Sentencia 35255 de septiembre 14 de 2010

 

Sentencia 35255 de septiembre 14 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 35255

Acta 33

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., catorce de septiembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Se considera

Ha sido criterio mayoritario de la Sala, que no proceden los intereses moratorios por diferencias pensionales originadas en reajustes, porque la consecuencia sancionatoria prevista en la norma, sólo opera en tratándose de la mora en el reconocimiento integro de la prestación adeudada y no ante la eventualidad que se presenta en el sub judice.

Para el efecto, basta con rememorar lo consignado en la sentencia de 22 de noviembre de 2004, Radicación 23309, en la que se reiteró el criterio fijado en la del 3 de septiembre de 2003, Radicación 21027, al expresarse:

“No obstante, es del caso destacar que a dicha figura sancionatoria se ha accedido siempre y cuando se trate de la mora en el reconocimiento completo de la prestación debida, por cuanto el texto legal así lo consagra al decir:

“A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago” (el destacado fuera de texto).

“Más no puede tener viabilidad la imposición de dicha medida, como cuando en el caso de autos, se trata de una diferencia pensional, más no de la falta de reconocimiento de la prestación. Así se ha definido de tiempo atrás en la Sentencia 13717 traída a colación en la de Radicación 21027 del 3 de septiembre de 2003 que a la letra señala:

“Además ha sostenido esta corporación que los intereses moratorios “... solo proceden en el caso que haya mora en el pago de las mesadas pensionales, pero no cuando, como en este asunto ocurre, lo que se presenta es un reajuste a las mismas por reconocimiento judicial (Rad. 13717, jun. 30/2000), argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la condena consistió en “los reajustes pensionales causados por su liquidación equivocada, actualizados anualmente a partir del 1º de enero de 1998, atendiendo el IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior”.

“En consecuencia, el cargo esta llamado a prosperar y por ello se casará parcialmente la sentencia en cuanto confirmó la de primer grado respecto a la condena por intereses moratorios”.

Teniendo en cuenta los anteriores criterios jurisprudenciales, resulta claro que el tribunal interpretó equivocadamente el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al condenar al Banco Cafetero S.A. en liquidación, al pago de los intereses moratorios, no obstante su improcedencia frente a diferencias pensionales derivadas de los reajustes ordenados.

En consecuencia, el cargo prospera.

En sede de instancia, frente al recurso de apelación del demandante, encuentra la corte que a pesar de que el procedimiento utilizado por el operador judicial de 1ª instancia, en cuanto a la fórmula empleada, los datos numéricos utilizados, y el desarrollo mismo del sistema adoptado, corresponden a lo que esta corporación tiene validado sobre el punto, surge una diferencia que ha de ser corregida y que conduce a la modificación pedida por el actor en el recurso extraordinario. En ese orden, teniendo en cuenta el salario base de $ 600.280,00, un IPC final de 79,97, a la fecha de cumplimiento del requisito edad, y un IPC inicial de 13,01 a julio de 1991, fecha de retiro del trabajador, (datos IPC certificados por el Banco de la República, base: diciembre de 2008 = 100), arroja un valor actualizado de $ 3.689.807,19 cuyo 75% es igual a $ 2.767.355,40 suma esta por la cual deberá modificarse la sentencia de primer grado, numerales primero y segundo de la parte resolutiva.

En lo que atañe al recurso del demandado, con base en las mismas consideraciones que se han dejado consignadas para despachar los cargos, se confirmará la sentencia del juez de primer grado, en cuanto absolvió a la demandada de los intereses moratorios pretendidos en el escrito de demanda.

No hay condena en costas, en casación, ni en segunda instancia. Las de primer grado son a cargo del demandado, como se dispuso por el Juzgado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, Casa Parcialmente la sentencia de veintiséis (26) de octubre de dos mil siete (2007), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que Fernando Montoya Montoya le promovió al Banco Cafetero S.A. en liquidación.

En sede de instancia, SE MODIFICAN los numerales primero y segundo de la sentencia de fecha 18 de mayo de 2007, dictada por el juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., para condenar al Banco Cafetero S.A. en liquidación, a pagar al demandante Fernando Montoya Montoya una pensión mensual de jubilación en cuantía de $ 2.767.355,40, debidamente indexada, a partir del 26 de noviembre de 2004, y SE CONFIRMA en todo lo demás.

No hay condena en costas en casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

Aclaración de voto

La diferencia de criterio que me lleva a aclarar voto, pues comparto la decisión de indexar la primera mesada pensional, radica en la argumentación a la que acude la mayoría, para fundamentar la decisión de la indexación de la primera mesada pensional, conduciendo a un escenario inadmisible a mi aviso, el de que el fundamento legal de la indexación es el de una ley distinta a la que reconoce el derecho, según el siguiente razonamiento:

1. La tesis reiterada de la Sala en materia de indexación de la primera mesada pensional es que ésta procede cuando la ordena el legislador.

De manera que al hallar en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, modulado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-862 de 2006, un mandato de la actualización monetaria de las pensiones el juez la debe declarar respecto a la pensión de jubilación.

2. La indexación de la primera mesada pensional no había sido otorgada respecto a pensiones como las del sub lite, porque: a) el legislador había faltado al deber constitucional de disponer lo necesario para garantizar “el derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional” como se señala en la sentencia de la Corte Constitucional C-862 de 2006; efectivamente el Congreso incumplió por lustros la orden constitucional contenida en el artículo 48 en la parte que dice que la ley “definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”; y b) porque la Corte Constitucional había consentido deliberadamente la deficiencia legislativa, y se había abstenido de utilizar ese mandato como parámetro de “control de las medidas adoptadas por el poder legislativo en la materia”, y había justificado como razonable que el legislador se hubiera limitado a disponer medidas de indexación parciales dejando por fuera a una población amplia de pensionados, en la Sentencia 067 de 1999 de exequibilidad de la Ley 445 de 1998, como lo reseña la sentencia de la que me aparto.

3. La razón toral para que la Corte Constitucional declarara la omisión legislativa reseñada es el derecho constitucional del pensionado a que el Estado le garantice el poder adquisitivo de su mesada pensional.

Así, están por demás la invocación de principios —ya por referencia a lo dicho por la Corte Constitucional o por esta misma Corte en jurisprudencia rectificada—, que no armonizan con la admisión de existencia de norma expresa.

No guarda coherencia con la postura reiterada de la Sala el que luego de hallar la norma expresa que señala el derecho a la indexación de la primera mesada pensional, acudir a principios que hacen superflua la disposición, o que entran en conflicto con ella en el momento de señalar su alcance, ya fuere el de la equidad, o el de la solidaridad, o el de la igualdad.

Y la igualdad es la razón invocada para extender la exequibilidad condicionada del artículo 260 del CST, a las normas que regulan las pensiones de los servidores oficiales.

La invocación del principio de la igualdad se hace es respecto a todas las pensiones de las que se pueda predicar pérdida del poder adquisitivo por el tiempo transcurrido entre el momento del retiro de la entidad o de la empresa luego de cumplir el tiempo de servicio y de aquel en que se satisface el requisito de la edad. Si este es un fundamento válido bastante tiempo pierde la Sala cuando dedica en sus providencias párrafos enteros a dilucidar la autorización de ley para hacerlo.

A mi juicio el fundamento para extender las razones de la exequibilidad condicionada del artículo 260 del CST, a las normas que regulan el mismo derecho para el sector público es que el deber del legislador de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones es respecto a todas las de rango legal, en cualquiera de sus especies; y mal cumpliría el Estado su deber sí se limita a imponerlo en relación con los trabajadores particulares y se abstiene de hacerlo a sus propios servidores públicos.

4. En cuanto al cambio de la fórmula que se utiliza para la determinación de la indexación, que la comparto, pero por razones diferentes; si el fundamento de ella es la misma ley que dispone su reconocimiento, y no la Ley 100 de 1993, está por demás el rodeo argumental para llegar a ella.

La pensión que se ordena no es del sistema general del pensiones; sea suficiente una breve pero contundente reflexión; el derecho no está a cargo de una administradora de pensiones, ni su financiación se sujeta a las reglas previstas para las que son propias del sistema; lo reconoce una entidad-empresa, que respecto a este pensionado queda liberado de todo pago, ya fuere por cuotas parte, o bono pensional, a favor de la red de entidades propias del sistema de seguridad social.

De esta manera está por demás acudir al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para quien no está en régimen de transición para efectos de la pensión de jubilación. La principal consecuencia de esto es que el promedio base de liquidación no debe hacerse por el tiempo que hiciere falta, contado desde el inicio de la vigencia del sistema general de pensiones hasta el día que se cumpla con la edad requerida.

Eduardo López Villegas