CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

Setencia 34768 de marzo 2 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 34768

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Acta 06

Bogotá, D.C., dos de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

Previamente se ha de anotar que la competencia en este proceso fue atribuida a la justicia ordinaria en la especialidad laboral por el Consejo Superior de la Judicatura, al dirimir el conflicto negativo de competencias presentado con la jurisdicción contencioso administrativa.

En la única acusación que se presenta contra la sentencia del tribunal, incurre el censor en una contradicción al acusar los artículos 1º y 136 del Código Contencioso Administrativo por infracción directa, y los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Estatuto Procesal y de Seguridad Social por indebida aplicación, para luego afirmar de manera genérica que dichos preceptos fueron interpretados erróneamente en el fallo gravado.

Adicionalmente, el recurso no puede tener vocación de prosperidad, por cuanto dos fueron los fundamentos del tribunal para confirmar la decisión absolutoria del juzgado a saber: que había operado el fenómeno jurídico de la prescripción respecto de los factores salariales que debían integrar la base de liquidación de la pensión, y que no se demostró por la parte demandante que el salario base de liquidación de la pensión fuera superior al tomado por Cajanal cuando calculó el monto pensional.

El recurrente ataca uno solo de los que fueron pilares básicos del fallo, esto es el tema de la prescripción, dejando libre de ataque lo relacionado con que la parte actora no probó los hechos en que fundamentaba sus pretensiones, razonamiento que al permanecer incólume sería por sí mismo suficiente para edificar sobre él la legalidad de la sentencia gravada. Ha insistido la jurisprudencia de la Sala en que para quebrantar la decisión de segundo grado que viene amparada por las presunciones de acierto y legalidad, es menester derruir todos los soportes esenciales de la decisión cuestionada, tanto fácticos como jurídicos, porque uno de ellos que se mantenga en pié es suficiente para justificar su apego a la ley.

Por lo demás, la Corte se ha pronunciado sobre la aplicación de las normas del Código Contencioso Administrativo a procesos laborales ante la jurisdicción ordinaria, donde se discute la legalidad de decisiones administrativas sobre reconocimiento de pensiones de empleados públicos, y ha precisado que la circunstancia de que de conformidad con ese estatuto los actos que reconozcan prestaciones periódicas puedan demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los particulares, no implica que no pueda operar la prescripción frente a factores salariales, por tratarse de cuestiones distintas. En sentencia de 20 de octubre de 2009, radicación 34.414, asentó:

“Es indudable que la censura pretende que se aplique al asunto bajo examen el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, según el cual los actos que reconozcan prestaciones periódicas pueden demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los particulares, respetando sin embargo las prestaciones pagadas de buena fe a los particulares. Con ello intenta, de paso, que no se aplique la prescripción frente a factores salariales, como lo tiene adoctrinado esta corporación, sino de aquellas mesadas que fueron afectadas con el paso del tiempo al no reclamarse oportunamente la inclusión de algunos elementos que eventualmente debieron conformar la base de liquidación.

Sin embargo, el hecho de que los actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas puedan demandarse sin fijación en el tiempo, tampoco es extraño a la jurisdicción laboral ordinaria, pues el derecho público subjetivo de acción puede ejercitarse en cualquier tiempo, sin perjuicio, desde luego, de que aquellas prestaciones no reclamadas oportunamente, puedan verse afectadas por el fenómeno jurídico de la prescripción en caso de que la excepción correspondiente sea propuesta por quien pretenda beneficiarse de ella.

Así lo ha señalado la Corte Suprema, como puede verse, a manera de ejemplo, en la sentencia de casación del 6 de febrero de 1996, radicación 8188, en la que se dijo que expresó lo siguiente:

“La posibilidad de demandar en cualquier tiempo está jurídicamente permitida por ser consustancial al derecho subjetivo público de acción. La prescripción extintiva, por tanto, no excluye tal derecho porque dentro de ella, dentro del proceso y presuponiendo su existencia, le permite al juez declarar el derecho y adicionalmente declarar que se ha extinguido —como obligación civil, mas no natural— por no haberse ejercido durante cierto tiempo”.

Entonces, no es la posibilidad de demandar en cualquier tiempo los actos administrativos lo que fatalmente conduce a la imprescriptibilidad de la pensión de jubilación….”.

Adicionalmente se ha de anotar, que no se trata de resolver asuntos de naturaleza pública con reglas del derecho privado como lo pretende presentar el recurrente, sino de dilucidar una controversia sobre el servicio público de la seguridad social en pensiones, bajo las reglas que se han venido decantando por la jurisprudencia de la corporación, a la cual la ley instituyó como sala especializada para conocer y resolver las controversias propias de una disciplina en que como bien se destaca en el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, no tiene trascendencia la naturaleza del acto que decide sobre el otorgamiento de derechos, y en el que la condición jurídica derivada de las distintas formas de vinculación laboral desaparece para dar paso a categorías nuevas que son por las que se define el estatus de derechos, el de afiliado, vinculado o beneficiario del sistema de seguridad social.

Por las razones primeramente indicadas, el cargo se desestima.

Sin costas en el recurso extraordinario por no haber sido causadas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 22 de agosto de 2007, en el proceso seguido por Jesús Alfredo Mejía Ochoa contra la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».