista. Todo lo cual lleva a concluir que sí fue víctima de un abuso sexual”.

De lo anterior se colige que así hipotéticamente hubiesen sido eventualmente incorporados a la actuación procesal los referidos conceptos médicos, no ostentarían la potencialidad en orden a desvirtuar la plural prueba de cargo existente en contra del condenado MIPA.

Confirma el anterior aserto lo que sigue:

El documento signado por José Francisco Acosta —quien se anuncia como médico dermatólogo—, no puede exhibir la condición de prueba nueva en sede de acción de revisión, pues se trata simplemente de una misiva firmada por dicho profesional dirigida al condenado, emitiendo respuestas genéricas a preguntas planteadas, no otra intelección se desprende del siguiente apartado: “a continuación me permito responder las preguntas formuladas por escrito por usted en mi calidad de médico especialista en dermatología”.

Se itera que dicho texto contiene respuestas a preguntas formuladas por el condenado en relación con el dictamen médico legal sexológico forense practicado el 24 de octubre de 2003, así como respecto de la experticia efectuada a la menor víctima por el profesional Luis Hernando Rubio Mora —adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses— acerca de temas como: causas de producción de un eritema, de un edema en el contorno anal, qué diferencias existen entre fisuras anales y los desgarros anales, si montar en moto solo habría dejado traumas en el muslo y los glúteos.

Se destaca además, como dato importante según sostuvo el citado galeno, traído por la defensa, que para aclarar la naturaleza de la causa o de las causas de la lesiones, se requería la historia clínica del médico tratante que atendió a la menor. Circunstancia que descarta, como se consignó en precedencia, la condición de prueba ex novo, al revelar la calidad —guardadas las proporciones— de un concepto medico incierto, en la medida que no tiene una base de referencia para sustentar una tal base de opinión pericial.

Lo que detecta la Sala, es que la estrategia empleada por el defensor en la etapa del juicio —y ahora replica en sede de revisión— se asemeja precariamente con la que corresponde a la sistemática de la Ley 906 de 2004, dentro de la cual en la audiencia preparatoria resulta dable el ofrecimiento de diversos medios de prueba, como por ejemplo —”prueba pericial”— que hará valer en el juicio, en relación con las cuales —de ser decretadas por el juez—, su práctica se escenificará en el juicio, donde los peritos podrán ser “interrogados o contrainterrogados en relación con los informes periciales que hubiesen rendido, o para que los rindan en la audiencia del juicio oral y público” (art. 412 ibídem).

Disposición que guarda consonancia con el contenido del artículo 413 ibídem que establece: “Presentación de informes. Las partes podrán presentar informes de peritos de su confianza y solicitar que estos sean citados a interrogatorio en el juicio oral y público, acompañando certificación que acredite la idoneidad del perito”; al igual que con los artículos 414, 415 y 416, ejusdem, que tratan de la admisibilidad del informe y citación del perito, base de la opinión pericial y acceso a los elementos materiales, respectivamente.

Método de contradicción que difiere del previsto en la Ley 600 de 2000, regulado en los artículos 254, 255 y 256, con base en los cuales, resulta dable para los sujetos procesales, solicitar “aclaración”, “ampliación” o “adición” del dictamen pericial (art. 254-2) o incluso la “objeción” antes de finalizar la audiencia pública (art. 255 ).

En esa medida, se observa que el defensor utilizó en esencia los tres primeros e incluso solicitó la comparecencia del perito (art. 256) que a la sazón rindió el dictamen médico legal sexológico —médico Luis Hernando Rubio Mora— en la audiencia de juzgamiento, quien explicó dicho dictamen y respondió las numerosas preguntas que le formuló en especial la defensa.

Se concluye entonces que fue equivocada la técnica probatoria desplegada por el defensor ante el juez de primera instancia al pretender que los referidos conceptos médicos tuvieran acogida, al margen del procedimiento diseñado por el legislador para la Ley 600 de 2000. Y por contera, igual suerte corren en sede de revisión.

4.3. En relación con la referida Resolución 3 originaria del ICBF —acerca de la cual el actor señala que no fue tenida en cuenta en el fallo condenatorio—, que declaró en situación de “peligro” a varios menores de edad, entre ellos, a la víctima, basta señalar que acorde con lo señalado en precedencia, tampoco reviste la connotación de prueba nueva. De otro lado, no aparece una sólida y seria argumentación encaminada a demostrar de qué forma dicho documento habría mutado la declaración de culpabilidad en un fallo de inocencia.

La defensa solo atina a esbozar que del contexto general de dicha resolución podría colegirse que MCMP —madre de la víctima y compañera del condenado— pudo haber tenido razones para hacer “tan temeraria y calumniosa denuncia” en contra de este.

Al respecto basta señalar que tal proceso fue incoado a instancia de este último cuando ya se hallaba privado de su libertad por razón de esta causa. Los motivos fueron por “mal comportamiento y problemas de agresividad para con sus menores hijos” por parte de MCMP, dentro del cual se practicaron diversas pruebas tendientes a establecer la situación irregular de algunos menores.

Fue así como el citado Instituto tomó la determinación de declarar en situación de “peligro” a varios menores hijos de MCMP, entre ellos la víctima, y como medida de protección la “amonestación” a los padres de los menores a “fin de que cumplan con los deberes y obligaciones de padres para con los menores hijos”.

De lo anterior se colige que la citada amonestación cobijó por igual al condenado MIPA, no desprendiéndose de la referida resolución la afirmación del actor tendiente a relacionar el móvil del inicio de dicho procedimiento administrativo con la investigación penal que culminó con las providencias adversas a aquel cuya revisión aquí se procura.

Importa resaltar que el fallo de primer grado, si bien en verdad no aludió concretamente a las tantas veces citada resolución, si valoró la documentación arrimada por la defensa en relación con el ICBF, descartado cualquier relación de esta temática con los hechos delictivos acontecidos el 23 de octubre de 2003, como lo pretendió hacer creer el defensor y ahora vuelve el actor en sede de revisión infructuosamente a retomarlos.

Véase lo que sigue:

Y es que como muestra de su buen comportamiento como padre MIPA (sic) y su defensor, han traído colación (sic) todo el expediente que sobre el procesado y su hija obra en el Bienestar Familiar, el citado expediente absolutamente nada aporta en relación con la situación ocurrida el 23 de octubre de 2003. Por el contrario es totalmente ajeno a los hechos y se trata más bien de una estrategia defensiva, pues el inicio del expediente hace alusión a una carta que el 17 de diciembre de 2003, encontrándose el procesado recluido en el establecimiento carcelario de (...), solicito (sic) a la entidad “protección” para su hija B.I., pues a MCMP la tilda de llevar una vida “libidinosa siendo un mal ejemplo no solo para la menor sino también para sus otros dos hijos...”, y con ello se abre un expediente cuyos resultados demuestran según el procesado cuan irresponsable es la madre de su hija.

Aflora, en consecuencia, que los citados tres documentos no revisten la connotación de prueba nueva con la virtualidad suficiente de mutar el carácter de cosa juzgada bajo la cual se hallan amparadas las providencias cuya revisión se impetra.

Así mismo, constituyen frustrado intento de revivir aspectos abordados en las instancias, la pretensión del allegamiento de visiones particulares e interesadas acerca del mérito suasorio atribuido a la prueba técnica emanada del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como también la vana intención de introducir móviles descartados en la investigación que hubiesen llevado a la madre de la víctima a instaurar ante las autoridades la denuncia penal sobre el abuso sexual detectado en la corporeidad de su hija, lo cual halló corroboración en los diversos medios de conocimiento allegados al proceso.

Lo expuesto indica a las claras que no se abre paso la revisión del proceso, por cuanto el accionante no probó la causal en que funda su pretensión.

Por el contrario, lo aspiración del demandante es la imposición y, por lo mismo, el éxito de una perspectiva valorativa de la prueba desde su criterio particular, lo cual como ha sido reiterado por la Sala, olvida el alcance legal y jurisprudencial de la prueba nueva.

En otras palabras, aquí lo novedoso no es el medio de convicción, sino la valoración que de la prueba hace el intérprete, asignándole un sentido y alcance acorde con su personal criterio, aspecto que desborda los límites propios de la revisión para adentrarse en un debate de los medios de convicción ajeno a esta acción.

4.4. Así las cosas, aparece claro que el actor soslaya la circunstancia de que el proceso ya terminó con fallo condenatorio ejecutoriado, que se halla revestido por la inmutabilidad de la cosa juzgada y que, por lo tanto, no se trata de una instancia más donde resulte dable plantear nuevamente aspectos jurídicos ya definidos en las instancias.

En síntesis, la prueba traída a este trámite no reviste la calidad de nueva y por contera no logra socavar la doble presunción de acierto y legalidad con que viene amparada la decisión cuestionada.

4.5. Como corolario de lo anterior, la Corte declarará infundada la causal tercera de revisión invocada por el apoderado de MIPA.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. ACEPTAR el desistimiento parcial de la demanda de revisión en cuanto hace relación a la causal 2ª incoada.

2. DECLARAR INFUNDADA la causal tercera de revisión invocada por el apoderado de MIPA.

3. Ordenar la devolución del expediente al juzgado de origen, junto con la actuación surtida en el presente trámite de revisión.

4. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase”.

(13) “Prueba pericial. ART. 249.—Procedencia. Cuando se requiera la práctica de pruebas técnico-científicas o artísticas, el funcionario judicial decretará la prueba pericial, y designará peritos oficiales (...)”.

(14) Prueba técnica en la cual se consignó: “(...) al interrogar a la menor, refiere mediante señas que el papá le toca la parte vaginal y la colita. Refiere que el papá le mete el dedo por la colita. (...) se evidencia eritema moderado en región perihimeneal cuadrantes derechos, evidenciando dolor a la exploración, hallazgos compatibles con maniobras de manipulación recientes a nivel genital, es decir menores de 10 días. Se encuentra crema en región vulvar que refiere la madre le aplicó el día de hoy, por lo que no se toma frotis de introito vaginal. Ano hipotónico en grado II (luz esfínter anal entre 3 y 5 mm) con edema y eritema marcado de la mucosa anal entre los meridianos de las 3 y las 7 horas, con desgarro reciente de la mucosa en el meridiano de las 6 horas, lo cual es compatible con maniobras de penetración anal reciente es decir menor de 10 días (...) no se toma muestra de frotis de introito vaginal por la presencia de abundante crema en dicha región, ni anal porque la menor evidencia dolor a las maniobras de examen. De otro modo la menor refiere que el papá le mete el dedo en la colita y niega al interrogarle si le introduce el pene (...). Conclusión: 1. Dictamen positivo para maniobras de manipulación recientes a nivel genital, es decir, menores de 10 días. 2. Dictamen positivo para maniobras de penetración anal recientes, es decir, menores de 10 días”.