Sentencia 34819 de noviembre 4 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Aprobado Acta 361

Bogotá, D.C., noviembre cuatro de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Hechos y actuación procesal

1. Hacia las 7 a.m. del 13 de octubre de 2003, en la vía Palmira - Cali, Manuel Antonio Zapata Flórez, de 54 años, se desplazaba en bicicleta. Atrás de él John Fredy Bedoya Ursuga conducía la buseta de servicio público de placas ZNQ 394, afiliada a Coodetrans. Lo hacía con exceso de velocidad, en razón de lo cual y de invadir el carril del ciclista, lo arrolló y le causó la muerte.

2. Al proceso, que se inició el 13 de octubre de 2003, fue vinculado a través de indagatoria John Fredy Bedoya Ursuga, a quien la fiscalía acusó el 25 de octubre de 2005 por la conducta punible de homicidio culposo. Esta determinación quedó en firme el 17 de noviembre siguiente.

3. Tramitado el juicio, el 1º de marzo de 2010 el juzgado 2 Penal del Circuito de Palmira lo condenó a 24 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso, multa de 20 salarios mínimos legales mensuales, suspensión de su actividad de conductor por 3 años y a pagarle a la esposa e hijos del occiso, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 250 salarios mínimos legales mensuales, solidariamente con la compañía de financiamiento comercial Leasing del Valle S.A., vinculada a la actuación en calidad de tercero civilmente responsable. Le concedió al procesado, por último, la condena de ejecución condicional.

4. El abogado de Leasing del Valle S.A., con la pretensión de conseguir exoneración de pago de su representada, apeló ese pronunciamiento y el Tribunal Superior de Buga, por intermedio de la sentencia recurrida en casación, expedida el 9 de abril de 2010, le impartió confirmación.

(...).

Consideraciones de la Corte

1. Está claro para la Sala, luego de revisar la actuación, que el 18 de febrero de 2004 la fiscalía admitió la demanda de constitución de parte civil presentada a través de apoderado por varios parientes del occiso e igualmente que en la misma decisión se dispuso vincular como tercero civilmente responsable a la empresa Leasing del Valle S.A.

En la sentencia de primera instancia, a su turno, la compañía resultó condenada solidariamente con el procesado a pagarles a los demandantes, en total, la suma equivalente a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Recurrida en apelación esa específica determinación por el apoderado de la compañía de financiamiento comercial, la segunda instancia declaró probado que la buseta de servicio público con la cual se causó el delito, identificada con las placas ZNK 394, se encontraba afiliada a la empresa de transportes de Palmira Coodetrans y era propiedad de Leasing del Valle S.A. Esta, a su vez, la tenía dada en arriendo “al locatario con quien suscribió contrato de leasing”.

Realmente —aclara la Sala— fueron dos locatarios los suscriptores del convenio: Luis Olincer Maldonado Farinango y Harbi Guillermo Pantoja Acosta, sin vinculación al presente proceso en condición de terceros civilmente responsables. La duración del mismo se pactó a 36 meses contados desde el 21 de mayo de 2002, se expresó en el documento que en esa fecha los arrendatarios cancelaron “como cuota extraordinaria” 30 millones de pesos y se pactaron, además, 36 cuotas mensuales adicionales de $1.433.613.

El ad quem, de otro lado, de la circunstancia de ser la compañía de leasing la propietaria del automotor con el cual se ejecutó el homicidio, derivó la existencia del “vínculo jurídico” indispensable entre la primera y el segundo para atribuirle responsabilidad civil a la entidad por el hecho ajeno o “daño causado con el vehículo de su propiedad”.

“A la empresa Leasing del Valle S.A. —reflexionó el tribunal— no le resulta extraño ni ajeno que uno de sus vehículos entregados en arrendamiento, sea conducido por un motorista asalariado quien con ese instrumento de trabajo realiza actividad peligrosa, cuyos riesgos aumentados en el tráfico automotor potencia la ocurrencia de eventos como el que reporta el presente proceso, esto es, la causación de daños a terceros cuya responsabilidad no solo afronta directamente el conductor, sino de manera indirecta o refleja el dueño del automotor, y por supuesto que también la persona que en calidad de arrendatario mantenga la tenencia del mismo”.

Los contenidos de las cláusulas novena, literal l), y décima del contrato de leasing le sirvieron a la segunda instancia, adicionalmente, para afianzar la convicción precedente. De acuerdo con la primera “si en virtud de disposición legal, acto administrativo o providencia judicial emanados de autoridad competente, Leasing del Valle, debiere indemnizar a terceros por concepto de daños o perjuicios causados con el (los) bien (es) o por razón de su tenencia, el (los) locatario (s), se obliga (n) para con ella a reembolsarle la totalidad de la suma pagada por dicho concepto, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la presentación de la respectiva factura por Leasing del Valle a el (los) locatario (s)”. Según la segunda los locatarios autorizan a Leasing del Valle para por cuenta de ellos contratar “contra todo riesgo los seguros o renovaciones” y pagar las respectivas primas de ellos, con la finalidad de mantener vigentes las pólizas de amparo del bien “incluyendo los daños y perjuicios que el funcionamiento de este pueda ocasionar a terceros”, expresión última que a juicio del tribunal

“reafirma la existencia del vínculo jurídico entre la propietaria del automotor, los tenedores y el conductor del mismo, por manera que con esa clase de seguros, en su conjunto todos los involucrados en esa relación jurídica, toman las previsiones necesarias a fin de afrontar eventualidades como las derivadas de responsabilidad por el hecho ajeno y también por la actividad peligrosa que comporta la utilización del vehículo automotor de propiedad de Leasing del Valle S.A., en el transporte público de pasajeros, esto es, en el tráfico vehicular que por esencia comporta aumento de riesgo por el mayor peligro que entraña la realización de esa actividad, amén de que con el producto de esa explotación comercial el arrendatario suele pagar el canon mensual pactado con la arrendadora —propietaria— del automotor en el contrato de leasing”.

Así las cosas, poniendo énfasis el juzgador de segundo grado en que el procesado “se encontraba en situación de dependencia o sometido a la autoridad” de los arrendatarios del bien y de la empresa dueña del mismo, confirmó la declaración de responsabilidad civil en contra de Leasing del Valle S.A.

2. Más allá de la desacertada invocación como fundamento de los cargos de normas reguladoras de la casación en la Ley 906 de 2004, dado que el proceso se tramitó por el rito de la Ley 600 de 2000, en los mismos aparece planteado un problema jurídico claro que la representante del Ministerio Público consiguió identificar y al cual limitará la Corte su sentencia. Es posible sintetizarlo en la siguiente pregunta: ¿Es ajustado a derecho concluir que Leasing del Valle S.A., propietaria del bus con el cual se causó el homicidio –que tenía arrendado desde meses atrás a dos personas naturales mediante el sistema de leasing—, debe responder civilmente de los daños ocasionados como consecuencia del homicidio causado con el bien el día de los hechos objeto del presente proceso?

La respuesta, que será no, impone un rápido repaso de la noción de contrato de leasing.

2.1. El contrato de leasing, según lo definió la Sala de Casación Civil de la Corte en sentencia del 13 de diciembre de 2002(1) es “un negocio jurídico en virtud del cual, una sociedad autorizada —por la ley— para celebrar ese tipo de operaciones, primigeniamente le concede a otro la tenencia de un determinado bien corporal —mueble o inmueble, no consumible, ni fungible, lato sensu, necesariamente productivo—, por cuyo uso y disfrute la entidad contratante recibe un precio pagadero por instalamentos, que sirve, además, al confesado propósito de amortizar la inversión en su momento realizada por ella para la adquisición del respectivo bien, con la particularidad de que al vencimiento del término de duración del contrato, el tomador o usuario, en principio obligado a restituir la cosa, podrá adquirir, in actus, la propiedad de la misma, previo desembolso de una suma preestablecida de dinero, inferior —por supuesto— a su costo comercial (valor residual), sin perjuicio de la posibilidad de renovar, in futuro, el contrato pertinente, en caso de que así lo acuerden las partes”.

Podría afirmarse, dice más adelante la jurisprudencia civil anotada, que el tomador o usuario “se sirve del leasing para autofinanciarse, como quiera que él se traduce en una técnica financiera que permite realizar una inversión amortizable con la rentabilidad producida por la explotación económica de un bien”.

En cuanto el legislador no se ha ocupado de reglamentar el contrato o de otorgarle “un tratamiento normativo hipotético”, puede considerarse el leasing un negocio jurídico atípico, consensual, bilateral o de prestaciones recíprocas, de tracto sucesivo, oneroso y generalmente de adhesión, se precisó en la citada sentencia de casación, advirtiéndose después lo siguiente en torno a la naturaleza jurídica del contrato en cuestión:

“No escapa a la Sala que la doctrina nacional e internacional, ha discurrido entre diversas tipologías contractuales, a la hora de precisar cuál es la naturaleza jurídica del leasing, al punto que este, en el plano dogmático, es uno de los tópicos más controversiales de la ciencia mercantil contemporánea. Así, solo por vía de ejemplo, se ha considerado que se trata de un arrendamiento, habida cuenta que, en lo medular, el contratante entrega al usuario la tenencia del bien para su uso y goce, a cambio de un precio; o de un arrendamiento sui generis, en la medida en que posee una fuerte naturaleza financiera; o de equipamiento-arriendo, en cuanto reservado —fundamentalmente— para proveer de equipo a la industria y el comercio, entre otras razones; o una compraventa a plazos con reserva de dominio, toda vez que la sociedad de leasing conserva la propiedad del bien que ha adquirido por instrucciones del tomador, quien podrá hacerse a ese derecho al finalizar el contrato; o como un contrato de crédito, pues la compañía financiera, en últimas, adelanta el capital al adquirir el bien escogido por el usuario del equipo. Y, en fin, se ha querido ver en él una suerte de negociación compleja —o articulada—, en el que conviven, de alguna manera, diversos negocios jurídicos: el arrendamiento con la opción de compra —o con una promesa unilateral de venta, precisan algunos—, sobre la base de que el arrendador le concede al locatario el derecho de adquirir el bien arrendado, al terminar el contrato (C.E., sent. dic. 14/88; Exp. 1661); o el contrato de locación con la compraventa, que es una variante de la anterior, en cuanto las partes, al finalizar el arrendamiento, podrían ajustar una venta en la que se imputaría al precio una parte de los cánones previamente percibidos.

Sin embargo, todas estas teorías, en mayor o menor medida, no están exentas de puntuales reparos que un sector de la misma doctrina, con razón, se ha encargado de develar, poniendo de relieve que el leasing, merced a sus inocultables y crecientes particularidades, amerita un tratamiento genuino, en manera alguna dictado o impuesto por los modelos contractuales perfilados antaño, ahijados para regular o disciplinar tipos estructuralmente disímiles (dictadura de los ‘contratos príncipes’). No en vano el derecho en general, pero sobre todo el contractual, signado por su sistemático dinamismo, no es marmóreo y, menos aún, estacionario.

Así, aunque el leasing y el arrendamiento son contratos en virtud de los cuales se entrega la tenencia, el precio que se paga por ella en el primero responde a criterios económicos que, en parte, difieren de los que determinan el monto de la renta (p. ej.: la amortización de la inversión y los rendimientos del capital), sin que tampoco sea propio del contrato de locación, como sí lo es del leasing, la existencia de una opción de compra a favor del tomador, quien, además —ello es medular en la esfera reservada a la causa negocial—, acude a este último negocio como una legítima alternativa de financiación, a diferencia de lo que acontece en el arrendamiento, en el que milenariamente la causa del contrato para el arrendatario, estriba en el disfrute de la cosa. De igual forma, si bien es cierto que en el leasing, el usuario tiene la lícita opción de hacerse a la propiedad de la cosa (posterius), es enteramente posible que no lo haga y que, por tanto, al vencimiento del contrato restituya la cosa a la compañía, circunstancia que impide su generalizada asimilación a la compraventa —sobre todo a priori—, la que además, tiene confesada vocación de “transferir” el dominio, no así el leasing que, en línea de principio, únicamente permite obtener la tenencia, como se acotó (negocio tenencial). En este mismo sentido, no puede afirmarse que el leasing se asimila o se traduce en un mutuo, comoquiera que ni es contrato traslaticio del dominio, mucho menos de naturaleza real, ni tampoco recae sobre bienes fungibles (Cfme: Cas. Civ. mar. 22/2000, Exp. 5335).

Similares razones conducen a no acoger aquellas posturas que acoplan o engastan en el leasing, a modo de collage, diversos negocios jurídicos (pluralidad negocial, tales como arrendamiento con opción de compra; compraventa con pacto de reserva de dominio, entre otras), habida cuenta que a través de ese expediente, in radice, se desdibujan las razones jurídico-económicas que, en la órbita causal, motivan la celebración del contrato, pues, de una parte, no puede afirmarse categórica y privativamente que el usuario en el leasing siempre aspira a hacerse a la propiedad de la cosa, según se esbozó; más bien, se ha procurado —en sentido amplio— un mecanismo indirecto de financiación para servirse de la utilidad que le es intrínseca a aquel, sin menoscabo del capital de trabajo que posee, conforme a las circunstancias. De igual forma, no puede perderse de vista que la determinación del precio en el contrato de leasing, tiene una fisonomía muy especial, que no responde única y exclusivamente al costo por el uso y goce concedido al arrendatario, sino que obedece, prevalentemente, a criterios financieros que van desde la utilidad propiamente dicha, pasando por la recuperación de la inversión, hasta la eventual transferencia del derecho de propiedad.

Expresado en términos concisos, en obsequio a la brevedad, es preferible respetar la peculiar arquitectura jurídica del apellidado contrato de leasing, antes de distorsionarlo o eclipsarlo a través del encasillamiento en rígidos compartimentos contractuales típicos, se itera, facturados con una finalidad histórica enteramente divergente, propia de las necesidades de la época, muy distintas de las que motivaron, varias centurias después, el surgimiento de este lozano acuerdo negocial”.

En el presente caso, según los términos del contrato de leasing 07416 que celebró Leasing del Valle S.A. con Luis Olincer Maldonado Farinango y Harbi Guillermo Pantoja Acosta, la primera entregó a los segundos para su uso y consiguiente explotación económica, conservando su propiedad, el vehículo de transporte con el cual se causó el homicidio, según lo declaró demostrado el juzgador. A cambio los locatarios o arrendatarios pagaron 30 millones de pesos “como cuota extraordinaria” —a manera de cancelación de la cuota inicial del bien, no cabe duda— y se comprometieron a pagar 36 cuotas mensuales hasta cubrir el valor total del equipo.

2.2. Ahora bien: no se discute que la utilización normal de un vehículo automotor constituye una actividad peligrosa. En el caso sometido a examen de la Corte, de uno cuya propiedad conservó la compañía de leasing, aunque no su tenencia.

Ser el propietario del bien resultó para el juzgador y para la delegada de la procuraduría un argumento principalísimo para atribuir a Leasing del Valle S.A. responsabilidad civil respecto de los daños causados con la infracción. “En buen derecho”, sin embargo, como lo enseña el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y doctrinante Javier Tamayo Jaramillo(2), a quien sigue la Sala en la construcción de esta decisión, es claro que el dueño que se beneficia con el uso y goce de su propiedad deba responder por los daños que de dicho goce o uso produzca a terceros, según lo imponen el derecho de dominio y las actividades peligrosas de los artículos 669 y 2356 del Código Civil.

Y si ese propietario del automotor lo afilia a una empresa para su explotación en labores de transporte, lo normal es que si conserva y ejerce algún poder de dirección y control sobre el automotor responda por actividades peligrosas, así la compañía transportadora también responda si es que ella, de una u otra forma, participa en la dirección y control del vehículo y de su conductor.

“Pero si el propietario no participa para nada en los beneficios que produce el automotor o por cualquier motivo se desentiende completamente de su explotación, mantenimiento y administración —advierte el tratadista citado y se comparte— no vemos cómo pueda ser responsable en caso de incumplimiento del contrato o en caso de daños a terceros, ser responsable por actividades peligrosas al igual que el transportador que realmente tiene la tenencia del automotor”.

(...).

“En consecuencia, no vemos cómo el arrendador financiero, en el contrato de leasing, pueda ser responsable contractual y extracontractualmente de la operación de transporte si ninguna incidencia tiene ni en la celebración del contrato de transporte ni en la operación del automotor arrendado. Lo mismo puede afirmarse del dueño que contractualmente o de hecho se ha desentendió de la tenencia del vehículo”.

Esa conclusión, que resuelve el caso a favor de la pretensión del casacionista, se explica en las nociones de “guardián de la cosa” y de “responsable de la actividad peligrosa”.

La primera consiste en tener el poder de dirección y control del bien utilizado en la actividad peligrosa y el responsable de la misma es, por tanto, quien tiene ese poder intelectual de dirección y control. Es posible, claro está, que varias personas intervengan en actividades de ese tipo con poder independiente, exclusivo o compartido, caso en el cual serán responsables solidarios de los daños causados. Existen casos, de otra parte, en los cuales es viable comprobar que una persona tenía la custodia de la estructura y otra del comportamiento, siendo indispensable en eventos así determinar la causa del daño para saber quién es el responsable. Si el fabricante de una mercancía la entrega a un transportador y en el viaje se presentan daños ocasionados por las cosas remitidas, se puede pensar que se causaron por un defecto de estructura de las mismas o por el manejo impropio que de ellas hizo el transportador. Si las cosas explotaron, por ejemplo, puede afirmarse que el responsable es el constructor; pero si los daños causados con las cosas surgieron debido al volcamiento del medio de transporte, el responsable es el transportador, quien custodiaba el comportamiento de la actividad.

2.3. En el caso de estudio, pese a la conservación de la propiedad sobre el vehículo por parte de Leasing del Valle S.A. y a que ello hace presumir “el poder de comando” sobre el mismo, porque de él normalmente no se desprende el dueño, es evidente que la entidad demostró que no tenía la custodia del automotor pues en virtud del contrato de leasing, en los precisos términos del convenio suscrito con los locatarios, estos adquirieron —en principio al menos— la condición de guardianes del bien o el poder de vigilancia y control sobre la actividad de transporte público desarrollada con el mismo. Era contra ellos, por ende, que debía haberse instaurado la demanda.

Consiguientemente, constituyó un error jurídico del ad quem considerar responsable civil a la compañía por la simple posición jurídica frente al vehículo, desconociendo que materialmente se despojó de su uso y no participó en nada concerniente a la dirección y control del bus, inclusive —desde luego— en la selección del conductor y la vigilancia de su comportamiento.

La conclusión no cambia por el simple hecho de que en una de las cláusulas del contrato se haya previsto la posibilidad de que si Leasing del Valle S.A. eventualmente era obligada a pagar algún perjuicio causado con el automotor, los arrendatarios estarían obligados a reembolsarle a la firma la suma pertinente. Es una norma que más bien deja nítido que el poder intelectual de dirección y control sería de los segundos, lo mismo que el desentendimiento total de la firma en la explotación económica del equipo.

Regular el tema del mantenimiento de los seguros contra todo riesgo del bien arrendado con finalidad de compra, tampoco es una norma establecida por las partes indicativa de que la compañía de financiamiento comercial en algún momento dejó para sí la condición de guardián de la cosa, ni siquiera de forma parcial.

Así las cosas, en desacuerdo con la procuradora delegada, se casará la decisión recurrida en casación, de condenar en calidad de tercero civilmente responsable a Leasing del Valle S.A. al pago de los perjuicios morales causados con el delito de homicidio culposo por el cual fue declarado responsable penal John Fredy Bedoya Ursuga, para en su lugar dictar absolución a su favor.

3. De oficio, la Sala dejará sin vigencia la orden de comiso de la buseta con la cual se cometió el homicidio, identificada con las placas ZNK 394.

Esa figura, regulada en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal de 2000, en su significado genuino consistente en que los instrumentos y efectos con los que se haya cometido la conducta punible pasan a poder del Estado, no aplica frente a delitos culposos. En estos, de acuerdo con esa disposición, los vehículos automotores, naves o aeronaves o cualquier unidad montada sobre ruedas y demás objetos que tengan libre comercio, se someterán a peritazgo y se entregarán provisionalmente al propietario o legítimo tenedor, salvo que se haya solicitado y decretado su embargo y secuestro. Y la entrega será definitiva, conforme al inciso 4º de la norma —en el cual basó la primera instancia la orden del comiso del bien—, “cuando se garantice el pago de los perjuicios, se hayan embargado bienes del sindicado en cuantía suficiente para atender el pago de aquellos o haya transcurrido un año desde la realización de la conducta, sin que se haya producido afectación del bien”.

En el presente caso, no existe constancia de que el automotor haya sido objeto de embargo y secuestro. De haberlo sido, no decaerían esas medidas ante la determinación de absolver a la empresa de leasing propietaria del vehículo, en atención a la condición del mismo de instrumento del delito y a que el escenario para discutir si todo su valor o solo los eventuales derechos económicos respecto del mismo pertenecientes a los locatarios, deben responder por los daños derivados del homicidio culposo.

La orden de comiso, de todas formas, aún de cara a la hipótesis de haberse decretado el embargo y secuestro de la buseta, tendría que dejarse sin efecto por razones obvias. Sin haberse dispuesto las mismas en el trámite, la determinación judicial adecuada a la ley era ordenar la entrega definitiva del bien porque habiéndose superado un año desde la realización de la conducta punible no se produjo su afectación. En consecuencia, se casará parcialmente la sentencia para dejar sin vigor la orden de comiso.

En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar la prosperidad de la pretensión del demandante y CASAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada para absolver a la empresa Leasing del Valle S.A. (hoy Leasing Corficolombiana S.A. CFC, vinculada a la actuación penal en calidad de tercero civilmente responsable.

2. De oficio, CASAR PARCIALMENTE la sentencia para dejar sin efecto la orden de comiso adoptada por el juzgador de primera instancia respecto del vehículo con el cual se cometió el delito, identificado con las placas ZNK 394.

3. Las restantes determinaciones del fallo se mantienen.

Contra la presente decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Expediente 6462, Sentencia 227.

(2) Tratado de responsabilidad civil. Tomo I. Editorial Legis, Colombia 2008. páginas 908, 909, 882 y ss.