Sentencia 3469 de febrero 24 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación 760012331000200304839 01

Expediente 3469

Electoral

Consejero Ponente:

Dr. Darío Quiñones Pinilla

Bogotá, D.C., veinticuatro de dos mil cinco

Actor: Juan Carlos Echeverry Narváez

EXTRACTOS: II. Consideraciones

De conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 231 del Código Contencioso Administrativo, esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

El recurso de apelación se interpuso dentro del término que para el efecto señala el artículo 250, inciso primero, del Código Contencioso Administrativo.

En este caso se pretende la nulidad de la elección del señor Diego Alberto Ramos Moncayo como diputado de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca, para el período 2004 a 2007, contenida en el acta parcial del escrutinio de votos para asamblea, formulario E-26, suscrita el 23 de noviembre de 2003 por los delegados del Consejo Nacional Electoral y los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil (fls. 13 y 61).

De la excepción previa formulada por el demandado

El demandado formuló la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda por imprecisión en la identificación del acto demandado.

A pesar de que, de conformidad con el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos contencioso administrativos no hay lugar a proponer y tramitar excepciones previas, la Sala ha reiterado en diversas oportunidades que las que tienen ese carácter serán estudiadas como impedimentos procesales.

En relación con el planteamiento expuesto, es del caso señalar que, tratándose de procesos electorales, el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo señala que “para obtener la nulidad de una elección o de un registro electoral o acta de escrutinio deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a estos”.

Así las cosas, como quiera que la demanda es expresa en señalar que la acción se dirige contra el acto de elección del señor Diego Alberto Ramos Moncayo como diputado de la asamblea departamental del Valle del Cauca para el período 2004 a 2007, debe entenderse que fue formulada de la manera como lo exige la disposición antes citada y ello es suficiente para considerar que la pretensión se presentó en debida forma.

Luego, la excepción propuesta se desestima y, a continuación, la Sala se ocupa del asunto planteado en la demanda.

Del fondo del asunto

El demandante considera que el acto electoral impugnado debe anularse porque el señor Diego Alberto Ramos Moncayo se encontraba inhabilitado para ser elegido diputado, puesto que no presentó oportunamente renuncia a su cargo como concejal del municipio de Santiago de Cali, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179, numeral 8º, de la Constitución Política.

De este modo, la Sala estudiará si el demandado se encontraba inhabilitado para ser elegido, de conformidad con lo dispuesto en numeral 8º de artículo 179 de la Constitución Política, según la modificación que a esa norma le hizo el artículo 10 del Acto Legislativo 01 de 2003, y, por lo tanto, si debe anularse su elección.

Esa norma señala lo siguiente:

“ART. 979.—No podrán ser congresistas:

(...)

8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente. La renuncia a alguno de ellos no elimina la inhabilidad.

PAR. TRANS.—Lo dispuesto en el numeral 8º del presente artículo no se aplicará a quienes hubiesen renunciado con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo (1) .

En primer lugar, es necesario precisar que, conforme lo ha advertido en reiteradas oportunidades la jurisprudencia de la Corte Constitucional (2) , de esta sección (3) y de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación (4) , la hermenéutica literal y teleológica de esa norma superior permite deducir con claridad que esa prohibición se aplica no solamente a los congresistas sino también a todos los cargos que deben proveerse por elección popular, puesto que, de un lado, la expresión “nadie podrá” supone una regla general de aplicación imperativa y, de otro, es lógico deducir que no existe razón suficiente para aplicar esa norma solamente a los congresistas y excluir de aquella prohibición a otros cargos de elección popular. En tal sentido, es obvio que pese a que esa disposición se encuentra en el capítulo 6º del título VII de la Constitución, relativo a “los congresistas”, la causal también debe extenderse a los diputados, en tanto que la referencia genérica a más de una corporación o cargo público involucra a todos los cargos de elección popular.

Para la Sala es claro, entonces, que la inhabilidad sub judice se presenta cuando existe una doble vinculación o cuando un candidato aspira a ser elegido para dos cargos de elección popular cuyos períodos coincidan en el tiempo, así sea parcialmente, y, efectivamente, es elegido.

En ese sentido, se advierte que para que se configure la causal de inhabilidad objeto de estudio es necesario que se cumplan dos condiciones. La primera, relativa a la elección, pues se trata de impedir que una misma persona sea elegida para más de una corporación o cargo público o para una corporación y un cargo. La segunda, es la simultaneidad o coincidencia de los períodos en los que se ha elegido al demandado. En otras palabras, para que se configure la inhabilidad no basta que se demuestre que una persona ha sido elegida dos veces, sino que es indispensable que se pruebe que el período de esas elecciones o nombramientos coincidieron en el tiempo.

En relación con la primera condición, en el proceso está demostrado lo siguiente:

a) El señor Diego Alberto Ramos Moncayo fue elegido Concejal del municipio de Santiago de Cali para el período comprendido entre el 1º de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003 “y ejerció en el año de 2003 asistiendo a las sesiones plenarias extraordinarias que se programaron en los meses de agosto y septiembre de 2003”, según certificación expedida el 1º de marzo de 2004 por el secretario general del Concejo de ese municipio (fl. 58).

b) El demandado fue elegido diputado de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca para el período constitucional 2004 a 2007. Ese hecho se encuentra demostrado con el acta parcial del escrutinio de votos para asamblea, formulario E-26, suscrita el 23 de noviembre de 2003 por los delegados del Consejo Nacional Electoral y los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil (fls. 13 y 61).

c) El señor Diego Alberto Ramos Moncayo tomó posesión como diputado de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca el 2 de enero de 2004, según certificación expedida el 2 de marzo de 2004 por el secretario general de esa corporación (fl. 60).

Con base en lo anterior, la Sala concluye que, efectivamente, el demandado fue elegido en dos cargos de elección popular, en tanto que fue elegido Concejal del municipio de Santiago de Cali y diputado de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca.

En cuanto a la segunda condición, esto es, la relativa a la coincidencia de los períodos en los que se ha elegido al demandado, se tiene que el demandado fue elegido concejal para el período comprendido entre el 1º de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003 y diputado para el período comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007. De manera que resulta evidente que los períodos de las corporaciones públicas para las cuales fue elegido el demandado no coincidieron en el tiempo, ni aún parcialmente, pues el período del cargo de concejal municipal de Cali para el cual fue elegido en el año 2000, concluyó el 31 de diciembre de 2003 y el período de diputado a la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca para el cual fue elegido en el año 2003 se inició el 2 de enero de 2004, esto es, cuando el de la primera corporación había concluido.

En esta forma, es claro que no fue demostrado uno de los supuestos de hecho necesarios para que se configure la causal de inhabilidad objeto de análisis.

El demandante sustenta la inhabilidad con el argumento de que el demandado fue inscrito y elegido como candidato a la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca sin que previamente renunciara a la investidura de concejal municipal de Cali que ostentaba en el momento de la inscripción.

El planteamiento del demandante no es válido, pues con la modificación que el artículo 10 del Acto Legislativo 01 de 2003 le hizo al texto inicial del numeral 8º del artículo 179 de la Carta Política, desapareció la posibilidad de que la inhabilidad quedara eliminada en el evento de que un candidato a una corporación o cargo público que hubiera sido elegido para otra corporación o cargo público cuyo período coincidiera en el tiempo, así fuera parcialmente, con el correspondiente al de la nueva aspiración, presentara renuncia antes de la inscripción de la candidatura.

En efecto, la tesis de que la renuncia a la corporación o cargo público eliminaba la inhabilidad surgió de la interpretación que del texto inicial del numeral 8º del artículo 179 de la Carta Política hizo la Corte Constitucional al resolver la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, el cual, al señalar los casos de inhabilidad de los congresistas, reprodujo el del citado numeral 8º del artículo 179, pero lo adicionó con una parte que dice: “salvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente”.

Al respecto la Corte Constitucional dijo (5) :

“A juicio de la Corte, la norma acusada no es inconstitucional como lo afirman los actores, por cuanto lejos de contrariar, desarrolla el precepto de la Carta.

En materia de inhabilidades y para el caso en estudio sometido a decisión de esta corporación, el artículo 179, numeral 8º de la Carta Política establece lo siguiente:

(...)

La prohibición constitucional admite dos hipótesis:

a) La de una persona que es elegida en forma simultánea, para ser miembro de dos corporaciones, desempeñar dos cargos, o ser miembro de una corporación y a la vez desempeñar un cargo público;

En este caso, es claro que, si se da la condición prevista por la Carta, es decir, que los períodos coincidan en el tiempo, así sea parcialmente, habrá nulidad de la elección para el cargo y pérdida de la investidura del congresista elegido (C.P., art. 183, num. 1º).

b) La de una persona que es elegida para desempeñar un cargo o para ser miembro de una corporación pública y, estando en ejercicio del mismo, aspira a ser elegida para otra corporación o cargo cuyo período coincide, siquiera parcialmente, con el que venía ejerciendo.

En este segundo supuesto, del cual parte el numeral acusado, cabe distinguir, para los fines de la inhabilidad, entre quien ha sido elegido y desempeña el cargo o destino público correspondiente y quien, pese haber sido elegido, no ha ejercido el empleo o interrumpió el respectivo período. Si lo primero, se configura la inhabilidad, lo cual no ocurre en el segundo evento, por las razones que más adelante se precisarán.

En efecto, la coincidencia de períodos, señalada en el canon constitucional como factor decisivo en la configuración de la inhabilidad, no puede entenderse sino con referencia a una persona en concreto que actúe simultáneamente en dos corporaciones, en dos cargos o en una corporación y un cargo.

Un período puede concebirse, en términos abstractos, como el lapso que la Constitución o la ley contemplan para el desempeño de cierta función pública. Pero tal concepto no puede ser tenido en cuenta para efectos de inhabilidades sino cuando en realidad un individuo específicamente desarrolla, dentro del tiempo respectivo, las actividades propias de la función. Vale decir al respecto, que los períodos no tienen entidad jurídica propia y autónoma, sino que dependen del acto condición en cuya virtud alguien entra en ejercicio de funciones. Se convierten entonces en límites temporales de estas.

Una persona puede haber sido elegida y no haberse posesionado en el empleo, es decir, puede no haber ejercido durante el período que le correspondía, o puede haber iniciado su período y haberlo interrumpido mediante su renuncia formalmente aceptada.

En estos eventos, mal puede pensarse que exista inhabilidad, por cuanto no se configura el ejercicio concreto y real del cargo o destino público correspondiente, bien por no haberse posesionado del mismo o en virtud de la separación definitiva ocasionada por la mencionada dimisión.

(...)

De conformidad con el numeral 8º, del artículo 179 de la Constitución, le está prohibido a cualquier ciudadano ser elegido simultáneamente para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. De ahí que la norma en referencia utilice la expresión “nadie podrá”, para cobijar en la mencionada prohibición a todos los ciudadanos.

Lo anterior implica, no solamente la imposibilidad de ejercer simultáneamente dos cargos, para más de una corporación o empleo público, sino también, la prohibición previa de la elección como congresista en las circunstancias anotadas, lo que equivale a entender que quien aspire a esta dignidad, no podrá encontrarse como concejal o diputado, ni tampoco tener la calidad de servidor público, en el momento de la inscripción como candidato al Congreso, salvo la de senador o representante a esa corporación. En dicho caso, se requiere haberse formalizado la renuncia correspondiente en ese momento, a fin de evitar que el concejal o diputado o servidor público candidato a congresista pudiese estar dentro de la prohibición de que trata el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política.

Ya esta corporación ha admitido que la renuncia aceptada constituye vacancia absoluta y por consiguiente, es aplicable lo dispuesto en el artículo 261 de la Carta Política según el cual “ningún cargo de elección popular tendrá suplente. Las vacancias absolutas serán ocupadas por los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de inscripción”, sucesivo y descendente (Sent. C-236, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara).

Lo anterior indica que si se configuró una falta absoluta en presencia de la renuncia formalmente aceptada a un concejal o diputado, antes de la inscripción como candidato al Congreso, no rige para ellos la prohibición consagrada en el artículo 179, numeral 8º, toda vez que su período para esas corporaciones se extinguió en virtud de su dimisión formal, de manera que este solamente rige hasta su culminación para la persona que lo haya reemplazado como candidato no elegido en la misma lista en orden sucesivo y descendente, sin que sea posible pretender que se siga considerando al dimitente como servidor público que en virtud de lo anterior ya no ostenta dicha calidad y por consiguiente no se encuentra inhabilitado en los términos indicados, para ser elegido congresista.

Además, debe agregarse que, si los concejales y diputados cuyo período constitucional se encontraba vigente para la fecha de la inscripción de su candidatura al Congreso de la República, renunciaron expresamente a sus respectivos cargos y su dimisión fue aceptada formalmente, habiéndose configurado de esta manera, la falta absoluta para el resto del período, rige el principio de la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución, la cual se presume en las gestiones que adelantaron ante las autoridades electorales (6) ” (destaca la Sala).

Sin embargo, esa interpretación que hizo la Corte Constitucional en relación con la renuncia al cargo o dignidad antes de la inscripción de la candidatura al nuevo cargo o corporación perdió vigencia frente al nuevo texto constitucional, pues este de manera expresa en cuanto dice que “la renuncia a alguno de ellos no elimina la inhabilidad”, dejó en claro que la misma no tiene incidencia en la inhabilidad.

No obstante, la nueva norma constitucional, mediante parágrafo transitorio, dejó a salvo la situación de quienes hubieran renunciado con anterioridad a la vigencia del acto legislativo que la introdujo.

De manera que, ahora, ante el nuevo texto constitucional, la inhabilidad se configura si la persona es elegida para más de una corporación o cargo público o para una corporación y un cargo si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente, independientemente de que el elegido para una corporación o cargo público presente renuncia antes de aspirar al otro cargo o corporación para el que también hubiere resultado elegido.

De lo anterior se desprende que el supuesto fáctico indispensable para que se estructure la inhabilidad es la de que efectivamente los períodos para los cuales una persona ha sido elegida, coincidan en el tiempo total o parcialmente. De modo que si esa coincidencia de períodos no se presenta, la persona elegida no incurre en inhabilidad, así la inscripción o la elección para esa corporación o cargo público se hubiera efectuado antes de la terminación del período de la otra corporación o cargo público para el cual hubiere sido elegido.

Esto conduce a la conclusión de que no incurre en inhabilidad la persona que haya sido elegida en una corporación o cargo público sin que previamente hubiera renunciado a otro cargo o corporación para el cual igualmente hubiera sido elegido, pero cuyo período no coincida, así fuera parcialmente, con el de la nueva elección.

Es claro que el artículo 179, numeral 8º, de la Carta Política no exige la renuncia del cargo a la corporación para que una persona pueda aspirar a otro cargo o corporación. Lo que prohíbe es que una persona aspire y sea elegida a más de una corporación o cargo público, si los períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.

En estos términos, el demandado no se encontraba obligado a renunciar al Concejo Municipal de Cali para aspirar a la elección como diputado del departamento del Valle del Cauca, pues, como ya se anotó, los períodos para los cuales fue elegido en esas corporaciones no coincidían en ningún momento en el tiempo, y, por tanto, por no presentar la renuncia no incurrió en la inhabilidad alegada.

De consiguiente, de acuerdo con el señor procurador séptimo delegado ante esta corporación, la Sala confirmará la sentencia impugnada.

III. La decisión

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia dictada el 29 de abril de 2004 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2. En firme esta providencia, vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

(1) Los apartes destacados fueron introducidos mediante la reforma contenida en el artículo 10 del Acto Legislativo 01 de 2003. La redacción anterior de esa disposición constitucional señalaba: “8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente”.

(2) Sentencias C-093 de 1994, C-145 de 1994 y C-656 de 1997.

(3) Sentencias del 7 de marzo de 1996, expediente 1500; del 14 de agosto de 1998, expediente 1941; del 28 de septiembre de 2001, expediente 2650; del 2 de noviembre de 2001, expediente 2704; y del 7 de junio de 2002, expediente 2864.

(4) Concepto 1320 del 29 de marzo de 2001.

(5) Sentencia C-093 de 1994.

(6) Sentencia C-093 de 1994.

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