Sentencia 34738 de febrero 22 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 34738

Acta 05

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá, D.C., veintidós de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

El tribunal, para estudiar la convivencia de la demandante con el pensionado fallecido hasta el momento de su deceso, que ocurrió el 12 de marzo de 2004, expuso, luego de copiar lo que, en esencia, expresaron los testigos traídos al proceso por la demandada Teresa Díaz de Valencia, que “La Sala da credibilidad a las declaraciones de los cuatro testigos precedentes por cuanto manifestaron las razones de la ciencia de sus dichos, en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ya sea, por ser vecinos de la pareja Teresa Díaz - Elí (sic) Valencia, ora por ser familiares del causante, ora por conocerse desde niños, ora por conocerse en el trabajo. Los testigos son concordantes en que la pareja mencionada no se separó hasta el momento de su muerte. Narran las razones por las que les consta la vida marital de Elis y Teresa por más de 17 años, haciendo énfasis en los actos notorios del tratamiento como cónyuge que le daba el causante a Teresa Díaz” (fls. 42 y 43, cdno. del tribunal).

También analizó las declaraciones de los testigos traídos al proceso por la demandante, Elena Montaño García, sobre los cuales arguyó que “da credibilidad a las declaraciones citadas al proceso por la señora Elena Montaño García por cuanto manifestaron las razones de la ciencia de sus dichos, en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que conocieron la relación de pareja de Montaño García - Elis Valencia. De las transcripciones se desprende que Elena Montaño fue compañera permanente de Elis Valencia Torres hasta el momento de su fallecimiento” (fl. 48, cdno. tribunal).

Concluyó “que hubo simultaneidad de convivencia de pareja Entre Elis Valencia Torres - Elena Montaño García - Teresa Díaz de Valencia” (fl. 49, cdno. del tribunal), y que “de conformidad con lo señalado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, tiene derecho a la pensión de sobreviviente la cónyuge sobreviviente por cuanto se probó la convivencia simultánea, en los términos ya dichos, se mantuvo vigente la convivencia conyugal y no se demostró la separación de hecho entre ella y el causante” (fl. 51, cdno. del tribunal).

Lo anterior significa que la conclusión del tribunal se fundó principalmente en lo que extrajo de la prueba testimonial, que, como es suficientemente sabido, no es prueba hábil en la casación del trabajo para estructurar un desacierto de hecho, lo que impide a la Corte su estudio, salvo que previamente se haya demostrado un error en la valoración de los medios calificados.

No obstante lo anterior, la recurrente insiste en que los cónyuges se encontraban separados de hecho por lo cual estima que le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes en su condición de compañera permanente, y para el efecto relaciona las pruebas que considera como erróneamente valoradas y no apreciadas.

Pero de la revisión de esos documentos, se observa objetivamente lo siguiente:

1. La demanda con la que se dio inició al proceso nada muestra distinto de lo que afirma la demandante (fls. 1 a 9 y 61 a 63), dado que sólo contiene la versión de parte interesada, que como tal no genera elementos de convicción.

2. Los recibos de servicios públicos dan cuenta de que Elis Valencia Torres es cliente de la empresa que los presta y que la dirección es calle 11 Nº 64-14. Mas, por ningún lado, de esos documentos aparece el nombre de la demandante (fls. 65 a 71); además, importa anotar que es usual que las facturas de cobro de tales servicios se expidan a nombre del propietario del inmueble, sin importar quién reside en él, de tal suerte que de esos documentos no es posible establecer que el causante no convivía con su cónyuge.

3. La certificación del Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura informa que en ese despacho se tramitó una demanda de alimentos promovida por la cónyuge, Teresa Díaz de Valencia, y de sus hijos menores, y que, mediante Sentencia 059 de 3 de diciembre de 1984, el causante fue obligado a suministrar alimentos (fl. 116), pero de ese documento no puede inferirse que los cónyuges estuvieran separados, toda vez que esa providencia no contiene consideración alguna en ese sentido. Y establecer si solamente cuando hay separación es posible la condena por alimentos, es una cuestión jurídica que, en la forma como lo presenta el cargo, no podría ser abordada por la vía indirecta.

4. La escritura 779 de 19 de marzo de 1991 (fls. 72 a 77), trata de la compra de un lote en el barrio la Independencia, por parte de Elis Valencia Torres, y allí, ante el notario, el adquirente del inmueble afirmó que su estatus era “de estado civil casado, sociedad conyugal vigente” (fl. 73), por lo que nada diferente a esa afirmación acredita ese documento público. Pero, si bien no es suficiente para acreditar la convivencia del adquirente con quien dijo tener una sociedad conyugal vigente, cabe anotar que el Tribunal concluyó la existencia de esa convivencia del análisis de las declaraciones, que ya se dijo no son prueba hábil, y no del examen de ese documento que, así las cosas, no pudo ser equivocadamente valorado.

5.La certificación del Juzgado Primero de Familia de Buenaventura demuestra “que la señora Teresa Díaz de Valencia instauró demanda de alimentos en calidad de esposa contra el señor Elis Valencia Torres, radicada bajo la partida 492 iniciada el 9 de agosto de 1994 y que en diligencia de audiencia del 9 de noviembre del mismo año, conciliaron las partes en el sentido de descontar el 15% de la pensión mensual de jubilación, primas de junio y diciembre, reajustes, reembolsos, Ley 4ª de 1976 y Ley 71 de 1998 y demás prestaciones que recibiera el demandado en mención” (fl. 107), pero en parte alguna de ese certificado consta que los cónyuges estuvieren separados de hecho.

Sostiene la censura que la condena por alimentos sólo es procedente cuando hay divorcio o separación de cuerpos, tal como lo señalan los artículos 411 del Código Civil y 23 de la Ley 1ª de 1976. Pero esta argumentación involucra cuestiones de orden jurídico que no puede la Corte analizar en un cargo dirigido por la vía de los hechos, aparte de que el razonamiento de la recurrente no se corresponde con lo que surge de los textos legales que cita en su apoyo, de los que no es dable concluir que los alimentos solamente pueden ser reclamados, como aquí aconteció, en caso de separación de los cónyuges, pues el numeral primero del artículo 411 del citado código es claro al precisar que se deben alimentos al cónyuge, de lo que es dable concluir que se pueden reclamar así no se presente la separación de cuerpos.

6.-Las certificaciones de Bancolombia (fl. 122), Empresa de Telecomunicaciones de Buenaventura (fls. 108 a 110) y Codisert (fl. 528), sólo indican que el causante obtuvo una línea telefónica; que residía en la calle 11 Nº 64-14 o en la calle 11 Nº 64-C-14 y que contrató televisión por cable, pero tampoco sirven para probar que estuvo separado de su cónyuge.

Por ende, ninguno de esos medios de convicción acredita que el pensionado fallecido, Elis Valencia Torres, hubiere convivido única y exclusivamente con la recurrente, Elena Montaño García, durante los últimos cinco años de vida del difunto, puesto que si bien su cónyuge sobreviviente, Teresa Díaz de Valencia, lo demandó por alimentos, en dos ocasiones, esa circunstancia no prueba necesariamente que el causante estuviere separado de hecho, como lo afirma la censura.

Y al no haber demostrado la impugnante mediante prueba calificada en casación, los supuestos errores de hecho que le endilga al tribunal, con el carácter de evidentes o manifiestos, no es posible revisar la testimonial, por la restricción impuesta por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

En consecuencia, el cargo no prospera

Cargo segundo:

En él se acusa a la sentencia del tribunal de violar por la vía directa, por interpretación errada, el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 47 de la Ley 100 de 1993, 13, 42 y 48 de la Constitución Política.

Dice que no discute que el 12 de marzo de 2004, falleció Elis Valencia, ni que este convivió simultáneamente con la esposa, Teresa Díaz de Valencia, y con la demandante, como compañera permanente.

Explica que lo que controvierte es la conclusión de que la única beneficiaria de la pensión de sobreviviente es la cónyuge, Teresa Díaz de Valencia, con lo que el ad quem restringió el alcance del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, precepto que expresa que, en caso de convivencia simultánea entre cónyuge y compañera permanente, debe preferirse aquella, enunciado que no es un imperativo categórico inmodificable por el operador judicial, porque debe entenderse con la finalidad de los artículos 13, 42 y 48 de la Constitución Política, que consagran los derechos a la seguridad social y da igual tratamiento a la cónyuge y a la compañera permanente, por lo que cuando hay conflicto entre posibles titulares a la sustitución pensional, los factores como auxilio o apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común al momento de la muerte, legitiman el derecho impetrado y si, como en este caso, hubo convivencia simultánea, implica que las dos estuvieron hasta el 12 de marzo de 2004, prestándole ayuda al pensionado, por lo que es más lógico, jurídico y justo que tanto Teresa Díaz como Elena Montaño compartan la pensión de sobrevivencia.

Arguye que esa posición salomónica la adoptó la Corte en sentencia con radicación 27405 y el Consejo de Estado en la 2410-2004 (760012331000199901453 01), cuyo texto transcribe, y manifiesta que ello es suficiente para demostrar la interpretación equivocada del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por lo que la pensión de sobrevivientes deberá ser compartida entre la esposa y la compañera permanente.

La réplica

Sostiene que el intérprete o el operador de la ley no puede buscarle otros beneficiarios a la pensión de sobrevivientes no señalados por la ley, por lo que no existe duda de que la única beneficiaria, en caso de convivencia simultánea, es la cónyuge y no otra, ni siquiera la compañera permanente, y que esos motivos son para el legislador, no para el aplicador de la ley, pues este no puede atribuirse la facultad de legislar, so pretexto de existir razones que lo justifiquen, lo que equivale a usurpación de funciones, y transcribe el inciso b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

V. Consideraciones de la Corte

El ad quem concluyó que “de conformidad con lo señalado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, tiene derecho a la pensión de sobreviviente la cónyuge sobreviviente por cuanto se probó la convivencia simultánea, en los términos ya dichos, se mantuvo vigente la convivencia conyugal y no se demostró la separación de hecho entre ella y el causante” (fl. 51, cdno. del tribunal).

Esa inferencia jurídica no puede tildarse de ilegal, con fundamento en el concepto de vulneración alegado, puesto que al respecto la primera parte del tercer inciso del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, antes de su declaratoria de exequibilidad condicionada, a la letra, decía:

“En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo”.

De modo que lo inferido por el ad quem se corresponde estrictamente con el texto de la norma, que en verdad es suficientemente claro y no remite a dudas, de tal suerte que no es posible atribuirle un error en su hermenéutica, si extrajo de ella lo que cabalmente entendida surge de su tenor, pues, como es sabido, el literal es un criterio de interpretación válido, al punto que dentro de las reglas de interpretación de la ley que regula el Código Civil se consagra que no le es dado al intérprete desatender el claro tenor literal de una norma para consultar su espíritu.

La recurrente efectúa varios razonamientos que apuntan a la equidad y a los principios constitucionales relacionados con la seguridad social, para concluir que ante una concurrencia en la convivencia con el causante, sería más justo y lógico que tanto la cónyuge como la compañera permanente compartieran la pensión de sobrevivientes. Con ello, en realidad, lo que plantea es una crítica al texto legal y no a su hermenéutica, y aún cuando sus argumentos podrían ser de recibo, desde una perspectiva estrictamente constitucional, el hecho de que el tribunal así no lo entendiera no implica que se equivocara en la exégesis de la norma, aparte de que, en estricto sentido, la censura no cuestiona frontalmente la constitucionalidad de la norma.

Pero aun de entenderse que existen razones jurídicas para que el fallador utilizara la excepción de inconstitucionalidad, que para la Corte era la única manera de no aplicar el precepto en los términos en que lo hizo el tribunal, ello ha debido plantearse explícitamente en el cargo, lo que no se hace, pues no bastaba simplemente la mención de normas constitucionales para entender que lo censurado fue que ese fallador no atendiera la disconformidad de la norma con la Constitución Política.

Y se efectúa la anterior precisión porque no desconoce la Corte que mediante Sentencia C- 1035 de 2008 la Corte Constitucional, al estudiar la norma que aquí se considera indebidamente interpretada, declaró la exequibilidad de la expresión “En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo”, pero “en el entendido de que además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido”.

Sin embargo, la anterior decisión de exequibilidad condicionada es posterior a la sentencia impugnada y no tuvo efectos retroactivos, de tal suerte que obviamente el tribunal no pudo conocerla, por manera que no es dable imputarle un error interpretativo si no llegó a similar conclusión a la que, posteriormente, y en un juicio de constitucionalidad, adoptó la Corte Constitucional. Y ya se dijo que frontalmente, en realidad, no se le efectuó ningún reproche relacionado con la constitucionalidad de la norma.

De otra parte, cumple precisar que no es aplicable al caso lo que expresó esta Sala de la Corte en la sentencia de 17 de agosto de 2006, radicación 27405, citada por la censura, toda vez que allí se trató de un pensionado que falleció el 3 de septiembre de 1993, cuando aún no había entrado en vigencia la Ley 100 de 1993 y mucho menos el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

En consecuencia, no se demuestra que la hermenéutica efectuada por el tribunal no se corresponda con la teleología y el texto de la normativa denunciada, razón suficiente para que el cargo no prospere.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Laboral, de fecha 12 de octubre de 2007, proferida en el proceso ordinario laboral que promovió Elena Montaño García contra la nación - Ministerio de la Protección Social - grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de la Empresa Puertos de Colombia y Teresa Días de Valencia.

Las costas en casación se imponen a la recurrente y en favor de quien replicó: La Nación - Ministerio de la Protección Social - grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de la Empresa Puertos de Colombia. Se fijan las agencias en derecho en dos millones ochocientos mil pesos ($ 2´800.000).

Por secretaría, practíquese la liquidación de costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».