Sentencia 34619 de agosto 25 de 2009

 

Sentencia 34619 de agosto 25 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 34619

Acta 33.

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., veinticinco de agosto de dos mil nueve.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por EDILMA VIVAS DUSSAN, contra la sentencia de 26 de julio de 2007, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en el proceso ordinario que le sigue al BANCO CAFETERO —BANCAFÉ—.

Antecedentes

EDILMA VIVAS DUSSAN demandó al BANCO CAFETERO —BANCAFÉ— para que se declare que existió un contrato de trabajo a término indefinido, ejecutado entre el 4 de marzo de 1987 y el 28 de agosto de 2000, ilegal e injustamente terminado por el empleador, y en consecuencia, se condene a éste a reintegrarla al cargo de auxiliar bancario que ocupaba al momento del despido o a otro de igual o superior categoría, sin solución de continuidad en la relación laboral; junto con el pago de salarios y prestaciones legales y convencionales, y sus aumentos, dejados de percibir desde cuando fue desvinculada hasta cuando se produzca el reintegro, así como el pago de cotizaciones al ISS. En subsidio, solicitó el reconocimiento de la pensión sanción, desde cuando cumpla 60 años de edad, pues llevaba más de 10 y menos de 15 años de servicios; la sanción moratoria por cada día de retardo en el pago de las deudas laborales reclamadas; bono pensional por los 3 años dejados de cotizar; intereses corrientes y moratorios, y costas del proceso.

En sustento de sus peticiones, sostuvo que dentro de los extremos temporales mencionados, laboró al servicio del BANCO CAFETERO, con asignación básica final de $ 732.239, en el cargo indicado, en la ciudad de Neiva. Que, en uso de la facultad conferida por el Decreto 1388 de 17 de julio de 2000, fue despedida a partir del 28 de agosto de ese año, sin tener en cuenta que padecía cáncer de seno, detectado el 31 de octubre de 1996, “con un alto riesgo de recaída ya que tiene un extenso compromiso ganglionar y tiene que estar obligadamente en control médico permanente”. Aseveró que, de conformidad con lo pactado en la convención colectiva de trabajo, tiene derecho a ser reintegrada a su puesto de trabajo, toda vez que es afiliada al sindicato de trabajadores, beneficiaria de lo acordado, y que agotó la vía gubernativa.

En la respuesta a la demanda, la apoderada de BANCAFE sostuvo que la actora prestó servicios hasta el 27 de agosto de 2000, cuando se le terminó su contrato de trabajo sin justa causa, con el pago de $ 44.399.529 a título de indemnización, para lo cual se amparó en lo dispuesto en el Decreto 1388 de 2000, con base en las facultades conferidas por el artículo 189, numerales 14 a 16, de la Constitución Política, y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998. Precisó que el salario denunciado en la demanda, es el promedio; aceptó el cargo desempeñado por la actora, y remitió a prueba la afiliación al sindicato. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y propuso las excepciones de cobro de lo no debido, falta de título y causa en el demandante, prescripción, compensación, improcedencia e incompatibilidad del reintegro, legalidad de la actuación del Banco, pago, buena fe, e improcedencia de pensión sanción por afiliación idónea a la seguridad social para el régimen de pensiones (fls. 33 al 38).

El 10 de febrero de 2004, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, absolvió al BANCO CAFETERO de todas las pretensiones formuladas y condenó en costas a la parte demandante.

La sentencia del tribunal

Al resolver el recurso de apelación formulado por la parte actora, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, con fallo de 26 de julio de 2007, confirmó en su totalidad la sentencia impugnada e impuso costas a la parte demandante.

El ad quem no halló controversia en cuanto a la existencia del contrato de trabajo, sus extremos temporales, ni la terminación unilateral e injusta del mismo. Ubicó el centro del debate en el reintegro en que insiste la demandante, que soporta normativamente en lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y fácticamente en el cáncer de mama que padece.

Anotó el Tribunal que, “no hay evidencia que al socaire de tal reestructuración de la entidad y que deviniera en la supresión de algunos cargos, BANCAFÉ, soslayara la intención de prescindir de los servicios de la demandante, por razón de su enfermedad, que para la hora de ahora, no se pone en tela de juicio”. Que, como la demandante no probó relación de causalidad entre la enfermedad que la afecta y el hecho del despido, es decir, le faltó demostrar que la terminación de la relación de trabajo, obedeció a la patología mencionada, que no, a la supresión del cargo enarbolada por el ente accionado, desatinada resultaría la aplicación de la estabilidad reforzada prevista en la Ley 361 de 1997.

Por último sostuvo que, “El proceso, está ayuno de prueba, que indique que por el hecho de que la demandante sufra cáncer de mama, desde antes del despido, según se dice, por esta sola circunstancia, está disminuida físicamente y consecuencialmente acreedora de la especial protección de que se habla y que el despido ocurrió como consecuencia de aquella. Para abundar más, el examen de retiro al que remite la Recurrente, es conclusivo al dar un diagnóstico, como que la examinada está “Clínicamente normal” y el certificado expedido por la Liga Contra El Cáncer Seccional Huila, por parte alguna, ofrece certeza de la discapacidad que se asoma.

Desde otro punto de vista, hácese necesario, que para que se dé el reintegro demandado, en este particular caso, estuviera advertido en disposición convencional, evento que ciertamente no está previsto, como lo acepta en su alegato la Recurrente, y por ello, releva su estudio, independientemente, si en autos milita la prueba de tal acto normativo de alcance particular”.

El recurso de casación

Fue propuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por esta Corporación, se procede a resolver, previo el estudio de la demanda que lo sustenta y su réplica.

Alcance de la impugnación

Pretende que se case la sentencia del Tribunal, para que en sede de instancia revoque la del a quo, que absolvió a la parte demandada, y en su lugar, “se accedan (sic) a las pretensiones principales de la demanda”. Con costas, como corresponda.

Con fundamento en la causal primera de casación laboral, la impugnante formula tres cargos, de los cuales, serán resueltos conjuntamente los dos primeros, dado que son propuestos por la vía directa, la identidad del objetivo propuesto, y del conjunto normativo que estimo infringido.

Primer cargo

Por violación directa de la Ley “en la modalidad de INFRACCIÓN DIRECTA del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en relación con los artículos 3º, 4º, y 492 del Código Sustantivo del Trabajo, 19 de la Ley 6ª de 1945 y artículos 47, 48, y 49 del Decreto 2127 de 1945, lo que condujo a aplicar de manera indebida el artículo 64 numeral 5º del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado inicialmente por el artículo 8º, ordinal 5º del Decreto 2351 de 1965 y posteriormente por el artículo 6º parágrafo transitorio de la Ley 50 de 1990, en relación con el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 4º y 305 del Código de Procedimiento Civil; artículos 61 subrogado por la Ley 50 de 1990; artículo 5º, artículo 62 subrogado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, 467, 468, 476, y 478 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 22 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por Colombia, Convenios Internacionales 87 y 98 de la OIT, ratificados por las leyes 26 y 27 de 1976; artículos 1º, 4º, 13, 25, 39, 47, 48, 49, 53, 55, 58, 93, 122, 123, 228, 229, 230 de la Constitución Política; 2º de la Ley 64 de 1946; artículos 5º, 7º, 37, y 38 del Decreto 2351 de 1965; 30 del Código Civil; 25, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Decreto 1388 de 2000, artículos 1º y 3º.

En la demostración del cargo, se refirió al equivocado alcance que, dice, le dio el Tribunal al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que brinda estabilidad laboral reforzada a los disminuidos físicos o síquicos, en tanto se les debe respetar el debido proceso, y darles oportunidad para su recuperación; que no era de esperarse que el empleador fuera a justificar el despido en la enfermedad de la demandante, sino que, tal cual sucedió, disfrazara el verdadero motivo con otra causal, por lo cual, pasó “por alto aspectos especiales y determinantes del proceso, que la trabajadora sufría de cáncer de mama, que tenía que estar en permanente control médico, y bien se sabe, que éste cáncer es el mayor causante de muerte en las mujeres. Estas pruebas no constituyen el fundamento del cargo, por el contrario demuestran el olvido o descuido del Tribunal sobre la existencia de una ley que debió aplicar al caso”. Que constituye un craso error ignorar las consecuencias de la patología de la accionante.

Trascribió alguna literatura médica, enfatizó en la protección que requiere, que no de un castigo, como el que implicó el despido, pues se presenta dificultad para la consecución de un nuevo empleo, y se pueden suscitar recaídas; que la reincorporación al puesto de trabajo es procedente en virtud de lo que disponen los artículos 13, 47, y 366 constitucionales. Que con la trasgresión de la Ley 361 de 1997, se le vulneró el derecho fundamental a la dignidad humana.

La réplica

Sostiene que el recurso contiene deficiencias de orden técnico, que lo asemejan a un alegato de instancia, que “lejos está de controvertir las verdaderas razones que tuvo el Tribunal para absolver”. Que, antitécnicamente, se mezclan conceptos excluyentes de violación de la Ley, interpretación errónea y aplicación indebida. Aduce que el concepto médico, copiado de internet, que se incluyó en el escrito, es un hecho nuevo en casación, que como tal, no puede ser materia de estudio.

Segundo cargo

Acusa el fallo del Tribunal de ser violatorio de la Ley, por infracción directa “de los artículos 3º, 4º, y 492 del Código Sustantivo del Trabajo, 19 de la Ley 6ª de 1945 y artículos 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, lo que condujo a aplicar de manera indebida la Ley 443 de 1998, artículo 37 y 39; artículo 64, numeral 5º del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado inicialmente por el artículo 8º, ordinal 5º del Decreto 2351 de 1965 y posteriormente por el artículo 6º parágrafo transitorio de la Ley 50 de 1990, en relación con el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 4º y 305 del Código de Procedimiento Civil; artículos 61 subrogado por la Ley 50 de 1990; artículo 5º, artículo 62 subrogado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, 467, 468, 476, y 478 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 26 de la Ley 361 de 1997; artículos 22 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por Colombia, Convenios Internacionales 87 y 98 de la OIT, ratificados por las leyes 26 y 27 de 1976; artículos 25, 39, 55, 58, 93, 122, 123, 228, 229, 230 de la Constitución Política; 2º de la Ley 64 de 1946; artículos 5º, 7º, 37, y 38 del Decreto 2351 de 1965; 30 del Código Civil; 25, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Decreto 1388 de 2000, artículos 1º y 3º”.

En la sustentación, afirma que no hay controversia sobre la calidad de trabajadora oficial de la actora, extremos temporales del contrato, su condición de beneficiaria de la convención colectiva de trabajo, y el despido de que fue objeto. Su distanciamiento del ad quem radica en que, contrario a lo que éste consideró, “se dio una supuesta supresión de cargos (D. 1388/2000); y es bien sabido que la supresión del empleo no es justa causa para despedir a los trabajadores oficiales y/o privados”, en cuyo respaldo copió un fragmento de la sentencia de junio 15 de 1997, con radicación 9485. Agregó que “la figura de la planta de personal es predicable y aplicable, expresa, única y exclusivamente de los empleos públicos (…). No comprende a los trabajadores oficiales (…), y según el derecho público, la supresión del empleo público en la planta de personal y la no incorporación del empleado público es causal legal de retiro predicable exclusivamente de los empleados públicos”, y por ello, “La reforma o reducción o la supresión de empleo, no está consagrada legalmente como causal ni como justa causa, para la terminación del contrato de trabajo de los trabajadores oficiales (D. 2127/45, arts. 47, 48 y 49) (…), sin que el Ejecutivo por decreto tenga competencia para legislar creando nuevas causales o justas causas para la cancelación de los contratos”. Que, en ese orden, debe ordenarse el reintegro “si está pactado en convención colectiva de trabajo —este aspecto no se discute en el cargo y por el contrario es presupuesto del mismo, más cuando como en el caso presente no hubo cierre total ni parcial de la empresa, no desapareció ni física ni jurídicamente”. Trascribió apartes de la sentencia de 2 de septiembre de 1982 (8852), ratificada en la de 7 de febrero de 1995, con radicación 6858.

La réplica

Dice que, además de que el cargo enlista normas que consagran derechos de trabajadores particulares, pero también oficiales, se dirige por la vía directa, pero se alude a la estipulación del reintegro en el cuerpo de la convención, lo que constituye un error de técnica. Que el Decreto 1388 de 2000, por el que se adoptó una nueva planta de personal para el Banco, cuenta con respaldo constitucional en el artículo 189-14, y en el 115 de la Ley 489 de 1996, y de lo que se trató fue de salvar la entidad, haciendo prevalecer el interés general sobre el particular, en cuyo respaldo reprodujo un trozo de la sentencia de casación 10779 de 17 de julio de 1998.

Se considera

Para los efectos pertinentes, se precisa que la demandante laboró para la entidad bancaria demandada, como trabajadora oficial, desde el 4 de marzo de 1987 hasta el 28 de agosto de 2000; y que fue despedida por la supresión del cargo, previo el pago de la condigna indemnización. 

En cuanto al primero de los cargos, no obstante que el recurrente acusa la infracción directa de distintas y abundantes normas sustantivas, en su demostración refiere al “alcance equivocado” que el Tribunal dio al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, así como a la “aplicación incorrecta” del mismo precepto, lo que conlleva una desafortunada mixtura, pues, la modalidad anunciada al comienzo implica la ignorancia o la rebeldía del juzgador frente al precepto legal para solucionar el caso litigado, al paso que, en el desarrollo del cargo alude a una equivocación en cuanto al sentido que debe asignársele, submotivos de violación por la vía directa que, lógicamente, se excluyen.  

De todas maneras, el soporte fundamental de la confirmación de la negativa a acceder a lo pretendido, lo hizo consistir el ad quem en “el ayuno de prueba” sobre la hipótesis prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que dejó intacto el recurrente, y que requería de enjuiciamiento por la vía indirecta. 

En el segundo cargo, el impugnante deja de lado lo relacionado con los problemas de salud de la actora, y centra su reproche en que la supresión de empleos no está contemplada en el Decreto 2127 de 1945, como una de las justas causas para poner fin a la vinculación de un trabajador oficial, y que como en la convención colectiva de trabajo, se encuentra estipulado el reintegro para el trabajador despedido sin causa justa, mucho más si no hubo cierre total o parcial de la empresa, debe ordenarse la reincorporación a su puesto de trabajo.  

Sobre este particular, aún cuando es claro que el Tribunal sí advirtió que se había presentado un despido injustificado; el fundamento para desestimar el reintegro, fue de orden fáctico, toda vez que echó de menos el acuerdo colectivo en el que se hubiera pactado la cláusula de reintegro. De este modo, como sucedió en el primer cargo, la acusación se advierte inadecuada, puesto que dejó libre de ataque la premisa fáctica base de la decisión, de todos modos, cuestionable sólo por la vía indirecta. 

Tercer cargo

Acusa la sentencia impugnada “por haberse incurrido en ella en VIOLACIÓN INDIRECTA, POR APLICACIÓN INDEBIDA, de los artículos 61 (subrogado por la L. 50/90, art. 5º), art. 62 (subrogado por el D. 2351/65, art. 7º), arts. 467, 468, 476 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 26 de la Ley 361 de 1997, artículos 1º y 11 de la Ley 6ª de 1945; artículos 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; en relación con los artículos 37 y 39 de la Ley 443 de 1998; artículos 1º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, y 28 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 4º, 177, 303, 304, y 305 del Código de Procedimiento Civil; Convenios Internacionales 87 y 98 de la OIT, ratificados por las leyes 26 y 27 de 1976; 2º de la Ley 64 de 1946, 7º, 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965; 30 del Código Civil; artículos 26, 27, 42, 44, 47, 48 49 y 50 del Decreto 2127 de 1945; artículos 37 y 38 de la Ley 50/45, Decreto 2400 de 1968, artículo 2º y Decreto 1042 de 1978, artículo 2º”. Dijo que los errores de hecho evidente, consistieron en:

“1. Dar por cierto, sin serlo, que la SUPRESIÓN DEL CARGO, es causal legal para la terminación del contrato de trabajo de los trabajadores oficiales, lo que imposibilita el reintegro”.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante por padecer de CÁNCER DE MAMA, enfermedad que hasta la fecha la ciencia médica no ha encontrado cura, requería, excepcionalmente, protección especial y cuidado del Estado.

3. No dar por demostrado, estándolo, que por convención colectiva de trabajo, la demandante tenía el derecho adquirido al reintegro al mismo cargo que ocupaba, por haber sido victima (sic) de un despido unilateral, injusto y estando en grave estado de salud”.

Las pruebas que, en concepto de la actora, el ad quem valoró con error, fueron las convenciones colectivas de trabajo (fls. 53 al 104); la carta de despido (fl. 12); el informe técnico del Banco (fls. 157 al 175); el examen médico de retiro (fls. 13 al 14); y el certificado adosado al folio 15.

Dice que el primero de los errores se presentó porque el ad quem ignoró que “la figura de la planta de personal es predicable y aplicable, expresa, única y exclusivamente de los empleos públicos”, pues no está prevista como justa causa, ni en el sector público, ni en el privado, “sin que el Ejecutivo por decreto (1388/2000) tenga competencia para legislar creando nuevas causales o justas causas para la cancelación de los contratos”. Que, como la terminación unilateral del contrato fue injusta y unilateral, se estructura el supuesto fáctico exigido por la norma convencional para ordenar el reintegro, como lo tiene definido la Corte Suprema de Justicia, “jurisprudencia contra la cual se rebeló el ad quem, al sostener que la convención colectiva allegada al expediente (fls. 53 al 104) no contempla el derecho al reintegro para los trabajadores de Bancafe con más de diez años de labores”. Recaba que el cargo que desempeñaba no fue suprimido, sino que “Se suprimió al empleado más no al cargo, como se desprende del Informe técnico del Banco (fls. 157 al 175). En el no aparece que el cargo desempeñado por mi mandante hubiese sido suprimido. BANCAFÉ no fue liquidado, tal como se desprende del mismo Decreto 1388 del 17 de julio de 2000”.

Aludió a la facultad que tiene el Juez para optar entre el reintegro y la indemnización, análisis que el sentenciador de segundo grado omitió realizar. Para la accionante es “obvio” que el cargo que ocupaba no fue suprimido, porque se mantuvieron las funciones del puesto que ocupaba; que las razones para despedirla, no fueron jurídicas, sino “económicas y de conveniencia para entregárselo a los particulares, como de hecho sucedió”. Que también se desconoció el derecho fundamental a la igualdad, pues no se acreditaron razones para desvincular a unas personas y no a otras, así como el de la vida digna, al trabajo a la salud, etc. Que el Tribunal apreció con error el certificado expedido por la “Liga contra el Cáncer”, e ignoró la vigencia de la Ley 361 de 1997, “artículo 26, lo que lo condujo a apreciar equivocadamente pruebas determinantes y fundamentales para resolver el caso bajo examen. Donde no hubiese existido esa mal (sic) apreciación de las pruebas, examen médico de egreso y certificado de la liga contra el cáncer, habían concluido que se estaba frente a un caso diferente a los demás trabajadores que fueron despedidos pero que no estaban enfermos”.

La réplica

Expresa que a pesar de haberse dirigido la acusación por la senda de los hechos, se abordan temas estrictamente jurídicos, y que la cláusula de reintegro no aparece pactada en alguno de los textos convencionales aportados, y que el informe técnico no fue mencionado por el ad quem. Reiteró que no se presentaron los errores endilgados al fallo de segunda instancia, y que, de todas maneras, la entidad ha entrado en estado de liquidación, lo que definitivamente imposibilita el reintegro.

Se considera

En lo que tiene que ver con el primero de los errores denunciados, es claro que el ad quem no incurrió en él, dado que, contrario a lo afirmado por la censura, pues precisamente, uno de los aspectos que dio por sentados, fue el atinente a la terminación unilateral e injusta del contrato de trabajo, por parte de la empleadora.

En lo que respecta al segundo dislate que se imputa al fallo gravado, también es evidente que al acusar la ignorancia de la vigencia de la Ley 361 de 1997, el impugnante está proponiendo un ejercicio estrictamente jurídico, no susceptible de realizarse por la senda escogida. Además, si la premisa que sirvió de apoyo a la desestimación de lo pretendido, que consistió en la ausencia de prueba sobre la relación de causalidad entre la enfermedad padecida por la accionante y el despido, no fue objeto de reproche por el recurrente, este soporte permanece intacto, y sosteniendo la conclusión a la que arribó el juzgador, de suerte que no se demostró la deficiencia fáctica endilgada, por lo menos, no con el carácter de protuberante, como lo exige el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo.

Si bien, el tercero de los errores, en puridad de verdad, sí se presentó, puesto que, de acuerdo con la cláusula 10ª de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el BANCO CAFETERO y la organización sindical denominada Sintrabanca (fls. 81 y 82), se pactó la posibilidad de reintegrar a los trabajadores que contaran más de 10 años de servicio, beneficio que no desapareció, a pesar de lo acordado en el artículo 9º (fl. 98) de la convención vigente para la fecha en que se produjo la ruptura del nexo jurídico, pues en el inciso 2º del parágrafo único ibídem, se acordó que, en cuanto a la acción de reintegro, “para los trabajadores que se encuentren vinculados a la firma de la presente Convención Colectiva continuará rigiendo la normatividad preexistente”, no obstante, no fue por desatención que el ad quem dejó de valorar las convenciones colectivas de trabajo, sino que se basó en la no alegación de esta circunstancia al momento de interponer el recurso de apelación, “independientemente, si en autos milita la prueba de tal acto normativo de alcance particular”. En consecuencia, el recurrente estaba en la obligación de destruir la validez de lo pretextado por el sentenciador, para no incursionar en el análisis de los acuerdos colectivos, labor que omitió, por lo cual, haciendo abstracción de lo acertado de lo que consideró el Tribunal, y dado el carácter eminentemente dispositivo del recurso extraordinario, a la Corte le está vedado adentrarse en esa materia.

Con todo, conviene rememorar que frente al tema de la reincorporación de los trabajadores del Banco Cafetero, despedidos en aplicación de lo ordenado en el Decreto 1388 de 17 de julio de 2000, la Sala de Casación Laboral ya tuvo la oportunidad de pronunciarse, concluyendo en la improcedencia del reintegro, como por ejemplo en el fallo de 21 de febrero de 2005, con radicación 23704: 

“Como puede verse, la supresión o no del cargo que desempeñaba la trabajadora, como lo propone la censura, es un asunto que debería eventualmente dilucidarse si se encontrara viable la aplicación del precepto convencional que instituye el reintegro. Sin embargo, respecto de la supremacía de los postulados constitucionales sobre lo previsto en normas convencionales, en punto al mencionado tema del reintegro, la Corte así lo ha venido sosteniendo. En esa dirección, entre otras, obran las sentencias preferidas por esta Sala, el 18 de noviembre de 2002, radicación 1889, 18 de junio de 2003, radicación 20200 y 8 de septiembre de 2004, en que se dijo lo siguiente: 

“(...) las razones jurídicas que adujo para considerar improcedente el reintegro deprecado, seguirían subsistiendo al estar soportadas en el criterio jurisprudencial de esta Sala de la Corte, que ese juzgador hizo suyo, relacionado con la prevalencia de las normas especiales dictadas en desarrollo de facultades constitucionales, sobre las simplemente convencionales que garantizan la estabilidad en el empleo. 

“Y ello es así porque el predominio jurídico que sobre las surgidas de convenios colectivos de trabajo tienen las normas legales que guardan vinculación con los fines esenciales del Estado, por estar directamente relacionadas con su estructura, organización y desarrollo de sus funciones, obviamente se presenta en tratándose de situaciones que conduzcan a la supresión de empleos, pero también respecto de aquellas vinculadas con la reducción de la planta de personal de una entidad pública y la adecuación del número de trabajadores a su servicio, que es la situación que regula el Decreto 1388 de 2000, con base en el cual se terminó el contrato de trabajo de la demandante; de tal suerte que ese predominio existe independientemente de la forma como el vínculo laboral termine, en tanto su motivación obedezca a la reestructuración de una entidad Estatal, legalmente ordenada”. 

El reintegro deprecado, entones, adquiere la connotación de imposible de efectuarse, puesto que, como puede observarse en el Certificado de Existencia y Representación Legal adosado al folio 25 del cuaderno de la Corte, mediante Decreto 610 de 7 de marzo de 2005, se declaró la disolución y el estado de liquidación del ente llamado a responder. Es prudente advertir que tratándose de un hecho sobreviniente luego de haberse presentado la demanda, en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral por la integración autorizada en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, es viable tener en cuenta dicho documento.

Conforme a lo expuesto, los cargos devienen infundados, y en consecuencia las costas en el recurso extraordinario, son a cargo de la demandante, dado que hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 26 de julio de 2007, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en el juicio ordinario promovido por EDILMA VIVAS DUSSAN contra el BANCO CAFETERO —BANCAFÉ—.

Costas en casación a cargo de la recurrente.

Cópiese notifíquese y devúelvase al tribunal de origen.

Magistrados: Camilo Tarquino Gallego—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez.