Sentencia 3470 de agosto 14 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ANULADOS ALGUNOS APARTES DEL DECRETO 422 DE 1991

EXTRACTOS: «El aspecto fundamental, objeto de análisis, a juicio de la Sala, está en precisar si efectivamente el Gobierno al expedir el Decreto 422 de 1991, excedió en las normas acusadas la facultad reglamentaria, violando no solo el ordenamiento constitucional, sino las mismas normas que dice reglamentar, con base en las atribuciones del artículo 120 numerales 3° y 11 de la Constitución Nacional de 1886.

1. Acusa la demanda al inciso 1º del artículo 1º del Decreto 422 de 1991, de violar el ordenamiento superior en cuanto crea una contabilidad simplificada para efectos tributarios, no prevista ni en el Código de Comercio, ni en el estatuto tributario, ni en otra norma alguna.

Dice el artículo demandado:

"Contabilidad simplificada. Para efectos tributarios, la contabilidad simplificada consiste en conservar las facturas de compras, de bienes o servicios y llevar el libro fiscal de registro de operaciones diarias en el que se consignan los ingresos diarios de cada establecimiento de comercio''''.

Para la Sala la contradicción acusada no se da por dos razones: a) El demandante no expresa cuál es la norma violada, y como es sabido, la jurisdicción contenciosa administrativa es rogada, no pudiendo, por lo mismo el fallador examinar violación de la ley en forma oficiosa, como está establecido; y b) La única novedad del inciso 1° ''del artículo 1°, está en el título, estableciendo como contabilidad simplificada, la que deben llevar los comerciantes minoristas que se acojan al régimen simplificado del impuesto a las ventas; ella por lo tanto, no regula la contabilidad de los comerciantes en cuanto estén obligados a llevar libros de comercio según las reglas del código que regula la materia; se trata entonces de una contabilidad puramente de orden fiscal, que no tiene los alcances que le atribuye el actor. Además, ese artículo está reglamentando lo establecido en el artículo 616 del estatuto tributario y 42 de la Ley 49 de 1990 que introdujo modificaciones al citado artículo 616 del estatuto tributario. No procede, entonces, la petición de nulidad que se formula contra el inciso 1° del artículo 1° del Decreto 0422 del 13 de febrero de 1991.

Sin embargo, la Sala amplía su criterio para que quede expuesto en forma clara en los siguientes términos:

La primera observación que debe hacerse, es que el artículo relativo a la contabilidad simplificada comienza por delimitar los alcances de sus disposiciones, cuando expresa que "para efectos tributarios la contabilidad simplificada consiste en" (se subraya), lo que significa que no implica ninguna adición ni modificación a las obligaciones o régimen probatorio que consagra para todos los comerciantes el Código de Comercio. Las disposiciones de éste y otros estatutos continúan incólumes, pues el decreto reglamentario acusado, limita sus efectos al campo tributario.

En segundo lugar, se observa que en general el artículo primero, aunque parezca facultativo acogerse al régimen de contabilidad allí descrito, en realidad se refiere o está destinado a los comerciantes minoristas o detallistas, pues así se desprende del artículo 2°, cuando dice que los contribuyentes o responsables obligados a llevar libros de contabilidad pueden acogerse "al régimen de contabilidad simplificada'''' de que trata el artículo 1°, siempre que cumplan los requisitos allí enumerados, que coinciden con los mencionados en el artículo 616 del estatuto tributario (y las adiciones que a éste le hizo la Ley 49/90 en su artículo 30) que consisten en no ser sociedad, ni tener más de dos establecimientos de comercio, un patrimonio inferior a $ 39.900.000 (base año/90) y obtener ingresos netos comerciales inferiores a $ 12.000.000. Es decir, son los mismos que el estatuto tributario denomina "comerciantes minoristas o detallistas".

Para estos comerciantes pequeños, ya el estatuto tributario en el artículo 616 había establecido a su favor una excepción a la obligación de expedir factura o documento equivalente, impuesta en el artículo 615 a los comerciantes y a otros contribuyentes. La excepción consistió en aceptarles como "documento equivalente" el comprobante de registro interno global o individual, en las operaciones diarias que luego precisó con detalles el art. 42 de la Ley 49 de 1990 al. decir que, el "comprobante interno" a que hace referencia el inciso 1° (o sea, el de los comerciantes minoristas o detallistas) estará constituido por el libro fiscal de registro de operaciones diarias, por cada establecimiento, en el cual se identifique el contribuyente, esté numerado y se anoten cronológica y diariamente, en forma global o discriminada, las operaciones efectuadas.

De manera que a esta obligación para los comerciantes minoristas, es a la que puede entenderse referida la parte final del inciso 1° del artículo 1° cuando expresa que "la contabilidad simplificada consiste en... llevar el libro fiscal de registro de operaciones diarias en el que se consigne los ingresos diarios de cada establecimiento de comercio".

Y con relación a la otra obligación a que se refiere el mismo inciso de "conservar las facturas de compras..." nada nuevo le está agregando a uno de los deberes del comerciante consignados en los arts. 53 y 55 del C. de Co., relativos a los comprobantes de contabilidad a los cuales "se anexarán los comprobantes que los justifiquen", todos los cuales deberá conservar "archivados y ordenados" de manera que en cualquier momento se facilite verificar su exactitud.

En conclusión, puede observarse que en materia de obligaciones el Decreto Reglamentario no creó ninguna distinta a las ya establecidas por el estatuto tributario y por el Código de Comercio y que la única novedad consistió en darle un nombre o título a la contabilidad de los pequeños comerciantes (detallistas o minoristas, que cumplan con determinados requisitos) de "CONTABILIDAD SIMPLIFICADA" que en nada altera las normas sustanciales y que sí facilita su ejecución en el campo tributario, sin extenderlo a otras áreas del derecho.

Por estas consideraciones no se acepta la petición de nulidad de esta parte del decreto acusado. No prospera el cargo.

Artículo 3 ° Inciso 1° 

El ciudadano demandante, acusa al artículo 3° inciso 1° del Decreto 422 de 1991, de introducir en el título "de pequeños responsables del impuesto sobre las ventas'''', una distinción no establecida en la norma superior que se presta para que el contribuyente se confunda y no tenga certeza sobre si es pequeño o grande responsable.

Comparte la Sala íntegramente el concepto de su colaboradora fiscal, en el sentido de que no existe fundamento legal para el cargo, pues el título es simplemente una denominación a una agrupación prevista en la misma ley, concerniente a los responsables del impuesto sobre las ventas que pueden acogerse al régimen simplificado en el título VIII del estatuto tributario, y de otra el título no constituye en sí mismo una proposición jurídica que contravenga una norma superior. Por lo tanto no prospera el cargo.

Artículo 3° Inciso 3° 

El inciso 3° acusado, no puede analizarse independientemente de otros aspectos contemplados en el Decreto Reglamentario 422 de 1991, dentro de los cuales la Sala menciona los siguientes:

El artículo 2° enumera los requisitos que deben llenar los comerciantes o responsables obligados a llevar libros de contabilidad que les permite acogerse al régimen de contabilidad simplificada, que no son otros, que los contemplados en el art. 616 del E. T. (adicionado por el art. 42 de la Ley 49/90) y que recibe la denominación de "comerciantes minoristas o detallistas".

El artículo 3° en su primera parte (primer inciso y los tres ordinales) se refiere a las condiciones que deben reunir los responsables del impuesto a las ventas a quienes no se les permite acogerse al régimen simplificado de éste y que están consagradas en el art. 500 del estatuto tributario.

Y, el inciso 3 ° que es el acusado, establece que no son responsables cuando se trate de venta de los servicios contemplados en los numerales 1° a 8° del art. 476 del E. T. (modificado por el 30 de la Ley 49 de 1990) que son, en resumen, clubes sociales, parqueaderos, revelados, copias fotográficas, reparación, mantenimiento (con repuestos), tiquetes de transporte internacional, arrendamiento de muebles y computación y procesamiento de datos.

Ahora bien, según el mismo artículo 476 del E. T. "los servicios contemplados en los numerales 1 a 8, no estarán gravados cuando quien los preste reúne la totalidad de las..." condiciones allí previstas, que consisten en no ser sociedad, no tener más de dos establecimientos, tener patrimonio y renta inferiores a límites allí establecidos, las cuales coinciden con las establecidas en el art. 616 que trasladadas en el reglamento en el art. 2°, recibieron la denominación de "comerciantes minoristas y detallistas".

Se trata pues, de describir el régimen de pequeños comerciantes que como tales pueden acogerse al régimen simplificado del I. V. A. (art. 499 E. T.) e igualmente, al régimen de "contabilidad simplificada" (art. 1° Decreto Reglamentario 422/91) y que, adicionalmente, cuando se dedican a prestar los servicios enumerados del 1 al 8 en el artículo 476 del E.T. quedan excluidos del gravamen, o como dice esta norma: "no están gravados".

Este sistema es el que recoge el Decreto Reglamentario en el inciso acusado (3° del artículo 3°) cuando dispone que tales sujetos "no serán responsables del impuesto a las ventas".

No es aceptable el argumento de la demanda de que el reglamento consagró una excepción sin fundamento legal porque donde no hay impuesto (es decir, obligación tributaria), puede decirse que tampoco hay "responsabilidad" puesto que no puede haber responsabilidad por un impuesto inexistente.

En consecuencia, no prospera el cargo de ilegalidad contra el inciso tercero del artículo 3°.

Cargo contra el artículo 4° inciso 1° 

Con relación al cargo contra el artículo 4° inciso 1° del Decreto 422 de 1991, comparte la Sala el criterio expuesto por el agente del Ministerio Público, pues si bien es cierto que la norma reglamentaria es deficiente al no consignar la periodicidad de los registros en el libro de facturación, no contraría o desconoce la establecida en el artículo 42 de la Ley 49 de 1990, que adicionó el artículo 616 del Estatuto Tributario, que señala, que debe hacerse diariamente. Por tanto, no prospera el cargo.

Cargo contra el artículo 5° inciso 1° 

El cargo contra el artículo 5 ° inciso 1° del Decreto 422 de 1991, se hace consistir en haber considerado la norma acusada "la impresión efectuada por computador'''', cuando la facturación se efectúe por dicho medio como válida, para efectos de los registros exigidos por los literales a) y b) del artículo 617 del estatuto tributario y 42 de la Ley 49 de 1990, relacionados con la identificación del responsable y el número consecutivo de la factura, pues a su juicio, la impresión de dichos registros por tal sistema, no está prevista en la ley.

Observa la Sala que el artículo 42 inciso 2° de la Ley 49 de 1990, establece:

"Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a) y b) deben estar previamente impresos, a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar" (Subraya la Sala).

Indudablemente, la norma en cuanto a medios aceptables de impresión previa, no hace una enumeración taxativa, sino meramente enunciativa, al señalar que los requisitos pueden cumplirse a través de otras técnicas industriales de carácter similar. Es decir, de técnicas de "preimpresión" dentro de las cuales no encuadra la impresión que simultáneamente al expedir la factura hace el computador del nombre del vendedor o de quien preste el servicio y el número consecutivo de la misma, porque con este medio no se garantiza el control que para el efecto del impuesto sobre las ventas persigue la ley.

Es verdad que la impresión por computador a través de un procesador de palabras, en nada se distingue de la factura escrita en máquina eléctrica o mecánica. Tan es evidente, que no garantiza el control perseguido por la ley que señala la exposición de motivos que el Gobierno, con el fin de pretender lograrlo, exige que se conserve a disposición de la administración tributaria "el programa de computador", utilizado para la facturación. Programa que por ser susceptible de variación, no permite el pretendido control. A juicio de la Sala, el computador no es un sistema que permita la "impresión previa" en la factura de los requisitos exigidos por la ley y por lo tanto la norma acusada en cuanto autoriza un sistema de impresión simultánea y no previa, debe retirarse del ordenamiento jurídico. Prospera el cargo.

Acusación contra el artículo 6° 

Se acusa al artículo 6° del Decreto 422 de 1991 de violar el artículo 632 del estatuto tributario pues mientras éste señala el deber de conservar las informaciones y pruebas, que señala el mismo artículo, por un término de cinco años, el reglamento reduce a 2 años el término de conservación de las copias de las cintas de máquinas registradoras, contados a partir de su utilización.

Observa la Sala que la factura es un comprobante externo que permite en un momento determinado comprobar los ingresos por venta de servicios conforme lo indica el artículo 632 del estatuto tributario, que hacen parte de la contabilidad y por lo tanto, su tiempo de conservación para efectos tributarios, que no mercantiles, es de 5 años, independientemente que el vendedor o quien preste el servicio. lleve un registro resumen en los libros de contabilidad.

En este orden de ideas si el artículo 615 inciso 2° del estatuto tributario señala como documento equivalente a la factura, para quienes utilicen máquinas registradoras, el tiquete expedido por éstas y éste es entonces el comprobante de contabilidad, no existe razón para que la copia de la cinta de la máquina registradora sólo deba conservarse por un término de 2 años, con la única obligación de conservar un registro resumen de las mismas.

Constituyendo la copia de la cinta el único comprobante de venta de bienes o similares, como parte integrante de la contabilidad o como prueba de ingresos, debe conservarse por el mismo término señalado en el artículo 632 del estatuto tributario, por existir frente a la misma razón de hecho el mismo fundamento de derecho. Carecía en consecuencia el gobierno, de facultad para reducir el término de conservación de esta prueba equivalente a la factura y por lo tanto la norma deberá ser anulada. Prospera el cargo.

Cargo contra el artículo 9° 

Con relación al cargo contra el artículo 9° del Decreto 422 de 1991, que define qué se entiende por "restaurante", no encuentra la Sala que se haya vulnerado norma superior, ni que desvirtúe el concepto que la gente tenía del término "restaurante"; por el contrario, como lo afirma la colaboradora fiscal, "la facultad reglamentaria establecida en la Constitución Nacional tiene por objeto tomar las medidas necesarias y elaborar los respectivos conceptos para la debida aplicación de la ley", y para el efecto puede el ejecutivo definir los términos utilizados en la ley para su mayor comprensión, ejecución y aplicación.

De otra parte, no puede pensarse en la trasgresión de un concepto popular a través de la norma jurídica ni tampoco que por la definición de un término se viole el artículo 12 de la Ley 153 de 1887 y 28 del Código Civil, menos aun cuando el actor no señala cómo se han violado dichas normas o que norma superior define el término "restaurante". No prospera el cargo.

Cargo contra el artículo 21 

El cargo contra el artículo 21 del Decreto 422 de 1991, está en haber definido las "empresas de servicios temporales", para efectos del numeral 15 del artículo 476 del estatuto tributario, esto es, el gravamen del impuesto sobre las ventas al servicio de aseo prestado a través de este tipo de empresas.

La Ley 50 de 1990, ya había definido en su artículo 71 qué se entiende por empresa de servicios temporales al decir:

"Empresa de servicios temporales. Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador".

Ciertamente, el artículo 21 del Decreto 422 de 1991, consagra para efectos del gravamen al servicio de aseo, una definición que no contiene en su totalidad los elementos dados por el artículo 71 de la Ley 50 de 1990.

En efecto, mientras la Ley 50 de 1990 artículo 71, consagra como empresa toda aquella que contrata la prestación de servicios con terceros, el reglamento limita el concepto de empresas a la contratación efectuada por personas jurídicas o naturales, excluyendo otras entidades como las sociedades de hecho, fundaciones o asociaciones, etc., que constituyen empresa y que podrían ejercer este tipo de actividad, y que tratándose de la prestación del servicio de aseo constituyen verdaderas empresas responsables del impuesto a las ventas por el servicio prestado.

En consecuencia, no hay la menor duda que cuando en el artículo 21 del Decreto 422, se restringe el alcance de la definición dada por el artículo 71 de la Ley 50 de 1990, está incurriendo el gobierno en el exceso de potestad reglamentaria no permitido por el derecho vigente y por lo tanto la norma deberá ser anulada. Prospera el cargo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. ANÚLANSE los artículos 5° inciso 1°, y 21 del Decreto N° 0422 de 1991.

2. DENIÉGASE la nulidad de los artículos 1° incisos 1° y 3°; 4° inciso 1°; y 9° del Decreto 0422 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase».

(Sentencia de agosto 14 de 1992. Expediente 3470. Consejero Ponente: Dr. Carmelo Martínez Conn).

SALVAMENTO DE VOTO

Como al suscrito Consejero le fue negado el proyecto que presentó a la Sala por razón de que la mayoría de ella no compartió la propuesta de anular también el inciso 1° del artículo 1° y el inciso 3° del artículo 3° del Decreto 422 de 1991, transcribo a continuación las razones que para proponer dicha anulación presenté a la Sala y que son justificativas de mi salvamento parcial de voto, ya que en lo demás estoy de acuerdo con el criterio de la Sala:

"1. Acusa la demanda al inciso 1° del artículo 1° del Decreto 422 de 1991, de violar el ordenamiento superior en cuanto crea una contabilidad simplificada para efectos tributarios, no prevista ni en el Código de Comercio, ni en el estatuto tributario, ni en otra norma alguna.

Dice el artículo demandado:

"Contabilidad simplificada para efectos tributarios. La contabilidad simplificada consiste en conservar las facturas de compras, de bienes o servicios y llevar el libro fiscal de registro de operaciones diarias en el que se consignan los ingresos diarios de "cada establecimiento de comercio".

Indudablemente cuando el artículo se refiere a establecimientos de comercio, está refiriéndose a los definidos en el artículo S15 del C. de Co. y si bien es cierto que la demanda no señala el artículo expresamente violado, está afirmando categóricamente que no existe norma en dicho ordenamiento, ni en el estatuto tributario ni en ley alguna que cree una contabilidad simplificada, aseveración que lleva a considerar que se acusa al Presidente de la República de haber excedido el límite de la potestad reglamentaria.

Al analizar las normas reglamentadas, que la misma entidad considera son los artículos 616 del estatuto tributario y 43 de la Ley 49 de 1990, encuentro que el artículo 616 del estatuto tributario, establece unas excepciones, para los comerciantes minoristas o detallistas, a la obligación de expedir factura, que de forma general y para toda clase de personas naturales o jurídicas, sean o no contribuyentes, determina la ley en el artículo 615 del estatuto tributario.

Excepción que en primer lugar no modifica la obligación establecida para el comerciante vendedor por el artículo 945 del Código de Comercio, de expedir la factura de las mercaderías vendidas, cuando así lo exija el comprador, ni exime del cumplimiento de los demás deberes relacionados con el registro mercantil y de la obligación de llevar los libros de comercio que le exige la ley, de acuerdo con la situación de sus negocios. No puede el reglamento excluir de tal obligación a comerciantes minoristas o detallistas, variando el sentido y efectos previstos en la norma, que ciertamente no es, como lo anota la apoderada del Ministerio de Hacienda, reiterar y hacer viable la ejecución de los artículos 615, 616 del estatuto tributario y 43 de la Ley 49 de 1990, en cuanto a la obligación de expedir facturas o el documento equivalente, sino que efectivamente está creando un sistema contable paralelo, para permitir a contribuyentes o responsables acogerse preferentemente a él, independientemente de su carácter de comerciantes, como claramente se evidencia, no sólo del artículo acusado sino de la facultad que para acogerse a tal sistema establece el artículo 2° del mismo Decreto 422 de 1991.

Claramente se infiere que el ejecutivo sí incurrió en exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria al establecer un sistema contable no previsto en ordenamiento superior. Estableciendo incluso excepción para el cumplimiento de la obligación de llevar contabilidad registrada, reglada por el Código de Comercio, pues en manera alguna, de la facultad reglamentaria y del deber de cuidar de la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión conforme con la ley, a que aludía al artículo 120 numerales 3° y 11 de la C. P. de 1886 puede inferirse la concesión de la potestad de crear sistemas contables no establecidos en norma superior, bajo el pretexto de permitir la cumplida ejecución de la ley. Si bien es cierto que el estatuto tributario en el artículo 616 y la Ley 49 de 1990 en su artículo 43, con el fin de obviar la expedición de factura, para efectos tributarios define el "documento equivalente", y suple el comprobante interno de operaciones, por el libro fiscal de registros, uno y otro sólo son comprobantes internos y externos de contabilidad pero en manera alguna son la contabilidad misma, ni constituyen per se, un sistema contable, al cual puedan acogerse los contribuyentes.

Tampoco puede pensarse, como lo cree la apoderada judicial de la demandada que tal atribución es desarrollo del artículo 48 del Código de Comercio, en cuanto hace relación a la autorización de otros sistemas que faciliten la guarda y el archivo de correspondencia o la utilización de otros sistemas de reconocido valor técnico contable, aunque tal autorización según se infiere del artículo ha de hacerse por vía legal y no de reglamento.

De otra parte el gobierno al ejercer sus funciones está subordinado estrictamente a la ley, sin que pueda considerar que tiene facultades implícitas para establecer excepciones a las normas generales, porque dentro de la estructura democrática del estado de derecho, corresponde al Congreso dictar las normas que regulan la conducta de los asociados, entre ellas la obligación de llevar libros de comercio registrados en la cámara de comercio. Y si bien el gobierno puede reglamentar la ley, tal atribución debe cumplirse dentro de los límites contenidos en la propia norma.

En consecuencia el inciso 1° del artículo 1° del Decreto 422 de 1991, merece en mi opinión, ser retirado del ordenamiento jurídico.

Se observa que aun cuando el demandante no señala la norma específica trasgredida, la acusa de "extralimitar sus funciones", afirmación que con base en la facultad de interpretación de la demanda, ha de entenderse se refiere a que, el gobierno al expedir la norma se excedió en la facultad reglamentaria, al establecer una excepción impositiva no prevista en la norma que dice reglamentar.

El artículo 476 del estatuto tributario que señala taxativamente los servicios gravados y sus tarifas, fue modificado en sus numerales 10 a 16 por el artículo 30 de la Ley 49 de 1990, cuyo inciso 2°, dispuso:

"Los servicios contemplados en los numerales l a 8, no estarán gravados cuando quien los preste reúna la totalidad de las siguientes condiciones:

"a) Que no estén constituidos como sociedad;

"b) Que sus ingresos netos provenientes de su actividad comercial en el año fiscal inmediatamente anterior no superen la suma de doce millones doscientos mil pesos (X 12.200.000);

''''c) Que su patrimonio bruto fiscal a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, o el inicial cuando se iniciaron actividades en el año, no sea superior a treinta y tres millones novecientos mil pesos ($ 33.900.000);

"d) Que no tenga más de dos establecimientos de comercio.

"A partir del año en el cual quien preste los servicios adquiera la calidad de responsable, seguirá siéndolo hasta que se le cancele su inscripción en el registro nacional de vendedores, por haber cumplido las condiciones señaladas en este artículo, durante dos años seguidos.

"Parágrafo: Suprímase del inciso primero del artículo 499 del estatuto tributario la frase "y quienes presten los servicios de que trata el parágrafo primero de este artículo''''''''.

Es decir, que fue voluntad del legislador establecer una excepción para los servicios señalados en los numerales 1° a 8° del artículo 476 del estatuto tributario, condicionando el beneficio fiscal al cumplimiento de requisitos específicos determinados en la norma, y que, por su parte el inciso acusado repite el beneficio de la exención pero sin sujetarlo al cumplimiento de requisito alguno sin que pueda pensarse que las circunstancias que permiten acogerse al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas sean las mismas, pues unos son los requisitos del régimen simplificado y otras muy diferentes las exigencias para dar lugar al beneficio fiscal de que los servicios prestados no sean gravados con el impuesto, menos de manera general, pues como lo aduce la demanda, una cosa es que el servicio prestado no sea gravado conforme con los términos del artículo 30 de la Ley 49 de 1990, y otra muy distinta que quien los preste no sea responsable del impuesto sobre las ventas.

La norma acusada trasgrede evidentemente el ordenamiento superior cuando asimila los términos “de servicio no gravado” con el de “no responsable”, similitud que en ningún momento hace la ley. Y de otra parte, al consagrar la excepción, omite la exigencia del cumplimiento de los requisitos que para que opere el beneficio estableció el legislador. Por esta razón el inciso acusado debe retirarse del ordenamiento jurídico".

Guillermo Chahín Lizcano. 

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