Sentencia 34867 de junio 5 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Aprobado acta 174

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Se considera

1. Cargo primero.

Este ataque se sustenta en tres consideraciones, (i) que los miembros de la Armada Nacional no podían realizar los actos que ejecutaron por no tener facultades de policía judicial, (ii) que el ingreso al predio donde fue hallada la sustancia es violatorio de los derechos fundamentales a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, porque la Armada no contaba con orden de autoridad para hacerlo, ni se estaba ante un caso de flagrancia, ni frente a ninguna de las hipótesis exceptivas previstas por el artículo 230 del código(3) y (iii) que las actas de la diligencia presentan inconsistencias en su confección que las tornan ilegales. Separadamente la Corte analizará cada uno de estos aspectos.

1.1. Incompetencia de la Armada Nacional para cumplir funciones de policía judicial.

La afirmación de la casacionista, en el sentido de que la Armada Nacional no tenía competencia para cumplir funciones de policía judicial, no admite discusiones, pues la normatividad legal no incluye esta fuerza dentro de los órganos autorizados para hacerlo(4), y el ordenamiento superior tampoco lo consiente.

Plurales han sido los pronunciamientos de la Corte Constitucional en los que ha sostenido que la asignación de funciones de policía judicial a las Fuerzas Militares, de la que hacen parte el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea(5), está prohibida por la Carta Política, porque desnaturaliza la estructura y objetivos esenciales de dicha fuerza y contraría la prohibición contenida en su artículo 213(6).

Pero esto no significa, como lo entiende la casacionista, que las actividades realizadas por los miembros de la Armada Nacional o cualquier otro órgano de las Fuerzas Militares, en ejercicio del deber de protección de las personas, o de la preservación del orden público y la convivencia ciudadana, o de la facultad consagrada en el artículo 302 de la Ley 906 de 2004, se tornen ilícitas o ilegales por el simple hecho de provenir de un órgano que no tiene asignadas funciones de policía judicial.

Además de la finalidad primordial que el artículo 217 de la Constitución Nacional le asigna a las Fuerzas Militares, de la “defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”, también tiene el deber de proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes, que el artículo 2º ejusdem le impone a todas las autoridades de la República, y el de colaborar en forma armónica con las demás ramas del poder público para la realización de los fines del Estado, que el artículo 113 asigna a todos sus órganos.

Así lo ha reconocido la Corte Constitucional al sostener que una de las finalidades básicas de las autoridades colombianas es la defensa de la integridad nacional y la preservación del orden público y de la convivencia pacífica, no solo porque así lo establece expresamente el artículo 2º de la Carta, sino porque esos elementos son condiciones materiales para que las personas puedan gozar de sus derechos y libertades(7).

En cumplimiento de estas finalidades de origen también constitucional y legal, es frecuente que las Fuerzas Militares tengan que intervenir para prevenir o conjurar alteraciones del orden o la paz ciudadana, o repeler actividades ilícitas, o capturar delincuentes en flagrante actividad delictiva, y que en ejercicio de esta actividad se vean enfrentados a situaciones en las que las circunstancias exigen realizar preventivamente funciones que normalmente cumple policía judicial, mientras ésta asume su control.

Para la Corte es claro, por tanto, que la respuesta de la fuerza pública en estos casos es legítima, por estar amparada en el deber de protección de las personas y la necesidad de intervención que como autoridad le compete, que la Constitución Nacional igualmente les asigna, tal como viene de ser expuesto y ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional.

El problema jurídico se plantea alrededor de las actividades que en desarrollo de esta facultad de respuesta adelante la fuerza pública, pues debe entenderse que su capacidad de acción en estos casos no puede ser ilimitada y que la legalidad o ilegalidad de las actuaciones que cumpla dependerá de que sean respetuosas de los derechos fundamentales y de las fronteras de competencia de los órganos de investigación.

Si invade competencias que son privativas de policía judicial, entendidas por tales las que por su naturaleza implican una actividad investigativa, como sería el caso de los interrogatorios, los análisis de campo, la recolección de elementos materiales probatorios o evidencia física, el levantamiento de planos, de registros fotográficos, las inspecciones, etcétera, que comportan, de suyo, funciones propias de investigación con pretensión probatoria, la actuación, en lo que tiene que ver con las actividades desbordadas, será ilegal, como ya lo ha reconocido la Corte en otras oportunidades(8).

Pero si las Fuerzas Militares se limitan a dar respuesta a una situación de peligro, o a un llamado de ayuda, sin desplazar a los cuerpos de policía judicial en las funciones de indagación que les son propias, como ocurre cuando solo realizan requisas preventivas, o capturas de personas sorprendidas en flagrante actividad delictiva, o actos de protección y aseguramiento de los elementos probatorios y las evidencias físicas descubiertos, mientras los órganos de policía asumen el control de la situación, la actuación será lícita, si se cumple dentro de los marcos de respeto de las garantías fundamentales.

En el caso estudiado la actividad de la Armada Nacional se ubica dentro del segundo supuesto, pues sus unidades actuaron en respuesta a un llamado angustioso de la señora Elma Grenard Wilson, quien informó del secuestro de su hijo Isidoro, y del peligro que podía correr su vida si la fuerza pública no intervenía en forma inmediata, situación que los habilitaba para iniciar el operativo de búsqueda.

Y las actividades que adelantaron en el marco de esta actuación también se cumplieron dentro de las fronteras de la legalidad, pues una vez descubierta la sustancia, se limitaron a inmovilizarla en los lugares de hallazgo, a impartir captura a los implicados, leer sus derechos y acordonar el lugar, mientras intervenían las unidades de policía judicial, quienes se encargaron de realizar las pruebas técnicas de campo, el embalaje de la sustancia, los registros fotográficos, el levantamiento de planos y demás actividades propias de su competencia.

El hecho de que el operativo no estuviera inicialmente encaminado a conjurar un delito de narcotráfico, sino un delito de secuestro, no torna ilegal la actuación, porque tratándose de un caso de flagrancia manifiesta, las unidades de la Armada Nacional estaban legalmente autorizadas para intervenir y adelantar preventivamente las labores de aseguramiento que llevaron a cabo, en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 302 de la Ley 906 de 2004.

2. Violación de los derechos constitucionales a la intimidad y la inviolabilidad de domicilio.

La casacionista sostiene que los integrantes de la patrulla de la Armada Nacional que ingresaron al predio “Villa Carmen” no podían hacerlo sin orden previa de autoridad competente, por tratarse de un inmueble cerrado, de carácter privado, y no estarse frente a una situación de flagrancia, ni ante ninguna de las hipótesis exceptivas previstas en el artículo 230 del código de Procedimiento Penal(9).

En el análisis de este cargo hay que empezar por distinguir dos situaciones, que la casacionista no diferencia. Una, la de los procesados Francisco Baloy García y Nolan Baena Sarmiento, quienes fueron capturados por fuera del predio “Villa Carmen”, cuando se movilizaban en una motocicleta llevando consigo un paquete de cocaína, respecto de los cuales no son predicables los argumentos expuestos por la impugnante, Y dos, la situación de los demás implicados, quienes se hallaban en el interior del inmueble.

En relación con los dos primeros es evidente que se trató de un procedimiento legítimo, por cuanto el decomiso de la sustancia se efectuó en desarrollo de una requisa preventiva, en plena vía pública, llevada a cabo dentro del marco de un operativo orientado a conjurar una actividad delictiva, para la cual los infantes de marina no requerían orden escrita ni permiso de autoridad, y su captura, al igual que el aseguramiento de los elementos materiales probatorios incautados, mientras intervenía policía judicial, se cumplió en virtud de su sorprendimiento en flagrante actividad delictiva.

En cuanto a los demás, es cierto que en relación con ellos no es posible invocar situación de flagrancia para justificar el ingreso al predio “Villa Carmen”, porque el motivo justificante, como lo sostiene la casacionista, debe aparecer ex ante, y en el presente caso es claro que cuando los miembros de la Armada Nacional entraron al predio no tenían ni idea que las personas que allí se encontraban estaban o podían estar en posesión de más sustancia.

Tampoco existían motivos fundados para creer que allí estaba o podía estar el secuestrado y que se requería la intervención inmediata de la fuerza pública para preservar su vida y su libertad, porque las unidades de la Infantería de Marina penetraron al inmueble, no porque tuvieran información cierta o probable en dicho sentido, sino porque en el avance táctico que estaban realizando con el propósito de ubicarlo y rescatarlo, divisaron luces y escucharon voces, siendo esta la razón por la cual se produjo el ingreso al inmueble, según se desprende de sus declaraciones.

Pero esto no significa que la incursión haya sido ilegítima. La Corte ha dicho que la pretensión de hacer extensivo el concepto de domicilio al lugar de residencia y demás terrenos o dependencias que la integran, resulta imprecisa, porque esta garantía constitucional de inviolabilidad no tiene por objeto la protección de la propiedad privada, sino del derecho a la intimidad personal y familiar, la que se circunscribe, en principio, al sitio de residencia,

“No obstante la impropiedad de ataque que de suyo amerita desestimación por la Corte, de todas maneras éste carece de fundamento como en tal sentido es destacado por la delegada. Al efecto baste con indicar que los setenta kilos de sustancia estupefaciente no fueron encontrados en el domicilio del procesado… sino dentro de un vehículo localizado en lugar abierto si bien ubicado en el mismo predio rural, aproximadamente a doscientos metros de la residencia, para cuyo registro la normativa constitucional y legal no exige orden de autoridad judicial ni que el funcionario que lo lleve a cabo tenga adscritas funciones de policía judicial, pues la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio no tiene por objeto la simple protección de la propiedad privada sino la intimidad personal y familiar de los asociados, circunscrita a su sitio de residencia”(10).

También la Corte Constitucional al referirse al ámbito de protección del domicilio, en su sentido estricto, es decir, como lugar de residencia de una persona natural, ha indicado que la inviolabilidad es una garantía que busca proteger aquellos lugares donde la persona desarrolla su intimidad o privacidad, y no cualquier espacio físico,

“Para ciertos efectos, algunos espacios cerrados distintos a los lugares de residencia, y en donde las personas realizan labores en parte privadas, son asimilables al domicilio, y gozan entonces de una protección constitucional semejante a aquella prevista para la casa de habitación. Sin embargo, esto no significa que todas las garantías que la Carta confiere al domicilio en sentido estricto, esto es, al lugar de residencia de una persona natural, se extienden automáticamente a estos otros lugares cerrados, como los sitios de trabajo o los centros de estudio. Para entender lo anterior, es necesario tener en cuenta que, como ya se dijo, la inviolabilidad del domicilio es una garantía que busca proteger los lugares en donde una persona desarrolla su intimidad o privacidad. Esto significa que la inviolabilidad del domicilio no protege tanto un espacio físico en sí mismo considerado sino al individuo en su seguridad, libertad e intimidad”(11).

Esto ha llevado a la Corte a sostener que la garantía de la inviolabilidad del domicilio comprende en principio la vivienda, y que la ampliación de su cobertura de protección a otras áreas de la propiedad solo opera cuando en relación con ellas sea también pertinente predicar la existencia de una razonable expectativa de intimidad, consultados factores como sus niveles de privacidad o los fines para los cuales se encuentran destinadas.

El predio “Villa Carmen”, en el que se cumplió el operativo cuya legalidad se cuestiona, es un inmueble de 36 metros de ancho por 64 de largo, cercado con alambre de púas, que tiene una vivienda en su interior, a la que se accede a través de un portón de madera y un sendero peatonal, y que cuenta con espacios no construidos, cubiertos de vegetación variada, que se interponen entre la puerta de acceso y las instalaciones habitacionales.

Las unidades de infantería de marina que ingresaron al predio, lo hicieron por el portón principal, que se hallaba abierto, y avanzaron hasta las inmediaciones de la vivienda, donde los procesados departían, ante quienes se identificaron, pero en vista de su reacción y que en su poder tenían varios paquetes similares al incautado a los ocupantes de la motocicleta, decidieron impartirles captura y esperar que los cuerpos de policía judicial asumieran el conocimiento del caso.

Frente a estos supuestos fácticos, no cuesta trabajo concluir que las afirmaciones de la demandante, en el sentido de que la incursión fue ilegal porque se trataba de un predio debidamente cercado, carecen de fundamento, porque la garantía constitucional de inviolabilidad, como ya se dijo, no tiene por objeto la protección de la propiedad privada, sino del derecho a la intimidad personal y familiar, la que se circunscribe, en principio, al sitio de residencia, y en el presente caso es claro que las unidades de la Armada Nacional no ingresaron a las instalaciones habitacionales.

La tesis expuesta por la recurrente, consistente en que la garantía de inviolabilidad se extendía a toda el área que se hallaba encerrada, exigía demostrar que en los terrenos aledaños a la vivienda sus moradores desarrollaban también actividades privadas, merecedoras de protección, pero la libelista no se ocupa de acreditar este hecho, y de las características del lugar claramente se establece que esta situación no se presentaba, por cuanto se trataba de un predio cercado con alambre de púas, que no ofrecía ningún tipo de privacidad a sus moradores en esas áreas, ni les permitía albergar, por tanto, expectativa alguna de intimidad en ellas, que demandara un tratamiento de protección idéntico al del lugar de residencia.

Una razón de más para afirmar que en relación con estos terrenos los moradores no esperaban estar exentos de intromisiones, ni albergaban expectativas de privacidad, es que el portón de entrada al predio permanecía abierto, lo cual, de suyo, se traducía en el levantamiento de la única barrera de protección del lugar y en una correlativa autorización a entrar hasta la vivienda sin necesidad de anunciarse, ni de pedir permiso, tal como lo hicieron los infantes de marina.

Los actos que se cumplieron a partir del momento en que los moradores fueron sorprendidos en posesión de los paquetes que contenían la sustancia (captura, incautación y aseguramiento del lugar), resultan igualmente legítimos, toda vez que los miembros de la fuerza pública, en condición de autoridad, estaban legalmente amparados para llevarlos a cabo, en virtud del estado de flagrancia en que fueron encontrados (L. 906/2004, art. 302).

1.3. Inconsistencias de las actas.

La casacionista pide también declarar la ilegalidad de las actas que se levantaron en la diligencia de incautación de la sustancia, por haber sido elaboradas en formatos de policía judicial y no contener la descripción de todos los elementos materiales probatorios que fueron recaudados, sin especificar, en concreto, las falencias detectadas en cada una de ellas, ni referirse a sus implicaciones en la legalidad de la actuación.

Revisadas las actas de inspección al lugar de los hechos (FPJ-9), se establece, sin embargo, que sus afirmaciones no coinciden con la verdad procesal, como quiera que estas actas fueron elaboradas en formatos de policía judicial, por funcionarios también de policía judicial, y que la descripción que contienen de los lugares inspeccionados y de los hallazgos, aunque no es abundante en detalles, contiene la información básica del procedimiento cumplido.

El que otro tipo de actas, como las de captura o de lectura de los derechos del capturado, hayan sido elaboradas en formatos de policía judicial, resulta insubstancial, porque lo importante no es que se utilice el formulario adecuado, sino que su contenido consulte lo sucedido y se encuentren suscritas por quien se afirma que intervino en el acto.

La censura no prospera.

2. Cargo segundo

2.1. Inimputabilidad de Armando Hooker Padilla.

La Corte comparte el criterio expresado por la Procuradora Delegada para la Casación Penal en la audiencia de sustentación del recurso, en el sentido de que este cargo está llamado a prosperar, pues considera igualmente que las contradicciones atribuidas por los juzgadores de instancia a la médica siquiatra para desestimar su diagnóstico sobre el estado mental de Armando Hooker Padilla no existieron, y que el ente acusador nada hizo por demostrar que lo afirmado por ella no consultaba la realidad.

Revisada la actuación se establece que el problema de la inimputabilidad de este procesado se planteó por la defensa desde el momento mismo de la audiencia preliminar de imputación e imposición de la medida de aseguramiento, y que el juez de control de garantías, al consultar las evidencias aportadas para su demostración, dispuso darle tratamiento de inimputable.

En la audiencia de formulación de la acusación, la defensa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 344 inciso segundo de la Ley 906 de 204, descubrió la historia clínica 89122566022, correspondiente al procesado Armando Hooker Padilla, suscrita por la médica siquiatra Estefanía de Aguas Baldonado, con registro médico 003404/02, con el fin de probar su inimputabilidad.

Posteriormente, en la audiencia preparatoria, la defensa reiteró su decisión de hacer valer la referida historia en el juicio, y adicionalmente descubrió una constancia expedida por el Centro de Atención y Educación Especial Orange Hill el 23 de febrero de 2009, y una certificación suscrita por la médica tratante Estefanía de Aguas Baldonado, relacionadas con su estado mental, con iguales propósitos.

En el curso de la misma diligencia la defensa solicitó el testimonio de la médica siquiatra Estefanía de Aguas Baldonado, para que declarara sobre el estado mental del procesado Armando Hooker Padilla y el tratamiento al cual venía siendo sometido, teniendo en cuenta que el Instituto de Medicina Legal de San Andrés no contaba con especialistas en siquiatría, peticiones todas que fueron acogidas por la juez de la causa.

El fiscal del caso, como ya se dijo, se mantuvo al margen de este debate, pues no descubrió elementos materiales probatorios ni evidencias físicas relacionadas con el estado mental o grado de inimputabilidad del procesado, ni solicitó pruebas orientadas a descalificar o desvirtuar las que fueron descubiertas y pedidas por la defensa con dicho propósito.

La certificación expedida por el Centro de Educación Especial Orange Hill, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en San Andrés, para niños con retardo mental, informa que Armando Hooker Padilla, quien para la época de los hechos (20-12-2008) contaba con 18 años de edad(12), estuvo vinculado a ese centro hasta el año 2006, “presentando un diagnóstico de retardo mental”.

Y la historia clínica 89122566022 permite establecer que Armando Hooker Padilla asistió a dos controles con la médico siquiatra Estefanía de Aguas Baldonado, los días 27-09-07 y 14-11-07, y que en ambos la impresión diagnóstica registrada por la especialista fue la misma: 1) Retardo mental con problemas comportamentales de grado no especificado. 2) Retardo mental moderado.

La existencia del retardo mental es reconocido por los fallos de instancia. No obstante, declararon no probado el estado de inimputabilidad del procesado, por considerar que las conclusiones de la médica siquiatra eran contradictorias, toda vez que en la historia clínica afirmaba que el retardo era moderado, y en juicio oral dijo que era severo, y que esto socavaba su confiabilidad.

Examinadas las pruebas que sustentan la alegación de la impugnante se establece, sin embargo, que la contradicción esgrimida por los juzgadores para desestimar las conclusiones de la médico siquiatra, realmente no se presenta, porque la declarante fue clara en precisar que la primera correspondía a la impresión diagnóstica y la segunda al diagnóstico documentado con los resultados de la prueba sicológica estándar del coeficiente intelectual, que arrojó 46, lo cual corresponde a un retardo severo, ya que se entiende que es moderado cuando oscila entre 50 y 70, y severo cuando es menor de 50.

Las características de este retardo y sus manifestaciones en la capacidad cognitiva y volitiva del procesado no lograron establecerse con la precisión deseada, porque el fiscal, con la complacencia de la juez, impidieron que la declarante abordara estos temas, con el argumento de que el artículo 421 de la Ley 906 de 2004 prohíbe a los peritos hacer pronunciamientos o juicios sobre la inimputabilidad(13), pero la información que logró allegarse permite razonablemente concluir que Armando Hooker Padilla carecía de la madurez mental y la capacidad de juicio requeridos para asumir conscientemente las consecuencias de sus actos.

En los controles de 27-09-07 y 14-11-07, registrados en la historia clínica 891225-66022, la siquiatra Estefanía de Aguas Baldonado dejó constancia de que el paciente es una persona con retardo mental moderado, introvertida, irritable, desorientada en el tiempo, de juicio y raciocinio pobre, con problemas comportamentales. Y en el juicio oral, entre lo poco que el fiscal y la juez le dejaron responder, explicó que las personas con un retardo mental como el que presenta el procesado no pueden desempeñarse solas y que requieren del acompañamiento y la orientación permanente para reafirmar los actos cotidianos básicos que deben cumplir y las exigencias planteadas para su edad.

Frente a este cuadro clínico resulta difícil aceptar, como lo sostuvo la procuradora delegada en la audiencia de sustentación, que Armando Hooker Padilla hubiese estado en capacidad de comprender las implicaciones penales de su conducta y de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión, y por ende, que pueda adelantarse respecto de él juicio de culpabilidad, razón por la cual la Corte lo declarará inimputable y dispondrá la aplicación de las medidas a que haya lugar.

El cargo prospera

2.1.1. Implicaciones de la prosperidad del cargo.

La prosperidad del ataque implica sustituir la pena por una medida de seguridad que sea apropiada al motivo que genera el estado de inimputabilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 y siguientes del Código Penal.

En el presente caso se está frente a un retardo mental permanente, que amerita, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 ejusdem, medida de internación en establecimiento siquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado, por un tiempo no superior a 20 años.

Teniendo en cuenta, sin embargo, que Armando Hooker Padilla puede ser tratado ambulatoriamente, como ya venía haciéndolo, y que si atiende las prescripciones médicas puede adaptarse sin dificultades al medio social en que vive, la Corte dispondrá la suspensión condicional de la medida de seguridad y ordenará que quede bajo la custodia de su progenitora, quien se obligará a continuar el tratamiento médico, a ejercer la vigilancia correspondiente, y a rendir los informes que le solicite el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Para tales efectos, deberá suscribir diligencia de compromiso y otorgar una caución prendaria equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, conforme a lo previsto en el artículo 465 de la Ley 906 de 2004. Prestada la caución y suscrita la diligencia de compromiso, se dispondrá la libertad inmediata del procesado, si no es requerido por otra autoridad en virtud de proceso diferente.

Como medidas restrictivas de otros derechos, la Corte impondrá a Hooker Padilla la prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas mientras dure el tratamiento, o se ordene la cesación de la medida, la que se considera indispensable para el éxito del tratamiento médico al cual viene siendo sometido.

3. Casación oficiosa.

Los juzgadores de instancia condenaron a Nolan Baena Sarmiento, Francisco Fernando Baloy García, Dale Richard Bent Britton, Manuel Esteban Baza Valderrama, Overdan Baena Sarmiento, Franklin Sánchez Ruiz, Heriberto Meléndez Pineda, Juan Pablo Bush Narciso y Fernán Zúñiga Britton a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al señalado como pena privativa de la libertad, es decir a veintiún (21) años y tres (3) meses.

El artículo 51 del Código Penal aplicable al caso (L. 599/2000), fija como término máximo de duración de esta pena veinte (20) años, salvo que se trate de delitos contra el patrimonio del Estado, en cuyo caso se aplica la sanción intemporal prevista en el inciso quinto del artículo 122 de la Constitución Nacional. Dice la norma,

Duración de las penas privativas de otros derechos. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración de cinco (5) a veinte (20) años, salvo en el caso del artículo 3º del artículo 52.

“Se excluyen de esta regla las penas impuestas a servidores públicos condenados por delitos contra el patrimonio económico del Estado, en cuyo caso se aplicará el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política.

Y el artículo 52, inciso tercero, dispone:

“En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2º del artículo 51”.

El delito por el cual fueron condenados los procesados no se encuentra dentro de las excepciones previstas en las normas cuyo texto se acaba de transcribir, razón por la cual la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas no podía exceder del máximo previsto en la ley, es decir, veinte (20) años.

Con el fin de preservar el principio de legalidad de la pena, la Corte, en ejercicio de la facultad oficiosa consagrada en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, casará oficiosamente la sentencia objeto del recurso extraordinario y fijará la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en el término máximo de duración permitido por el ordenamiento jurídico.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar parcialmente la sentencia impugnada.

2. CONDENAR a Armando Hooker Padilla por el delito de tráfico de estupefacientes agravado, en condición de inimputable, a la medida de seguridad de internación en establecimiento siquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado, por un tiempo no superior a 20 años.

3. Suspender condicionalmente la medida de seguridad impuesta a Armando Hooker Padilla y disponer que quede bajo la custodia de su progenitora, en los términos y con las obligaciones precisadas en la parte considerativa.

4. Imponer a Armando Hooker Padilla como medida restrictiva de otros derechos, la prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas mientras dure el tratamiento, o se ordene la cesación de la medida de seguridad.

5. Prestada la caución y suscrita la diligencia de compromiso se librará la boleta de libertad respectiva, la cual surtirá efectos si el procesado no es requerido por otra autoridad en virtud de proceso diferente. Para tales efectos se comisiona al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de San Andrés.

6. Condenar a los procesados Nolan Baena Sarmiento, Francisco Fernando Baloy García, Dale Richard Bent Britton, Manuel Esteban Baza Valderrama, Overdan Baena Sarmiento, Franklin Sánchez Ruiz, Heriberto Meléndez Pineda, Juan Pablo Bush Narciso y Fernán Zúñiga Britton, a la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por veinte (20) años.

En lo demás, el fallo se mantiene inmodificable.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase.»

(3) El artículo 230 permite omitir la orden escrita en tres casos, (i) cuando medie consentimiento expreso del propietario o del tenedor del bien objeto de registro, (ii) cuando no exista expectativa razonable de intimidad que justifique el requisito de la orden, y (iii) cuando se esté ante situaciones de emergencia tales como incendio, explosión, inundación u otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o la propiedad.

(4) Artículos 201, 202 y 203 de la Ley 906 de 2004.

(5) C.N., artículo 217.

(6) Sentencia C-034 de 1993. En el mismo sentido, Sentencia C-179 de 1994, Sentencia C-251 de 2002 y Sentencia C-1024 de 2002, entre otras.

(7) C-251 de 2002.

(8) Casación 23251, sentencia de 13 de septiembre de 2006.

(9) El artículo 230 establece tres excepciones a la exigencia de obtener orden escrita previa de la Fiscalía General de la Nación para adelantar un registro y allanamiento, (i) que medie consentimiento expreso del propietario o tenedor del bien objeto de registro, (ii) que no exista una expectativa razonable de intimidad que justifique el requisito de la orden, y (iii) que se trate de situaciones de emergencia como incendio, explosión, inundación y otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o la propiedad, o en situaciones de riesgo inminente de la salud, la vida o integridad personal o sexual de un menor de edad.

(10) Casación 14934, sentencia de 9 de mayo de 2002.

(11) Sentencia C-505 de 14 de julio de 1999.

(12) Nació el 25 de diciembre de 1989.

(13) Este entendimiento es equivocado, porque lo que prohíbe la norma es que el perito se pronuncie sobre si el procesado es o no inimputable, por ser este un concepto jurídico, que corresponde definirlo al juez, pero esto no significa que no pueda ser interrogado sobre los supuestos fácticos que determinan el estado de inimputabilidad, o sobre sus características o manifestaciones, o sobre las limitaciones del acusado en cada caso concreto, como de manera equivocada lo entendieron el fiscal y la juez en este caso.