Sentencia 34986 de noviembre 10 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 34986

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., noviembre diez de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Se resuelve el recurso de casación interpuesto por la Empresa de Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico contra la sentencia del 27 de julio de 2007, proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla dentro del proceso adelantado contra la recurrente por Ismael Enrique Soto Peña.

I. Antecedentes

Ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, Ismael Enrique Soto Peña demandó a la Empresa de Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico, para que fuera condenada a reliquidarle indexadas las cesantías y sus intereses y a pagarle los salarios moratorios desde el 8 de agosto de 2003, fecha del primer pago, hasta cuando se cancelen las sumas adeudadas.

Fundamentó sus pretensiones en que laboró al servicio de la demandada como jefe de recursos humanos entre el 22 de abril de 1994 y el 16 de enero de 2001 y como jefe de la unidad administrativa entre el 17 de enero de 2001 y el 21 de mayo de 2003, devengando un último sueldo mensual en el año 2003 de $ 3.723.659; que mediante Resolución 127 del 14 de mayo de 2003, notificada al día siguiente, le fue aceptada la renuncia, haciendo entrega del cargo el 21 de mayo de 2003; que los servicios fueron prestados ininterrumpidamente; que mediante orden de pago OPAG-0631 y comprobante de egreso del 6 de junio de 2003 le cancelaron los últimos 6 días de trabajo por valor de $ 744.732; que para la liquidación del auxilio de cesantía y sus intereses se le tuvo en cuenta el tiempo de servicio comprendido entre el 22 de abril de 1994 y el 15 de mayo de 2003, cuando el último extremo fue el 21 de mayo de 2003, además de que las doceavas partes de las primas de servicio y de navidad también fueron mal liquidadas.

II. Respuesta a la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones del actor. Alegó en su favor que a su ex servidor le fue aceptada la renuncia que presentó a partir del 15 de mayo de 2003 cuando se le notificó la correspondiente resolución; que la liquidación de sus derechos se le hizo teniendo en cuenta el tiempo efectivamente trabajado. Propuso las excepciones de pago e inexistencia de la obligación.

III. Sentencia de primera instancia

Fue proferida el 23 de junio de 2006 y con ella el Juzgado condenó a la demandada a pagar al actor $ 141.366.29 por cesantías y $ 16.963.95 por intereses. La absolvió de las demás pretensiones, declaró no probadas las excepciones propuestas y dejó a su cargo las costas de la instancia.

IV. La sentencia del tribunal

Por apelación de ambas partes el proceso subió al Tribunal Superior de Barranquilla, corporación que mediante la sentencia recurrida extraordinariamente, confirmó las condenas impuestas en la decisión de primer grado; revocó la absolución por la indemnización moratoria y en su lugar condenó a la demandada al pago de $ 142.330.46 diarios desde el 22 de agosto de 2003 hasta cuando "se efectúe el pago total de lo adeudado por concepto de reliquidación de cesantías e intereses sobre la cesantía". La confirmó en lo demás y dejó la alzada sin costas.

(…).

V. El recurso de casación

Lo interpuso la demandada con la finalidad de que se case la sentencia recurrida para que en instancia se revoque la del juzgado y se le absuelva de las pretensiones formuladas en su contra. En subsidio, pretende la casación parcial en cuanto a la condena impuesta por la indemnización moratoria, para que en instancia se confirme lo que al respecto dispuso el a quo.

Con ese propósito formuló un solo cargo, que con vista en la réplica se decidirá a continuación.

(…).

VII. Se considera

Entrando en el fondo del tema debatido, al examinar objetivamente las pruebas y piezas procesales denunciadas por la censura y partiendo del hecho indiscutible de la condición de trabajador oficial del demandante, la que no fue controvertida pero sí aceptada de manera expresa por la opositora en tanto la demandada es una empresa industrial y comercial del Estado del orden departamental, se tiene lo siguiente:

La Resolución 127 del 14 de mayo de 2003, visible en los folios 20 y 46, acredita que al actor le fue aceptada la renuncia a partir de esa fecha, decisión que le fue notificada al renunciante al día siguiente, es decir el 15 del mismo mes y año.

La aceptación de una renuncia legalmente presentada, salvo que se presente algún vicio en su formación, supone la terminación de la relación laboral de naturaleza contractual o legal y reglamentaria, pues desde ese momento cesa la obligación para el asalariado de prestar el servicio en los términos y condiciones convenidos o impuestos y a su turno, igualmente cesa para el empleador la obligación de pagar los salarios y prestaciones que se causan durante la ejecución de dicha relación, de manera que finalizada esta, sólo queda pendiente la liquidación de la misma mediante la satisfacción de los derechos sociales que se adeuden y la entrega oportuna del cargo a satisfacción de las partes en todos los casos a que haya lugar.

Resulta entonces, que a partir de aquel instante, se reitera, finaliza la subordinación o la obligación para el empleado de prestar sus servicios, salvo que medie prohibición legal de dejar el cargo mientras no llegue su reemplazo dentro de un término fijado o se autorice su retiro, como ocurre en ciertos organismos de la administración pública.

Corrobora la cesación del vínculo laboral que unió a las partes del presente proceso, la Resolución 185 del 31 de julio de 2003, obrante en los folios 11 a 13, mediante la cual la entidad demandada le canceló las cesantías al actor por el periodo causado entre el 22 de abril de 1994 y el 15 de mayo de 2003, lo que de igual manera está ratificado en la contestación a la demanda de folios 34 a 38, pieza procesal en la que invariablemente se sostuvo que el actor había laborado hasta la última fecha citada y que la "liquidación estuvo sujeta al tiempo laborado por el trabajador y al último salario promedio devengado".

Ahora bien, es verdad que al actor le fue cancelada la suma de $ 744.732 por los "últimos seis días de trabajo", comprendidos entre el 16 y el 21 de mayo de 2003, como se admitió al trabarse la relación jurídico procesal. Sin embargo, ese pago tiene su explicación, en que durante ese tiempo el actor se dedicó a entregar el cargo, tal como lo manifestó en su demanda inicial, pieza procesal en la que replicó que había hecho entrega del mismo el día 21 de mayo de 2003.

Luego, es precisamente el pago de los días referenciados, el origen de la causa judicial que se ventila; pues para el accionante ese tiempo debe contabilizarse como de servicio efectivamente laborado, apreciación de la cual discrepa la entidad demandada y recurrente en casación.

Delimitada así la controversia y con vista en lo que muestran las pruebas del proceso, debe advertirse que la razón está del lado de la empleadora, pues además de lo dicho atrás en relación con los efectos de una renuncia legalmente presentada y aceptada, la entrega de un cargo en el sector público no puede suponer la prórroga de un contrato de trabajo mientras dure esa situación, pues ello equivaldría a que este hecho consecuencial tenga primacía sobre la expresa voluntad de las partes, de un lado, la del trabajador que renuncia de manera libre y espontánea a su empleo, y de otro, la de la empresa que la acepta a partir de una fecha determinada.

La aludida situación es una obligación que tiene el servidor público en cuanto al tener en su poder bienes de propiedad de la administración, es lógico que deba retornarlos cuando cese la prestación del servicio, entrega que bien puede ocurrir en ese mismo momento o posteriormente.

Al respecto, es bueno recordar que uno de los modos de terminación del contrato de trabajo es por decisión de una de las partes, que para el trabajador se traduce en la renuncia que surge de su voluntad libre y espontánea, que cuando su empleador la acepta, ese acto que en principio es unilateral, se convierte en mutuo consentimiento de cesación del vínculo contractual, que resulta siendo una forma diferente de extinción del contrato que exime de responsabilidad a quien renuncia con respecto a eventuales perjuicios a su cargo por la voluntaria dejación del trabajo, en los casos en que hubiera sido intempestiva o ilegal.

Así las cosas, cuando ocurre esto último, como es el asunto a estudio, no es posible jurídicamente hablar de la continuidad del vínculo con los efectos salariales y prestacionales como los que pretende el demandante, pues no es esa la intención de las partes que ya habían decidido concluirlo.

Pero lo anterior es evidente, además, en la medida en que la entrega del cargo después de la renuncia aceptada, no implica el ejercicio por el empleado de las funciones asignadas, y por tanto, al no ejercer las funciones propias del cargo no puede convenirse en que la remuneración que recibió el demandante por los días de entrega corresponda propiamente a la retribución por los servicios para los cuales fue contratado inicialmente pues es razonable que habrá otra labor, distinta, pero no la que corresponda al empleo en cuyas funciones cesó definitivamente, y que por ende mal puede sostenerse que el contrato estuvo prorrogado.

En consecuencia, es patente el error del Tribunal al haber resuelto la alzada de la manera como lo hizo, por lo que el cargo prospera y la sentencia será quebrantada.

Para decidir en instancia, son también aplicables las consideraciones vertidas en sede extraordinaria, frente a lo cual se revocará la sentencia de primera instancia en cuanto a las condenas que impuso, para en su lugar absolver a la demandada de las pretensiones formuladas en su contra.

Por la prosperidad del recurso no hay lugar a costas en casación. Las de primera y segunda instancia son a cargo del demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 27 de julio de 2007 por el Tribunal Superior de Barranquilla, dentro del proceso ordinario adelantado por Ismael Enrique Soto Peña contra la Empresa de Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico.

En sede de instancia, REVOCA la dictada en primera instancia por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla respecto de las condenas que impuso por reliquidación de cesantías e intereses sobre la misma, y en su lugar ABSUELVE a la demandada de dichas pretensiones. Se CONFIRMA el fallo en lo demás.

Costas como se indicó en la parte motiva, a cargo del actor en primera y segunda instancia; en el recurso extraordinario no se causaron.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cópiese, notifíquese y publíquese».