Sentencia 35305 de abril 28 de 2009

 

Sentencia 35305 de abril 28 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

EXTRACTOS: «En síntesis, puede afirmarse que el recurrente pretende que su situación sea ventilada a la luz del Decreto 3170 de 1964, bajo cuyo imperio se le concedió la pensión de invalidez al demandante, pues en su sentir las disposiciones de la Ley 100 de 1993 en materia de revisión de las pensiones de invalidez son mucho más exigentes que las previstas en el citado decreto.

Para el tribunal, en cualquiera de los dos regímenes, bien en el de la Ley 100 de 1993 o en el anterior a la misma, las pensiones de invalidez son revisables de manera que dependiendo de las nuevas circunstancias derivadas de dicha revisión, las condiciones de otorgamiento pueden ser variadas.

Siguiendo el derrotero marcado por la censura, debe recordarse que el artículo 23 del Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964, determinaba que las pensiones de invalidez por incapacidad permanente total o parcial se concederían inicialmente en forma provisional por dos años contados desde que fuera declarada la una o la otra incapacidad. Si vencido ese término, persistía la incapacidad, la pensión tendría carácter definitivo, pero con la facultad para el ISS de revisarla en cualquier momento cuando lo considerare necesario, “si hubiere fundamento para presumir que han cambiado las condiciones que determinan su agotamiento”. Tales pensiones serían vitalicias una vez que el pensionado alcanzara la edad mínima que para el derecho a la pensión de vejez fijaba el reglamento general del seguro de invalidez, vejez y muerte.

Cuando el mencionado precepto habló del carácter definitivo de la pensión después del término inicial provisional de dos años, no quiso decir que la prestación fuera desde entonces inmutable e invariable, pues el instituto tenía la facultad de solicitar la revisión de la incapacidad y de acuerdo con las consecuencias de la revisión, variar las condiciones de su otorgamiento, una de las cuales era la cesación del pago de la prestación si el estado de invalidez había cesado totalmente o disminuido según que el nuevo porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no ameritara ya la pensión atrás otorgada. Más sin embargo, cuando el pensionado por invalidez, manteniendo ese status, cumplía la edad mínima requerida para acceder a la pensión de vejez, la prestación por invalidez se convertía en vitalicia y ello implicaba, en primer lugar, que la incapacidad no podía ser revisada nuevamente, y en segundo, la pensión tampoco podía ser revocada.

Tres etapas, entonces, encerraba el otorgamiento de la pensión de invalidez: La primera, la concesión provisional de la pensión por el término inicial de dos años, vencidos los cuales, debía revisarse la incapacidad. La segunda, el carácter definitivo de la pensión si la incapacidad persistía, pero conservando el ISS la facultad de revisar la incapacidad cuando lo considerara necesario, y la tercera, el carácter vitalicio de la prestación cuando el pensionado por invalidez cumpliera la edad mínima exigida para la pensión de vejez, etapa en la cual la pensión sí era irrevocable.

Por tanto, se equivoca la censura cuando sostiene que por haber sido concedida de manera definitiva la pensión de invalidez, esta era ya un derecho adquirido del pensionado que no podía ser desconocido por la entidad demandada, pues de conformidad con las disposiciones del Acuerdo 155 de 1963, como ya ha quedado visto, la posibilidad de revisión de la incapacidad por parte del ISS, implicaba que el disfrute de la pensión bien podía considerarse como un derecho condicionado cuyas causas o características de concesión podían ser modificadas.

En las condiciones anotadas, el cargo no puede prosperar, pues es evidente que si las normas aplicables fueran las del Acuerdo 155 de 1963, tal como lo pretende la censura con apoyo en el principio de progresividad, la pensión de invalidez del actor podía ser revisada por parte del ISS como efectivamente lo hizo ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

Lo anterior cobra fuerza en la medida en que de acuerdo con el registro civil de nacimiento visible al folio 17, el demandante nació el 3 de febrero de 1951, por lo que la edad mínima de 60 años requeridos para la pensión de vejez por parte de los reglamentos del seguro social, los cumpliría en el mismo mes y día del año 2011».

(Sentencia de 28 de abril de 2009. Radicación 35305. Magistrado Ponente: Dr. Luis Javier Osorio López).

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