Sentencia 34843 de diciembre 11 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 34843

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Aprobado acta 419

Bogotá, D.C., once de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Se considera

1. Como ha sido indicado en ocasiones anteriores por la Sala(14), la acción de revisión fue concebida por el legislador como un mecanismo que posibilite a los sujetos procesales propiciar la invalidación de una providencia, de la cual, no obstante encontrarse ejecutoriada y por ende haber hecho tránsito a cosa juzgada, resulta razonable predicar que entraña un contenido de injusticia material.

Ello puede ocurrir porque se haya condenado o impuesto una medida de seguridad a dos o más personas por una misma conducta punible, cuando se encuentre fundado que solo ha podido ser cometida por una o un número menor de personas; o porque la acción penal no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción penal o ante la presencia de cualquiera otra causal de extinción de la acción penal; o porque después del fallo aparecen hechos nuevos o surgen pruebas no conocidas al tiempo de los debates que acrediten la inocencia o la inimputabilidad del condenado; o se demuestre con sentencia en firme que el fallo fue determinado por conducta típica del juez o de un tercero o se basó en prueba falsa y; finalmente, cuando la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió de sustento a la sentencia condenatoria, demostración que solo es posible jurídicamente dentro del marco que delimitan las causales taxativamente señaladas en la ley.

Y a partir del fallo de constitucionalidad de que trata la Sentencia C-004 de 2003, se amplió la acción de revisión a los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria, cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, siempre que se den las específicas circunstancias allí mismo señaladas (motivo hoy en día reproducido por el artículo 192 del Código de Procedimiento Penal de 2004, aplicable a los casos ocurridos con posterioridad a su vigencia).

2. Cabe precisar que si la acción se apoya en la causal primera de las previstas por el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, esto es, cuando el juzgador ha condenado o impuesto medida de seguridad a un número mayor de personas de las que materialmente pudieron haber tomado parte en la ejecución del hecho punible, atendiendo la naturaleza de este, sus características, y la verdad fáctica acreditada en el proceso, compete al demandante demostrar que entre los hechos acreditados en el proceso (verdad formal), y los declarados probados por los juzgadores en las sentencias de primera y segunda instancia (verdad declarada), se presenta una discrepancia en torno al número de personas que tomaron parte en la realización de la conducta típica, bien porque ella no podía ser realizada sino por una sola persona y fueron más las condenadas, o porque se condenó a un número mayor de las que participaron en ella, y que esta disconformidad de carácter cuantitativo condujo a la condenación de por lo menos un inocente(15).

3. Plausible se ofrece aclarar, que en el presente evento no resultaba procedente acudir a la causal tercera de revisión, sino a la primera, acertadamente escogida por el libelista, toda vez que no se trató de haber aparecido hechos o pruebas sobre las cuales el fallador no tuvo oportunidad de pronunciarse por no haberlas conocido y que, de haberlo hecho, habrían conducido definitivamente a la absolución o a declarar el estado de inimputabilidad del procesado en el comportamiento por el que en su contra se dictó condena.

Lo anterior, en razón a que en el fallo de segundo grado el tribunal no solo expresamente hizo alusión a un dictamen pericial que daba cuenta de la posible suplantación en la identidad del procesado, sino que de manera equivocada definió el proceso con respecto de dos sujetos distintos, cuando ha debido pronunciarse solo en relación con uno de ellos, pues el otro era completamente ajeno a la actuación.

4. En el caso sub judice, el accionante adujo que su patrocinado no participó a ningún título en la realización de la conducta llevada a cabo la noche del 21 de agosto de 1998 en la ciudad de Popayán, y que tampoco fue capturado el día 23 siguiente en la ciudad de Pereira junto con Guillermo Rojas Villamizar y César Augusto Castro Izquierdo, sino que fue suplantado por el verdadero autor del comportamiento quien, sin exhibir documento alguno de identidad, dijo llamarse Jaime Santamaría Castro, con cédula de ciudadanía 19.344.790, condiciones en las cuales se lo vinculó al proceso mediante indagatoria, días más tarde fue dejado en libertad y, estando libre, se definió su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva, en su contra se profirió resolución de acusación y se dictó sentencia de condena por parte del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Popayán y la Sala Penal del Tribunal Superior de ese distrito judicial, autoridad que decidió “Condenar, al señor Jaime Santamaría Castro, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.344.790 de Bogotá (o Luis Ramiro Ojeda Arguello, identificado con la cédula de ciudadanía 13.855.878 de Barrancabermeja), como autor del delito de hurto calificado y agravado (C.P., arts. 349, 350, nums. 1º, 2º, 3º, art. 351, num. 10 y art. 372), en concurso con los tipos penales contemplados en los artículos 1º y 2º, del Decreto 3664 de 1986, adoptado como legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991, agravado conforme al literal d) del artículo 1º Ibídem, a la pena principal de setenta (70) meses de prisión y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, por treinta (30) meses” (se destaca).

Observa la Sala que las pruebas aportadas con la demanda, las allegadas durante el trámite de la acción de revisión, y las obrantes en el proceso penal, acreditan la configuración de la causal aducida, toda vez que, examinadas en conjunto, permiten concluir que el nombre y número de cédula de Jaime Santamaría Castro, fueron utilizados por el sujeto que el 23 de agosto de 1998 fue capturado por agentes de la Policía Nacional(16).

Es así como, el sujeto que dijo llamarse Jaime Santamaría Castro fue puesto a órdenes de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, previa imposición de sus derechos(17), respecto suyo se libró orden de mantenerlo retenido en las dependencias de la Sijín Decau(18), y se dispuso su vinculación mediante de indagatoria por el concurso de delitos de hurto calificado-agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas, agravados, según sucesos ocurridos en la ciudad de Popayán los días 21 y 22 de agosto de 1998 y denunciados por Nelly Carmenza Tobar Ledezma, administradora del establecimiento de comercio “Compraventa El Dólar de la Sexta”.

En la citada diligencia(19), la cual tuvo lugar el 25 de agosto de 1998, dijo llamarse Jaime Santamaría Castro con C.C. 19.344.790, tener 42 años de edad, haber nacido el 15 de noviembre de 1956 en Supía, (Caldas), de estado civil soltero, ser hijo de Mercedes Castro y Jaime Santamaría, ambos fallecidos, residir en la calle 20 Nº 40-20 de Bogotá, y dedicarse al comercio de esmeraldas, frente a lo cual, en este trámite de revisión, se acreditó que los referidos nombre y documento de identidad, no corresponden con los del sujeto que fue coautor de las mencionadas conductas delictivas, sino que en realidad fueron usurpados por este, muy seguramente con el propósito de eludir su responsabilidad penal en los hechos materia de investigación judicial por parte de la Fiscalía.

En tales condiciones, el proceso se adelantó en contra de Jaime Santamaría Castro, respecto de quien el 28 de agosto de 1998 se dispuso su encarcelación en la Penitenciaría Nacional ‘San Isidro’ de Popayán(20), donde se llevó a cabo reseña fotográfica(21), posteriormente se ordenó su libertad(22), se definió su situación jurídica con medida de aseguramiento consistente en de detención preventiva(23), se libraron sendas órdenes de captura(24), se comunicó la medida de aseguramiento con prohibición de salir del país(25), se cerró la investigación(26), se calificó el mérito probatorio del sumario(27), y se dictaron las sentencias de primera(28) y segunda instancias(29) pese a que desde la fase de instrucción ya había sido puesta de presente el engaño a que se veía sometida la administración de justicia.

A este respecto debe tenerse en cuenta que mediante oficio 0865 del 30 de octubre de 1998, el Capitán Gustavo Adolfo Cortés Ordóñez, jefe de la Sala Técnica de la Sijín Decau, remitió al fiscal regional delegado que se hallaba instruyendo el proceso, “los informes sobre la verdadera identidad del sujeto Jaime Santamaría Castro, C.C. 19.344.790 de Bogotá, que al realizar búsqueda dactiloscópica en los archivos de la Dijín, se estableció que el verdadero nombre es Luis Ramiro Ojeda Arguello, identificado con la C.C. 13.855.878 de Barrancabermeja, persona que aparece con orden de captura 049, 100898, emanada de la Fiscalía 1 de Bucaramanga por el delito de hurto calificado, de igual manera en sistemas de la Dijín, aparece que es solicitado por la secretaría coordinadora de los juzgados regionales de la ciudad de Cali, mediante número de orden 2950, sumario 2734, por el delito de extorsión y a la fecha aparece la orden vigente”(30).

En el oficio 345 del 7 de octubre de 1998, suscrito por el técnico dactiloscopista Armando Antonio Urrego Barón, del área de criminalística de la Dirección de Policía Nacional, adjunto al anterior, consta lo siguiente(31):

“Por medio del presente me permito enviar a mi mayor la plena identidad de la persona que en el momento de ser capturada en Popayán por la Policía Nacional y quien se encuentra a órdenes de la fiscalía regional, dijo llamarse Santamaría Castro Jaime, C.C. 19.344.790 de Bogotá.

“Se realizó búsqueda en el archivo delincuencial de este organismo y se estableció lo siguiente:

1. La cédula 19.244.790 le corresponde al señor Santamaría Castro Jaime.

2. Se realizó búsqueda dactiloscópica y no corresponde a Santamaría Castro Jaime.

3. Se estableció que la persona quien dijo llamarse Santamaría Castro Jaime, es en realidad Ojeda Luis Ramiro Arguello, C.C. 13.855.878 de Barrancabermeja, hijo de Rosso y Ligia, nació el 28 de mayo de 1956 en Ocaña y quien aparece con una orden de captura, la cual se anexa”.

De otra parte, el cotejo dactiloscópico de las impresiones dactilares que reposan en la Registraduría Nacional del Estado Civil de Jaime Santamaría Castro, con las tomadas al individuo que con dicho nombre ingresó al Centro Penitenciario “San Isidro” de Popayán, por razón de las conductas de hurto calificado-agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas, llevadas a cabo los días 21 y 22 de agosto de 1998 en Popayán, con ocasión de la aprehensión de Jaime Santamaría Castro con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, no deja duda alguna que se trata de personas distintas, pues el perito, concluyó sin ambages:

“Se logró verificar la identidad de Félix José Valdivieso Velásquez C.C. 3.056.765 expedida en Guasca (Cundinamarca), nacido el 15 de noviembre de 1954 en Zipaquirá (Cundinamarca) y a quien corresponden las impresiones dactilares obrantes en los registros formato Penitenciaría Nacional de Popayán a nombre de Jaime Santamaría Castro, y en el folio de anotaciones mencionados en el material de estudio y enviados por su despacio.

“Se descarta dactiloscópicamente al señor Jaime Santamaría Castro, titular de la C.C. 19.344.790”(32).

En igual sentido, el registro civil de nacimiento de Jaime Santamaría Castro, allegado por la defensa ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, acredita que nació el 15 de noviembre de 1956 en Supía (Caldas) y sus padres son Carlos Alberto Santamaría y Magnolia Castro Muñoz, personas diferentes a las que mencionó el sujeto vinculado con aquel nombre al proceso penal, pues manifestó en la indagatoria que era hijo de Mercedes Castro y Jaime Santamaría, con lo cual se establece que la persona vinculada al proceso como Jaime Santamaría Castro es distinta de la verdadera titular de dicho nombre.

El carácter novedoso de los aludidos medios probatorios y su pertinencia resultan indiscutibles, en cuanto se trata de un elemento de juicio no conocido en el curso del proceso, que sobrevino a la decisión de condena, y guarda estrecha relación con los hechos allí declarados.

También se trata de unas pruebas de inobjetable valor probatorio, tanto por su naturaleza de documento públicos, como por su contenido, en cuanto lo allí indicado fue ratificado en el curso del período probatorio del trámite por medio de certificaciones provenientes tanto del establecimiento penitenciario y carcelario en cita, como por el correspondiente cotejo dactiloscópico llevado a cabo por expertos dactiloscopistas, cuyo grado de certeza resulta incuestionable. De allí que no pueda existir duda sobre su contundencia probatoria, ni sobre la situación fáctica que las pruebas acreditan: que el sentenciado Jaime Santamaría Castro no pudo haber participado materialmente en el hurto denunciado por Nelly Carmenza Tobar Ledezma, ocurrido los días 21 y 22 de agosto de 1998 en la ciudad de Popayán(33).

5. Demostrado este hecho, restaría determinar si su contenido y carácter ex novo contrastan la verdad declarada en el fallo que ha hecho tránsito a cosa juzgada, y si tiene virtualidad de derruir sus conclusiones fácticas y jurídicas, haciendo evidente su contenido injusto, atendida la prueba que le sirve de fundamento.

Del estudio de las sentencias de primera y segunda instancias, se colige que los juzgadores dieron por plenamente establecido que el delito de hurto calificado y agravado cometido por un grupo de personas que portaban armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas, apoderándose de bienes patrimoniales ubicados en las compraventas El Dólar y El Dólar de la Sexta de la ciudad de Popayán, fue llevado a cabo por Jaime Santamaría Castro, cabecilla de la organización delincuencial.

Para arribar a dicha conclusión el a quo tuvo en cuenta las circunstancias en que se produjo la aprehensión de los procesados, así como la prueba testimonial recaudada en su contra, incluidos los reconocimientos en fila de personas que lo señalaban como tal, así como armas de diverso calibre, vehículos y documentos incautados al momento de su aprehensión.

No obstante, al haber sido establecido, a través de la prueba nueva (las certificaciones expedidas por el Establecimiento Penitenciario de Popayán y los cotejos dactiloscópicos realizados por el DAS y la Sijín), el soporte fáctico jurídico del fallo en relación con la participación del procesado Jaime Santamaría Castro en el delito de hurto denunciado por Nelly Carmenza Tobar Ledezma, resulta debilitado, pues la nueva situación pone en evidencia que el verdadero Jaime Santamaría Castro no pudo haber sido uno de los autores materiales del hecho noticiado, al menos no dentro del marco de la facticidad que sirvió de soporte a la sentencia de condena.

Dicho contraste permite afirmar que la verdad histórica o realidad de lo sucedido no coincide con la verdad declarada en el fallo, y que la decisión de mérito, de haber sido conocida oportunamente la prueba documental que sirvió de sustento a la acción que reafirmaba lo establecido en el trámite, habría sido proferida en relación con una persona distinta de Jaime Santamaría Castro, atendida la naturaleza y contenido de la prueba incorporada al proceso.

6. Razón, por tanto, le asiste al accionante al sostener que en el presente caso halla cabal comprobación la causal prevista en el numeral 1º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 consistente en haber condenado a dos personas distintas por una conducta punible que no ha podido ser cometida sino por una de ellas, y la consecuente prueba nueva que establece la inocencia del procesado en las conductas contra el patrimonio económico y la seguridad pública por las que fue procesado, y en solicitar que se ordene la revisión parcial de la actuación, con el fin de que el fallo sea dictado con arreglo a la nueva evidencia, y los elementos de prueba que logren ser incorporados en el proceso rescisorio.

Si bien en lo relativo a la procedencia de la causal invocada en la demanda, la Sala asimismo considera que asiste razón al demandante, ha de aclarar, no obstante, que no procederá acorde con lo que propone, esto es, disponer la modificación de las sentencias para excluir de toda responsabilidad penal al señor Jaime Santamaría Castro, toda vez que dicha posibilidad se halla limitada a los casos de prescripción de la acción penal, de ilegitimidad del querellante o caducidad de la querella, o cualquier otra causal de extinción de la acción penal y en el evento en que la causal aludida sea el cambio favorable del criterio jurídico de sentencia emanada de la Corte, conforme se establece del artículo 227-1 del Código de Procedimiento Penal, ninguna de cuyas hipótesis corresponde al presente caso.

7. Consecuencias jurídicas.

7.1. Acorde, entonces, con lo dispuesto en el artículo 227.2 de la Ley 600 de 2000, la Corte declarará fundada la causal invocada, dispondrá la invalidación parcial del fallo contrastado, y ordenará la reposición del trámite únicamente en lo que respecta al condenado Jaime Santamaría Castro, a partir, inclusive, de la clausura del ciclo instructivo decretada mediante resolución proferida el 15 de enero de 1998 por la Fiscalía Regional Delegada de Santiago de Cali(34), con el objeto de que previo a la calificación del mérito probatorio del sumario, el fiscal respectivo proceda a verificar la correcta identificación o individualización del sindicado que en la indagatoria se presentó con aquel nombre(35).

7.2. Como consecuencia de lo anterior, se dispondrá el reenvío del proceso a la Dirección Seccional de Fiscalías de Popayán, para que a partir de allí se continúe la fase de instrucción y se vuelva a calificar el mérito probatorio del sumario con fundamento en las pruebas que se aportaron en el curso de la instrucción, las que puedan ser incorporadas a partir de ahora, y las que se adjuntaron en el trámite de la acción de revisión.

Insiste la Sala en precisar que la prosperidad de la causal aducida se limita al señor Jaime Santamaría Castro, pues la declaración de responsabilidad penal respecto suyo es la única que se vería comprometida con la prueba nueva aducida por el accionante, como ha sido puesto de presente a lo largo de este pronunciamiento.

7.3. Dado que en esta determinación se ordenará la ruptura de la unidad procesal, resulta pertinente disponer la expedición de copias de la totalidad del expediente, con la finalidad de que las mismas sean remitidas al Juzgado de origen para lo de su competencia en relación con los demás sentenciados, distintos de Jaime Santamaría Castro.

7.4. Es de advertir, finalmente que comoquiera que el sentenciado Jaime Santamaría Castro se encuentra gozando actualmente de libertad por haberse dispuesto por parte de la Corte la suspensión de la ejecución de la sentencia en sentencia de tutela proferida el 17 de junio de 2010 dentro del trámite radicado 48718, resulta pertinente mantener los efectos de dicha decisión, siempre y cuando no sea requerido por otro funcionario judicial o en relación con un proceso distinto de este.

7.5. De igual modo, se ordenará la expedición de copias de lo actuado con destino a la Dirección Nacional de Fiscalías, a efectos de la designación del funcionario que habrá de investigar los presuntos delitos contra la administración de justicia y la fe pública en que pudo haber incurrido el sujeto que en la diligencia de indagatoria se hizo llamar Jaime Santamaría Castro y también aparece mencionado como Félix José Valdivieso Velásquez, Luis Alejandro Duarte y Luis Ramiro Ojeda Arguello, entre otros.

7.8.(sic) La Corte no podría culminar sin expresar su profunda preocupación porque en la actualidad se sigan presentando errores judiciales del tipo del que ha sido puesto de presente por el demandante en este caso, toda vez que con los adelantos tecnológicos de ahora resulta inconcebible que desde el momento mismo del conocimiento de la noticia criminal o la aprehensión del indiciado, o posteriormente, no se realicen por parte de los funcionarios judiciales y de policía judicial, todas las actividades que sean necesarias, tendientes a verificar la individualización e identificación de los investigados, a fin de precaver yerros sobre el particular, las cuales deben llevarse a cabo aún en los eventos en que los sindicados, indiciados, acusados o sentenciados, presenten o exhiban documento de identidad, pues en tales casos también resulta indispensable realizar los cotejos dactiloscópicos que se consideren necesarios y resulten pertinentes para evitar falsedades, yerros o confusiones, que no solo atentan contra la libertad, la dignidad y el buen nombre de aquellas personas que han sido víctimas de suplantación en su identidad por parte de avezados delincuentes que por dicho medio pretenden lograr la impunidad para los crímenes cometidos, sino que ponen en tela de juicio la credibilidad de la administración de justicia, así como el profesionalismo de quienes le sirven a ella.

Este precisamente ha sido el propósito del legislador al establecer lo previsto por el inciso tercero del artículo 344 de la Ley 600 de 2000, según el cual “en ningún caso se vinculará a persona que no esté plenamente identificada”, y lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 99 de la Ley 1453 de 2011, que dispone lo siguiente:

“La Fiscalía General de la Nación estará obligada a verificar la correcta identificación o individualización del imputado, a fin de prevenir errores judiciales.

“En los eventos en que el capturado no presente documento de identidad, la Policía Judicial tomará el registro decadactilar y verificará la identidad con documentos obtenidos en la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus delegadas, de manera directa, o a través de la consulta de los medios técnicos o tecnológicos de los que se dispongan o tengan acceso.

“En caso de no lograrse la verificación de la identidad, la policía judicial que realizó la confrontación remitirá el registro decadactilar de manera inmediata a la Registraduría Nacional del Estado Civil a efectos de que expida copia de la fotocédula, en un tiempo no superior a 24 horas.

“En caso de no aparecer la persona en los archivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta autoridad lo registrará de manera excepcional y por única vez, con el nombre que se identificó inicialmente y procederá a asignarle un cupo numérico, sin tener que agotar los procedimientos regulados en el Decreto 1260430 de 1970, o demás normas que lo modifiquen o complementen.

“Concluido el procedimiento la Registraduría Nacional del Estado Civil informará los resultados a la autoridad solicitante”.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR FUNDADA la causal de revisión que se aduce por el apoderado del sentenciado Jaime Santamaría Castro.

2. Invalidar la condena impuesta a Jaime Santamaría Castro en los fallos de primera y segunda instancias proferidos el 4 de octubre de 2000 y 18 de abril de 2001, en su orden, por el Juzgado Penal del Circuito Especializado y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en razón del concurso de delitos de hurto calificado y agravado, y fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas (ambos agravados). En los demás aspectos estos fallos mantienen su firmeza.

3. Dejar parcialmente sin efecto la actuación surtida y, en consecuencia, disponer la reposición del trámite exclusivamente respecto de dicho procesado y en razón de las conductas por las cuales se declara fundada la revisión, a partir, inclusive, de la resolución del 15 de enero de 1998(36), por cuyo medio una Fiscalía Regional Delegada de Santiago de Cali, declaró cerrada la investigación, para lo cual se dispone la ruptura de la unidad procesal y la correspondiente expedición de sendas copias de la actuación. Las pruebas practicadas o aducidas en forma legal a la actuación conservan plena validez.

4. REMITIR la actuación original a la Dirección Seccional de Fiscalías de Popayán, Cauca, a efectos de la designación de la Fiscalía Especializada con sede en el mismo circuito, distinta de la que intervino en la etapa instructiva, con el fin de que, previo al cierre de la instrucción, adopte las decisiones pertinentes en orden a verificar la correcta identificación e individualización del coautor de las conductas materia de investigación, y que en la diligencia de indagatoria se hizo llamar Jaime Santamaría Castro, suplantando al verdadero titular de este nombre.

4. Regresar las copias del proceso al juzgado de origen para lo de su competencia en relación con los demás sentenciados, señores CÉSAR AUGUSTO CASTRO IZQUIERDO, JUSTO PASTOR JAIMES JAIMES, GEOVANNI BUSTAMANTE VALENCIA, GUILLERMO ROJAS VILLAMIZAR, JORGE IVÁN ESPAÑA RICO, JESÚS HENAO AGUIRRE y WALTER DE JESÚS HENAO RAMÍREZ.

5. MANTENER los efectos, en relación con la libertad de Jaime Santamaría Castro, del fallo de tutela proferido a su favor por esta corporación, con respecto al proceso cuya reposición se dispone.

6. La secretaría de la Sala procederá a cancelar las órdenes de captura que en el presente asunto se hubieren impartido y las cauciones que hayan sido prestadas, así como a levantar la prohibición de salir del país y las medidas cautelares sobre bienes que, habiendo sido dictadas en este proceso, se encuentren vigentes en relación con el señor Jaime Santamaría Castro. Además, de ser el caso, comunicará lo aquí resuelto a las mismas autoridades a las que se les informó la medida de aseguramiento, el calificatorio del sumario y las sentencias de primera y segunda instancias.

7. Compulsar las copias de la actuación, con el destino y para los fines indicados en la parte motiva, en relación con la investigación que ha de adelantarse por parte de la Fiscalía contra el sujeto que en la diligencia de indagatoria se presentó como Jaime Santamaría Castro, y también, al parecer se hace llamar LUIS RAMIRO OJEDA ARGUELLO o FÉLIX JOSÉ VALDIVIESO VELÁSQUEZ, entre otros.

8. Copia de esta determinación deberá ser remitida al despacho del Fiscal General de la Nación, para lo de su competencia, en relación con la vigilancia del estricto cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 99 de la Ley 1453 de 2011, a fin de prevenir errores judiciales como el que mediante esta decisión se pone de presente.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

(14) Cfr. entre otras, sentencia de revisión de febrero 7 de 2007. Radicado 22909.

(15) Cfr. Revisado 6 de marzo de 2001. Radicado 10685

(16) Cfr. folio 65 y siguientes, cuaderno original 1.

(17) Cfr. folio 70, cuaderno original 1.

(18) Cfr. folios 93 y 120, cuaderno original 1.

(19) Cfr. folios 175 y siguientes, cuaderno original 1.

(20) Cfr. 367, cuaderno original 1.

(21) Cfr. folios 305 y siguientes, cuaderno original 2.

(22) Cfr. folios 129-134, cuaderno original 2.

(23) Cfr. folios 32 y siguientes, cuaderno original 2.

(24) Cfr. folios 50 y siguientes, cuaderno original 2.

(25) Cfr. folios 85 y siguientes, cuaderno original 2.

(26) Cfr. 335, cuaderno original 4.

(27) Cfr. folios 272 y siguientes, cuaderno original 5.

(28) Cfr. folios 96 y siguientes, cuaderno original 6.

(29) Cfr. folios 444 y siguientes, cuaderno original 6.

(30) Cfr. folios 375 y siguientes, cuaderno original 2.

(31) Cfr. folios 379, cuaderno original 2.

(32) Cfr. folios 75 y siguientes, cuaderno 3 Corte.

(33) Cfr. folios 1 y siguientes, cuaderno original 1.

(34) Cfr. folios 335, cuaderno original 4.

(35) Cfr. folios 175 y siguientes, cuaderno original 1.

(36) Cfr. folio 335, cuaderno original 4.