Sentencia 34871 de marzo 2 de 2010

 

Sentencia 34871 de marzo 2 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 34871

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Acta Nº 06

Bogotá, D. C., dos de marzo de dos mil diez.

Decide la Corte Suprema el recurso de casación interpuesto por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 14 de septiembre de 2007, en el juicio que le promovió BEATRIZ ELENA LÓPEZ ZULUAGA, en su condición de curadora de la incapaz MARÍA EUGENIA LÓPEZ ZULUAGA.

Antecedentes

BEATRIZ ELENA LÓPEZ ZULUAGA, en su condición de curadora de la incapaz MARÍA EUGENIA LÓPEZ ZULUAGA, promovió proceso ordinario laboral (fl. 3 a 8) contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, pretendiendo el reconocimiento y pago a ésta de la pensión vitalicia de sobrevivientes, como hija inválida del pensionado JOSÉ GILBERTO LÓPEZ RINCÓN, desde el 19 de abril de 2002, fecha en que falleció éste; de las mesadas adicionales de junio y diciembre; la indexación; y los intereses de mora.

Fundamentó sus peticiones en que José Gilberto López Rincón, se encontraba pensionado por el riesgo de vejez por parte de la demandada, mediante Resolución 03749 del 12 de junio de 1984; que López Rincón falleció el 19 de abril de 2002; su hija EUGENIA LÓPEZ ZULUAGA, es invalida, según dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez de Antioquia, de fecha 29-04-2003, que calificó la merma de su capacidad laboral en el 54.65%, con fecha de estructuración del 16-10-1997; que la incapaz dependía económicamente de su padre; que reclamó al ISS pero éste le negó la pensión porque no se daba la dependencia económica.

Al dar respuesta a la demanda (fls. 38-40), la accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, solo aceptó haber negado la solicitud de pensión elevada por la actora. Lo demás dijo que no le constaba. En su defensa propuso las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación, imposibilidad de condena en costas y prescripción

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 26 de febrero de 2007 (fls. 65-73), condenó a la demandada a pagar a la actora la pensión de sobrevivientes por valor de $309.000.00, a partir del 19 de abril de 2002; $24.474.700.00, por concepto de mesadas atrasadas hasta el mes de febrero de 2007; a continuar pagando la suma mensual de $433.700.00, a partir del mes de marzo de 2007; $5.591.370 por concepto de indexación; y la tasa máxima de interés moratorio, vigente al momento en que se efectúe el pago.

La sentencia del tribunal

Al conocer por apelación interpuesta por la parte demandada, el Tribunal Superior de Medellín, mediante fallo del 14 de septiembre de 2007, confirmó el del a quo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, consideró el ad quem, como fundamento de su decisión, que era procedente el reconocimiento del derecho a la pensión a la demandante, con base en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, porque se encontraba demostrado en el proceso: que la solicitante fue declarada interdicta mediante fallo del 23 de diciembre de 2002, proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Envigado; que dicha interdicción obedeció a la calificación del Instituto de Seguros Sociales del estado de invalidez, debido a esquizofrenia paranoia, que representó la pérdida de la capacidad laboral del 53.25%; que la interdicta era hija del causante; y que ésta siempre fue sostenida en vida por su padre.

Recurso de casación

Fue interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte.

Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la sentencia impugnada se case parcialmente, en cuanto “… prohijó la decisión según la cual el término de prescripción era de cuatro años y como consecuencia de ello la pensión debía pagarse de manera retroactiva desde el ‘19 de abril de 2002’, para que en sede de instancia modifique los numerales 1 y 2 del fallo de primer grado, ordenando en su lugar, que la pensión debe cancelarse a partir del 30 de septiembre de 2002 y de igual manera modifique el numeral tercero de la sentencia del juez de primer grado, reliquidando la indexación de acuerdo al nuevo valor del retroactivo”.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados y enseguida se estudian.

Primer cargo

Expuesto de la siguiente manera:

“Por la vía directa acuso la sentencia recurrida de violar por aplicación indebida el artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año; la infracción directa del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social; violaciones que lo condujeron a la aplicación indebida, por darle alcance que no tiene, al artículo 47 de la ley 100 de 1993”.

Demostración

Sostiene el censor que el Tribunal no realizó ningún análisis respecto a la prescripción, pero que, al confirmar de manera íntegra la decisión del a quo, debe entenderse que acogió el criterio del a quo, según el cual, el término de prescripción es de cuatro años y no de tres, lo cual, dice, es precisamente lo que censura.

Señala que los jueces de instancia establecieron que la demandante tenía derecho a la pensión con base en la Ley 100 de 1993, pero que respecto a la prescripción, el juzgado reguló el tema con base en el artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990, lo que, señala, fue prohijado por el ad quem. Discernimiento que, argumenta, constituye una aplicación indebida de dicho precepto, toda vez que, dice, el término de cuatro años solo es aplicable a las prestaciones que se conceden con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990.

Dice igualmente el censor que la norma llamada a regular lo concerniente a la prescripción es el artículo 151 del C. P. T., y que las anteriores violaciones condujeron a darle un alcance que no tienen a los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

Termina el censor con algunas consideraciones de instancia.

Segundo cargo

Expuesto de la siguiente manera:

“Por la vía directa acuso la sentencia recurrida de violar por aplicación indebida el artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año; la infracción directa del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social; violaciones que lo condujeron a la interpretación errónea de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993”.

Bajo los mismos argumentos del primer cargo, el recurrente expone la demostración del segundo cargo.

La réplica

Para oponerse a las pretensiones de la recurrente, en su escrito de oposición, el apoderado de la demandante expone que, teniendo en cuenta la cuantía del proceso la cual resulta de la suma de $6.605.700, se tiene que ésta es inferior a la cuantía para recurrir en casación. Que presentada la demanda se concluye que frente al ataque tal cuantía deja de existir, que la demanda no está llamada a prosperar, incluso, deberá ser rechazada porque ésta debe guardar coherencia con el recurso extraordinario de casación incoado en cuanto a la cuantía y que, de lo contrario, sería aceptar las actuaciones procesales dilatorias del Instituto de Seguros Sociales, demorando el reconocimiento y pago de la pensión a la demandante, que por estado de discapacidad debe tener una protección del Estado; que, acerca del fenómeno de prescripción, se dijo que la fecha de presentación de la demanda, septiembre 30 de 2005, no es referente para contabilizar el término de prescripción, en razón a que para ese momento la demandada no había resuelto el recurso de apelación, el cual se había interpuesto subsidiariamente al de reposición contra la Resolución 9934 de junio 22 de 2004, que decidió la solicitud de prestación económica radicada el 11 de junio de 2002, sino que únicamente se había resuelto la reposición por medio de Resolución 16804 de septiembre 24 de 2004.

Consideraciones de la Corte

Para dar respuesta a los cuestionamientos que hace la réplica respecto a la competencia de la Corte para conocer del recurso de casación interpuesto, por faltar, según su entender, interés jurídico suficiente en el recurrente, debe señalarse que la cuantía del interés para recurrir, está determinada por el agravio que produce a las partes la sentencia recurrida, que en el caso del demandado, se concreta en el monto de las condenas proferidas en su contra y que en el presente caso superan ampliamente los 120 salarios mínimos mensuales previstos en la ley. Sin que, para nada afecte esa competencia que la recurrente, limite su recurso apenas a algunos aspectos de la condena, pues es de su resorte fijar un alcance menor a la impugnación.

De otro lado, se observa que los cargos a partir de los cuales se fundamenta la causal de casación invocada, guardan relación en su unidad de materia, y que con ellos se pretende dar el mismo alcance en el recurso extraordinario, razón por la cual serán desarrollados de manera conjunta.

Ahora bien, debe señalarse que el Tribunal no se pronunció respecto al fenómeno de la prescripción porque dicho punto no fue objeto de apelación por parte de la demandada, de modo que no es dable entenderse en este caso, como lo aduce el censor, que prohijó los argumentos del a quo sobre la materia.

En consecuencia, si no hubo pronunciamiento del ad quem respecto al punto es porque hubo conformidad de la parte afectada sobre él, y el Tribunal, de acuerdo con el artículo 66 A del C. P. del T., carecía de competencia para conocer, toda vez que dicha norma dispone que “La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”.

Sobre el principio de consonancia contemplado en el artículo 66 A del C. P. del T., tiene dicho esta Corporación, lo siguiente: 

“El Tribunal se abstuvo de conocer de las condenas impuestas por el a quo, respecto a la indexación de la primera mesada de la pensión de jubilación reclamada por el actor, y los intereses moratorios, en aplicación del principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del Código de Procedimiento Laboral, por cuanto no fueron materia del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la decisión de primer grado. 

“Cuestiona el censor lo anterior, porque considera que tales condenas apenas son consecuenciales y accesorias al reconocimiento de la pensión, de manera que, al haber recurrido de la pretensión principal, dicha inconformidad debe entenderse que comprende todas aquellas pretensiones que le sean consecuenciales y accesorias. 

“Debe señalarse inicialmente que la sentencia de esta Sala del 28 de abril de 2000 (Rad. 13644), que trae el censor en apoyo de sus razonamientos, se refiere a la situación existente con anterioridad a la vigencia del mencionado artículo 35 de la Ley 712 de 2001, que adicionó el artículo 66 A del C. P. del T., en el sentido de limitar expresamente la competencia del juez de segundo grado a “... las materias objeto del recurso de apelación”, época en la cual, ante una ausencia de normatividad expresa sobre el punto, la Corte en su misión de unificación de la jurisprudencia, fijó el alcance de la obligación de sustentar el recurso de apelación que impuso el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984. 

“Con la expedición de la Ley 712 de 2001, varió sustancialmente la situación, pues, de acuerdo con el texto de la nueva disposición, es a las partes a quienes corresponde delimitar expresamente las materias a que se contrae expresamente el recurso de apelación, en tanto reza la norma: 

"Principio de consonancia. La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”. 

“La indexación de la pensión y los intereses moratorios, si bien son pretensiones que se encuentran sometidas a la condición de prosperidad de otra formulada en la misma demanda, no por ello dejan de ser principales, y deben ser expresamente solicitadas por el actor en la demanda. 

“Del mismo modo, si es deber del apelante limitar el recurso de apelación a determinados y especiales temas, sobre los cuales únicamente se podrá pronunciar la segunda instancia, es obligación suya manifestarse respecto a todas las pretensiones de la demanda, sean éstas autónomas o condicionadas respecto de las otras, de las que discrepe. 

“La anterior es la actual posición mayoritaria de la Sala, que ya se expresó en caso similar al presente, como lo es la sentencia del 8 de febrero del corriente año (Rad. 26314)”. (sentencia del 23 de mayo de 2006, radicación 26225). 

En consecuencia, los cargos no prosperan.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2007, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del juicio ordinario laboral seguido por BEATRIZ ELENA LÓPEZ ZULUAGA, en su condición de curadora de la incapaz MARÍA EUGENIA LÓPEZ ZULUAGA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Francisco Javier Ricaurte Gómez—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Camilo Tarquino Gallego.

Salvamento de voto

Me aparto de la decisión adoptada en cuanto no se estudió el recurso de la parte demandada en lo atinente a la prescripción, por considerar la Sala que se tema no formó parte del recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primer grado.

En mi opinión, la circunstancia de que al sustentar dicho recurso el demandado no se pronunciara expresamente respecto al fenómeno prescriptivo, no impedía que el asunto se trajera a casación porque de revocarse las condenas que se atacaron, ello forzosamente haría innecesario el estudio de ese tema, por sustracción de materia.

Por lo tanto, no era necesario que la empresa impugnante se refiriera puntualmente al asunto que planteó en sede de casación.

Estimo por lo tanto que en este asunto la Sala utilizó de manera incorrecta el principio consagrado en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues si bien es cierto que la cabal utilización de ese principio exige que la sentencia de segundo grado se halle en consonancia con la materia objeto del recurso de apelación, no puede llevar a extremos tan rigurosos como el de exigir que, aparte de solicitarse la revocatoria de una condena, se deba hacer lo mismo de manera independiente respecto de las que le son accesorias, pues esa es una distorsión de la regla contenida en la aludida disposición que hace en exceso formalista la apelación de las sentencias de primer grado.

Por considerar que el criterio jurídico acertado sobre el tema es el expuesto por la Sala en la sentencia del 28 de abril de 2000, radicación 13644, trascribo lo pertinente de esa providencia:

“Es indiscutible que el requisito de la sustentación del recurso de apelación contenido en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 rige en el proceso laboral, tal como lo ha adoctrinado esta Corporación en constante jurisprudencia. Pero conviene precisar que lo anterior en manera alguna comporta, para quien recurre en alzada, la consagración de la exigencia de emplear fórmulas sacramentales que escapen del sentido común o de la razón de ser del requisito de fundamentar la impugnación o de extenderse en el debate de puntos meramente accidentales, accesorios o consecuenciales.

“Es principio lógico elemental que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por manera que si una parte discrepa de un fallo por negar o por acceder a una pretensión elevada como principal, y además de referirse el apelante al derecho reconocido o desconocido por el fallador de primer grado, expone las razones jurídicas o probatorias de su disentimiento, es innegable que implícitamente también se está oponiendo a las condenas o absoluciones que son consecuencia de la resolución judicial. De modo que aun cuando, en aras de la previsión, resulte aconsejable identificar y razonar la discrepancia con relación a cada derecho controvertido, no pueden los falladores de segunda instancia abstenerse de estudiar una apelación aduciendo una supuesta o real ausencia de fundamentación de los derechos verdaderamente consecuenciales, siempre que el recurrente haya satisfecho cabalmente el requisito de sustentar su reparo con respecto a los derechos principales.

“En el caso bajo examen la condena al pago de la indexación de las mesadas pensionales, impuesta en la sentencia de primera instancia, no puede entenderse como inescindida o separada de la condena al pago de la pensión de sobreviviente, dado que no sólo están inextricablemente ligadas, sino que aquélla es simplemente una simple consecuencia de ésta. De suerte que si el demandado fundamentó, por demás de manera amplia, las razones que lo llevaron a discrepar de la condena a la susodicha pensión, mal podría entenderse que se conformó con la condena al pago de la corrección monetaria de ésta. No comprenderlo así conduciría al absurdo de que si hubiese prosperado el cargo y lograra la absolución de la pensión impetrada como principal, sin embargo, dentro del razonamiento del fallo acusado, habría que sostener la condena a la indexación accesoria de las mismas mesadas so pretexto de no haberse sustentado la apelación en cuanto a ella”.

Aun cuando la normatividad que regula el tema en el procedimiento civil difiere de la prevista para los procesos laborales, también juzgo de interés traer a colación el criterio que sobre el particular tiene la Sala de Casación Civil de la Corporación, pues en este caso estimo que es aplicable.

Trascribo, pues, lo que es pertinente del fallo del 13 de diciembre de 2005, expediente 2001-00033-01:

“Mas ha querídose abrazar por algunos la idea de que algo cambia cuando la ley ha demandado de tiempo en tiempo que la sustentación del recurso sea forzosa. Ocurrió en el pasado (ley 2ª de 1984) y se revivió hoy en la 794 de 2003. Quien no sustenta el recurso, pierde el derecho de impugnación, es cierto. Esa es la única sanción prevista por la ley.

Pero sacar de allí que el contenido de esa sustentación delimita aun más la competencia del superior, de tal manera de decir que solamente se revisará la precisa argumentación que de modo expreso invoque el recurrente, luce desproporcionado y se convierte en un ataque insospechado al principio constitucional de la doble instancia. Por el hecho de la sustentación, no es que la apelación haya adquirido un rango de recurso extraordinario, en donde sí es de la esencia que lo que no está alegado no existe en el recurso. En los recursos extraordinarios la actividad del juzgador la delinea el alegato del impugnante, y por consiguiente es extraña a la tarea oficiosa de quien decide. Algo distinto, empero, por no decir que opuesto, acaece en los recursos ordinarios como lo es de veras el de apelación.

¿Para qué entonces exigir la sustentación? Es la pregunta que con naturalidad podrían algunos formularse. Pues bien. Cualquiera que sea la impresión que sobre el punto se tenga, en todo caso la respuesta no puede ser aquella. El fin de la sustentación es muy otro, cual tuvo ocasión de expresarlo la Corte en sentencia de tutela de 7 de octubre de 2003, expediente 2003-30631, en los siguientes términos:

‘No conviene que el asunto sea analizado de modo aislado, porque lo que en definitiva arrojará luces sobre el particular será aquel que conectado aparezca con los principios que informan el recurso de apelación. Es forzoso memorar, por ejemplo, que aun sigue operando el artículo 357 del mismo código, y, por lo tanto, la ‘apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante’. Vale decir, que cuando de desatar la alzada se trate, el ad quem debe averiguar normalmente lo que perjudicado tiene al apelante, porque se supone, ‘o se entiende’ para emplear la propia expresión de la ley, que sobre eso versa la apelación. Así ha sido siempre. Por donde se viene el pensamiento que al exigirse la sustentación con carácter obligatorio, so pena de deserción del recurso, lo que con ello se busca es facilitar, que no desplazar, aquella labor del juzgador, quien así conocerá más de cerca el inconformismo del apelante. En otras palabras, que el apelante llegue al ad quem con más expresividad. Como es fácil descubrirlo, allí lo determinante es que no se eche a perder esa posibilidad adicional de que el fallador se entere de modo expreso de lo que tácitamente está obligado a averiguar’.

De este parecer fue también la Corte Constitucional, como puede verse en fallo T-449/2004”.

Fecha ut supra. 

Gustavo José Gnecco Mendoza