Sentencia 34638 de agosto 4 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 34638

Aprobado acta 248

Magistrado Ponente:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Bogotá, D.C., agosto cuatro de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Incurrió en desacierto el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga al remitir el proceso al tribunal superior de esa ciudad y este a esta corporación para que dirima el conflicto de competencia negativo que en otra oportunidad le había propuesto el juzgado primero penal del circuito especializado de esa misma ciudad, por cuanto este desapareció cuando aquel despacho judicial asumió el conocimiento del asunto en auto de abril 19 de 2010.

2. El artículo 93 de la Ley 600 de 2000 establece que hay colisión de competencia cuando dos o más funcionarios judiciales consideran que a cada uno de ellos corresponde adelantar la actuación, o cuando se niegan a conocerla por estimar que no es de competencia de ninguno de ellos.

El inciso 2º del artículo 95 ibídem determina que el funcionario judicial que la proponga se dirigirá al otro exponiendo los motivos que tiene para conocer o no del caso concreto. Si este no los aceptare, contestará dando la razón de su renuencia, y en tal caso dará cuenta al funcionario judicial competente para su definición.

3. De tales preceptos normativos se infiere que para que se entienda correctamente trabado un conflicto negativo de competencia se requiere del cumplimiento de los siguientes presupuestos:

a) Que el funcionario que está adelantando el proceso al estimar que no es competente para continuar conociendo de él, lo remita a aquel que considere competente, explicando los motivos que fundamenta su posición.

b) Que el funcionario que lo recibe analice los motivos expuestos por quien se declaró incompetente; si no los acepta remite el proceso con el auto explicatorio al superior para que este decida.

En este orden de ideas, es lógico entender que si el funcionario a quien se remite el proceso admite las razones expuestas por quien inicialmente rechazó la competencia y en consecuencia dispone continuar con el trámite del proceso, tal decisión implica que agotó la fase procesal iniciada para discutir la competencia, de donde si después encuentra que no era el competente para conocer del caso, debe provocar una nueva colisión y esperar el pronunciamiento del funcionario que inicialmente rechazó la competencia, a quien entonces le correspondería, de no aceptar las razones expuestas, trabar el conflicto y remitir el proceso al superior para que se decida de conformidad(1).

4. De acuerdo con lo antes expresado el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga equivocó la vía procesal al remitir el proceso a esta Sala por conducto del tribunal superior de esa ciudad cuando en este momento no se ha trabado debidamente el conflicto, porque si estimaba que la competencia no era suya sino del juzgado primero penal del circuito especializado de esa ciudad, debió remitir el asunto a ese despacho judicial proponiendo, si lo consideraba procedente, el incidente respectivo, y era a este estrado a quien le correspondería, de no aceptar las razones expuestas, trabar el conflicto y remitir el asunto a esta corporación.

5. Bajo el contexto anterior la Corte se abstendrá de dirimir el aparente enfrentamiento, disponiendo la remisión del expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga para los fines pertinentes, no sin advertirle que para efectos de precaver la dilación de una pronta y cumplida administración de justicia frente a los presuntos delitos juzgados en este asunto, deberá tener en cuenta lo definido por esta Sala, frente a esta clase de controversias, en las cuales con base en una interpretación sistemática de las leyes 733 de 2002 y 1121 de 2006, llegó a la conclusión que la competencia para conocer de los procesos adelantados por las conductas punibles de secuestro simple —como ocurre en el presente asunto— es de los juzgados penales del circuito especializados, así:

“(...) Como consecuencia de la expedición de la Ley 1121 de 2006 han surgido enfrentamientos entre los jueces penales del circuito especializados y los ordinarios en relación con la competencia para conocer, entre otros, del concierto para delinquir simple y ahora, como en este caso del secuestro simple, incidentes que han llevado a esta Sala a inferir, y aquí reiterar, que un análisis sistemático de la ley citada, y de la finalidad establecida con su expedición, permite colegir que no ha variado la competencia para conocer de los mencionados delitos.

En la citada ley se modificaron algunas normas del Código Penal que se refieren a las conductas punibles objeto de la nueva normatividad, particularmente lo referente a los tipos penales de lavado de activos y la financiación de grupos al margen de la ley o terroristas, y por consiguiente los numerales 6º y 7º del artículo 5º transitorio de la Ley 600 de 2000, pero en este particular punto se debe entender que

“no se buscaba nada diferente a introducir la nueva conducta autónoma creada de “financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, y la denominación del concierto para delinquir agravado del inciso segundo del artículo 340 del Código Penal, dentro de los delitos de conocimiento de los jueces penales del circuito especializados, para efectos de evitar que en su tramitación se recurriese a la cláusula general de competencia, dado que, cuando menos en lo que corresponde a la conducta autónoma creada, por razones obvias no existe norma previa que regule el conocimiento para su juzgamiento.

Y ello fue el querer expreso del legislador, plasmado en la exposición de motivos del proyecto, así:

“6.7. Aspectos procesales.

“Es también pertinente acoplar las modificaciones que se proponen a la preceptiva procesal, por ejemplo en aspectos de competencia y para reformar el parágrafo 3º del artículo 324 de la Ley 906, en la medida de proscribir la aplicación del principio de oportunidad, igualmente frente a la financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

“Por lo anterior se propone una modificación a cada uno de estos artículos sin acudir a una norma general, la cual trae problemas en cuanto a verificación de vigencia de las normas. En este sentido se sugieren los siguientes textos...”.

Mírese cómo, el propósito de modificar la normatividad procedimental, básicamente el tópico de competencia, únicamente se encamina a acoplar allí “las modificaciones que se proponen”, de lo cual se deduce claramente que jamás se pretendió variar completamente la estructura de competencia de la justicia especializada, y ni siquiera abordar exhaustivamente este tópico —a la manera de entender que sólo los ilícitos contenidos en los numerales en cita corren del resorte de este tipo de funcionarios—, por la potísima razón, se repite, que la teleología o querer del Congreso, se agota en el objeto de la Ley 1121 de 2006, afinando, entre otros mecanismos, los tipos penales que consagran las nuevas conductas y entregando el conocimiento de ellas a la justicia especializada.

Para el efecto, basta ver la redacción original de los numerales 6º y 7º del artículo 5º de la Ley 600 de 2000, en confrontación con las normas insertas en el artículo 23 de la Ley 1121 tantas veces citada, para advertir que el único cambio lo constituye, precisamente, la inclusión de la conducta de “financiación del terrorismo”, en el amplio listado del numeral 6º, y otro tanto, en lo que toca con la conducta de concierto para “financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas”, respecto del numeral 7º.

Era el querer del legislador, asoma evidente, apenas el de otorgar a la justicia especializada el trámite de estas nuevas denominaciones jurídicas y por ello modificó la norma original del Código Penal, que contempla esta suerte de ilicitudes y las atribuye a esa jurisdicción, en aras de incluirlas allí.

Porque, cabe reiterar, si se anota que fue creada como conducta autónoma la de financiación del terrorismo, es claro que la omisión del legislador en significarla expresamente de conocimiento de la justicia especializada, habría de conducir —por la razón obvia de que antes no ha sido adscrita a otra autoridad—, a que por el factor residual de competencia, ella fuese remitida a los jueces penales del circuito ordinarios, y esto fue lo que se pretendió evitar, consagrándola directamente bajo la férula de la Justicia especializada.

Por ello, no cambia el ámbito de competencia del delito de concierto para delinquir simple, (como tampoco el secuestro simple), con la introducción que la Ley 1121 de 2006, hace de la nueva denominación jurídica de los comportamientos de financiación del terrorismo y concierto para este efecto, pues, es necesario precisar que la finalidad del legislador era únicamente la descrita, sin pretender, repetimos abordar en su integridad el ámbito de competencia de la justicia especializada, entre otras razones, porque el mismo no se circunscribe a los numerales 6º y 7º modificados —véase como a lo largo de 14 numerales, el artículo 5º Transitorio detalló todos y cada uno de los delitos que, en principio, se buscaba por el legislador fuesen del resorte de esa jurisdicción—, y más importante aún, porque la adscripción a la justicia especializada del delito de concierto para delinquir inserto en el inciso primero del artículo 340, no deriva de la normatividad consagrada en la Ley 600 de 2000 —nunca esa regulación estableció en cabeza de unos dichos funcionarios la competencia para adelantar el trámite en tratándose del concierto para delinquir simple—, sino de regulación posterior, esto es, la Ley 733 de 2002.

Aún vigente ese plexo normativo, contando con la declaratoria de exequibilidad de la Corte Constitucional, no cabe duda de que el concierto para delinquir común, sigue siendo del resorte de conocimiento de la justicia especializada, dado que expresamente su artículo 14 contempla:

“Competencia. El conocimiento de los delitos señalados en esta ley le corresponde a los jueces penales del circuito especializados”.

Y, se releva, la Ley 733 en cita, incluyó, entre otros, el delito de concierto para delinquir simple.

Entonces, si la pretensión del legislador que expidió la Ley 1121 de 2006, hubiese sido la de delimitar exhaustivamente todos y cada uno de los delitos que corren de competencia de la jurisdicción especializada o, cuando menos, eliminar de este catálogo el delito de concierto para delinquir simple, regulado en el artículo 340, inciso 1º, del Código Penal, habría modificado en su totalidad el artículo 5º transitorio, o expresamente derogado el artículo 14 de la Ley 733 de 2002.

Mírese cómo, para abundar en razones, el artículo 28 de la Ley 1121, dentro del acápite de “Vigencia”, postula:

“La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, modifica las siguientes normas: el numeral 1º y los literales d) y e) del numeral 2º del artículo 102 del Decreto 663 de 1993, el artículo 105 del Decreto 663 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 526 de 1999, el artículo 43 de la Ley 190 de 1995, el artículo 23 de la Ley 365 de 1997, los incisos 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 3º de la Ley 526 de 1999, los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º y 9º del artículo 4º de la Ley 526 de 1999, los numerales 2º y 6º, del artículo 6º de la Ley 526 de 1999, los numerales 3º, 6º y 7º del artículo 7º de la Ley 526 de 1999, los incisos 3º y 4º del artículo 9º de la Ley 526 de 1999, el inciso 1º del artículo 15 de la Ley 599 de 2000, el inciso 1º del numeral 1º del artículo 16 de la Ley 599 de 2000, el inciso 1º del artículo 323 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 8º de la Ley 747 de 2002, el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, el artículo 345 de la Ley 599 de 2000, el artículo 441 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 9º de la Ley 733 de 2002, el numeral 20 del artículo 35 de la Ley 905 de 2004, el parágrafo 3º del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 y deroga las normas que le sean contrarias”.

En ninguno de los apartes citados, debe resaltarse, se alude a la modificación o derogatoria del artículo 14 de la Ley 733 de 2002, aunque sí se determinó ello con relación al artículo 8º de ese plexo normativo, evidenciando que la omisión no remite a la inadvertencia acerca de lo consignado allí, sino al deseo de dejar operante el artículo 14, cuando menos en lo que corresponde al delito de concierto para delinquir simple (y el de secuestro simple), en tanto, si de verdad se quisiera establecer un nuevo parámetro general de competencia respecto de la jurisdicción especializada, expresamente habría derogado la norma, como hizo, repetimos, con el artículo 8º.

Ni expresa, ni tácitamente, acorde con lo anotado, la Ley 1121 de 2006, modifica la competencia de la justicia especializada en punto del delito de concierto para delinquir simple a ella deferido por el artículo 14 de la Ley 733 de 2002(2), como tampoco frente a la conducta punible de secuestro simple como enseguida se verá.

(...) La Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación contra el procesado John Jairo Espinosa Villamil, como presunto autor, entre otras, de la conducta punible de secuestro simple previsto en el artículo 168 del Código Penal, modificado por el artículo 1º de la ley 733 de 2002.

(...) El artículo 14 de la ley que se acaba de citar establece que el conocimiento de los delitos señalados en la citada normatividad, entre otros el de secuestro simple, le corresponde a los jueces penales del circuito especializados(3).

6. Encuentra la Corte que en el presente asunto la fase del juicio se inició el 30 de septiembre de 2005 en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga y hasta ahora, al cabo de más de cuatro (4) años y diez (10) meses, ni siquiera se ha iniciado la audiencia de juzgamiento, se ordenará compulsar copias de lo pertinente y de esta providencia con destino al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander para lo de su cargo.

A mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. ABSTENERSE de decidir el aparente conflicto de competencias.

2. Remitir el proceso al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, para los fines que estime pertinentes.

3. Comunicar lo aquí decidido al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga, remitiéndole copia de la presente decisión.

4. Ordenar que la secretaría compulse las copias con el destino y las finalidades indicadas.

Contra esta providencia no proceden recursos.

Cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, autosabril 14 de 2004 y 9 de junio de 2004, noviembre 17 de 2005, radicados 22.126, 22.420 y 24.501, entre otros.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto abril 27 de 2007, Radicado 27229.

(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto mayo 30 de 2007, Radicado 27535.