Sentencia 35271 de enero 26 de 2010

 

Sentencia 35271 de enero 26 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 35271

Acta 01

Magistrados Ponentes:

Dr. Eduardo López Villegas

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., veintiséis de enero de dos mil diez.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad Agrícola del Toribío S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 21 de noviembre de 2007, en el proceso promovido por Marlene María Silva Estrada, en nombre propio y en representación de sus hijos Jorge Armando, Víctor Manuel y Yeimis Paola Tovar Silva contra la recurrente y la Electrificadora del Caribe S.A. ESP – Electricaribe S.A. ESP, y al cual fue llamada en garantía la sociedad Seguros Generali de Colombia – Seguros Generales S.A., y se denunció el pleito frente a la Electrificadora del Magdalena S.A. ESP en liquidación.

I. Antecedentes

1. Los actores demandaron a las citadas entidades, con el fin de que previa declaratoria de responsabilidad frente al accidente de trabajo en que perdió la vida su esposo y padre Jorge Luis Tovar de Arco, fueran condenadas a pagarles los perjuicios materiales, morales y fisiológicos, a título de indemnización, junto con los intereses corrientes y moratorios y la corrección monetaria.

Como apoyo de su pedimento indicaron que el causante laboraba para la sociedad Agrícola del Toribío S.A.; que el 15 de mayo de 2002 mientras cortaba un racimo de banano, una rama hizo contacto con un cable de alta tensión, conductor de electricidad, lo que le causó la muerte en forma inmediata.

El cable era de propiedad de Electricaribe S.A., y tanto esta empresa como la empleadora, fueron negligentes en el mantenimiento de las redes, no las colocaron a la altura reglamentaria y no alertaron a los trabajadores sobre el peligro que corrían por trabajar cerca de las líneas eléctricas, no tomaron las precauciones necesarias ni los dotaron de implementos de trabajo adecuados.

2. En la contestación del libelo la empleadora negó la responsabilidad en el accidente de trabajo; sostuvo que el mantenimiento y limpieza de las redes de alta tensión es del resorte de Electricaribe S.A. y que fue por el incumplimiento de esta que se produjo el insuceso. Además el trabajador dobló la mata sin efectuar previamente el deshoje completo e inclinó la rama hacia el camino por donde iban los cables y no hacia el interior de la plantación como era la instrucción de la administración de la finca. Propuso las excepciones de indebida acumulación de pretensiones, culpa ajena, compensación, prescripción, buena fe, inexistencia de culpa patronal, inexistencia de lucro cesante y pago con subrogación total o parcial de la obligación indemnizatoria.

Electricaribe a su turno se opuso a las pretensiones por cuanto no tuvo vinculación laboral con ninguna de las partes, y una eventual discusión sobre su responsabilidad sería ajena a la jurisdicción laboral.

La Sociedad Generali Colombia Seguros también protestó por su llamamiento en garantía hecho por Electricaribe y sostuvo que siendo la electrificadora ajena a la relación laboral, debe ser excluida de la obligación de indemnizar, pues no existió contrato de trabajo por el cual esté obligada a responder.

3. Mediante sentencia de 14 de septiembre de 2006, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ciénaga, Magdalena, condenó a Agrícola de Toribío S.A., a la Electrificadora del Caribe S.A., y solidariamente a la Compañía Generali de Colombia a pagar a los actores por lucro cesante pasado y futuro $ 109’545.806,60; $ 35’000.000 por perjuicios morales; y $ 20’000.000 por daño fisiológico. Absolvió de las demás súplicas y a la Electrificadora del Magdalena de todas ellas.

II. La sentencia del tribunal

Al desatar el recurso de apelación interpuesto por las partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, revocó parcialmente el fallo del Juzgado en cuanto condenó a la Electrificadora del Caribe S.A. ESP y solidariamente a Generali Colombia Seguros Generales S.A. y absolvió a estas compañías de todos los cargos. Revocó la condena a Agrícola del Toribio S.A. pero solo respecto del daño fisiológico.

En lo que interesa al recurso extraordinario, encontró el sentenciador de segundo grado que la sociedad Agrícola del Toribío obró con descuido, negligencia y desdén al no dejar sin cultivar el terreno cercano a las líneas de electricidad, que al contacto con una rama de la planta del banano generaron la electrocución y muerte del señor Tovar de Arco. Igualmente, la sociedad deshonró su compromiso de prevención de los riesgos de trabajo por no colocar señales de advertencia sobre el peligro inminente de realizar labores en las proximidades de esas líneas. No se les dio a los trabajadores adecuada capacitación dadas las especiales circunstancias, ni se les dotó de los implementos necesarios como guantes aislantes de electricidad y botas adecuadas para aminorar el impacto de un contacto con las líneas de alta tensión. En fin, la empleadora incurrió en una clara violación de las obligaciones legales y contractuales de protección y seguridad, al consentir que el actor laborase en condiciones inseguras y peligrosas, por lo que se encuentra plenamente demostrada su culpa.

En consecuencia era procedente la condena a indemnización de perjuicios generados por la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo. En cuanto a los morales encontró acertada la tasación realizada por el Juzgado. Los perjuicios fisiológicos no eran de recibo porque solo los sufre la persona directamente afectada por el daño en su ser.

Anotó luego que la circunstancia de que a los demandantes se les hubiere reconocido pensión de sobrevivientes por parte de la Administradora del Sistema de Riesgos Profesionales, “no libera al empleador de su obligación de responder por los perjuicios que se hubiesen causado por el accidente de trabajo generado por su culpa comprobada, en razón a que las prestaciones que cubre el Sistema de Riesgos Profesionales lo es con estribo en la responsabilidad sin culpa, mientras la reparación de perjuicios a cargo del empleador lo es por responsabilidad subjetiva o por culpa. Una y otra son totalmente independientes, de suerte que la solución de las prestaciones por el primero no releva al segundo de indemnizar los daños que se lleguen a probar”.

Frente a la necesidad o no de prueba pericial para cuantificar los perjuicios patrimoniales, sostuvo que “no es verdad que sea el único medio probatorio con virtualidad para fijarlos, por manera que incluso el propio juez, sin el auxilio de expertos, puede hacerlo, a partir de elementales operaciones y con fundamento en indicadores económicos con ribetes de notoriedad”.

III. El recurso de casación

Inconforme con el fallo anterior, el apoderado judicial de la Sociedad Agrícola del Toribío S.A. interpuso recurso de casación, el cual, una vez concedido por el tribunal y admitido por esta Sala, se procede a resolver previo el estudio de la demanda de casación y las réplicas correspondientes.

Con tal fin formula dos cargos.

Con el cargo primero pretende que la Corte case parcialmente la sentencia de segundo grado, en cuanto confirmó la decisión del a quo de condenar a la recurrente a pagar el lucro cesante calculado por el Juzgado, para que en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y absuelva por ese concepto.

Cargo primero. Acusa la sentencia de violar “los artículos 42, 44, 51, 60, 61, 83, 84 y 145 del Código Procesal del Trabajo, en relación con los artículos 174, 177, 183 y 233 del Código de Procedimiento Civil; trasgresión de normas adjetivas que fue el medio para que se violara por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 216 y 19 del Código Sustantivo de Trabajo, el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 y los artículos 1613 y 1614 del Código Civil”.

En la sustentación del cargo aduce el censor que a la parte demandante corresponde probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen con la demanda, y que toda decisión judicial debe fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.

La prueba idónea para determinar el lucro cesante en su criterio era el dictamen pericial, por lo que el tribunal se equivocó al avalar la decisión del Juzgado que basándose en conocimientos personales de una ciencia ajena a su especialidad (matemáticas financieras), infirió el valor futuro del lucro cesante a que condenó a la demandada.

Agregó que las cuentas realizadas implicaron la aplicación de fórmulas matemáticas, lo cual es ajeno a derecho y requiere conocimientos especiales por lo que de conformidad con los artículos 51 del CPL y 233 del CPC, “exigían prueba pericial susceptible de ser controvertida”.

La opositora Electrificadora del Caribe S.A. ESP – Electricaribe S.A. ESP, manifiesta que el tribunal aunque dio la impresión de que iba a abordar el tema del lucro cesante, finalmente no lo hizo, por lo que el cuestionamiento en esas circunstancias no cabe por la vía de la casación, dado que las omisiones sobre temas que se han puesto bajo consideración del juez se subsanan por otros mecanismos como la aclaración o complementación de la sentencia. Sobre el aspecto conceptual afirma que no era necesario acudir al dictamen pericial, porque el juez con elementos básicos de valor de salario, edad del fallecido y probabilidad de vida, la operación que corresponde puede ser la de una simple multiplicación.

La réplica de la Sociedad Generali Colombia Seguros Generales S.A. que se hizo extensiva al segundo cargo, consistió en que habida consideración de que el recurrente no cuestionó en casación la absolución del tribunal de las llamadas en garantía, dicha decisión debe permanecer incólume.

IV. Consideraciones de la Corte

Para dar respuesta al opositor se ha de advertir que ante la queja planteada por la empresa demandada en el escrito de apelación, sobre que el lucro cesante hubiera sido tasado sin “ningún sustento pericial, prueba que era indispensable”, el tribunal respondió que ese no era el único medio probatorio para cuantificar los perjuicios patrimoniales, pues el propio juez podía hacerlo a partir de elementales operaciones y con fundamento en indicadores económicos con ribetes de notoriedad. Así las cosas, el tema podía ser planteado en casación y por ello hay lugar a un pronunciamiento de fondo. 

El recurrente no cuestiona la sentencia del tribunal en cuanto encontró configurada culpa patronal de la empresa Sociedad Agrícola del Toribío S.A., en el accidente de trabajo en que perdió la vida por electrocución Jorge Luís Tovar de Arco, ocurrido el 15 de mayo de 2002. 

La insatisfacción de impugnante con la decisión atacada en lo que se relaciona con este cargo, se concentra en la circunstancia de no haberse definido el valor del lucro cesante con base en prueba pericial. 

Sobre este tema se ha de precisar que la Corte ha admitido que para determinar el lucro cesante y el daño emergente el juzgador se sustente en las fórmulas matemáticas que ha aceptado la jurisprudencia y con fundamento en los criterios jurídicos que ha adoptado, teniendo en cuenta la edad del trabajador al momento del accidente, edad probable, salario devengado, entre otras variables, sin que sea inexorable que se decrete un peritaje u otra prueba adicional a la dirigida a determinar los citados elementos que hacen parte de la fórmula. 

En sentencia de 4 de julio de 2007, radicado 27501 enseñó esta corporación:  

“Como puede observase, le asiste entera razón a la censura en el sentido de que el ad quem no apreció aquellas pruebas que muestran el salario promedio mensual devengado en vida por el causante, que sirve como parámetro para realizar la valoración del lucro cesante pasado y futuro, así no se cuente con un dictamen pericial en específico, máxime cuando actualmente el criterio de esta Sala de la Corte, es que en estos eventos cuando se trata de estimar esta clase de perjuicio, deberá acogerse la fórmula a la que acude su homóloga de Casación Civil y que expone en su sentencia del 26 de febrero 2004, radicado 7069, donde se remite a las tablas financieras acogidas por la jurisprudencia adoctrinada laboral, como se destaca en casación del 24 de junio de 2005, radicación 23643. 

“En este orden de ideas, el juez colegiado incurrió en el error de hecho con la connotación de manifiesto que le endilgó la censura, al dejar de liquidar o calcular el monto de los perjuicios en el concepto de lucro cesante consolidado y futuro, acudiendo a las fórmulas matemáticas financieras pertinentes, existiendo en puridad de verdad respaldo probatorio suficiente. 

“En una decisión proferida dentro de un asunto con características similares, que data del 30 de junio de 2005 radicación 22656, la Sala aplicó la fórmula acogida en la sentencia rememorada del 24 de junio de 2005 radicado 23643, utilizando para tal efecto los datos extraídos de las probanzas obrantes en esa actuación, como eran las fechas tanto de terminación del vínculo laboral como la del accidente de trabajo y de la edad del beneficiario, el monto del salario promedio devengado para el momento del retiro, y la expectativa probable de vida, al no poder estimar el dictamen pericial que en esa oportunidad se había rendido, y al respecto puntualizó: 

“(...) No existiendo basamento lógico y jurídico alguno en el dictamen pericial practicado en el proceso, la Corte, como se dijo, lo desechará. En su lugar, por no existir prueba del llamado ‘daño emergente’ en el proceso, no lo estimará, sin que haya lugar a considerar la posibilidad de ordenar oficiosamente la práctica de prueba alguna, pues, al respecto, cabe la afirmación de que la carga de la prueba correspondía asumirla al demandante y sobre tal concepto la eludió. 

“En cuanto tiene que ver con el ‘lucro cesante’, habrá de distinguirse el “pasado”, esto es, el causado a partir de la terminación del vínculo laboral del actor y hasta la fecha del fallo, pues, durante el término anterior, esto es, de la fecha del accidente —10 de octubre de 1996— a la de desvinculación laboral —7 de mayo de 1998—, se impone entender, por no existir en el recurso extraordinario reclamación al respecto, que la empleadora cumplió sus obligaciones laborales con el trabajador y, por ende, no se generó esa clase de perjuicio, del ‘lucro cesante futuro’, es decir, el que a partir de la fecha de la providencia se genera hasta el cumplimiento de la expectativa probable de vida del trabajador, y para su cálculo se seguirá el criterio adoptado por la Sala en sentencia reciente de 22 (sic) de junio de 2005 (rad. 23.643), en la que se dijo que se acogerían las fórmulas, adoptadas también por la Sala de Casación Civil de la Corte para calcular estos conceptos indemnizatorios en diversas sentencias, entre ellas, las de 7 de octubre de 1999 (exp. 5002), 4 de septiembre de 2000 (exp. 5260), 26 de febrero de 2004 (exp. 7069) y más recientemente de 5 de octubre de 2004 (exp. 6975), en las cuales se calcula, el primer concepto, multiplicando el monto del salario promedio devengado para la fecha de retiro, actualizado hasta la fecha de la sentencia, por el factor de acumulación de montos que incluye el factor correspondiente por ese período al 0.5% mensual (6% anual) por interés lucrativo; y el segundo concepto, partiendo del monto del lucro cesante mensual actualizado, para luego calcular la duración del perjuicio atendida la expectativa probable de vida del perjudicado, y reducida aritméticamente a un número entero de meses desde la fecha de la sentencia-, para concluir en el valor actual del lucro cesante futuro, previa deducción del valor del interés civil por haberse anticipado ese capital, atendiendo de paso el criterio propuesto por la moderna doctrina”. 

Finalmente se ha de advertir que el censor no cuestionó los valores ni las fórmulas utilizadas para calcular el daño patrimonial. 

Por las razones anteriores, el cargo no prospera. 

Con la segunda acusación busca el censor que se case parcialmente la sentencia gravada, en cuanto confirmó la decisión del a quo de no descontar de las condenas impuestas a la demandada el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Seguro Social por el accidente de trabajo de cuya indemnización plena se trata, y que en sede de instancia se revoque la decisión del juzgado y se descuenten esos valores. 

Cargo segundo. Acusa la sentencia del tribunal por la vía directa “en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 12 del Decreto 1771 de 1994 que lo llevó a dejar de aplicar, siendo pertinentes al caso, los artículos 193 y 19 del Código Sustantivo de Trabajo, y 1649, 1666, 1667, 1668, 1670 y 2341 del Código Civil”.

En el desarrollo del cargo plantea el impugnante que supone erradamente la sentencia que si se condena a la indemnización plena y se descuenta lo pagado por la seguridad social, se está liberando de responsabilidad total o parcialmente al empleador culposo; pero esto no es así, “si la seguridad social tuvo, por culpa del tercero, que pagar unas prestaciones iguales o superiores a la indemnización plena, se subroga totalmente en contra del causante del daño por el valor de esos perjuicios plenos. Si tuvo que pagar menos, la indemnización plena se reparte entre el afiliado al riesgo, que recibirá del culpable la diferencia entre el valor de las prestaciones sociales y el de la indemnización plena, y la seguridad social, que debe recibir del mismo culpable la totalidad de las prestaciones que pagó”.

Asevera que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo en ninguna parte dice que solamente pueden descontarse las prestaciones pagadas por el empleador. “Se trata de las prestaciones en dinero pagadas por cualquiera con base en ese capítulo. Y ese capítulo ya había previsto que los empleadores serían subrogados como deudores de esas prestaciones por el Seguro Social. La subrogación no es sino un cambio de deudor”.

Afirma que el trabajador y sus familiares tienen derecho a que se les resarza plenamente el daño que culposamente se les causó, pero no tienen por qué exigir más de lo que representa su pérdida, acumulando ingresos reparatorios de distintas fuentes, máxime cuando, como en este caso, uno de los que indemniza (la ARP) puede repetir contra el otro deudor (el culpable del daño), por virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 y del fenómeno de la subrogación legal consagrado en los artículos 1666, 1667, 1668 y 1670 del Código Civil. Precisa que el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 manda que del monto de las indemnizaciones plenas obtenidas por el trabajador, “deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales”.

V. Consideraciones de la Corte

Esta acusación plantea la controversia jurídica de si en los casos de responsabilidad patronal en la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional conforme al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, puede el empleador culpable descontar del monto de la indemnización correspondiente, lo pagado por la administradora de riesgos profesionales por el mismo evento. 

La tesis de que es procedente el descuento tendría sustento jurídico según la censura, en el mismo artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994. 

Sin embargo, la mayoría de esta Sala de la Corte no acepta tal postura porque no es posible argumentar su propia culpa y menos que sea dable beneficiarse de ella, pues nadie puede lucrarse del daño ajeno. Así lo consignó en sentencia de 10 de marzo de 2005, radicado 23656, donde reiteró entre otras las sentencias de 15 de mayo de 1991, radicado 9981; de 21 de marzo de ese año, radicado 4097; de 23 de noviembre de 1993, radicado 5865; y de 9 de noviembre de 2000, radicado 14847. Se expresó así la corporación en la primera de las citadas decisiones: 

“El tribunal se basó en la sentencia de la Corte del 8 de mayo de 1997 (exp. 9389) para decir que las prestaciones que el Seguro Social reconoció a la cónyuge del trabajador fallecido (la pensión para sobrevivientes), no podían afectar el lucro cesante que judicialmente le reconoció. 

“(...). 

“Es por ello que se mantiene el criterio jurisprudencial expresado por la entonces denominada Sala Plena de Casación Laboral, conforme al cual en ninguna de las hipótesis consagradas por los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 83 del Acuerdo 155 de 1963, le es dado a quien causó el perjuicio descontar suma alguna de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto de Seguros Sociales, pues, se insiste en este aspecto, dicha entidad de previsión social cubre el riesgo laboral propio de la denominada responsabilidad objetiva del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, mas no la responsabilidad que se deriva de la culpa del empleador en la causación del accidente o de la enfermedad (sent. 08/05/97, exp. 9389)”. 

“Es cierto, como lo anota la sociedad recurrente, que la reseñada sentencia de la Corte corresponde a un hecho ocurrido en el año 1992, y por lo mismo, anterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y a la de los decretos señalados en la proposición jurídica. Por ello es admisible el examen de fondo que propone. 

El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo dice que, cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en el capítulo que la contiene. 

Hasta el año 1993, y en número plural de providencias, la Corte sostuvo que el patrono sí podía descontar del valor de la indemnización ordinaria de perjuicios las prestaciones pagadas por el Seguro Social. Pero la Corte en Sala Plena (integradas las dos secciones que conformaban la Sala Laboral), decidió, con la sentencia del 12 de noviembre de 1993, que el Seguro Social no había asumido, para entonces, el riesgo del daño que al trabajador le sobreviniera por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional imputable a culpa suficientemente comprobada del patrono. 

“Ahora, en este recurso, la sociedad recurrente sostiene que la interpretación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, puesta en relación con el nuevo ordenamiento de la Ley 100 de 1993 y con los decretos de la proposición jurídica, debe ser esta: que el empleador culpable del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sí puede deducir las prestaciones económicas que haya pagado el Seguro Social al trabajador o a sus causahabientes de lo que adeude por su propia responsabilidad ordinaria de perjuicios. 

Se procede a examinar esa argumentación de la recurrente, en este orden: 1. El alcance de la sentencia de la Corte que citó el tribunal; 2. El alcance de la normatividad que acusó el cargo en casación. 3. La relación de los dos temas anteriores, en orden a precisar si el tribunal transgredió o no la ley sustancial; o mejor, para determinar el alcance del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. 

La sentencia de la Corte del 8 de mayo de 1997 que invocó el tribunal, destacó que los reglamentos del Seguro Social vigentes para la época de los hechos analizados, y concretamente el artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963, no autorizaron al patrono a descontar de la indemnización ordinaria las sumas que el Seguro Social reconociera al trabajador o a sus derecho habientes, por prestaciones en dinero. 

El artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 del seguro, que fuera aprobado por el Decreto 3170 de 1964, y para cuya expedición invocó el Presidente de la República los artículos 9º de la Ley 90 de 1946 y 5º del Decreto 1695 de 1960, disponía: 

“El otorgamiento de las prestaciones establecidas por el presente reglamento por parte del instituto exonera al patrono de toda otra indemnización según el Código Sustantivo del Trabajo o según el derecho común por causa del mismo accidente o enfermedad profesional. Pero si el riesgo se hubiere producido por acto intencional o por negligencia o culpa del patrono procederá a demandar el pago de esta indemnización, la que quedará a su favor hasta el monto calculado de las prestaciones que el Instituto acordare por el accidente o enfermedad, debiendo entregar a los beneficiarios el saldo, si lo hubiere. 

“Lo dispuesto en el inciso anterior no es óbice para que la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes de derecho común para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el instituto de acuerdo con las normas de este reglamento”. 

Pese a la equívoca redacción de la norma transcrita, ella no permitía la tesis de la sociedad recurrente, que desde luego se funda en otro sistema legal. Pero la Corte despejó el equívoco en la sentencia del 8 de mayo de 1997. Es importar recordar, en resumen, las razones que tuvo en cuenta para fundar su tesis: 1) El poder normativo de los reglamentos del seguro está limitado por su objeto social: es entidad aseguradora de los riesgos originados en la prestación de servicios subordinados; la ley no le dio al seguro la atribución de determinar las consecuencias de la culpa del patrono en la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, pues esas consecuencias corren a cargo exclusivo del empleador culpable. 2) La competencia que le reconoce la ley al seguro para subrogar al patrono en la asunción de riesgos laborales está dentro del ámbito de las prestaciones, de los servicios sociales o de las medidas de seguridad social que deben amparar a sus beneficiarios, como lo prescribe el artículo 7º del Decreto-Ley 433 de 1971; pero el seguro no está legalmente facultado para regular las indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo que ocurran por la culpa suficientemente comprobada del patrono. El seguro tampoco está legalmente facultado para aminorar la carga patrimonial del patrono en esa materia, por lo cual, asume toda la responsabilidad ordinaria por mandato del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; y, por lo mismo, el seguro subroga al patrono únicamente en el riesgo que da lugar a la denominada responsabilidad objetiva. 3) Si, por su equívoca redacción, el artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 consagrara el derecho del empleador culpable del accidente para descontar del monto de la indemnización ordinaria lo pagado por el seguro por prestaciones en dinero, la norma sería inaplicable, al igual que el artículo 1º del Decreto 3170 de 1964 que lo aprobó. 4) El seguro reconoce prestaciones para cuyo cálculo toma en cuenta variables como el salario, los años de servicios, el número de cotizaciones, la edad del trabajador, la vida probable, etc. En cambio, no toma en cuenta los perjuicios realmente producidos, lo cual marca una diferencia entre la indemnización a que se refiere el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que busca reparar la totalidad del daño ocasionado por el patrono culpable, con la actividad aseguradora del Instituto. 5) No es cierto que el trabajador se beneficie doblemente (con la indemnización plena y con las prestaciones económicas del seguro), puesto que el seguro ha sido tomado por el mismo accidentado, de modo que el patrono no puede restar de la indemnización total y ordinaria de perjuicios lo pagado por el Seguro Social en virtud del cubrimiento de un riesgo que no ha sido asegurado por él. 

Ahora, procede el examen del régimen de la Ley 100 de 1993, empezando por su reglamentación, como lo propone el cargo: 

El Decreto 1771 de 1994 es reglamentario del 1295 del mismo año (estatuto con alcance legal). Su artículo 12 dispone: 

“Subrogación. La entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero. 

“Lo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la víctima, o sus causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales”. 

Es una redacción similar a la de su antecesor, el 83 del Acuerdo 155 de 1963, de manera que por este solo aspecto, si el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 fuera puesto en relación con el 216 del Código Sustantivo del Trabajo, no sería útil para dar por sentada la posibilidad de descontar las prestaciones económicas del Seguro Social de la indemnización ordinaria de perjuicios. 

Ninguna de las normas cuya acusación plantea el cargo permite concluir en la tesis de la censura. 

En efecto: 

El artículo 139-11 de la Ley 100 de 1993 confirió al Presidente de la República precisas facultades extraordinarias pro tempore para “Dictar las normas necesarias para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores”; luego nada indica que en esta atribución de facultades legales, el Presidente de la República pudiera regular las consecuencias de la culpa patronal del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. 

El decreto Ley 1295 de 1994, según su encabezamiento, determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales. El artículo 13 se limita a señalar quiénes son los afiliados al dicho sistema; el 34 consagra el derecho a las prestaciones; el 49 establece que, en caso de muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales, como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y sus reglamentos; pero esa norma nada dice sobre la responsabilidad por culpa patronal en el accidente de trabajo o en la enfermedad profesional. El artículo 50 se limita a fijar el monto de la pensión de sobrevivientes y el 53 a precisar las condiciones de la devolución de saldos y de la indemnización sustitutiva cuando ocurre la muerte del asegurado. El artículo 78 dice que el Instituto de Seguros Sociales continuará administrando los riesgos profesionales de conformidad con sus reglamentos, lo cual no le da la razón a la sociedad recurrente. Pero sí conviene precisar que la tesis de los opositores sobre esta norma no es acertada, puesto que ella no remite a los reglamentos anteriores de una manera incondicional sino subordinada a lo dispuesto en el Decreto 1265 que se estudia, puesto que la norma dice que los reglamentos del Seguro Social “... deberán ajustarse a lo dispuesto en este decreto ...”. Y el 97 fija la vigencia del sistema general de riesgos profesionales. 

Como ninguna de las normas acusadas, puestas en relación con el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, permite concluir que haya variado el sistema legal que informó la jurisprudencia de la Corte, la conclusión es que sigue vigente la interpretación que allí se consignó”. 

Como no logra la censura variar las orientaciones de la Corte en la materia objeto de análisis, no prospera el cargo.  

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la sociedad recurrente.  

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de veintiuno (21) de noviembre de dos mil siete (2007), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso promovido por Marlene María Silva Estrada, en nombre propio y en representación de sus hijos Jorge Armando, Víctor Manuel y Yeimis Paola Tovar Silva contra la recurrente y la Electrificadora del Caribe S. A. ESP - Electricaribe S. A. ESP, y al cual fue llamada en garantía la sociedad Seguros Generali de Colombia – Seguros Generales S.A., y se denunció el pleito frente a la electrificadora del Magdalena S.A. ESP En liquidación.  

Costas en casación a cargo de la sociedad recurrente.  

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal. 

Magistrados: Eduardo López Villegas—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.