Sentencia 34816 de marzo 7 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Aprobado acta 74

Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. El apoderado de la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda, Entidad Cooperativa, basado en las causales de casación civil, presenta los siguientes reproches contra el fallo del tribunal: la sentencia no está en consonancia con las pretensiones de la demanda de parte civil presentada a nombre de Leonidas Pereira González, Aily Milina, Leonis Michel y Leonidas Pereira Luna (segundo cargo), además advierte que la decisión no es armónica con el valor pactado en el contrato de seguro, dado que a la citada empresa se le condenó más allá de la obligación asegurada ( tercero y cuarto cargo).

Es decir, la inconformidad del recurrente se sustenta, en dos puntos, a saber: la incongruencia de las pretensiones de la demanda de parte civil de unas de las víctimas con lo reconocido en el fallo, y lo atinente a la cuantía de la condena por responsabilidad civil contractual originada en el contrato de seguros suscrito entre José Luis Teherán Cavadía (tercero civilmente responsable) propietario del vehículo colisionado, y la Aseguradora Solidaria Colombia, entidad cooperativa (llamada en garantía).

De tal suerte, esta Corporación estudiará las censuras propuestas de la siguiente manera:

Segundo cargo

1. Basado en la causal segunda de casación consagrada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, acusa que la sentencia no está en consonancia con las pretensiones de la demanda de parte civil, con relación a los perjuicios morales, invocados en el libelo presentado a nombre de Leonidas Pereira González, Aily Milina, Leonis Michel y Leonidas Pereira Luna, que fue por un monto equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, habida cuenta que el juzgador al tasarlos los fijó en 460 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. El artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, contempla: “No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta”.

Frente al anterior supuesto normativo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia(1), ha sostenido que se vulnera el principio de congruencia en los siguientes aspectos:

a) Cuando se decide más de lo pedido (ultra petita).

b) Cuando se resuelve asuntos no sometidos al litigio (extra petita).

c) Cuando se omite pronunciarse sobre alguna de las pretensiones del actor, o acerca de las excepciones postuladas por el demandado (mínima petita), o que el juez deba reconocer de oficio.

Ahora bien, revisado el libelo, se advierte con claridad que el demandante en materia civil tasó los perjuicios morales en “trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes”, razón por la cual el juzgador de segundo grado no podía condenar, en forma solidaria al procesado, a José Luis Teherán Cavadía, ni a la Empresa Transportadora de Córdoba S.A. y a la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., entidad cooperativa, al pago de una cifra equivalente a 460 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en tanto ello constituye una transgresión del principio de congruencia por haber fallado ultra petita, sin que la reducción de tal monto constituya violación a la prohibición de reforma en peor, en la medida en que esta garantía es aplicable únicamente cuando el condenado sea apelante único.

Por tanto, la Corte concluye que el cargo prospera y por tanto casará parcialmente la sentencia de segunda instancia, fijando los perjuicios morales en 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, respecto de la demanda de parte civil presentada a nombre de Leonidas Pereira González, Ailyn Milina, Leonis Michel y Leonidas Pereira Luna, por ser ésta la pretensión que esgrimieron en su demanda.

De acuerdo con el artículo 229 de la Ley 600 de 2000, esta decisión se extenderá a los no recurrentes, por lo que el pago definitivo y solidario al que quedan obligados, procesado, terceros civilmente responsables y llamado en garantía, por concepto de perjuicios morales en favor de los herederos de Carlina Luna Morelo, es la suma equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Tercero y cuarto cargos

1. Esta vez con apego en la causal primera causal de casación civil, denuncia la infracción de la ley, toda vez que el sentenciador condenó a la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., Entidad Cooperativa (llamada en garantía), más allá de lo pactado en el contrato de seguros, esto es, que la responsabilidad civil contractual se estableció en un monto equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Indemnización de perjuicios derivados de la comisión del delito

Conforme a los artículos 94 y 96 de la Ley 599 de 2000, la conducta punible genera la obligación de reparar los daños materiales y morales que emerjan de su comisión, obligación que corresponde en forma solidaria a los penalmente responsables y a quienes de conformidad con la ley estén obligados a responder.

Las preceptivas anteriormente reseñadas guardan relación con lo reglado en el artículo 1494 de Código Civil, en cuanto estatuye el delito como fuente de obligaciones. En consecuencia, como lo ha dicho la Corte, por razón de la relación directa entre el origen del daño y la búsqueda de su reparación, el legislador ha previsto la posibilidad de que la acción resarcitoria pueda ser ejercida de manera concomitante con la definición de la responsabilidad penal en el proceso que se adelante contra quien es señalado como autor, coautor, partícipe o interviniente de la conducta punible que ha causado daño, según los artículos 137 y siguientes del Código de Procedimiento Penal de 2000.

Lo anterior lleva a colegir que la intervención de la parte civil, del perjudicado y de la víctima puede tener lugar en cualquier estado del proceso penal, desde su inicio hasta su culminación, en la medida en que su interés se encuentra supeditado a la definición de estos aspectos: la obtención de la verdad, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real, el derecho a que no haya impunidad y la determinación de la responsabilidad civil por los daños generados y correspondiente condena para todos los llamados a responder de conformidad con la ley, y posteriormente la ejecución de la sanción pecuniaria impuesta.

De esa manera, promovida la acción civil dentro del proceso penal, la competencia que ordinariamente le ha sido asignada a la jurisdicción penal, encaminada a determinar la responsabilidad de quienes han cometido delitos, se extiende a la definición de la responsabilidad civil del señalado como autor, partícipe o interviniente de la conducta punible, e igualmente a aquél que sin haberse inmiscuido de manera directa en su comisión, por mandato legal está llamado a responder civilmente por las consecuencias de tal hecho.

El artículo 54 de la Ley 600 de 2000, regula que en el evento de que la acción civil se ejerza de manera simultánea con la penal, “se adelantará en cuaderno separado en el que se allegarán todas las pruebas y actuaciones relacionadas con la pretensión patrimonial, y se regulará por las normas aquí señaladas y las de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil, en cuanto no se opongan a la naturaleza del proceso penal”.

Por consiguiente, resulta claro que la estructura de la pretensión indemnizatoria se regula de acuerdo con los principios generales en que se sustenta el derecho privado. De ahí que el artículo 48 de la citada Ley 600 estatuya los presupuestos que debe contener la demanda de constitución de parte civil, encontrándose, entre ellas, “Los daños y perjuicios de orden material y moral que se le hubieren causado, la cuantía en que se estima la indemnización de los mismos...”.

Expresado de otra forma, al accionante en materia civil le compete establecer la pretensión indemnizatoria, puesto que a partir del monto que allí se fije, se determina lo acertado de la condena civil, en el evento en que se profiera fallo declarativo de responsabilidad penal.

Frente a este punto, la Corte ha dicho:

“Igual que con la anterior interpretación, el Código de Procedimiento Penal consagra el papel preponderante inquisitivo de la investigación de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible cuando la víctima o el perjudicado no se ha constituido en parte civil, al prever como uno de los fines de la instrucción determinar los daños y perjuicios de orden moral y material causados con la conducta punible, y obligar al juez en caso de demostración de la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado, a liquidarlos de acuerdo con lo acreditado y a condenar en la sentencia al responsable de los daños (CPP, arts. 331 y 56).

“Y, su naturaleza dispositiva cuando existe parte civil constituida, a la que le corresponde delimitar el ámbito del debate y de la actuación del funcionario judicial determinando en el libelo de demanda con precisión las pretensiones, los hechos en que se basan y los fundamentos jurídicos... Consecuentemente, la sentencia condenatoria deberá estar en concordancia con los hechos y pretensiones de la demanda”(2).

El asunto en concreto

1. El apoderado del llamado en garantía, fue vinculado como tal, mediante resolución del 27 de enero de 2006, dictada por la Fiscalía Quince Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Cereté, decisión que fue notificada en forma correcta a los sujetos procesales y al representante legal de la entidad aseguradora, esto es, a la Compañía Solidaria de Colombia Ltda, entidad cooperativa, según se desprende de las correspondientes constancias procesales que obran en el trámite penal.

A través de apoderado, el 17 de agosto de ese año, contestó la demanda presentada por el apoderado de la parte civil, reconociendo que entre la entidad llamada en garantía y el propietario del automotor afiliado a la Empresa Sotracor S.A. hay un contrato de seguro, apareciendo como beneficiarios del mismo los pasajeros u ocupantes del rodante, de acuerdo con las pólizas números 320000007 y 320000008 de fecha 28 de junio de 2004.

Destaca que conforme a las anteriores pólizas, éstas consagran un amparo por responsabilidad civil contractual por un monto equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. De acuerdo con las normas que regulan la actividad aseguradora y el contrato aludido, se conoce que uno de los elementos esenciales del contrato de seguro, al tenor del artículo 1045(3) del Código de Comercio, es la obligación condicional a cargo del asegurador de pagar la prestación asegurada, la cual depende de la concurrencia en cada supuesto de un contrato válido de seguro y de la realización del evento dañoso que como concepto de siniestro (art. 1072(4)) ib.), allí haya sido previsto por los contratantes, requisito éste que a su turno, en tratándose de los llamados seguros de daños, implica:

a) Que sobre el interés patrimonial preestablecido en la póliza, ocurra un evento de la naturaleza en ella igualmente contemplada y dentro de los límites causales, temporales y espaciales convenidos;

b) Que ese mismo evento produzca un daño indemnizable cuya existencia, valga advertirlo, por norma no se presume de derecho y por lo tanto debe ser demostrada; y

c) Que entre los dos extremos señalados evento y daño medie adecuada relación de causalidad.

Expresado de otra forma, la obligación en referencia consiste en indemnizar el daño resultante del riesgo contractualmente asumido que deviene en siniestro, luego ha de entenderse que satisfechos tales requisitos, el asegurador es deudor de una suma nominal de determinada especie de moneda hasta concurrencia del importe que fija su máxima responsabilidad posible (C. Co., arts. 1054(5), 1074(6) y 1079(7)).

3. En el supuesto que ocupa la atención de la Sala, resulta nítido que el valor del contrato de seguro pactado entre el señor José Luis Teherán Cavadía, propietario del vehículo de servicio público, y la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda, entidad cooperativa fue por una cobertura máxima de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Conforme con lo anterior, en lo concerniente a la Compañía de Seguros llamada en garantía, la condena que se le impuso de manera solidaria por valor de trescientos salarios mínimos, a favor de los demandantes Leónidas Pereira González, Ailyn Milina, Leonis Michel y Leónidas Pereira Luna, desborda los límites de su responsabilidad civil contractual pactados en la respectiva póliza y, por tanto, la sentencia impugnada será casada para hacer el ajuste de rigor.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia y en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar parcialmente la sentencia impugnada por prosperar los cargos admitidos de la demanda de casación presentada a nombre del llamado en garantía y, en consecuencia, se adoptan las siguientes determinaciones:

a) Reducir a la suma de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la condena por perjuicios morales impuesta solidariamente a todos los demandados, según las pretensiones elevadas en favor de Leónidas Pereira González, Ailyn Milina, Leonis Michel y Leónidas Pereira Luna, conforme a lo señalado en la parte motiva.

b) Modificar la sentencia impugnada para señalar que la condena de responsabilidad civil solidariamente impuesta a todos los demandados por concepto de los perjuicios morales y materiales causados con los delitos juzgados , en lo concerniente a la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda, Entidad Cooperativa, queda limitada a la suma máxima equivalente de sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes, según la cobertura de la póliza de seguros.

2. En lo demás el fallo se mantiene incólume.

3. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen para su efectivo cumplimiento».

(1) Sentencia de 27 de octubre de 2000. Rad. 6385.

(2) Auto de 9 de febrero de 2006. Rad. 20201.

(3) ART. 1045.—Elementos esenciales. Son elementos esenciales del contrato de seguro:

1) El interés asegurable;

2) El riesgo asegurable;

3) La prima o precio del seguro, y

4) La obligación condicional del asegurador.

En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno.

(4) ART. 1072.—Definición de siniestro. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado.

(5) ART. 1054.—Definición de riesgo. Denominase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento.

(6) ART. 1074.—Obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro. Ocurrido el siniestro, el asegurado estará obligado a evitar su extensión y propagación, y a proveer al salvamento de las cosas aseguradas.

El asegurador se hará cargo, dentro de las normas que regulan el importe de la indemnización, de los gastos razonables en que incurra el asegurado en cumplimiento de tales obligaciones.

(7) ART. 1079.—Responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074.