Sentencia 34801 de abril 20 de 2010

 

Sentencia 34801 de abril 20 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 34801

Acta 12

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., veinte de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideracionesde la Corte

El soporte de la decisión recurrida, según el cual, para efectos de estimar el ingreso base de liquidación de la pensión por aportes del actor, debía acudirse al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y no al artículo 7º del Decreto 2709 de 1994, como lo pretendía este, estibó esencialmente en la sentencia de esta corporación del 31 de agosto de 2005, Radicación 24008, por lo que, conforme a jurisprudencia reiterada de la Sala, la modalidad infracción de la ley que se denuncia por la censura luce equivocada, pues ha debido ser la interpretación errónea, además que no se incluye en la proposición jurídica, precisamente, la norma sustancial que constituyó la base de la decisión, como lo fue el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y de cuya interpretación derivó el sentenciador su decisión.

Ahora bien, tal fundamento de la decisión, de que debían ser respetados al actor, para el reconocimiento de su pensión, la edad, el tiempo de servicio y el monto porcentual de la prestación, previstos en la ley anterior, y no el ingreso base de liquidación, que debía regirse por el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a que llegó el tribunal luego de interpretar esta disposición, no luce equivocado, pues él está acorde con la jurisprudencia de esta Sala, contenida en la sentencia que trajo a colación el sentenciador en su apoyo, y que acoge los argumentos ya expresados en el fallo del 23 de abril de 2003, radicación 19549, en el que, en similar discusión a la ahora planteada, dijo la Corte:

“La discrepancia está en la norma que tomó en consideración el tribunal para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes, si se tiene en cuenta que el censor estima que esa corporación se rebeló en contra de la aplicación del artículo 6º del Decreto 2709 de 1994, reglamentario de la Ley 71 de 1988, que lo condujo a aplicar indebidamente el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, relacionado con el procedimiento utilizado por el organismo demandado para obtener el ingreso base de liquidación de la susodicha pensión .

“Para una mejor comprensión del asunto, es bueno traer a colación el texto del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, que a la letra dice:

“A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital, y en el Instituto de los seguros sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco años (55) o más si es mujer”.

“No hay duda que con la expedición de esta norma, el legislador quiso proteger a aquellos trabajadores que hasta la fecha de su vigencia habían aportado a las cajas de previsión social de cualquier orden y al Instituto de Seguros Sociales, pero que no alcanzaban a completar las cotizaciones necesarias para acceder a la pensión de jubilación o a la de vejez, según fuera el caso, para que en adelante, pudieran sumar los aportes efectuados durante el tiempo servido en las entidades públicas y las cotizaciones al ISS y, de esa manera acceder a la pensión de jubilación o por aportes como la definió la misma ley .

“Así se consignó en la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, donde tal artículo fue adicionado al proyecto presentado inicialmente por el Gobierno Nacional. Esto se dijo:

“También era un sentir genérico, la necesidad de solucionar el tiempo acumulado en diversas empresas por los trabajadores, que veían desaparecidas sus esperanzas de obtener una pensión; hoy gracias al artículo 7º se consagra la pensión compartida en condiciones normales y asequibles a cualquier ciudadano que ha logrado completar las condiciones allí establecidas”. (Historia de las leyes, II época, tomo IV pág. 406, 1988) .

“Posteriormente, con el fin de unificar la diversidad de regímenes pensionales que existían en el país, entre otras razones, se expidió la Ley 100 de 1993, que en su artículo 33 dispuso que para obtener el derecho a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, se requiere:

“1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta (60) años de edad si es hombre.

“2. Haber cotizado un mínimo de mil semanas en cualquier tiempo.

“PAR. 1º—Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, y en concordancia con lo establecido en el literal f) del artículo 11 se tendrá en cuenta…”.

“Por su parte, el literal f) del artículo 13 ibídem, establece que el sistema general de pensiones, entre otras características, tendrá la siguiente:

“f) Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al instituto de seguros sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas o el tiempo de servicio”.

“Como puede apreciarse, la nueva ley, esto es, la 100 de 1993, no solamente hizo acopio de la denominada pensión de jubilación por aportes creada por la Ley 71 de 1988, sino que fue más allá de sus previsiones, porque además de permitir la sumatoria de los aportes efectuados a las cajas o fondos de previsión social y en cualquier tiempo, con las semanas cotizadas al ISS, también contempló la posibilidad de sumar a las anteriores cotizaciones y/o aportes, el tiempo de servicio como servidores públicos .

“Lo anterior para significar que la Ley 100, en cuanto a la pensión de jubilación por aportes de que se trata, generalizó el sistema por aportes, en tanto estableció condiciones más amplias para alcanzar la pensión de vejez a las que exigía la ley 71 para la referida pensión por aportes, es decir, la obligación de tener en cuenta la totalidad de los aportes y/o cotizaciones, con independencia de si éstos se hicieron en cajas o fondos de previsión social o en el Instituto de seguros sociales y, además, conservando la misma edad .

“Luego, si la Ley 100 de 1993 estableció un sistema omnicomprensivo de la pensión por aportes y estando por fuera de toda discusión la aplicabilidad al caso de la Ley 71 de 1988, aquella debe tomarse en su integridad, a menos que la persona fuera beneficiaria del régimen de transición que trajo consigo, en cuyo evento, la edad, el tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y el monto de la pensión, se regirán por la normatividad que regulaba el régimen pensional al que se encontraba afiliado al momento de entrar en vigencia el nuevo sistema, con excepción de la forma de obtener el ingreso base para su liquidación, puesto que este componente no hizo parte de la aludida transición .

“En ese orden de ideas, y como quiera que a 1º de abril de 1994 el actor contaba con más 40 años de edad y más de 15 de aportes y/o cotizaciones, es sin duda beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según el cual, como ya se dijo, para el reconocimiento de la pensión de vejez debe tenerse en cuenta la edad, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto señalado en el régimen pensional anterior al cual se encontraba afiliado, más no así el ingreso base para liquidarla, pues de conformidad con el inciso tercero ibídem, y toda vez que a la fecha de entrada en vigencia el nuevo sistema pensional al demandante le restaban menos de diez (10) años para adquirir el derecho, la mencionada base para su liquidación deberá extraerse del promedio de lo devengado durante el tiempo que le hacía falta para reunir los requisitos para acceder al mencionado derecho pensional, como reiteradamente lo ha dicho esta Corte .

“Desde esa óptica, que es la que corresponde, no es de recibo la afirmación de la censura respecto a que la liquidación de la pensión del actor debió hacerse con fundamento en el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994, en tanto la norma reguladora para ello, es el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, luego no encuentra la Sala que el tribunal hubiese incurrido en el yerro hermenéutico que se le endilga.

“Se sigue de lo anterior, que tampoco es aplicable el principio de la condición más beneficiosa previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, puesto que de conformidad con el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, las normas sobre trabajo por ser de orden público producen efecto general inmediato, debiéndose aplicar a los contratos de trabajo que estén vigentes en el momento en que dichas normas empiecen a regir. Así entonces como el demandante cumplió los requisitos para la pensión el 14 de junio de 1997, fecha para la cual las disposiciones de la Ley 100 de 1993 ya estaban en plena operancia, hay que convenir con el Tribunal que la codificación aplicable es esa y no el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994 .

“No desconoce la Sala su pronunciamiento del 28 de agosto de 2001, Radicación 15794, donde se señaló respecto del caso que en esa ocasión se estudió, que para efectos de liquidar la pensión de jubilación por aportes, debían atenderse las previsiones del artículo 6º. del Decreto 2709 de 1994, más sucede que la situación fáctica del asunto en comento era completamente distinta a la que ahora se estudia, en tanto en aquel proceso el demandante había reunido los requisitos para acceder a la mencionada pensión en una fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, mientras que en este, en el mes de junio de 1997, es decir, cuando esta ya regía, circunstancia que determina que la disposición aplicable al tema en discusión (liquidación de la pensión), no es otra que el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 ibídem”.

En cuanto al argumento que emplea la censura respecto a que el Decreto 2709 de 1994 debe primar por sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debido a que es posterior y de carácter especial, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que dicho decreto es reglamentario de la Ley 71 de 1988, más no de la Ley 100 de 1993 y, aún así lo fuera, no podría ir en contra de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Además, dicho Decreto solo resulta aplicable en la medida que igualmente lo sea la Ley 71 de 1988, que reglamenta, y ello solo es posible porque el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo permite a quienes, como el actor, habiendo consolidado su derecho en vigencia de la nueva legislación, reúnan las condiciones para ser beneficiarios del régimen de transición allí previsto, y solo para los aspectos ya previstos, dentro de los cuales, como lo determinó el tribunal, no se encuentra el ingreso base de liquidación, que regula expresamente el inciso tercero.

De otro lado, no se rompe en el presente caso el principio de inescindibilidad, pues dicha mixtura normativa surge del propio texto de la ley, que así lo tiene previsto como una prerrogativa para quienes, estando próximos a pensionarse, se puedan ver afectados con la entrada en vigencia del nuevo régimen de pensiones, y que no tiene otro objetivo que conservar la vigencia de la anterior legislación en unos y determinados aspectos, que de otra manera se verían retirados del cuerpo normativo, por la aplicación retrospectiva de la nueva norma de carácter social.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia dictada el 8 de noviembre de 2007 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del juicio ordinario laboral adelantado por Salomón Marín Agudelo al instituto de seguros sociales.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».