Sentencia 3511 de abril 21 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 200012331000200303761-01

Radicación Interna 3511

Consejera Ponente:

Dra. María Nohemí Hernández Pinzón

Bogotá D.C., veintiuno de abril de dos mil cinco

Actor: María Helena Paredes Rodas

Demandado: Concejales del Municipio de Río de Oro

Electoral - Fallo segunda instancia

Consideraciones

• Competencia

La competencia de esta corporación para conocer del recurso de apelación formulado en esta acción electoral está fijada por lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 37; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

• Problema jurídico

Acusa la parte accionante, de nulidad, el acto de elección de concejales por el municipio de Río de Oro, período 2004-2007, por considerar que la lista inscrita por el movimiento político Nuevo Partido, no acompañó, al momento de su inscripción, el aval conferido por el representante legal de esa colectividad; por tanto, corresponde a la Sala precisar el alcance jurídico de esa omisión, y desde luego verificar que esa situación fáctica se haya presentado.

• Del aval y los efectos jurídicos de su ausencia en materia electoral, de cara al caso debatido.

La ciudadana María Helena Paredes Rodas demandó la nulidad del acto de elección de los concejales del municipio de Río de Oro, para el período 2004-2007, por considerar que la lista inscrita por el partido político nuevo partido, lo hizo sin acompañar, oportunamente el aval conferido por el representante legal de esa agremiación política; situación que, en su opinión, genera la invalidez del acto de elección acusado, por configurarse la causal de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, sobre infracción de normas superiores en que debía fundarse el acto de elección.

Se afirma en la demanda que la falta de presentación del aval al momento de producirse la inscripción de los distintos candidatos a cargos de elección popular, uninominales o colegiados, representa la violación del ordenamiento jurídico, específicamente lo normado en el artículo 108 de la Constitución Política y en el artículo 90 de la Ley 130 de 1994, que por su importancia para el debate deben transcribirse en esta providencia:

“ART. 108.—Modificado Acto Legislativo 01 de 2003 Artículo 2º...

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno.

Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. (...)”

“Ley 130 de 1994. Artículo 9º—Designación y postulación de candidatos. Los partidos y movimientos políticos, con personería jurídica reconocida, podrán postular candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno.

La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. (...)” (Resalta la Sala)

Ha de señalarse, igualmente, que el tema relacionado con la presentación del aval al momento de inscribir las candidaturas a cargos de elección popular, fue objeto de reglamentación por parte del Consejo Nacional Electoral, al expedir el reglamento 1 de 2003, en el cual se precisó:

“ART. 2º—Los partidos o movimientos políticos con personería jurídica harán constar por escrito, a través de su representante legal o su delegado, que avalan al candidato o a la lista que inscriben. Estos, a su vez, deben aceptar expresamente, que asumen los compromisos señalados en el régimen interno de aquellos” (resalta la Sala).

El aval, que el diccionario de la Real Academia Española define como el “escrito en que uno responde de la conducta de otro, especialmente en materia política”, es la manifestación que hace un partido o movimiento político, a través de su representante legal, sobre las calidades del candidato que postulan a los cargos o corporaciones públicas de elección popular; se trata de un documento que habla de la seriedad de la candidatura y de alguna manera del control ético que al interior de la colectividad se hace respecto de la persona que se candidatiza, a quien la organización entrega su respaldo, no solo por su afiliación política sino también porque están seguros de estar apoyando a una persona frente a la cual no existe la menor tacha.

Ahora bien, se ocupa la Sala de examinar si, como lo afirma la parte accionante, la lista de candidatos al concejo municipal de Río de Oro por el partido político nuevo partido, se inscribió sin contar con el aval expedido por el representante legal de esa agrupación política.

Como prueba debidamente decretada se obtuvo del registrador municipal del Estado Civil de Río de Oro, copia de las siguientes piezas procesales:

1. Oficio 73 del 6 de agosto de 2003 dirigido por ese funcionario a los delegados del registrador nacional del Estado Civil en Valledupar - Cesar, en el que a mano y frente a la lista 1 para el concejo por el nuevo partido, se colocó “(sin aval)”, y como nota al pie se registró: “La lista presentada por el movimiento nuevo partido la inscribe pero hasta las 6:00 p.m. no le enviaron por fax el aval” (fl. 60).

2. Certificación expedida por el presidente del Consejo Nacional Electoral, fechada el 24 de julio de 2003, en la que se da cuenta del reconocimiento de la personería jurídica del partido político Nuevo Partido y que su representante legal es el doctor Diego José Tobón Echeverry (fl. 61).

3. Nota del 1º de agosto de 2003, dirigida por el doctor Diego José Tobón Eceverry, en su calidad de secretario general y representante legal del Nuevo Partido, a los señores Yolanda Caselles, José Elí Santana, Rosa Esperanza Herrera, Fredy Antonio Cárdenas, Lina Victoria Duarte, Luis Alfredo Mesa, Leonor Gregorio Durán y Luis Fernando Osorio, como candidatos al concejo municipal de Río de Oro, en la que se lee: “...el concejo central del Nuevo Partido con personería jurídica 4423 del 23 de julio de 2.003 proferida por el Consejo Nacional Electoral, una vez reunido (sic) los requisitos de ley y como representante legal del Nuevo Partido, otorgo a ustedes el respectivo Aval para que se inscriban como candidato (a) al consejo del municipio de río de Oro del departamento de Cesar” (fl. 62).

4. Acta de solicitud de inscripción y constancia de aceptación de la lista de candidatos o formulario E-6 del de la lista de candidatos al concejo municipal de Río de Oro, período 2004-2007, por el partido político nuevo partido, radicada el 6 de agosto de 2003 a las 3:20 p.m., en cuyo dorso se marcó con una “x” la casilla designada para el aval (fls. 2 y 63).

Lo primero que ha de señalarse frente a este material documental que fue expedido por el propio registrador municipal de Río de Oro, es que si bien se trata de copias, ellas tienen el mismo valor probatorio del original, puesto que habiéndoseles solicitado a ese funcionario, las autorizó y remitió al informativo, las que por supuesto fueron expedidas con base en los originales que allí reposan, por ser la oficina administrativa encargada de su custodia. Así, la autenticidad de esos documentos se produce en consonancia con lo normado en el artículo 254 numeral 10 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989 artículo 1º modificado 117.

Así las cosas, esta corporación adquiere certeza de que el aval sí se presentó con la inscripción de la lista de candidatos al concejo municipal de Río de Oro por el partido político Nuevo Partido, no solo porque en el formulario de inscripción (E6) se dejó constancia de esa circunstancia, sino además porque el registrador correspondiente remitió copia auténtica del aval que el representante legal de ese partido político extendió a la lista que se menciona. Totalmente irrelevante resulta que el aval se dirija a los integrantes de la lista, puesto que lo exigido por las normas es que ellas estén avaladas por un partido o movimiento político, y que ese documento se allegue oportunamente a la registraduría competente de recibir la inscripción.

En conclusión, habiéndose demostrado que la lista al concejo municipal de Río de Oro sí se inscribió con el aval del partido político Nuevo Partido, la improsperidad de la acción es la decisión correcta, razón suficiente para que se imparta confirmación al fallo impugnado. Sin embargo, dado que en principio el registrador municipal del Estado Civil de Río de Oro, afirmó en su oficio 073 del 6 de agosto de 2003, dirigido a los delegados del registrador Nacional del Estado Civil en Valledupar, que la lista del partido político Nuevo Partido no presentó aval, lo que a la postre fue negado por el mismo funcionario al remitir a este proceso la documentación anexada con la inscripción de esa lista, entre cuyos documentos se halla el aval, esta Sala ordenará la remisión copias de la actuación con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para que investiguen esa circunstancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase el fallo proferido el diez (10) de junio de dos mil cuatro (2004) por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, dentro de la acción electoral promovida por la ciudadana María Helena Paredes Rodas, mediante el cual se negaron las súplicas de la demanda.

2. Por Secretaría remítase copia auténtica de la actuación a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, a efecto de que investiguen el hecho mencionado en la parte motiva de esta providencia.

3. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Cópiese y notifíquese.

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