Sentencia 34787 de septiembre 15 de 2010

 

Sentencia 34787 de septiembre 15 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Alfredo Gómez Quintero

Aprobado Acta 293

Bogotá D.C., quince de septiembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Es competente la Sala de Casación Penal de la Corte para resolver la apelación contra el auto del 4 de agosto de 2010 que aprobó el preacuerdo celebrado entre el fiscal y la defensa, de conformidad con los artículos 176 y 178 (modificado por la L. 1395/2010, art. 90) de la Ley 906 de 2004.

En el proceso en curso se le dio la oportunidad a la apoderarepresentante(sic) del señor De Vivero, de intervenir en el proceso penal en su condición de representante legal de quien se alega perjudicado con la conducta de la funcionaria, y con legitimidad para impugnar desde ese punto de vista.

1. El preacuerdo que pone fin a la investigación penal se contrae a la imputación por el delito de prevaricato por acción previsto en el título XV, capítulo séptimo, artículo 413 del Código Penal, y es claro que en este tipo de conducta el sujeto pasivo (la víctima) es la administración pública, porque se trata de un tipo penal de orden funcional, en el que el núcleo de la acción es proferir resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley.

Tal comportamiento se estudia en sí, es decir, sin relación a terceras personas (perjudicados). El análisis de la conducta, del juicio de reproche y de la culpabilidad se circunscribe a apreciar si con la atribuida al funcionario se afectó tanto la credibilidad como la integridad de la administración pública y el funcionamiento del sistema jurídico-administrativo(9).

Y si del acto manifiestamente contrario a la ley resultare —por derivación— afectado un particular (en este caso el señor De Vivero), habrá que entender que él es un perjudicado por una conducta que se derivó de la acción prevaricadora que pudo afectar otro bien jurídico, mas no víctima del prevaricato en su más preciso sentido jurídico.

Esa fue la razón por la cual se libraron oficios comunicatorios tanto a la dirección ejecutiva de administración judicial, como a la doctora Martha Lucía Fajardo Romero (apoderada del señor De Vivero) con la finalidad de que, tanto la víctima como el perjudicado concurrieran a la audiencia de formulación de la acusación (cfr. nota 5).

2. Debe insistir la Sala en que el ideal del proceso penal se contrae a que, tanto la investigación como la imputación se ciñan a “Hechos completos”, esto es, a aquellos que “revistan características de un delito”, es decir, a los hechos jurídicamente relevantes (CPP, arts. 114-1, 200 inc. 1º, 288-2)(10), en suma, la imputación debe ser tanto fáctica, como jurídica, siendo el contenido de imputación asunto de interés no sólo de la fiscalía que es el órgano constitucionalmente encargado de la función de acusar, sino de todas las partes e intervinientes involucradas en el proceso penal: el Ministerio Público, la defensa, las víctimas, los perjudicados, los terceros, en tanto que el núcleo del proceso penal (que es la determinación de responsabilidad relativa a la imputación) les concierne —en lealtad y por igual— a todos los actores del proceso.

3. La apelante (representante legal del perjudicado, reconocido como tal) alegó que contra la funcionaria acusada… “sólo se habla del delito de prevaricato, pero se deja de lado el de privación ilegal de la libertad y hasta una tentativa de concusión, y más adelante hasta de un concierto para delinquir…” (fl. 77/1; ib. nota 8), comportamientos que quizá se derivaron de la conducta prevaricadora objeto del preacuerdo cuya aprobación cuestiona.

Y si ello es así, lo perceptible es que la procesada pudo haber incurrido en un concurso heterogéneo de conductas punibles (jurídico penalmente relevantes), una de ellas contra la administración pública (que fue objeto de preacuerdo), y otras contra diferentes bienes jurídicos.

Si alega la representante del perjudicado (sr. De Vivero) que se omitió investigar y acusar a la procesada por el delito heterogéneo, concurrente de privación ilegal de la libertad derivado de la acción prevaricadora (C.P., art. 174), lo predicable naturalmente es que la conducta contra el bien jurídico de la libertad individual no ha sido objeto de investigación penal como lo dijo —con total claridad— el juez colectivo del conocimiento:

“En cuanto a que se dejó de investigar el delito de privación ilegal de la libertad (o cualquier otro delito) que se derivó de la acción prevaricadora, no constituye factor que propicie la no aprobación o invalidación del preacuerdo, por cuando dicho delito no fue imputado, como tampoco se incluyó en el escrito de acusación, siendo posible que la fiscalía lo investigue por separado” (fl. 78, segundo párrafo).

Desde esa óptica, lo natural es entender que si la procesada pidió perdón a las víctimas, el destinatario de la indulgencia no es otro que el Estado —administración pública porque Mónica Patricia González Pérez…“aceptó su responsabilidad frente al delito de prevaricato por acción, de manera libre, consciente, voluntaria y debidamente asesorada por su defensor, con un conocimiento debidamente informado, descartándose así eventuales vicios del consentimiento” (Acta de aprobación del preacuerdo, pág. 3, cuarto párrafo).

4. En el proceso penal es incuestionable que dentro de las estrategias defensivas está la de fructificar, capitalizar los errores en los que pueda incurrir la contraparte (la fiscalía) cuando falla en la adecuación típica, y esas falencias eventualmente pueden favorecer al procesado; no obstante, tales posibilidades se ven limitadas cuando existan hechos (jurídicamente relevantes) que no fueron objeto de la investigación; el preacuerdo no es, ni puede ser fuente de impunidad(11).

Cuando esto sucede (vale decir, quedan delitos por fuera de la acusación), lo perceptible es el rompimiento de la unidad procesal para que en un proceso diverso se instruya(n) y se juzgue(n) la(s) conductas que no fueron materia de averiguación (CPP, art. 53-4)(12), y en aquel proceso se harán parte las víctimas de tales comportamientos y alegarán las relaciones efectivas a que tienen derecho (CPP, arts. 102-108).

5. Dígase, finalmente, que son viables las aceptaciones parciales de la responsabilidad penal (CPP, art. 353), evento en el que los beneficios correlativos se extienden exclusivamente a las conductas objeto de preacuerdo, allanamiento, etc.

No encuentra la Sala razón alguna que justifique anular el proceso cuando la alegación de la representante de la víctima en esta actuación en nada compromete la definición de la responsabilidad al momento de proferir la sentencia de mérito por la conducta punible objeto del preacuerdo.

Si los mecanismos de procedimiento abreviado y justicia premial (allanamientos, preacuerdos, negociaciones con la fiscalía) en los casos de aceptación total o parcial de responsabilidad no se ven afectados, sigue siendo garantía optativa de la defensa (material y técnica) la de aceptar la responsabilidad penal en aras de obtener beneficios penológicos, porque la aceptación —total o parcial— de la responsabilidad es una estrategia defensiva válida que incumbe al ámbito de la autonomía de parte… “definir su propia conducta procesal”(13).

Ahora, si lo que se entendiera que persigue el perjudicado es la obtención de verdad, no hay duda que ésta se satisface con la emisión del fallo condenatorio, desde luego que en relación con el delito materia de acusación, pues de cara a las demás eventuales conductas punibles ese contenido de verdad (al igual que los de justicia y reparación) habrán de perseguirse en las respectivas causas.

Por las anteriores razones, la Sala CONFIRMARÁ la decisión apelada.

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1) CONFIRMAR la decisión que aprobó el preacuerdo celebrado el 9 de julio de 2010 entre el Fiscal 46 Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la acusada Mónica Patricia González Pérez, procesada por el delito de prevaricato por acción (fls. 76-80/1).

2) Contra este auto no procede recurso alguno.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen(14)

(9) Corte Suprema de Justicia, sentencia del 18 de junio de 2008, radicación 23051; ib. sentencia del 10 de agosto de 2009, radicación 32090.

(10) “… los preacuerdos, además de constituir un acto consensuado entre la fiscalía y el imputado o acusado, según el caso, éste puede recaer sobre la eliminación de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo especifico y la tipificación de una conducta dentro de su alegación conclusiva con el fin de disminuir la pena, según lo reglado en el artículo 350, incisos 1º y 2º, de la Ley 906 de 2004, y acordar también lo referente a los hechos y sus consecuencias y el quantum a imponer en la determinación de la pena (art. 351, inc. 2º, de la citada ley). Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 8 de julio de 2009, radicación 31063.

(11) “3. En materia de preacuerdos y negociaciones la jurisprudencia de la Sala viene enseñando que no se refieren únicamente a la cantidad de pena imponible, sino a los hechos imputados y sus consecuencias, acuerdos que obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten garantías fundamentales.

De manera que la negociación puede extenderse a las consecuencias de la conducta punible imputada, significando que también se podrá preacordar la ejecución de la pena (suspensión condicional o prisión domiciliaria) y sobre las reparaciones a las víctimas, caso en el cual éstas podrán rehusar los preacuerdos y acudir a las vías judiciales pertinentes, según lo prevé el inciso final del artículo 351 de la Ley 906 de 2004(1).

4. Los preacuerdos y negociaciones celebrados entre la fiscalía y el imputado también ha precisado la Corte deben regirse por los principios de lealtad y buena fe, por lo que todo aquello que constituya su objeto que no viole garantías fundamentales o se encuentre el margen de la ley ha de ser incorporado de manera integral al acta correspondiente, lo más completa, clara y precisa posible, a efecto de no generar falsas expectativas, pues dichos acuerdos, como lo pregona un sector de la doctrina, mal pueden servir de instrumento para sorprender o engañar al imputado o acusado, y menos para colocarlo en situación de inferioridad. De ahí que la propuesta fiscal deba ser seria, concreta, inteligible y con vocación de aceptación como diáfanamente lo prevé el artículo 369 en el caso de manifestaciones de culpabilidad preacordada(2)”. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, auto del 3 de octubre de 2007, radicación 28381; ib. sentencia del 1º de junio de 2006, radicación 24764.

(12) “El principio de unidad procesal, investigación y juzgamiento de delitos conexos es la regla general pero admite excepciones… la ruptura de la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte las garantías constitucionales.

En reiterada jurisprudencia la Corte ha sostenido:

“...1. Dentro de las pautas definidas por el legislador para el ejercicio de la acción penal, prevé el artículo 89 del estatuto procesal penal, como regla general, que por cada conducta punible se adelante una sola actuación procesal cualquiera que sea el número de autores o partícipes que concurran a su realización, instituto conocido bajo la denominación de unidad procesal, el cual admite como válida excepción la relativa al procesamiento de delitos conexos cuya investigación y juzgamiento ha de procurarse conjuntamente.

A su turno, prescribe la misma disposición que la ruptura de la unidad procesal, y paralelo a ella la de su excepción referida a la investigación y juzgamiento de delitos conexos, no genera nulidad, al punto que es la propia ley la que contempla toda suerte de posibilidades a las que válidamente puede acudirse para remediar tales defectos, v.gr. el procedimiento de acumulación de penas o la posibilidad de compulsar copias para que por separado se investigue alguna conducta punible no cobijada en la acusación, reservándose aquél remedio extremo sólo para los eventos en que la ruptura comporta afectación de garantías constitucionales…

Aun cuando puedan ser ciertos sus reparos porque evidentemente la duplicidad de actuaciones en nada colabora a la realización del postulado de economía procesal, ello por sí sólo no conduce a que se tenga por estructurado un vicio que deba remediarse mediante el decreto de la nulidad.... Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del: 23 de octubre de 2006, radicación 24904.

(13) Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 30 de septiembre de 2009, radicación 31628.

(14) Artículo 351 inciso 5º, 447 del Código de Procedimiento Penal.