Sentencia 34839 de junio 24 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 34839

Acta 24

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Bogotá, D.C., veinticuatro de junio de dos mil nueve.

EXTRACTOS:«IV. Consideraciones de la Corte

El interrogatorio de parte solo puede ser considerado como prueba calificada cuando en dicho medio probatorio se presenta confesión, es decir, declaraciones sobre situaciones adversas para la parte que se le pregunta; lo cual no se presenta en el caso sub examine. En ningún aparte del interrogatorio de parte de la demandada, se observa la confesión en relación con la existencia del contrato de trabajo o en cuanto a la presencia de la continua subordinación o dependencia en el servicio desarrollado por la actora, elemento del contrato que hace parte de la discusión. Todo lo contrario, el representante legal de la demandada afirmó que lo que se celebró entre la actora, en su calidad de experta en bibliotecología, y la empresa, fue un contrato de prestación de servicios profesionales de índole no laboral, y en cuanto a la supervisión del contrato señaló que efectivamente se hizo como todos los contratos comerciales que celebra la empresa.

Además, el hecho de que la demandada asumiera los costos y gastos de la actora por alojamiento, transporte y alimentación, en los eventos en que a esta le tocaba desplazarse a Yopal para ejecutar el objeto del contrato, no implica per se la existencia del contrato de trabajo. De igual manera, el hecho que los archivos y los elementos para archivar sean de la compañía, no conlleva la existencia del contrato de trabajo Ineludiblemente, tales circunstancias se deben observar como indicadores del contrato de trabajo, más no como plena prueba de este tipo de vínculos, razón por la que cuando el interrogado relata que se dieron los citados indicadores dentro del marco de la relación comercial, no se puede concluir que hay confesión en cuanto a la existencia del contrato de trabajo.

En relación con el interrogatorio de parte de la actora también debe decirse que no es prueba calificada, porque como lo dijimos, solo lo sería en cuanto a las situaciones adversas, esto es cuando se configura confesión, lo que no puede predicarse de las afirmaciones que hizo la interrogada a su favor. Cabe destacar, que la prueba de interrogatorio de parte tiene como objetivo principal, la búsqueda de la confesión de la parte interrogada, razón por la que solo pregunta la contraparte y, que las respuestas deban limitarse a lo preguntado. Tales razones hacen que el interrogado no puede alegar como prueba su propio dicho y, en tal sentido, no incurrió en error el tribunal al no dar por demostrado el contrato de trabajo con sustento en lo que la actora afirmó en su favor en el interrogatorio.

Ahora bien, revisados los folios 17 a 62 no se observa error manifiesto del tribunal, toda vez que el contenido de los contratos y cuentas de cobro que reposan como prueba, acreditan la existencia de vínculos civiles de prestación de servicios. Tampoco los informes de actividades que le entregaba la actora a la demandada o el informe de la demandada sobre las actividades de la contratista, acreditan la existencia del contrato de trabajo por sí solos. Primero, porque del contenido de los informes no se desprende ningún elemento que demuestre subordinación o dependencia de la demandante: en ellos se acredita la prestación de servicio por medio de la demandante y otra persona, además contiene una rendición de la gestión por estas realizadas a favor de la demandada y sus conclusiones sobre las posibles causas, sus recomendaciones y asesoría sobre la actividad por ellas desplegadas durante el período que comprendía dicho informe, lo cual denota autonomía en el ejercicio de su objeto. En segundo lugar, porque la elaboración de informes o la revisión y evaluación de las actividades ejecutadas por el prestador del servicio, no son actuaciones u obligaciones exclusivas de los contratos de trabajo, también se permite en los contratos civiles pactar que el contratista elabore informes de actividades e igual para la contratante. Este ha sido criterio reiterado de esta Sala, como se establece en la Sentencia 16062 de fecha 9 de septiembre de 2001, en la que la Corte concluyó:

“La existencia de un contrato civil o comercial no impide que se den instrucciones o se vigile la ejecución del mismo”. Con esta precisión, corresponde a la Corte abordar el estudio de fondo, destacando que el meollo de la presente controversia estriba en determinar si la naturaleza jurídica del vínculo que unió al actor y a la demandada desde el 23 de julio de 1993 hasta el 25 de julio de 1997 era laboral, como lo plantea el recurrente, o si por el contrario, mercantil independiente (...)”.

“Es que definitivamente la vigilancia, el control y la supervisión que el contratante de un convenio comercial o civil realiza sobre la ejecución y las obligaciones derivadas del mismo, en ningún caso es equiparable a los conceptos de “subordinación y dependencia” propios de la relación de trabajo, pues estas últimas tienen una naturaleza distinta a aquellos; en todo caso, las instrucciones específicas hay que valorarlas dentro del entorno de la relación y no descontextualizadamente como lo intenta el censor, pues son precisamente esas circunstancias peculiares las que en determinado momento permiten colegir si las órdenes o instrucciones emitidas corresponden a un tipo de contrato, su desenvolvimiento y la naturaleza de la instrucción impartida, lo que impide tener los documentos transcritos como señal de una relación de trabajo”.

Finalmente, en cuanto a estos documentos (fls. 17 a 62) se debe decir que son de fecha anterior a la fecha inicial del contrato de trabajo que se reclama y corresponden a otros contratos celebrados entre las partes, por lo que no pueden servir como prueba para demostrar el contrato de trabajo que se dice inició el 6 de marzo de 1997 y finalizó el 30 de abril de 1997. Lo mismo se debe decir de las pruebas acusadas como no apreciadas, folios 88 a 89, 93 a 101, y folios 108 a 121.

Por lo demás, en cuanto los folios 91 y 103 a 107 que contienen el contrato de prestación de servicios y la propuesta de servicios de la demandante, se debe precisar que fueron aludidos por el tribunal, de tal manera que resulta infundada la acusación de que dichas pruebas no fueron apreciadas por el ad quem. En todo caso, como se dijo antes, del texto de tales contratos de prestación de servicios profesionales que suscribieron las partes, como también, de la propuesta de servicios presentada por la demandante y su hermana Soffia Álvarez Botero, lo que se acredita es la existencia de una relación civil. Lo mismo ocurre con las facturas por servicios de la demandante y de su hermana que reposan a folios 90 y 102.

Finalmente, en lo que respecta a la respuesta a la reclamación formulada por la demandante (fl. 92) esta lo que demuestra es la negación a las pretensiones de la actora, al señalar que no existió entre las partes contrato de trabajo. Así las cosas, el tribunal no incurrió en los errores manifiestos que se le imputan.

Por lo anotado, no prospera el cargo

En ese orden de ideas, no se casará la sentencia. En virtud del resultado del recurso y por haber sido objeto de réplica, se condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida, en descongestión, por el Tribunal Superior de Yopal, Sala Única de Decisión el 13 de junio de 2007, en el proceso ordinario de Marcela Álvarez Botero contra BP Exploration Company-Colombia-Limited.

Costas para el recurrente en el trámite del recurso.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».

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