Sentencia 35200 de diciembre 1º de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 35200

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Acta 46

Bogotá, D.C., primero de diciembre de dos mil nueve.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Edward Humberto Muriel Agudelo, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de abril de 2007, dentro del proceso ordinario promovido por el recurrente contra la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. Colfondos.

Antecedentes

El actor reclamó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, a partir del 16 de marzo de 2001, las mesadas adicionales y los reajustes anuales.

Afirmó que laboró como agente de tránsito para el municipio de Cali, desde abril de 1993 hasta junio de 2001, cuando el cargo que ocupaba en la Secretaría de Tránsito, fue suprimido; durante el tiempo que laboró adquirió y se le desarrolló la enfermedad conocida como "síndrome anticuerpos antifosfolipido, hipertensión portal, síndrome degenerativo del sistema portal, hiper esplenismo, cuadros a repetición de trombosis venosas profundas, varices esofólicas, que le dejaron como consecuencia una pérdida de capacidad laboral correspondiente al cincuenta y dos punto noventa y cinco (52.95%) por ciento"; el coordinador del programa salud ocupacional del municipio de Cali, el 16 de marzo de 2001, le solicitó a Colfondos, su remisión a la junta regional de calificación de invalidez, la cual "hizo caso omiso" y se necesitó que un juez de tutela ordenara la evaluación para determinar la pérdida de capacidad laboral, la cual se fijó en un 52.95% y tomó como fecha de estructuración el 7 de marzo de 2002, que no corresponde a la realidad; agregó que la demandada negó la pensión reclamada por no reunir los requisitos de cotización en el año anterior a la estructuración de la invalidez.

Al contestar la demanda, la accionada se opuso a las pretensiones; negó los hechos o expresó no constarle; adujo en su defensa que la estructuración de la invalidez del actor se produjo el 7 de marzo de 2002 y que "No cumplió con los presupuestos contenidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993"; propuso como excepciones, "prescripción", "inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y falta de causa en las pretensiones de la demanda", "ejecutoria del dictamen proferido por la junta de calificación de invalidez-Regional Valle del Cauca", "buena fe de la entidad demandada" y "la innominada o genérica".

La primera instancia terminó con sentencia del 25 de julio de 2005, mediante la cual, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar al actor la pensión de invalidez, a partir de marzo de 2002; la cuantía la explicó en la parte considerativa y estableció que sería del 45% del IBL, sin que pudiere ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente.

La sentencia del tribunal

Al decidir la apelación de la parte demandada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en sentencia del 30 de abril de 2007, revocó la del a quo.

Estimó que el conflicto jurídico por resolver se contrae a determinar si el actor tiene o no derecho a la pensión de invalidez de origen común, "bajo el entendido de que fue declarado inválido por la junta regional de calificación de invalidez" y por esa circunstancia tal condición del asegurado, con una pérdida de capacidad laboral del 52.95%, no es objeto de discusión.

Hizo referencia a la decisión del a quo, quien fundamentó su decisión en la aplicación de la condición más beneficiosa, y luego adujo, "que para el caso que nos ocupa, resulta improcedente su aplicación, dado que para que el principio sea aplicable, se requiere que las semanas cotizadas exigidas para el otorgamiento del derecho estén cotizadas dentro del régimen anterior a la vigencia de la Ley 100, es decir antes del primero (1º) de abril de 1994, que en el caso particular de la legislación anterior se requerirían 150 semanas cotizadas los últimos 6 años anteriores a la fecha de le estructuración de la invalidez o 300 semanas en cualquier tiempo (D. 758/90), hecho fáctico que no se da en el caso presente, dado que se establece dentro del plenario que el asegurado inválido solo presenta 317.94 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 24.28 lo están antes del primero (1º) de abril de 1994 y las restantes después de la vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que las condiciones de aplicabilidad del principio constitucional para el caso aquí estudiado resultan fallidas".

Consideró que "salta de bulto la ausencia de cotización durante 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la configuración de la invalidez, que exige el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 para poder ser titular de la pensión por invalidez, conclusión a la que no llegó el Ad quo (sic) y que no se ajustó a los parámetros legales ya referenciados por lo que resulta viable que la sentencia apelada sea revocada en su integridad y se absuelva a la demandada como lo pretende la apelación; la fecha de estructuración de la invalidez es la que define la normatividad por aplicar y por cuanto la Ley 100 de 1993 no contempla un régimen de transición tratándose de las pensiones por invalidez, (Reiteración, Sent. feb. 26/2003, Rad. 19019). A decir verdad, independientemente de la fecha en que comiencen las dolencias físicas de los afiliados como de aquella en que se solicite el reconocimiento de la prestación, es la fecha en que la autoridad competente declare la configuración de la invalidez, la que determina la norma por aplicar". Copió, en su apoyo, apartes de la sentencia de la Corte del 5 de julio de 2005, radicación 24280 y concluyó que "si no se cumplen las 26 semanas cotizadas en el último año, para la aplicación del principio constitucional de condición más beneficiosa se requiere que las semanas que se pretenden hacer valer son las realizadas antes de la citada Ley (D. 758/90)".

Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, pretende se case totalmente la sentencia; en sede de instancia, pide frente al segundo cargo que se "Confirme la sentencia de primera instancia con la modificación relativa a la fecha de estructuración de la invalidez del demandante"; de los dos cargos propuestos, replicados oportunamente; se estudiará inicialmente la segunda acusación, por razones de método.

Segundo cargo

Acusa la sentencia impugnada de ser "violatoria de la ley sustancial por aplicacion indebida de los artículos 39, literales a) y b) de la Ley 100 de 1993 y 53 de la Constitución Nacional -sobre principio de la condición más beneficiosa-, 13, literales f), g) y h) de Ley 100 de 1993 y en relación inmediata con los artículos 4º, 5º y 6º del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 40 del Decreto 2463 de 2001, que se refiere a que las decisiones contenidas en los dictámenes de las juntas de calificación de IVM no constituyen actos administrativos, no adquieren por tanto firmeza, no hacen tránsito a cosa juzgada y pueden ser controvertidos ante el juez laboral". Esta violación legal la deriva de los siguientes errores de hecho:

"1. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante ya era inválido cuando finalmente fue calificado como tal por la junta regional de IVM. Dio prelación así el ad quem a lo meramente formal frente a la primacía de la realidad".

"2. Dar por demostrado, siendo contra evidente, que la fecha de estructuración de la invalidez del recurrente fue la misma fecha de la recepción de la solicitud hecha por la demandada en marzo 7 de 2002".

"3. Beneficiar a la demandada de su propia culpa y negligencia al no enviar al recurrente a tiempo a la calificación por la junta de calificación de IVM, por lo que al ser calificado caprichosamente sin fundamento técnico y científico por este organismo, en cuanto a la fecha de estructuración de la invalidez, casuísticamente, cuando ya no cotizaba al sistema, indujo a crear las condiciones para que se le negara al recurrente la pensión de invalidez a la que ciertamente tenía pleno derecho, la cual habría obtenido sin objeción alguna si la demandada lo hubiera remitido para la calificación oportunamente, esto es, cuando aún cotizaba para el sistema, a la propia demandada como aseguradora".

Aduce que los errores atribuidos al tribunal se produjeron por la falta de apreciación del documento obrante a folio 54, en donde la junta calificadora de invalidez establece como fecha de recepción de la "solicitud de calificación", según remisión de la propia demandada, 7 de marzo de 2002; del folio 57 donde se registra esa misma "fecha de estructuración de la invalidez"; del folio 537, mediante el cual el médico laboral del municipio de Cali le solicitó a Colfondos se "califique la enfermedad del recurrente" a quien se le diagnosticó secuelas irreversibles y el folio 538 dirigido a la demandada, en la que "nuevamente le relaciona el cuadro de enfermedades que padece el demandante", en el que también diagnostica secuelas irreversibles y se indica que su incapacidad se inició el 24 de agosto de 2000 y cumplió 311 días.

También señala como dejado de apreciar el Oficio SO-023-01 del 5 de abril de 2001 suscrito por el jefe de salud ocupacional del municipio de Cali, a través del cual presenta "reclamación de pensión de invalidez" a Colfondos, dado su historial médico desde 5 años atrás (fl. 543), la historia clínica del actor (fls. 76 a 509), los documentos de folios 14 a 25 que contienen la decisión de tutela que obligó a la demandada a remitir al actor para la calificación respectiva y el testimonio del médico laboral del municipio de Cali (fl. 517).

En la demostración plantea lo siguiente:

"El ad quem consideró contra toda evidencia que la fecha de estructuración de la invalidez del demandante fue la establecida por la junta de calificación de IVM sin tener en cuenta que esa fecha fue dada en contradicción con todas las pruebas documentales referidas, que prueban que el demandante venía inválido, sin poder trabajar y sin posibilidad de reubicación laboral alguna. En efecto:

Cuando en marzo 16 del 2001 el médico laboral del municipio de Cali solicitó a la demandada enviar al demandante a la junta de calificación regional de IVM para calificar la enfermedad del demandante le informó que este presentaba 5 años de evaluación con el diagnóstico siguiente: "síndrome anticuerpos antifosfolípidos primarios, hipertensión portal, síndrome degenerativo del sistema portal secundario a 2, hiper esplenismo, cuadros a repetición de trombosis venosa profundas, várices esofágicas", que ha tenido 2 períodos de incapacidad temporal mayores a 180 días y que el último período inició en septiembre 9 de 2000 hasta el 30 de marzo de 2001, que fue reubicado en actividades de oficina pero que revisando su historia clínica y conceptos de sus médicos tratantes, "...no es posible su reintegro laboral recidivas frecuentes de su enfermedad, hay diagnósticos estructurados y secuelas irreversibles (fl. 5379 (sic))".

"En junio 26 del 2001 el mismo médico laboral referido le informa a la demandada que el demandante presenta el mismo cuadro clínico ya descrito en la comunicación-solicitud de marzo 16 de 2001, y le complementa así: ... Paciente con cuadro clínico crónico con diagnóstico estructurado y secuelas irreversibles, con incapacidad extensa clasificada en el riesgo de enfermedad general ..." (fl. 538).

El 5 de abril de 2001 el jefe de salud ocupacional de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Cali, en comunicación a la demandada sobre reclamación de pensión de invalidez respecto al demandante, informa que el demandante presenta enfermedad de causa común, según evaluación médica, historial médico desde hace 5 años con el siguiente diagnóstico: "síndrome anticuerpos antifosfolípidos primarios, hipertensión portal, síndrome degenerativo del sistema portal secundario a 2, hiper esplenismo, cuadros a repetición de trombosis venosa profundas, várices esofágicas" y que "Presenta incapacidad continua de 202 días a la fecha", esto es, a abril 5 de 2001 que es la fecha de dicha comunicación.

El documento que contiene sentencia de tutela (fls. 14-25) demuestra que la demandada fue obligada a remitir al demandante para la calificación de su enfermedad ante la injustificada demora en producir esta calificación; se evidencia que la demora en hacerlo favorecía sus intereses habida cuenta que desde junio de 2001 el demandante retirado de su trabajo en el municipio por supresión del cargo e inválido ya no tenía capacidad de cotizar al sistema. Y no obstante la orden de tutela solo el asunto llegó a la junta calificadora de IVM el 7 de marzo del 2002, fecha que ese organismo dictamina como fecha de estructuración de la invalidez, contra toda la evidencia referida, lo que sirvió a la postre a la demandada porque ya en ese momento el demandante no estaba cotizando al sistema por razones obvias por lo que quedaba por fuera de las condiciones impuestas por los literales a) y b) del artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Es evidente que el derecho pensional del demandante se embolató por la conducta omisiva de la propia demandada que finalmente lo objetó alegando las situaciones fácticas que ella misma ayudó a crear para exonerarse de su obligación legal y constitucional frente al demandante.

El testimonio del médico laboral del municipio de Cali y la historia clínica del demandante dan firmeza y consistencia a la fecha real de estructuración de la invalidez del demandante.

En consecuencia si la demandada hubiera procedido al trámite de la calificación de la enfermedad del demandante en la fecha en que se lo solicitó la EPS del municipio, marzo 16 de 2001, es evidente que la estructuración de la invalidez se habría producido sobre la base de esta fecha y no sobre la base de la fecha que un año posterior solicitó la demandada a la junta se hiciera dicha calificación. Por lo tanto debió el ad quem tomar aquella fecha como la de real estructuración de la invalidez del demandante amparado y fundamentado en los diagnósticos de la EPS del municipio de Cali y sus médicos laboral y de salud ocupacional, en la historia clínica, en la acción de tutela, en la declaración rendida en el proceso por el Dr. Johnny Ramos y teniendo en cuenta que el dictamen de la junta regional de calificación de IVM, admite prueba en contrario a través del procedimiento laboral y a que es en última instancia el juez del trabajo el que determina esta situación, sobre la base de la verdad que aflore en dicho proceso con fundamento en el principio constitucional y legal de la primacía de la realidad sobre las formalidades en las relaciones laborales y especialmente en el sistema de riesgos profesionales y de enfermedades comunes".

La réplica

Respecto a la acusación expresó:

"1. Es inane e inapropiado el primer "error de hecho" en la manera como está propuesto, toda vez que jurídicamente es intrascendente saber cuándo era inválido el demandante, porque legalmente la densidad de cotizaciones exigida está referida al momento de la estructuración de la invalidez, lo que se identifica con el momento en que la autoridad competente dictamina la pérdida definitiva de la capacidad laboral. De tal forma que bastaba al ad quem determinar, como lo hizo, que mediante dictamen del 7 de marzo de 2002 se estableció el porcentaje respectivo.

2. En cuanto al segundo "error de hecho" no le asiste razón al recurrente porque el tribunal no dedujo nada diferente de lo que fluye claramente de la documental de folios 54 a 57 que contiene todo el dictamen de la junta de calificación de invalidez.

3. El tercero, en la forma como está redactado, en realidad no es un error de hecho. Primero, saber si "beneficiar a la demandada de su propia culpa y negligencia ...", y lo demás en la forma propuesta en el cargo, es un tema jurídico y no fáctico. Pero ante todo, no es cierto que la demandada hay (sic) procedido con culpa ni con negligencia. Ello no pasa de ser una apreciación, infundada de quien recurre. Por otro lado, téngase en cuenta que el propio demandante admite que la estructuración de la invalidez se produjo cuando el actor ya no cotizaba al sistema.

4. La mención de los documentos de folios 537, 538, 543 y 76-509, es inocua pues solo reflejan el trámite que surtió la solicitud del demandante pero no acreditan que tuviese la densidad de cotizaciones exigida por la norma aplicable.

5. Al no estar demostrado con prueba calificada ningún desatino fáctico, es igualmente inane la referencia al testimonio del médico laboral del municipio de Cali, que además tampoco tiene que ver con el aspecto medular de este proceso, que es la falta de cumplimiento del actor del requisito de cotizaciones establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que fue lo que dedujo el sentenciador como fundamento de su sentencia, y no se desvirtuó en el juicio, por lo que el cargo no puede prosperar".

Se considera

Debe advertir la Sala que de trascendencia resulta para este caso, los antecedentes de la calificación de la invalidez del accionante, como que se planteó desde la demanda inicial que la omisión de la demandada de procurar dicha calificación, fue determinante en la fijación de la fecha de estructuración del estado invalidante.

En ese sentido, se observa que las pruebas acusadas acreditan sin lugar a dudas la tardanza de la administradora, con las consecuencias y repercusiones en contra de su afiliado, quien por esa conducta de la demandada resultó privado de su derecho pensional. Así se deriva del examen de aquellos medios probatorios, en los que figura lo siguiente:

La solicitud de remisión del actor a la junta regional de invalidez, dirigida a la demandada por el coordinador programa de salud ocupacional del municipio de Cali, el 16 de marzo de 2001, cuando todavía el actor estaba vinculado laboralmente, además de presentar el "diagnóstico" del paciente, "con cinco (5) años de evaluación", consistente en "1. Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos primarios. 2. Hipertensión portal. 3. Síndrome degenerativo del sistema portal secundario a 2. 4. Hiper esplenismo. 5. Cuadros a repetición de trombosis venosa profundas. 6. Várices esofágicas", explica que el trabajador había sido "reubicado hace tres (3) años en sus actividades de oficina, múltiples hospitalizaciones, ausentismo laboral severo, ha tenido dos (2) períodos de incapacidad temporal en riego (sic) de enfermedad común mayores a 180 días. Último período inició en septiembre 9 de 2000 hasta el 30 de marzo de 2001 total 202 días de incapacidad. Revisado su historia clínica y conceptos de sus médicos tratantes, no es posible su reintegro laboral recidivas frecuentes de su enfermedad, hay diagnóstico estructurales y secuelas irreversibles" (fl. 537).

En el oficio S0-023-01 del 3 de abril de 2001 (fl. 543), suscrito por el jefe de salud ocupacional del municipio de Cali, se efectúa "reclamación de pensión de invalidez", a Colfondos sector público, e indica que Muriel Agudelo, "presenta enfermedad de causa común, según evaluación médica, historial médico desde hace cinco (5) años", con el mismo diagnóstico contenido en el oficio del folio 537 y con la anotación de que "presenta incapacidad continua de 202 días a la fecha".

En la comunicación calendada el 26 de junio de 2001, obrante a folio 538, el médico laboral de la Unidad de Salud Laboral del Municipio de Cali, pone en conocimiento nuevamente de Colfondos sector público, la situación del actor y le explica su cuadro clínico crónico "con diagnóstico estructurado y secuelas irreversibles, con incapacidad extensa clasificada en el riesgo de enfermedad general, con fecha de inicio 24 de agosto del 2000 y fecha de terminación junio 30 del 2001"; adicionalmente, anota que cumplió "311 días de incapacidad".

A folios 14 al 25 se encuentra copia del fallo de la decisión proferida, el 17 de enero de 2002, en el trámite de la acción constitucional de tutela, mediante la cual se amparó el derecho "a la salud y la seguridad social" del actor y se ordenó a Seguros Colpatria S.A. (Compañía que a la postre señaló Colseguros, con la cual la accionada Colfondos, dijo haber contratado la respectiva póliza provisional), efectuar la evaluación para determinar si el accionante sufrió pérdida de la capacidad laboral, y en el evento de no estar de acuerdo con el resultado, se debían remitir las diligencias a la junta regional de calificación de invalidez.

Las pruebas reseñadas no dejan duda de que el empleador solicitó en forma reiterada a Colfondos la remisión del actor a la junta regional de calificación de invalidez, y que el trabajador se vio compelido, ante la desidia de la administradora, a instaurar la acción constitucional de tutela, en su contra, y solo así fue como obtuvo un resultado.

En esas condiciones resulta patente el error del tribunal, al no constatar las circunstancias determinantes, derivadas de las pruebas reseñadas, allegadas por la entidad accionada (fls. 524 y ss.), que llevan a la indefectible conclusión de la omisión de la administradora de realizar las gestiones tendientes a la calificación de la invalidez del accionante, amén de que de conformidad con el artículo 3º del Decreto 917 de 1999, la "fecha de estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación"; y atendiendo la preceptiva legal que incluso prevé sanción, "cuando injustificadamente la entidad administradora o la compañía de seguros no presente oportunamente las solicitudes de los afiliados o aspirantes a beneficiarse…" (D. 2463/2001, art. 24, par. 2º).

Evidenciado el desatino del juzgador, se debe hacer referencia al testimonio de Jhony Ramos Díaz, jefe de salud ocupacional y medicina laboral del municipio de Cali (fls. 517 y 518), quien manifestó que el actor, "entre el año de 1997 hasta el año 2001 presentó tres períodos de incapacidades médicas temporal de forma continua" y que en el tercer período transcurrieron 202 días, "por la cual emití un concepto a su administradora de pensiones-Colfondos en la cual les hacía un pequeño resumen del cuadro clínico del señor Edward Muriel y les manifestaba que debía de ser valorado por la junta regional de invalidez (...) para el tercer período que he manifestado no fue posible reintegrarlo porque su secuelas médicas se lo impedían, a pesar de que ya había sido reubicado de sus labores como agente de tránsito y estaba dedicado a actividades de baja carga física y no hubo posibilidad de reintegrarlo-sedentarismo. Sin embargo, continuaba incapacitado y no hubo posibilidad de reintegrarlo", de donde también se infieren los antecedentes del caso del actor y la insistencia del empleador para que fuera calificado su estado de invalidez, sin lograr pronunciamiento alguno de la administradora.

Ahora, es un hecho cierto que la junta de calificación de Invalidez, señaló como fecha de estructuración del estado de invalidez del actor, el 7 de marzo de 2002, con la trascendental consecuencia referente a que dentro del año anterior a ese estado, no registra las 26 semanas de cotización al sistema de seguridad social, sin embargo, no se puede desconocer que el accionante cotizó al sistema, en forma continua, desde agosto de 1995 hasta junio de 2001, cuando fue desvinculado del municipio de Cali, y siendo palpable que para esa fecha la accionada conocía el estado de salud del actor, puesto que como se ha visto, en el lapso comprendido entre marzo y junio de 2001, el empleador le remitió tres comunicaciones en las que, además de diagnosticar su situación, solicitaba la calificación correspondiente, sin que la administradora tomara las medidas pertinentes, no obstante estar obligada a ello, de conformidad con el artículo 22-1 del Decreto 1346 de 1994, el cual establecía que la solicitud de calificación se debía presentar por intermedio de la entidad administradora y esta debía darle trámite dentro del término establecido para el efecto.

Planteadas así las cosas, resulta inconcebible, bajo los principios constitucionales y legales que orientan el sistema de seguridad social, que un trabajador que padece un cuadro clínico crónico, que su empleador en forma oportuna solicita la calificación de su estado de invalidez, que se ve precisado a acudir al mecanismo de tutela para obtener respuesta a un derecho que le garantiza la ley, se le niegue la prestación reclamada, por no tener cotizadas en el año anterior a la estructuración de ese estado, las semanas requeridas, precisamente por su situación precaria de salud y porque la administradora no actuó con la eficiencia requerida a fin de definir con prontitud la situación presentada, y que era de total incidencia en el cómputo de los aportes exigidos para lograr el derecho pensional.

En ese sentido encuentra la Corte que si el actor no cotizó las 26 semanas a las que alude el literal b) del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, tal circunstancia obedeció a hechos ajenos a su voluntad, en tanto que la desidia de la demandada impidió que se le practicara oportunamente la evaluación que determinara su estado de invalidez, hasta el punto que —se repite— se vio obligado a acudir a la acción de tutela para el efecto.

En esas condiciones, se impone la prosperidad del cargo y por tal razón se casará la sentencia impugnada; no se estudiará el primer cargo por tener el mismo propósito.

Consideraciones de instancia

Sirven las vertidas en sede de casación; además observa la Corte lo siguiente:

Se encuentra a folios 76 a 509 la historia clínica del actor que da cuenta de su situación de salud; allí se aprecia que el médico laboral del municipio de Cali, el 9 de mayo de 1997, después de evaluarlo, le sugiere a la dirección de recursos humanos de la misma entidad, su reubicación urgente, "ya que no puede ejercer el cargo de guarda bachiller; no puede permanecer de pie por largos períodos, ni caminar en forma permanente. Puede desempeñar actividades de oficina que no demanden esfuerzo físico" (fl. 239). Y a folios 280 obra el informe médico del 20 de abril de 1998, en el que se señala como "causa de la consulta": "Cirosis hepática con várices esofágicas sangrado hace 3 años ...".

A folio 9, aparece copia del "examen médico de retiro y certificación" del 7 de julio de 2001, en el que el médico del municipio de Cali, anota como observaciones, el cuadro clínico ya conocido; a folio 59, se encuentra Oficio DCIP-E-3490-01 del 3 de octubre de 2001, suscrito por el coordinador nacional de pensiones de Colfondos, en el que le dice al actor que, "en atención a su solicitud de pensión por invalidez y con el fin de mantenerlo informado del trámite realizado por esta administradora al respecto, me permito manifestarle que en la fecha fue enviado su caso a valoración por parte de nuestra aseguradora para que sea calificado el estado de su invalidez" y a folio 58, obra Oficio DCI-P-3632-01 del 16 de octubre de 2001, a través del cual Colfondos le informa al reclamante que procedió "a solicitar la correspondiente valoración de pérdida de capacidad laboral a la Aseguradora con la cual tenemos contratados nuestros seguros provisionales".

También encuentra la Corte a folio 534, el Oficio DCI-E-P-1404-02-siniestro 2010222 del 20 de marzo de 2002, suscrito por el coordinador nacional de pensiones de Colfondos, mediante el cual le solicita a la junta nacional de calificación de invalidez del Valle, informar "sobre el caso remitido mediante comunicación de fecha 24 de enero de 2002, solicitamos una respuesta respecto a la valoración de nuestro afiliado el señor Muriel Agudelo Edward Humberto" y a folios 535 y 536 aparece "Formulario para la solicitud de calificación ante la junta regional de calificación de la invalidez del Valle", calendado el 24 de enero de 2002.

Las pruebas reseñadas, corroboran la falta de diligencia y eficiencia de la demandada, en el trámite de la solicitud de calificación del estado de invalidez del actor, puesto que se necesitó más de un año para que tal procedimiento concluyera, y es totalmente inaceptable que de esas circunstancias se beneficiara la administradora, en detrimento del interés y la protección de su afiliado, y en contra de los principios que informan la seguridad social.

En esas condiciones, y por los motivos expuestos, se confirmará el fallo del a quo.

Sin costas en el recurso extraordinario. Las de las instancias a cargo de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 30 de abril de 2007, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario adelantado por Edward Humberto Muriel Agudelo, contra la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. Colfondos.

En sede de instancia se confirma la sentencia del a quo.

Sin costas en el recurso extraordinario. Las de las instancias, a cargo de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.