Sentencia 34938 de noviembre 17 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 371

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Bogotá, D.C, diecisiete de noviembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Es competente la Sala para desatar el presente recurso de apelación interpuesto contra determinación tomada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá, en atención a lo normado en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, conforme al cual:

Cuando se trate de condenados que gocen de fuero constitucional o legal, la competencia para la ejecución de las sanciones penales corresponderá, en primera instancia, a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad del lugar donde se encuentre cumpliendo la pena. La segunda instancia corresponderá al respectivo juez de conocimiento” (negrillas fuera de texto).

Lo anterior, aun cuando los procesos se hayan consolidado en vigencia de la Ley 600 de 2000, pues, como ha tenido oportunidad de precisarlo la Sala en varias oportunidades(17), en tales casos se aplica la disposición pertinente de la Ley 906 de 2004, por resultar favorable al condenado en tanto prevé una segunda instancia, a diferencia de lo normado en el último inciso del artículo 79 de la primera normatividad en cita.

2. Importa mencionar que la decisión del a quo objeto de estudio refiere dos incumplimientos, uno de ellos por la novedad que se presentó el 23 de octubre de 2009, y el otro por las presuntas trasgresiones al dispositivo de vigilancia electrónica.

Sobre esta última situación el juez de ejecución de penas le dio plena credibilidad a las exculpaciones presentadas por Yidis Medina y en consecuencia por tal motivo no revocó el beneficio.

3. Clarificado el tema anterior, corresponde a la Corte entrar a resolver de fondo la impugnación que concita su atención.

En tal dirección debe precisarse desde ya, que los planteamientos del señor defensor de la condenada Yidis Medina Padilla orientados a lograr la revocatoria de la decisión impugnada, no están llamados a prosperar.

Al respecto, empiécese por señalar que el instituto de la prisión domiciliaria, cuya revocatoria discute el impugnante, le fue concedido como madre cabeza de familia a Yidis Medina por favorabilidad, en razón a la nueva normatividad procesal regulada en el artículo 314-5 de la Ley 906 de 2004 en concordancia con el 461 ibídem, donde el encerramiento domiciliario opera como forma de sustitución tanto de la detención preventiva como de la pena de prisión, sin que se requieran exigencias tales como la naturaleza del delito, la carencia de antecedentes penales, o la valoración de componentes subjetivos.

Así fue como la sentenciada suscribió diligencia de compromiso el 27 de junio de 2008, en la cual asumió las obligaciones previstas en el numeral 3º del artículo 38 de la Ley 599 de 2000, en donde se le advirtió expresamente acerca de:

“1. Cuando sea el caso, solicitar al funcionario judicial autorización para cambiar de residencia; 2. Observar buena conducta; 3. Reparar los daños ocasionados con el delito salvo cuando se demuestre que está en incapacidad para hacerlo; 4. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello; 5. Permitir la entrada a la residencia a los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y cumplir las demás condiciones de seguridad impuestas en la sentencia, por el funcionario judicial encargado y la reglamentación del Inpec. El incumplimiento de lo aquí dispuesto, la evasión del lugar de reclusión domiciliaria o la continuación de la actividad delictiva, dará lugar a la revocatoria de la medida sustitutiva de la prisión domiciliaria, la ejecución intramural de la pena y la efectividad de la caución prestada a favor del Estado”(18) (negrilla fuera de texto).

No obstante lo anterior, mediante informe 129-AJUR-DIR-1489(19) del 26 de octubre de 2009, dirigido al Juez 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, por la directora de la reclusión de mujeres “El Buen Pastor”, le comunicó la novedad según la cual no fue posible verificar la estadía de Yidis Medina Padilla en su residencia el 23 de octubre anterior a las 20:10 horas cuando se realizó la visita de control al beneficio de prisión domiciliaria; como soporte adjuntó entre otros, el memorando suscrito por el funcionario del Inpec dragoneante Luis Parra Verdugo, motivo por el cual el a quo, después de tramitar el incidente de que trata el artículo 486 de la Ley 600 de 2000 (L. 906/2004, art. 477), revocó el beneficio.

El defensor disiente de esa determinación pues estima, en pocas palabras, que no responde a una adecuada valoración de las pruebas allegadas que justifican la imposibilidad del Inpec en la constatación de la permanencia de Yidis Medina en su domicilio para el día 23 de octubre de 2009, de acuerdo con lo expresado por la empleada domestica quien le manifestó que se encontraba durmiendo y que no estaba autorizada para abrirle la puerta a nadie.

Para demostrar esa situación, la defensa, dentro del traslado de ley, solamente allegó al proceso Acta de declaración extra proceso 11184 de fecha 9 de noviembre de 2009, suscrita por José Sinforiano Velandia Páez en donde asevera que Yidis Medina le prestó el vehículo de placas BZI-401 durante 9 días a partir del 16 de octubre de 2009(20), sin embargo, junto con el escrito presentado para sustentar los recursos, de manera desleal -por cuanto los hechos no variaron-, arrimó otras pruebas(21) las cuales no fueron conocidas por el juzgado, por tanto no se pronunció en su oportunidad el a quo, y la Sala tampoco realizará juicio alguno en razón a que no tienen la entidad para desvirtuar la decisión, además la decantada jurisprudencia en torno a la apelación ha expuesto:

“Esto por cuanto, atendiendo el carácter progresivo que nuestro sistema ostenta, la apelación como una de las formas de acceder a la segunda instancia, no ha sido instituida a manera de un nuevo juicio fáctico y jurídico con prescindencia de lo ya resuelto por el aquo, sino como instrumento de control de juridicidad y acierto de las decisiones adoptadas por los funcionarios de primer grado, limitada, por tanto, a revisar los aspectos sobre los que la parte que ha dicho mecanismo acude, manifieste inconformidad” (negrilla fuera de texto)(22).

4. La Corte encuentra claro que el a quo acertó al revocar el beneficio concedido, no solo por estar objetivamente acreditado el incumplimiento de los presupuestos contenidos en el inciso tercero del artículo 38 del Código Penal en el sentido de que “cuando se incumplan las obligaciones contraídas (5. Permitir la entrada a la residencia a los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión), se evada o incumpla la reclusión, …, se hará efectiva la pena de prisión”¸ aspecto sobre el cual se la previno en la diligencia de compromiso cuya acta fue suscrita por la sentenciada, y ratificado luego en la declaración que rindiera ante el Juzgado el 19 de enero del año en curso(23), sino porque, esencialmente, las razones expuestas y la prueba allegada para sustentar esa postura no persuaden a la Sala para tener por justificada la no atención a los funcionarios del Inpec encargados de la revista al domicilio por parte de la empleada domestica de Yidis Medina argumentando que se encontraba dormida y, así, revocar la decisión adoptada por el funcionario de primer grado.

En efecto, razón asiste al juez de ejecución de penas, tanto en la providencia impugnada como en aquella por cuyo medio resolvió adversamente el recurso de reposición incoado como principal, al señalar que reviste de plena credibilidad el informe suscrito por el funcionario del Inpec dragoneante Luis Parra Verdugo que dio cuenta de la las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la visita a la residencia de la condenada con el propósito de verificar el cumplimiento de la prisión domiciliaria, sin que haya sido posible realizarlo a pesar del conocimiento que tenía la empleada del servicio de quienes eran y del motivo de su visita, no solo porque su contenido se presume auténtico y rendido bajo la gravedad de juramento sino porque, además, no existe motivo alguno para desconfiar de sus aseveraciones, en tanto no está demostrado que ostente interés alguno en perjudicar la sentenciada.

Nótese que los miembros de Inpec, en compañía de los funcionarios de seguridad privada del conjunto residencial y los miembros de la Policía Nacional, realizaron todos los procedimientos y esfuerzos que estuvieron a su alcance para verificar la estadía de la penada en su residencia, en primer lugar llamaron por el citófono y se identificaron como miembros del Inpec ante la empleada domestica que contestó, luego fueron hasta la residencia procediendo a timbrar y tocar la puerta en repetidas ocasiones sin que hayan sido atendidos, posteriormente volvieron a llamar por citófono sin que en esta ocasión se les haya respondido.

En ese orden de ideas, resulta a todas luces ilógico el argumento del impugnante, por exceder la conclusión los términos de la premisa, en el sentido de que la obligación es del Inpec demostrar que Yidis Medina no estaba en su domicilio, y que ello no fue logrado por cuanto solamente no pudieron constatar visualmente si se encontraba allí, cuando es claro que es a la condenada a quien le corresponde adoptar todas las medidas necesarias a fin de permitir la entrada de los funcionarios del Inpec para la mencionada constatación, de lo cual no resulta razonable que Yidis no le hubiera advertido a la empleada la importancia de estas visitas, sino por el contrario le hubiera dado órdenes precisas de no abrirle la puerta a nadie cuando es claro que la empleada conoció que eran funcionarios del Inpec como lo refirió la misma Yidis en su declaración ante el juzgado el 19 de enero del año en curso:

“...ella (refiriéndose a la empleada) contesta el citófono y le dijeron que era el Inpec más o menos como a las 9 de la noche ella contesta que la señora se encontraba durmiendo y cuelga ella tiene órdenes precisas de no abrirle la puerta a nadie, ella no conoce a los funcionarios, por lo tanto, los funcionarios generalmente se comunican conmigo y me informan cuando me van a tomar el registro, mi empleada no me llama ni me despierta...”(24) (negrilla de la Sala).

Igual comentario merece el señalamiento que hace Yidis en su declaración en el sentido que padece de una enfermedad llamada “Apnea hipopnea de sueño severa” cuyo síntoma es el sueño, situación que en nada impide se tomen las medidas necesarias en acatamiento de la ley para la verificación de los compromisos adquiridos en razón a la concesión de la prisión domiciliaria, es más, la comprobación de su permanencia en el lugar asignado se puede realizar sin necesidad de interrumpirle el sueño, razón por la cual la actitud de la empleada se torna sospechosa al no volver a contestar el citófono ni atender el llamado a la puerta, de donde se concluye que si la condenada hubiera estado en el apartamento, la empleada se hubiera preocupado por comunicarle la presencia de los funcionarios del Inpec ante la evidente, manifiesta y urgente insistencia por más de quince minutos realizada por ellos para que les abriera la puerta del domicilio.

En relación con la declaración extra proceso de José Sinforiano Velandia en donde se menciona que Yidis Medina le prestó el vehículo desde el 16 de octubre y durante un lapso de 9 días(25), lo único que evidencia es que el carro no estuvo a disposición de Yidis por algunos días, empero ello en manera alguna prueba que se encontraba en su apartamento el día de marras, al contrario resalta otra contradicción de la defensa cuando a renglón seguido pregona “pues se colige apodícticamente a partir de la declaración traída a cuento (refiriéndose a la de José Sinforiano) que, mi representada, efectivamente fue recogida en su domicilio en los días subsiguientes al 16 de octubre de la presente anualidad pues es él (refiriéndose a José Sinforiano Velandia), la persona que regularmente se encarga de recogerla en las mañanas en su domicilio y trasladarla dentro de los horarios debidos al lugar donde se desempeña para luego restituirla al culminar su jornada al domicilio de reclusión”(26).

Se destacándose que si José Sinforiano era el encargado de llevar y traer a Yidis a su trabajo, entonces ello no lo pudo hacer en los días subsiguientes al 16 como lo manifiesta la defensa, porque le había prestado el carro por nueve días, situación esta que en vez de desvirtuar, confirma las aseveraciones realizadas por el patrullero Nelson Bonilla Villalobos al dragoneante del Inpec el día de la visita: “que la señora Yidis Medina se retiró de su lugar de residencia desde el 16 de octubre de 2009 y no ha regresado, además manifiesta que la señora Yidis Medina se retiró en el vehículo de placas BZI-041 Chevrolet...”.

Es más, sobre este asunto son claras las anotaciones en la minuta de control de seguridad de Medina Padilla cuando el 23 de octubre en la novedad de las 12:50, -mucho antes de la visita del Inpec que quedó registrada a las 19:05, se dejó la siguiente observación: “Al patrullero Suarez (sic) Hernandez (sic) Jose (sic), enterandolo (sic) de consignas y novedades tales como; que a la fecha la doctora Yidis Medina no ha ingresado a su residencia, desde el día 16 de octubre de 2009, además le hago entrega de elementos para el servicio relacionados así ...y sin novedad especial. S/N P.T. Bonilla V. Nelson David (sic)”(27), coincidente a su vez con la obrante a folio 76 en donde para el 16 de octubre de 2009 a las 22:45 se redactó: “a esta hora y fecha sale la Yidis en el vehículo de su propiedad de placas BZI-041 S/N”(28).

Los anteriores hechos evidencian que Yidis Medina se ausentó de su domicilio desde el 16 de octubre, razón por la cual no pudo atender a los funcionarios del Inpec encargados de realizar la visita de inspección el 23 de octubre a las 20:10 con la baladí disculpa que estaba dormida, sin embargo ante el conocimiento de la situación, procuró regresar a su residencia arribando a la madrugada del 24 como lo relató Nelson David Bonilla Villalobos(29): “ el esposo ingreso (sic) entre tres y cuatro de la mañana, entró en el carro por la parte vehicular, él estaba acompañado por la señora Yidis Medina Padilla, yo lo vi ingresar a él por el parqueadero y demás que ella ingresó también con él por el parqueadero pero yo la vi a ella cuando se dirigían a la residencia por el pasillo con el esposo, porque a mí me informó el vigilante que el esposo de la señora Yidis Medina había ingresado en su vehículo, luego de que él me informó fue cuando yo los vi pasar para la torre donde queda su residencia porque yo tenía visibilidad desde la recepción” testimonio convergente con el acopio probatorio el cual merece toda credibilidad.

Por las razones anotadas en precedencia, ninguna de las pruebas allegadas por la defensa justifica el incumplimiento de las obligaciones suscritas por Yidis Medina en el momento en que se le concedió la prisión domiciliaria.

En tal virtud, estima la Sala que, a diferencia de lo pregonado por el impugnante, el a-quo valoró adecuadamente la prueba conforme con los postulados de la sana crítica, motivo por el cual impartirá confirmación a la providencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión objeto de impugnación adoptada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de esta ciudad el 7 de julio de 2010, mediante la cual revocó el sustitutivo de la prisión domiciliaria a la sentenciada Yidis Medina Padilla.

2. DEVOLVER el expediente al despacho de origen.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Comuníquese y Cúmplase».

(17) En tal sentido pueden consultarse, entre otros, autos del 31 de agosto de 2005, Rad. 21547, y del 23 de marzo de 2006, Rad. 18025.

(18) Folio 23, cuaderno ejecución de penas y medidas de seguridad sin numerar.

(19) Folio 288, cuaderno 1 Ejecución de penas y medidas de seguridad.

(20) Folio 310, cuaderno 1 Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

(21) 1. Copia de la minuta de vigilancia, entre las 21:00 horas del día 23 de octubre y las 7:00 horas del 24 de octubre de 2009, donde consta que el señor Fraddy (sic) Cadena Torres se encontraba trabajando en el turno de la noche. 2. (...) 3. Copia de la denuncia presentada por las amenazas del 13 de julio de 2009 ante la Policía Nacional. 4. Declaración extra juicio de Marina del Rocía Castro Peñaranda (...) 5. Informe polisomnográfico emitido por Ondina en la cual consta que mi cliente padece de un síndrome médico que se denomina Apnea Hipopnea de sueño (...) 6. (...) 7.”.

(22) Cfr., Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia mayo 2 de 2002, Rad. 15262.

(23) Folio 350, cuaderno 1 JEPMS.

(24) Folio 350, cuaderno 1 JEPMS.

(25) “Declaro bajo la gravedad del juramento que el día dieciséis (16) del mes de octubre de dos mil nueve (2009) salí con la señora Yidis Medina de su apartamento a las 8 de la mañana, regresamos a medio día, almorzamos, regresé en la hora de la tarde aproximadamente a las 5:00-5:30 de la tarde, la dejé en su apartamento y me fui en horas de la noche volvió y me llamó que la recogiera para llevarla donde una enfermera para que le tomara la presión arterial la cual se la tomo (sic) y la tenia (sic) en más de doscientos, luego compramos un medicamento que ella toma, la dejé en su apartamento, y me regresé llevándome el vehículo en el que la transportaba de placas BZI 041 el cual me lo prestó por el lapso de nueve (9) días”.

(26) Folio 308 y 309, cuaderno 1 JEPMS.

(27) Folio 230e, cuaderno 2 EPMS.

(28) Folio 216, ídem.

(29) Folio 192, cuaderno 2 EPMS.