Sentencia 3459 de diciembre 12 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

DESCUENTO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS

ACCIONES QUE SE TIENEN EN USUFRUCTO

EXTRACTOS: «La Dirección General de Impuestos Nacionales en la Resolución 562 de agosto te 1986, que puso fin a la vía gubernativa, mantuvo el rechazo del descuento tributario de $ 6.971.721 sobre los dividendos generados por acciones del Banco de Bogotá y de propiedad de Cómputo Bolívar S. A., que la sociedad apelante (Inversiones Delta Bolívar) recibió en usufructo (fl. 724) porque en los términos de la cláusula 2 a del contrato, la sociedad propietaria de aquellas solamente confirió a la usufructuaria el derecho de percibir los dividendos, reservándose en todo momento los derechos como propietaria de las acciones, tal como quedó consignado en el acta de inspección ocular a los libros de contabilidad de la empresa (fls. 732 a 733) de donde la dependencia oficial infirió quedar comprendido el derecho al beneficio que ahora la sociedad reclama.

Así las cosas, es procedente que la Sala en esta oportunidad analice si es viable o no, acceder a la petición formulada por la sociedad contribuyente para lo cual es del caso hacer una interpretación armónica y coordinada del estatuto tributario.

De acuerdo a los artículos 1° y 2° de la Ley 52 de 1977, reglamentado a su vez por los artículos 1° y 2° del Decreto 825 de 1978, son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo, los sujetos respecto de quien se realiza el hecho generador de la obligación tributaria sustancial.

En los términos de los artículos 1º y 108 a 110 del Decreto 2053 de 1974, el impuesto de renta y complementarios que se considera como un solo tributo, lo paga quien aproveche económicamente los bienes en su propio beneficio. Esto es, quien aparezca como propietario o usufructuario de los mismos, no el nudo propietario, normas éstas que son armónicas con el artículo 855 del Código Civil, que al respecto prescribe:

“... Corresponde, asimismo, al usufructuario el pago de los impuestos periódicos fiscales y municipales que la graven durante el usufructo, en cualquier tiempó que se hayan establecido.

Si por no hacer el usufructuario estos pagos los hiciere el propietario, o se enajenare o embargare la cosa fructuaria, deberá el primero indemnizar de todo perjuicio al segundo”.

La obligación tributaria, sus elementos y los sujetos pasivos de aquella, están expresamente señalados por la ley.

La relación obligacional que es de derecho público, se establece entre el organismo estatal que ejerce el poder tributario y el deudor de la correspondiente carga sin que le esté permitido a éste, cambiar o sustituir las personas, negociar fiscales, como tampoco modificar el contenido o el objeto de la obligación.

En síntesis, los convenios o acuerdos entre particulares tienen relevancia para regular relaciones de derecho privado, pero carecen de trascendencia para el fisco, motivo por el cual no pueden ser oponibles a sus pretensiones tributarias. La sustitución del sujeto pasivo de la obligación tributaria por convenciones privadas, resultaría contraria a las normas de derecho público que rigen la relación jurídica entre el contribuyente y el Estado.

Pero es distinto a que el Estado respete los convenios privados legalmente celebrados y que le atribuya las consecuencias tributarias que le corresponden. Así, por ejemplo, en el caso planteado, es perfectamente admisible la existencia del contrato de usufructo de unas acciones, que impone gravar la renta en cabeza del usufructuario, con todas sus consecuencias tributarias, incluido el descuento al cual carecería de derecho el nudo propietario, precisamente por carecer de renta.

Porque además, la razón de ser del descuento citado, es la de evitar la llamada “cascada tributaria”, que se da entre la sociedad que reparte las utilidades y la que las recibe. De manera que si, en razón de un contrato de usufructo (que es legalmente válido), la sociedad que recibe es sujeta del impuesto, es razonable que también deba gozar del descuento, pues éste lo estableció la ley para aliviar la carga tributaria de quien recibe los dividendos.

En este orden de ideas, la Sala reconocerá a la sociedad apelante la parte del descuento no reconocido o sea, la cantidad de $ 6.791.643, para completar el 36% de los dividendos recibidos (S 26.180.986) conforme a lo dispuesto por los artículos 90 y 91 del Decreto 2053 de 1974».

(Sentencia de diciembre 12 de 1991. Expediente 3459. Consejero Ponente: Dr. Jaime Abella Zárate).

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