Sentencia 34912 de marzo 24 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 34912

Acta 09

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., veinticuatro de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Corte

En vista de haberse fundamentado la decisión del ad quem en jurisprudencia de esta Sala, procede la acusación por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea.

Aun cuando el tribunal, con fundamento en la nueva posición mayoritaria de esta Sala, en su actual conformación, admitió la posibilidad de indexar la pensión convencional otorgada al demandante, procedió, sin embargo, a resolver favorablemente la excepción de prescripción propuesta por la demandada, bajo el contexto de haber transcurrido más de tres años después de haberse hecho exigible el derecho; es decir, estimó a la indexación como susceptible de prescribir, lo cual no se acompasa a lo adoctrinado por esta Sala, que ha considerado que, dado el carácter de simple mecanismo que ostenta aquella, cuyo fin es garantizar la conservación del poder adquisitivo de la moneda, no es, entonces, destinatario hábil, cual si fuere otro mero factor salarial, de la figura de la prescripción.

Es así como en la sentencia de casación de 7 de julio de 2005, radicado 24554 la Sala expuso:

“La actualización del ingreso base de liquidación de la pensión, no implica un incremento de la obligación original, pues no la hace más onerosa, sino que su finalidad es mantener el valor económico real de la moneda frente a la notoria pérdida de su poder adquisitivo, para el caso la aplicación de la revaluación sobre el mismo quantum con el que se reconoció el derecho pensional, respecto del cual el pensionado no tiene ninguna objeción, y en estas condiciones, la solicitud a dicha actualización monetaria no está sometida al término trienal de prescripción, pues ello haría nugatorio que las pensiones mantengan su poder adquisitivo.

Por consiguiente, esta clase de actualización no está comprendida dentro de los “créditos no satisfechos” que refiere la sentencia invocada y solamente los reajustes derivados de la misma que pudieran tener ciertas mensualidades que se percibieron, sin que el titular del derecho los haya exigido en tiempo, son los que quedan afectadas por el fenómeno jurídico de la prescripción extintiva contemplada en la ley...”.

En sentencia del 11 de octubre de 2005 radicado 24555, reiterada, entre otras, en la del 7 de septiembre de 2006 radicado 26210, precisó:

“El aspecto puntual en discusión y que objeta la recurrente de la sentencia controvertida se circunscribe a la imprescriptibilidad de la indexación del ingreso base de liquidación de la pensión de sobrevivientes que devenga; pues mientras el tribunal arribó a la conclusión que sí prescribe, apoyado en el criterio fijado por la Corte en la sentencia de 15 de julio de 2003, radicación 19557, la impugnante aduce todo lo contrario, atribuyéndole al juzgador de segundo grado el haber violado la ley por interpretación errónea de los preceptos relacionados en el cargo y que reglan la prescripción en materia laboral.

Pues bien, de entrada observa la Corte que efectivamente el tribunal incurrió en el desvió hermenéutico que se le endilga en el cargo. Esto por cuanto la intelección que hizo al criterio sentado en la sentencia de 15 de julio de 2003 es equivocada por lo siguiente:

En dicha decisión la Corte consideró, en suma, que es viable el fenómeno de la prescripción en lo relativo a la base salarial que debe tomarse en cuenta para reconocer el monto de la pensión, o, en otras palabras, estudió la prescriptibilidad de los factores económicos que conforman la base salarial para efectos pensionales; pero para nada analizó el asunto concerniente con la prescripción de la actualización del ingreso base de liquidación; temas que desde luego son disímiles desde todo punto de vista.

Por sabido se tiene que la pensión de jubilación genera un verdadero estado jurídico, el de jubilado, que le da a la persona el derecho a disfrutar de por vida de una determinada suma mensual de dinero. De ahí que se haya declarado la imprescriptibilidad del derecho a la pensión de jubilación y en consecuencia la acción que se dirija a reclamar esa prestación puede intentarse en cualquier tiempo, mientras no se extingan las condiciones de pensionado o de beneficiarios, que puede suceder en el segundo evento por causa de la muerte de su titular.

La indexación persigue y logra que el ingreso base de liquidación de la pensión mantenga su valor real, más no nominal, para de esta manera hallar en su verdadero poder adquisitivo la primera mesada pensional (C.N. arts. 48 y 53; L. 100/93, arts. 14, 36 y 116), evitando de paso el envilecimiento propio de economías inflacionarias y garantizando la congrua subsistencia de los pensionados o beneficiarios; entonces, su finalidad no es incrementar el IBL y obtener una mayor mesada pensional, como sí la tienen los factores salariales que en un momento dado deban tomarse en cuenta para calcular la base de la liquidación de la pensión, los cuales entrañan créditos de carácter económico y por ende son susceptibles de afectarse con la prescripción.

Esta actualización hace parte integrante o es inherente del status pensional, por ser consustancial e inseparable a él y, siendo ello así, del estado de jubilado sólo “se puede predicar su extinción, más no su prescripción”, tal y como lo dijo la Corte mediante el fallo de 18 de diciembre de 1954”.

Y en la 27120 de 26 de septiembre de 2006, se dijo:

“...Bajo esta óptica es claro el yerro hermenéutico en que incurre el tribunal, por cuanto en esa oportunidad lo que estudia la Corte es la prescriptibilidad de los factores económicos que conforman el ingreso base de liquidación de la pensión. Cosa que es diferente al reajuste de dicha base en cumplimiento de una orden legal como la contenida en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 o de su actualización de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor, eventos que no implican un aumento real en el ingreso base de liquidación, como si lo hace la modificación de los factores salariales tenidos en cuenta en su liquidación, sino que persiguen mantener el valor real de la mesada que se ve afectado, en el primer caso, por efectos del aumento en la cotización para la salud generado en la aplicación de la Ley 100 de 1993 y, en el segundo, por el fenómeno inflacionario que mengua el poder adquisitivo de la primera mesada.

De manera que estos eventos, el del reajuste legal y el de la indexación, no modifican el derecho pensional tal cual se reconoce, sino que al ser una obligación de tracto sucesivo, que se puede ver afectada por fenómenos posteriores, como los señalados, es susceptible de ser reajustada en los casos expresos previstos por el legislador, para evitar el menoscabo del derecho pensional, que, como se ha sostenido invariablemente por la jurisprudencia es imprescriptible” (resalte de la Sala).

A su vez, en la de 26 de agosto de 2008, radicación 30595, la Sala asentó:

“El problema que plantea la acusación estriba, en forma fundamental, en establecer si la acción encaminada a actualizar el monto de la pensión prescribe, como ocurre con la dirigida a exigir el pago de las mesadas pensionales, o por el contrario no es susceptible de ser afectada por este fenómeno como sucede con el derecho a la pensión.

Al respecto ha dicho esta Corte:

“En efecto, con independencia de la clase de prescripción que se pretenda aplicar, valga decir, la trienal regulada por los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del estatuto procesal del trabajo, o la especial de cuatro años prevista en el artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990 del ISS aprobado por el Decreto 758 del mismo año; importa decir que lo cierto es que, este fenómeno jurídico como un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos, no procede en relación con la reclamación dirigida a definir el porcentaje legal para fijar el monto de la pensión, según la normatividad que regule la materia, independiente a que dicho porcentaje se aplique sobre factores salariales, ingresos bases, semanas cotizadas o tiempos servidos.

“Lo anterior es jurídicamente razonable, porque se presenta una relación indivisible entre la fijación de la cuantía del derecho pensional conforme al porcentaje a tomar para su liquidación, con el otorgamiento de la pensión que como es sabido se trata de un derecho imprescriptible, debiendo correr la misma suerte la acción que se instaure en uno u otro caso para solicitar su reconocimiento.

“De tal modo, que al estar estrechamente ligados o entrelazados estos derechos constitutivos de un todo jurídico, ninguno de ellos admite la prescripción extintiva del derecho en sí mismos, y lo único que podría prescribir serán las mesadas con excepción de los últimos tres años contados desde la reclamación hacia atrás.” (28552- dic. 5/2006).

A la luz del criterio anterior los argumentos de la censura se revelan acertados, en el sentido de no producirse el efecto jurídico de la prescripción respecto a la reclamación tendiente a actualizar el monto de la pensión.

Esta Sala insiste en las razones expuestas que la conducen a reconocer el carácter imprescriptible del derecho de la acción dirigida a actualizar el valor de la primera mesada pensional y, en sentido opuesto, el prescriptible, que atribuye a la reclamación encaminada al pago de las mensualidades de la pensión de jubilación....”.

El primer cargo, en consecuencia prospera, con lo cual queda relevada la Sala del estudio del segundo.

En sede de instancia, es de señalar, en cuanto a la procedencia de la indexación de pensiones convencionales o extralegales, al respecto, que esta Sala por mayoría de sus integrantes, en sentencia del 31 de junio de 2007, radicado 29022, ratificada posteriormente en muchas otras, varió el criterio, que aún se mantiene y en esta oportunidad se reitera, al estimar que, a la luz de la Constitución y de la ley, resulta viable dicha actualización, cuando el derecho pensional se causa en vigencia de la Carta Superior de 1991; en ella se dijo:

“Valga recordar, que ya en vigencia de la Constitución Política de 1991, esta Corte venía disponiendo la indexación de la base salarial de la pensión extralegal, y la restringida de jubilación.

“Así por ejemplo lo definió en las sentencias del 8 de febrero, radicación 7996 y del 5 de agosto, radicación 8616, ambas de 1996. Sin embargo, posteriormente dicha doctrina fue recogida, para negarla, principalmente, en la sentencia del 18 de agosto de 1999, radicado 11818.

“Posteriormente, se admitió la reevaluación en comento, por mayoría de los integrantes de la Sala, sólo para los eventos en que se reclamen pensiones con fundamento en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, últimamente las pensiones legales causadas a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991, Sentencia 28452 de 26 de junio de 2007. Ahora, frente a los antecedentes citados, llevan a la corporación a reexaminar el tema propuesto, variando su tesis.

“Pues bien, el fundamento constitucional referido es el que a su vez otorga pleno soporte a la actualización de la base salarial de las pensiones, sin diferenciarlas por su origen, pues la misma tesis, según la cual la omisión de legislador no puede afectar a una categoría de pensiones y que por consiguiente corresponde aplicarles la legislación vigente para los otros, con el mecanismo de la indexación, para efectos de liquidar una mesada pensional actualizada, es de recibo tratándose de pensiones extralegales o convencionales, pues estas no corresponden en rigor a una prestación nueva, porque aún, con anterioridad a la nueva Constitución Política y a la expedición de la Ley 100 de 1993, existían regímenes legales que protegían a los trabajadores del sector privado y oficial, de ciertas contingencias surgidas con ocasión de la ejecución del contrato de trabajo, también de la propia naturaleza humana del trabajador o bien de eventos fortuitos de diferente orden, que afectaran su vida laboral o incluso que pusieran fin a su existencia, con perjuicio de su núcleo familiar.

“Esto significa que el reconocimiento de una pensión extralegal, entre ellas la convencional, no determina en principio más que un mejoramiento de un derecho mínimo legal, mediante el cual se flexibilizan las exigencias para su causación o simplemente incrementan su cuantía; luego, respecto de estas prestaciones extralegales, también caben los postulados constitucionales previstos en los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional, que prevén el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones.

“El actual criterio mayoritario que admite la actualización de la base salarial tratándose de pensiones legales causadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva constitución, impera también ahora para las extralegales o convencionales según lo anotado.

“Lo anterior porque, en verdad, no hay razón justificativa alguna, para diferenciar el fenómeno económico de la inflación, a un trabajador pensionado de acuerdo con la ley con uno conforme a una convención, por que valga agregar que si la corrección monetaria no conduce a hacer más onerosa una obligación, pensional sino a mantener el valor económico de la moneda frente a su progresivo envilecimiento, su aplicación respecto de pensiones extralegales, sean ellas convencionales o voluntarios, no altera de ninguna forma el acto inicial de reconocimiento porque simplemente lo que se presenta es una actualización del monto para mantener su valor constante.

“Como corolario de lo ya precisado, resulta procedente la actualización del ingreso base de liquidación de la pensión convencional aquí demandada, dado que se causó en vigencia de la actual Constitución Política. Una vez hecho los estudios de constitucionalidad efectuados en la Sentencia D-6247 del 19 de octubre de 2006 y D-6246 del 1 de noviembre del mismo año”.

Así pues, habrá de revocarse lo resuelto por la a quo y dispensar la indexación deprecada.

En lo concerniente a la fórmula a aplicar, se acogerá la señalada por el recurrente, que se aviene a lo que al respecto ha adoctrinado la Sala en sentencias como la de 6 de diciembre de 2007, radicado 32020, en la que se dijo:

“Sin embargo, bajo un nuevo examen del tema, la Sala estima que debe revisar las pautas que en un principio se adoptaron para la aplicación de la fórmula matemática que sirvió para dar efectividad al mecanismo de la actualización aludida, ello para el contingente de trabajadores que se hallen en las circunstancias antedichas, en especial, como en el presente caso, frente a pensiones convencionales que obviamente no están cobijadas por la nueva normatividad de seguridad social, y bajo esta órbita precisar su criterio.

Debe indicarse que, sobre el punto relativo al mecanismo de actualización, no existe norma dentro del propio compendio convencional, como tampoco de ello se ha ocupado la ley.

En la sentencia con radicación 29022 del 31 de julio de 2007, en proceso adelantado contra la entidad aquí también demandada, esta Corte, para indexar la base salarial de la pensión convencional, acogió la fórmula que tradicionalmente venía adoptándose para las pensiones legales. Esta fórmula, conviene también recordarlo, al haber sido objeto de cuestionamiento a través de tutela, la Corte Constitucional, en su Sala Sexta de Decisión consideró que “la adopción de metodología de cálculo adoptada por los jueces se fundamentó suficientemente, estuvo basada en razones de peso y no puede, por ese hecho, catalogarse como arbitraria”. (Sent. T-440, jun. 1º/2006); sin embargo, esa misma corporación, a través de la sentencia de tutela T-425 de 2007, siguiendo un criterio jurisprudencial distinto al antes referido, decidió aplicar la fórmula según la cual debía multiplicar el valor histórico que se traduce en el “promedio de lo devengado por el demandante durante el último año de servicios, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a fecha a partir de la cual se reconoció la pensión, entre el índice inicial,...” con el argumento de que “refleja criterios justos equitativos...”

Esta falta de uniformidad, para adoptar un mecanismo ajustado de actualización, sin duda alguna, se insiste, obedece a la carencia de norma legal que lo consagre; por ello, teniendo en cuenta aquellos referentes jurisprudenciales, que en materia de constitucionalidad de la ley produjo la Corte Constitucional, a los que se suma el hecho de que el legislador, precisamente en desarrollo del artículo 48 de la Constitución política expidió el sistema de seguridad social integral, Ley 100 de 1993, y en su artículo 36, señaló un modo de actualizar las pensiones legales, estima la Sala que sería el adecuado para adoptar, en tratándose de pensiones convencionales, pues así se daría plena observancia en esta materia al derecho a la igualdad, dado que tanto los titulares de una pensión legal como los de una convencional, tendrían el mismo derecho a que se les liquidara la aludida prestación con igual método, es decir, se repite, el establecido en el artículo 36 Ibídem, actualizando el ingreso base, anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, todo ello en procura de solucionar de manera más efectiva la desventaja económica en que se encuentra un trabajador frente a la devaluación de la moneda producto de la inflación permanente que la misma padece en nuestro país.

En este orden de ideas, al tomar el valor monetario a actualizar y multiplicarlo por el índice de precios al consumidor final y dividirlo por el IPC inicial, para efectos de determinar el ingreso base de liquidación y establecer el monto de la primera mesada en aquellos casos no contemplados en la ley de seguridad social, es dable sostener que esta fórmula también cumple a cabalidad con tal objetivo; la cual es semejante a la que viene aplicando la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado.

Así pues, que en lo sucesivo para determinar el ingreso base de liquidación de pensiones como la que nos ocupa, se aplicará la siguiente fórmula:

VA = VH x IPC Final

IPC Inicial

De donde:

VA = IBL o valor actualizado

VH = Valor histórico que corresponde al último salario promedio mes devengado.

IPC Final = Índice de precios al consumidor de la última anualidad en la fecha de pensión.

IPC Inicial = Índice de precios al consumidor de la última anualidad en la fecha de retiro o desvinculación del trabajador.

Con esta nueva postura, la Sala recoge cualquier pronunciamiento anterior que resulte contrario con respecto a la fórmula que se venía empleando en casos similares donde no se contempló la forma de actualizar la mesada pensional, acorde con la teleología de las normas constitucionales y legales antes citadas”.

Así pues, es de recordar que el actor egresó el 6 de agosto de 1992, y que la pensión le fue reconocida desde el 8 de agosto de 1999. Como su último salario promedio fue de $ 350.698, al indexarse este, con la fórmula indicada, y con valores de 100 para el índice final, y 26.64 para el inicial, el salario base corresponde a $ 1.316.513, cuyo 85% asciende a $ 1.119.036.05, que es el valor indexado de la primera mesada pensional del pensionado accionante, desde el 8 de agosto de 1999.

Ahora bien, aun cuando el mecanismo indexatorio no prescribe, las diferencias en el valor de las mesadas, generadas entre lo pagado y lo que se ha debido pagar, sí podrían quedan afectadas por el paso del tiempo y su no reclamación oportuna; sin embargo, como la excepción de prescripción no es declarable oficiosamente, sino a expresa petición de parte —conforme al artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al ámbito laboral en virtud del principio de integración normativa consagrado por el 145 del CPTSS— y, en este caso, la demandada restringió la prescripción que alegó, a la de la acción (fl. 28 cdno. primera instancia), es decir, al vector procesal del derecho, que fue lo estudiado y decidido por el ad quem, y no, en concreto, respecto de las diferencias de mesadas ni de estas, no hay lugar, por lo tanto a la prosperidad de la misma, pues, a la Corte no le es dable entrar, motu proprio, a asignarle al medio exceptivo un alcance distinto al solicitado expresamente por quien lo propone.

En cuanto al resto de excepciones propuestas, ante lo motivado, no prosperan.

Han de revocarse, en consecuencia, los numerales primero y segundo de la sentencia de primera instancia para, en su lugar declarar que la cuantía inicial de la pensión de jubilación convencional que la demandada reconoció al señor Raúl Alfonso Vinasco Jaramillo, mediante Resolución 1.103 de 25 de noviembre de 1999, asciende, indexada, a la suma de $ 1.119.036.05. Como consecuencia de lo anterior deberá pagarle las diferencias mensuales, pasadas, presentes y futuras, derivadas de lo cancelado por concepto de pensión, desde el 8 de agosto de 1999, con lo que realmente se le ha debido y se le debe pagar con la indexación reconocida en esta providencia. Se advierte que la condena, en los términos dichos, no constituye sentencia en abstracto, ya que es perfectamente liquidable al disponer las partes, en especial quien ha hecho los pagos, de los datos necesarios para ello.

Sin costas en el recurso extraordinario, por haber este prosperado. Las de segunda instancia serán a cargo de la demandada. Sin lugar a ellas en la primera instancia, por haberse presentado cambio de jurisprudencia tanto respecto de la posibilidad de indexación como de la improcedencia de indexación de pensión convencional.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali, el 11 de octubre de 2007, dentro del juicio ordinario laboral promovido por Raúl Alfonso Vinasco Jaramillo en contra de la Industria de Licores del Valle. En sede de instancia, revoca los numerales primero y segundo de la sentencia proferida en el proceso, en primera instancia, por la señora juez tercero laboral del circuito de Palmira el 16 de noviembre de 2006, y en su lugar

SE RESUELVE:

1. Declarar que la cuantía inicial de la pensión de jubilación convencional que la Industria de Licores del Valle reconoció al señor Raúl Alfonso Vinasco Jaramillo, mediante Resolución 1.103 de 25 de noviembre de 1999, asciende, indexada, desde el 8 de agosto de 1999, a la suma de $ 1.119.036.05, más los incrementos de ley para los años siguientes.

2. Como consecuencia de lo anterior, la Industria de Licores del Valle deberá pagar al señor Raúl Alfonso Vinasco Jaramillo, las diferencias mensuales, pasadas, presentes y futuras, derivadas de lo cancelado por concepto de dicha pensión, desde el 8 de agosto de 1999, con lo que realmente se le ha debido y se le debe pagar con la indexación reconocida en esta providencia, más incrementos legales.

3. No prosperan las excepciones propuestas.

4. Costas, conforme a la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.