Sentencia 34848 de febrero 9 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 34848

Magistrado Ponente

Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán

Aprobado Acta No. 36

Bogotá, D.C., nueve de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con el numeral 3º del artículo 235 de la Carta Política, en concordancia con el numeral 7º del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, es competente para investigar y juzgar a los miembros del Congreso, calidad que en la actualidad ostenta Honorio Galvis Aguilar.

2. Del recurso de apelación.

2.1. Una necesaria precisión: está pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor apoderado de la empresa Agregados Palmares S.A., contra la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Bucaramanga, Santander, actividad procesal que desplegó dicho sujeto procesal ante el juez natural cuando el acusado no era congresista.

2.2. Una vez este adquirió este status acertó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga al abstenerse de desatar la alzada pues tuvo conocimiento de la ulterior vinculación del acusado al Senado de la República, dada su carencia de competencia para seguir actuando.

Luego entonces, se le impone a la Corte detenerse, previamente a resolver de fondo, en aspectos puntuales, tales como:

i. El trámite ha de adecuarse a los procesos de única instancia.

Una vez posesionado —jul. 20/2010— el doctor Honorio Galvis Aguilar como miembro del Congreso de la República, todas las actuaciones penales que se le adelantaran cambian su naturaleza, y obligadamente tienen que ajustarse al trámite especialmente establecido para el juzgamiento de los altos dignatarios del Estado, por virtud del fuero constitucional que los cobija, “implicando el trámite foral un juzgamiento en única instancia por parte del órgano límite de la jurisdicción ordinaria”(4).

Entonces, si estando en curso un proceso penal, ante el hecho de la posesión como congresista, “en tal situación, la Corte no puede hacer otra cosa que asumir el asunto en el estado en que lo encuentra y amoldarlo al rito que compone el debido proceso de los asuntos que aquí se tramitan, sin que pueda desconocer todos aquellos actos procesales que ocurrieron antes de su conocimiento, en tanto hayan sido adelantados con competencia”(5).

ii. Las sentencias proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como juez de única instancia son inapelables. El principio de la doble instancia no es absoluto.

Por expreso mandato constitucional contenido en los artículos 186 y 235, numeral 3º de la Carta Política, la Corte Suprema de Justicia conoce en forma privativa de la instrucción y el juzgamiento de los delitos cometidos por los miembros del Congreso de la República, sin perjuicio de la facultad contenida en los numerales 2º(6) y 4º(7) del artículo 235 para el juzgamiento.

Entonces, si la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, ello, de entrada, impone que las sentencias por ella proferidas son de única instancia pues no existe en el andamiaje jurídico un organismo que pueda revisar sus fallos, lo que les da el carácter de única instancia.

Este régimen especial, que como la jurisprudencia lo tiene dicho de tiempo atrás, enaltece el cargo, la dignidad de aquellos funcionarios públicos, para que sea, justamente, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria quien acometa el estudio de su caso.

Ahora, frente a la excepción al principio de la doble instancia (el que como se sabe no es absoluto) en los procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido pacífica y uniforme en considerar que este postulado guarda perfecta armonía con los tratados internacionales sobre derechos humanos y la Carta Política(8):

“... Según la línea jurisprudencial recordada, (i) el juzgamiento de altos funcionarios por la Corte Suprema de Justicia no desconoce el debido proceso, porque obedece a las previsiones establecidas por el legislador en desarrollo de lo estatuido en la propia Carta; y (ii) el legislador goza de potestad de configuración (a) para definir los cargos de los funcionarios que habrán de ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia comoquiera que el texto constitucional autorizó expresamente al legislador para atribuir funciones a la Corte Suprema de Justicia (b) para distribuir competencias entre los órganos judiciales (C.N., art. 234) (c) para establecer si los juicios penales seguidos ante la Corte Suprema de Justicia serán de única o doble instancia, dado que el principio de la doble instancia no tiene un carácter absoluto, y el legislador puede definir excepciones a ese principio y (d) para definir los mecanismos a través de los cuales se pueden corregir eventuales errores judiciales, comoquiera que el legislador puede establecer las acciones o recursos disponibles para impugnar decisiones adversas o contrarias a derecho.

Adicionalmente, cabe destacar que el juzgamiento de altos funcionarios por parte de la Corte Suprema de Justicia constituye la máxima garantía del debido proceso visto integralmente por las siguientes razones: (i) porque asegura el adelantamiento de un juicio que corresponde a la jerarquía del funcionario, en razón a la importancia de la institución a la cual este pertenece, de sus responsabilidades y de la trascendencia de su investidura. Por eso, la propia Carta en el artículo 235 superior indicó cuáles debían ser los altos funcionarios del Estado que gozarían de este fuero; (ii) porque ese juicio se adelanta ante un órgano plural, con conocimiento especializado en la materia, integrado por profesionales que reúnen los requisitos para ser magistrados del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria; y (iii) porque ese juicio se realiza ante el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, quien tiene a su cargo la interpretación de la ley penal y asegurar el respeto de la misma a través del recurso de casación”.

La Corte se refirió ampliamente a la constitucionalidad de procesos de única instancia en la Sentencia C-040 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett cuyas consideraciones se citan in extenso dada su pertinencia para el asunto bajo revisión, así dicho fallo se haya producido en un contexto diferente:

La doble instancia y su relación con el debido proceso.

(...).

4. La consagración de la doble instancia tiene entonces un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca la protección de los derechos de quienes acuden al aparato estatal en busca de justicia. Sin embargo, la posibilidad de apelar una sentencia adversa no hace parte del contenido esencial del debido proceso ni del derecho de defensa en todos los campos, pues la propia Constitución, en su artículo 31, establece que el legislador podrá consagrar excepciones al principio general, según el cual toda sentencia es apelable o consultable.

(...).

5. (...) En estos fueros especiales, la garantía del debido proceso es lograda por el hecho mismo de que esos funcionarios son investigados penalmente por la más alta corporación judicial de la justicia ordinaria. Así, en relación con el fuero penal de los altos dignatarios, esta corporación ya había señalado:

“Pues bien: si la Corte Suprema de Justicia, es el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria, la mayor aspiración de todo sindicado es ser juzgado por ella. En general, esto se logra por el recurso de apelación, por el extraordinario de casación, o por la acción de revisión.

Pero cuando la Corte Suprema conoce en única instancia del proceso, como ocurre en tratándose de los altos funcionarios, el sindicado tiene a su favor dos ventajas: la primera, la economía procesal; la segunda, el escapar a la posibilidad de los errores cometidos por los jueces o tribunales inferiores. A las cuales se suma la posibilidad de ejercer la acción de revisión, una vez ejecutoriada la sentencia.

No es pues, acertado afirmar que el fuero consagrado en la Constitución perjudica a sus beneficiarios”.

6. Sin embargo, el hecho de que la doble instancia solo haga parte del contenido esencial del debido proceso en las acciones de tutela y en materia penal, no significa que la ley pueda establecer excepciones a la doble instancia en cualquier tipo de proceso, por las siguientes tres razones: De un lado, el principio general establecido por el artículo 31 superior es que todos los procesos judiciales son de doble instancia. Por consiguiente, como los procesos de única instancia son una excepción a ese principio constitucional, es obvio que debe existir algún elemento que justifique esa limitación. Otra interpretación conduciría a convertir la regla (doble instancia) en excepción (única instancia).

De otro lado, la Constitución y los tratados de derechos humanos garantizan a toda persona el derecho al debido proceso, que tiene como componente esencial el derecho de defensa. Ahora bien, como ya se vio, la posibilidad de apelar tiene vínculos estrechos con el derecho de defensa. Por consiguiente, aunque el legislador puede establecer excepciones a la doble instancia y tiene una amplia libertad de configuración para establecer los distintos procesos y recursos, sin embargo es claro que debe garantizar en todos los casos el derecho de defensa y la plenitud de las formas de cada juicio. Por ende, al consagrar un proceso de única instancia, el legislador debe establecer suficientes oportunidades de controversia, que aseguren un adecuado derecho de defensa, según la naturaleza del caso. Esto significa que un proceso de única instancia no viola el debido proceso, siempre y cuando, a pesar de la eliminación de la posibilidad de impugnar la sentencia adversa, las partes cuenten con una regulación que les asegure un adecuado y oportuno derecho de defensa. Así, en reciente oportunidad, esta Corte reiteró que “no es forzosa y obligatoria la garantía de la doble instancia en todos los asuntos que son materia de decisión judicial, puesto que la ley está habilitada para introducir excepciones, siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso, el derecho de defensa, la justicia, la equidad y no se niegue el acceso a la administración de justicia”.

Y frente al marco jurídico internacional, igual se destacó(9):

“... De lo anterior encuentra la Corte que la interpretación del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 8.2 del Pacto de San José que han efectuado los órganos internacionales competentes, resulta armónica con la interpretación que se ha hecho de los artículos 29 y 31 de la Carta Política en materia de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, en la medida en que de dichos pronunciamientos no se deriva una regla según la cual en los juzgamientos de altos funcionarios con fuero penal ante el órgano de cierre de la jurisdicción penal, deba establecerse una segunda instancia semejante a la que existe para otros juicios penales. Es decir, cada Estado goza de un amplio margen para configurar los procedimientos y para diseñar los mecanismos eficaces de protección de los derechos, sin que esté ordenado, según la jurisprudencia vigente, que en los casos de altos funcionarios aforados se prevea siempre la segunda instancia”.

La línea jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional acentúa la perfecta conformidad entre el debido proceso constitucional y los procesos que en única instancia adelanta la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.

iii. Toda sentencia judicial podrá ser apelada, salvo los determinados en la ley.

La Sala en reciente decisión, recogió su antigua postura en cuanto a que imposibilitaba que la Corte conociera de un recurso de apelación interpuesto oportunamente contra la sentencia proferida por un juez de inferior categoría cuando el acusado no tenía fuero constitucional(10):

“... 34. Estos son motivos adecuados y suficientes para que la Sala imprima un cambio a su propia jurisprudencia, insistiendo en que sus sentencias son inapelables, pero nunca las proferidas por jueces de menor jerarquía”.

(...).

De esta forma, bien puede decirse que en tratándose de procesos contra aforados, que en principio son de única instancia, la Corte Suprema de Justicia en su Sala Penal está facultada sobre plenas atribuciones constitucionales, para cumplir esa fase de transición generada ipso jure tras el reconocimiento del fuero, de una competencia inferir a la del mayor nivel, acabando lo iniciado sin dejar indefiniciones en la jurisdicción, lo que significa resolver las impugnaciones pendientes, legal y oportunamente presentadas, sea horizontales o de alzada, trátese de autos o de sentencias, al punto de que en esa fase de adecuación el proceso quede saneado, listo para asumir su nueva dinámica”.

La novísima tesis asumida por la Sala se ofrece respetuosa y armónica del modelo de Estado social y democrático de derecho que rige a partir de la Constitución Política de 1991, cimentado en valores supremos que buscan asegurar la justicia, la igualdad, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático garantizador de un orden social justo, dentro del cual las autoridades tienen el deber de materializar la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Carta, entre otros, el debido proceso y los derechos de contradicción e impugnación como garantías cuya salvaguarda es ineludible para evitar potenciales anulaciones de la actuación; y, en atención a la víctima.

Ahora, el replanteamiento frente al conocimiento de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia que estima incorrecta uno de los sujetos procesales legitimados para actuar —para el caso la víctima—, cuando el asunto, por virtud de la calidad foral adquirida a última hora por el acusado debe pasar a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y ajustarse, por consiguiente, al trámite de única instancia, y que la Sala en esta decisión ratifica, comporta una postura armoniosa de respeto por todos los intervinientes dentro del proceso penal y la necesidad de privilegiar garantías tales como:

1. Principio del juez natural.

Cuyo contenido se encuentra establecido en el artículo 29 de la Constitución Política como parte integrante de un debido proceso y que constituye un garante para el aforado constitucional en cuanto a que sea su juez natural, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, máximo organismo de la jurisdicción ordinaria en materia penal, quien zanje la discusión jurídica y le garantice un examen integral de la decisión aludida.

Luego entonces, impedida se encontraba la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, de pronunciarse en segunda instancia frente a la impugnación, pues, como ya se dijo, adquirida la calidad foral por aquel deviene de inmediato la pérdida de competencia para cualquier otra autoridad del país, diferente a la Corte Suprema de Justicia, pues por mandato constitucional es esta corporación el único juez de los congresistas(11).

La decisión de primera se encuentra amparada por la legalidad por cuanto fue dictada por un funcionario con competencia para hacerlo tanto por razón del lugar de la comisión del hecho, como por la naturaleza de este, pues la que benefició al ahora aforado lo fue por hechos cometidos cuando fungió como Alcalde del municipio de Bucaramanga y no se había posesionado como miembro del Congreso de la República. Por ello, el conocimiento en primera instancia le correspondió a los jueces penales del circuito, como lo dispone el artículo 36, numeral segundo de la Ley 906 de 2004, normativa procesal aplicable al caso en atención a la fecha en que se cometieron las ilicitudes que fueron materia de investigación.

Es bajo un tal entendimiento, que la Sala no puede desconocer que los actos procesales que se surtieron por las partes ante el juez natural de la actuación, como en este caso vendría siendo el recurso de apelación válidamente interpuesto por el representante de las víctimas contra el fallo absolutorio, que a este le asiste pleno derecho de obtener de la jurisdicción una respuesta a la impugnación presentada.

2. El acceso a la administración de justicia(12). Derecho de las víctimas a impugnar el fallo condenatorio. 

Importa destacar, como ya la Sala ha tenido la oportunidad de hacerlo, cómo no se discute hoy que el proceso penal constituye el instrumento para garantizar los derechos del infractor, y de otro, como el medio para el reconocimiento de los derechos de la víctima y en general del ofendido por el delito. Y es que, frente a la protección de estos últimos, los numerales 1º, 6º y 7º del artículo 250 superior, le impuso a la Fiscalía General de la Nación el deber de “velar por la protección y asistencia de las víctimas”.

Ahora bien, el paradigma implantado con la reforma constitucional, frente a la cobertura del derecho integral de las víctimas, no se ofrece novedoso, pues bajo el sistema de procesamiento penal de la Ley 600 de 2000, la jurisprudencia constitucional a través de la Sentencia C-228/2002, mediante la cual se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, introdujo una importante modificación sobre los derechos de la parte civil en el proceso penal:

“... tanto en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia —no restringida exclusivamente a una reparación económica— fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello solo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos.

“De tal manera que la víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso:

1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos.

2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad.

3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito(13).

Entonces, palmario se ofrece, que la víctima dentro de la presente actuación adquirió una expectativa legítima de impugnar el fallo absolutorio, garantía que como viene de verse ha de resguardársele, pues sus derechos ya no se reducen a obtener la reparación de los perjuicios económicos causados con el delito, (los que igual le resultarían esquivos dentro del proceso penal por virtud del fallo absolutorio) sino que ha surgido hacia ella una protección armónica, reconociéndose que su interés también se encamina a conocer la verdad y a realizar el ideal de justicia.

La reconceptualización de los derechos de las víctimas, como ha venido en llamársele, a partir de la Constitución de 1991, se funda en varios principios y preceptos constitucionales, a saber:

“(i) En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (C.N., art. 93); (ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese otorgado rango constitucional, a los derechos de las víctimas (C.N., art. 250, nums. 6º y 7º); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (C.N., art. 2º); (iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (C.N., art. 1º); (v) en el principio del Estado social de derecho que promueve la participación, de donde deviene que la intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias(14).

Finalmente, sobre el interés de la parte civil (para este caso léase representante de las víctimas) para impugnar decisiones judiciales, ya la Sala(15), siguiendo precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional(16), ha llamado la atención acerca de cómo los derechos a la verdad y a la justicia de la parte civil en el sistema de procesamiento de la Ley 600 de 2000, admiten restricciones razonables, tales como la acreditación de un daño concreto, real y específico que justifique la defensa de tales valores.

En procura de la protección por antonomasia de los principios acabados de mencionar es que justamente se produjo el cambio jurisprudencial que la Corte impuso en cuanto a la necesidad de asumir el conocimiento de los recursos de apelación contra las sentencias, los que fueran debidamente interpuestos por las partes ante el funcionario competente y que por razón del fuero constitucional sobreviniente le impidieran al juez de inferior categoría abordarlos.

Y es que ahí no se queda la protección que se demanda de las autoridades, pues por virtud del expreso mandato contenido en el artículo 2º de la Constitución Política(17), dentro de los fines esenciales del Estado y de las autoridades que lo representan, está la carga de armonizar todos los derechos del individuo, propiciando el bien común, la garantía de valores supremos como la dignidad humana, la igualdad, la participación activa del ciudadano en todas y cada una de las actividades de su vida dentro de la sociedad, como que es, función de las autoridades velar por el irrestricto cumplimiento de las libertades y garantías del ciudadano dentro de un marco justo y equitativo.

V. Caso concreto.

Como viene de verse, la única excepción legal y constitucional admisible que coloca una cortapisa a la viabilidad del recurso de apelación contra las sentencias, está circunscrita a las proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción penal ordinaria, esto es, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, como la decisión que es objeto de controversia no fue proferida por esta Sala, sino por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Bucaramanga, la excepción no la cubre y de ahí que se haga necesario que la Corte aborde su conocimiento como ya lo dijo la Sala(18):

“Desde esta perspectiva, sería incorrecto abstraerse de una realidad inocultable, como asumir que la Corte Suprema de Justicia profirió una decisión judicial que en realidad no fue suya, para de ahí desembocar en la carencia de instancias y fijar en ella un carácter que le es extraño, como lo el de inapelable o de única instancia”; ese sería un sofisma inaceptable”.

Una razón adicional que justifica la nueva postura: el aforado constitucional tiene derecho a que sea su juez natural, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, quien zanje la discusión jurídica y le garantice un examen integral de la decisión aludida; igualmente constituye una garantía al mismo procesado, ante un eventual fallo condenatorio, la posibilidad de recurrirlo, lo que lo acentuaría aún más la imperante necesidad que antes de ella reclamaba un cambio.

Son estas las razones que llevan a la Sala a declarar que la sentencia emitida por el Juez 5º Penal del Circuito de Bucaramanga en contra del senador Honorario Galvis Aguilar no ha cobrado firmeza, en cuanto está pendiente de desatar el recurso de apelación oportuna y legalmente interpuesto por el apoderado de las víctimas.

Sustentación del recurso de apelación.

Toda vez que la alzada no ha sido sustentada —como que en el momento en que se interpuso el procedimiento aplicable lo era la Ley 906 de 2004 cuya diligencia se producía en audiencia ante el funcionario de segunda instancia— y ante el adecuamiento del trámite a las normas de la Ley 600 de 2000 lo que impone un proceso de transición acorde con los derechos de los intervinientes, se dispone que una vez adquiera firmeza esta decisión, por la secretaría de la Sala se dará cumplimiento a los traslados previstos en el artículo 194 inciso primero de la Ley 600 de 2000, norma que aun cuando señala el procedimiento en primera instancia —que no es el caso— sí permite habilitar su sustentación.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Asumir competencia y en consecuencia declarar que la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Bucaramanga del 23 de junio de 2010, a favor de Honorio Galvis Aguilar, en el proceso que por el delito de prevaricato por acción le adelantó, no ha quedado en firme.

2. Adecuar el trámite del presente proceso a las normas establecidas por la Ley 600 de 2000.

3. Una vez adquiera firmeza esta providencia, por la secretaría de la Sala se dará cumplimiento a los traslados previstos en el artículo 194 inciso primero de la Ley 600 de 2000, con las previsiones previstas en la parte motiva.

4. Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase».

(4) Frente a este tema, la Corte Constitucional, en Sentencia T-1320 de diciembre 10 de 2001, indicó: “En apoyo de la aserción anterior, en relación con el fuero otorgado a los congresistas para ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, ha de tenerse en cuenta que dicho fuero no se instituye como un privilegio de carácter personal, sino en razón de la investidura y con una finalidad protectora de la integridad y la autonomía del Congreso de la República. Por eso no puede admitirse que solo tenga operancia respecto de hechos presuntamente delictuosos que sean cometidos por el sindicado cuando ostente la calidad de miembro del Congreso, pues, aun cuando en este caso tiene fuero, también este se extiende a hechos anteriores a su posesión como senadores de la República o representantes a la Cámara si el proceso penal se adelanta cuando se encuentran en ejercicio de sus funciones. Es decir, si el hecho se cometió antes de que el sindicado ostentara la calidad de miembro del Congreso pero el proceso penal respectivo se inicia después de que adquiera dicha calidad, el fuero ha de aplicarse necesariamente para cumplir con la finalidad constitucional que se le asigna que, se repite, no es de carácter individual no en beneficio personal sino institucional” (no está resaltado en el texto original).

(5) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto única instancia, 29 de septiembre de 1999, radicación 15608.

(6) “Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punibles que se les impute, conforme al artículo 175 numerales 2º y 3º”.

(7) Juzgar previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los ministros del despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales; a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública, por los hechos punibles que se les imputen”.

(8) Sentencia C-934 del 15 de noviembre de 2006.

(9) Ídem.

(10) Cfr. radicación 33.054.

(11) Artículo 235.3 de la Carta Política.

(12) Constitución Política. ART. 229.—Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

(13) Con este pronunciamiento se consolidó una línea jurisprudencial ya planteada en las sentencias C-740/2001, C-1149/2001 y SU-1184/2001.

(14) Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006.

(15) Corte Suprema de Justicia, sentencia de Casación del 10 de agosto de 2006, Rad. 22.289.

(16) Corte Constitucional, sentencias C-228 de 2002, C-899 de 2003 y C-370 de 2006.

(17) “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (...) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

(18) Interlocutorio de fecha, 19 de enero de 2011, radicación 33.054.