Sentencia 35391 de marzo 31 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente

Dr. Luis Javier Osorio López

Radicación Nº 35391

Acta N° 12

Bogotá, D.C., treinta y uno de marzo de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «I.Antecedentes

Con la demanda inicial, solicita la actora, en lo que concierne al recurso, que se condene a la entidad demandada a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su cónyuge, las mesadas causadas incluidas las adicionales, con los intereses moratorios o la indexación, y a las costas del proceso.

Como fundamento de esos pedimentos, en lo que concierne al recurso, argumentó que solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge Alonso Arroyave Rincón; que dicha entidad no respondió esa petición dentro del término legal; que de conformidad con el criterio de la Sala Laboral de la Corte, se le debe reconocer tal prestación a los causahabientes de aquellos afiliados que cotizaron la sistema un número de semanas suficiente para obtener en cualquier caso la pensión de invalidez dentro del régimen anterior a la Ley 100 de 1993; y que el asegurado fallecido dejó derecho a la pensión deprecada, habida cuenta que cotizó al sistema 396 semanas válidas para los riesgos de IVM.

(...).

V.El recurso de casación

Lo interpuso la parte demandante con apoyo en la causal primera de casación laboral consagrada en los artículos 60 del Decreto 528 de 1964 y 51 del Decreto 2651 de 1991, llevado a legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, con el cual pretende, según lo dijo en el alcance de la impugnación, que se case totalmente la sentencia recurrida, y en sede de instancia esta Sala confirme la de primer grado, adicionándola con la condena a los intereses establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y provea sobre costas como corresponda.

Con tal objeto formuló un cargo que fue replicado.

(...).

VIII. Se considera

No tiene razón la réplica en el reparo de orden técnico que le hace al cargo, pues si bien la censura hizo alusión al artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990 y lo transcribió, fue únicamente para complementar la demostración del error en que había incurrido el sentenciador al apreciar la Resolución 4264 del 5 de septiembre de 1991.

Superado lo anterior, debe decirse que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es necesario que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, y provenga de la falta de apreciación o errada valoración de pruebas calificadas como el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección ocular —hoy judicial según el artículo 52 Ley 712 de 2001—.

Ahora bien, del examen de las pruebas calificadas en casación que acusó la recurrente como erróneamente apreciadas por el tribunal, esta Sala encuentra objetivamente lo siguiente:

La Resolución 4264 del 5 de septiembre de 1991 y su nota anexa de la cual hace parte, obrantes a folios 7 y 8 del cuaderno del juzgado, son del siguiente tenor:

“Resolución 4264 de 5 de sep. 1991

La comisión de prestaciones del ISS - Antioquia

CONSIDERANDO:

Que el señor Alonso Arroyave Rincón, con cédula o NIT 708.207, presentó el 4 de feb. 1991 en la seccional Antioquia solicitud de prestaciones económicas por vejez con los siguientes datos:

Nº de afiliación 020067647

Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1929

Último patrono: Sotrasaba S.A.

Número patronal: 02017103679

Dirección:

Que cumplidos los trámites reglamentarios, se comprobó que la solicitud no reúne los requisitos legales exigidos para su otorgamiento.

RESUELVE:

ART. 1º—Negar la prestación por las razones que se explican en nota anexa.

ART. 2º—Contra esta resolución, aprobada mediante acta 000009 del 5 de septiembre de 1991, proceden los recursos de reposición y apelación, de conformidad con el Decreto-Ley 01 de 1984.

Notifíquese

Nota anexa de la Resolución 2464 de 5 sep. 1991.

Se niega por cuanto el peticionario no obstante tener 396 semanas cotizadas, solamente le son válidas 275, de conformidad con el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, en consecuencia deberá cotizar un mínimo de 1000 semanas para tener derecho a la pensión (negrillas fuera del texto).

Rafael A. Mejía Sandoval Socorro Aguilar de Vélez

Secretario comisión Presidente comisión

Como puede verse, por medio de tal resolución ISS le negó a Alonso Arroyave Rincón la pensión de vejez, dado que no reunía para ello el requisito de semanas cotizadas establecido en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, esto es un mínimo de 500 durante los 20 años anteriores a los 60 años de edad, que había cumplido dicho señor desde el 15 de junio de 1999, pues había nacido el mismo día y mes de 1929, tal como se lee en ese acto.

Así las cosas, es lógico y razonable entender, que lo que quiso decir el ISS en la mencionada resolución fue que al citado Arroyave Rincón, para los fines de la pensión que reclamaba, solo podían valérsele o tenérsele en cuenta 275 semanas cotizadas durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima de 60 años, requerida para adquirir el derecho, esto es, respecto del período comprendido entre el 15 de junio de 1979 e igual día y mes de 1999.

Por lo tanto es protuberante y manifiesto el error en que incurrió el juez colegiado al apreciar la referida prueba, al inferir de ella que para efectos de la pensión de sobrevivientes deprecada, de las 396 semanas cotizadas por el afiliado fallecido solamente eran válidas 275; lo cual es suficiente para concluir que el cargo es fundado, y por lo tanto habrá de casarse la sentencia recurrida, sin que sea necesario hacer ningún pronunciamiento sobre la otra prueba denunciada por la censura como dejada de apreciar. Esto porque como a la vigencia de la Ley 100/93, sí tenía 300 semanas cotizadas, desde donde veremos su incidencia en el derecho pretendido.

En sede de instancia y de cara al recurso de apelación que interpusieron las partes contra la sentencia del juzgado, sea lo primero advertir que no fue objeto de reparo alguno por parte de la demandada, la conclusión del a quo en el sentido de que el señor Alonso Arroyave Rincón había cotizado al sistema 396 semanas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; mostrando su inconformidad en la sustentación del mismo, exclusivamente con la aplicación que éste le dio al principio constitucional y legal de la condición más beneficiosa.

Al respecto, acorde con el criterio jurídico de esta corporación ha adoctrinado mayoritariamente, que un afiliado al régimen del Instituto de los Seguros Sociales, que tenga en su haber el número y densidad de semanas exigidas por los artículos 6º, 25 y 27 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, esto es, 150 semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha del deceso o 300 en cualquier época, aunque fallezca en vigor de la nueva ley de seguridad social y no cumpla con el requisito del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 relativo a las 26 semanas cotizadas al sistema para el momento de la muerte o dentro del último año, tiene derecho a que se le aplique el principio de la condición más beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, a fin de definir su situación pensional respecto de sus beneficiarios.

Del mismo modo, la Sala ha señalado que “importa recordar que, conforme a la reiterada jurisprudencia de la Corte en la que se apoyó el fallador de segunda instancia, fundada en lo establecido por el artículo 48 de la Ley 100 de 1993 —que garantiza el derecho a optar por una pensión de sobrevivientes en los términos establecidos por los reglamentos del seguro social vigentes antes de esa ley—, en los principios rectores de la seguridad social y en una aplicación sistemática de las normas que gobiernan la pensión de sobrevivientes consultando al respecto su espíritu, bajo los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad, no es admisible negar la pensión de sobrevivientes por la ausencia de cotizaciones durante la anualidad anterior a la fecha de fallecimiento del causante si durante todo el tiempo de su vinculación al instituto demandado, y antes de entrar en vigencia el nuevo sistema de seguridad social, el cotizante cumplió con los requisitos establecidos en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año” (Sent. abr. 30/2003, Rad. 19092).

Valga agregar, en lo concerniente a las dos hipótesis que contiene la normatividad que antecede a la nueva ley de seguridad social, esto es, el literal b) del artículo 6º del Acuerdo 49 aprobado por el Decreto 758 de 1990, la Corte adicionalmente ha sostenido, que la primera, en la que se mencionan 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, ese número debe estar satisfecho para el momento en que comenzó a regir la Ley 100 de 1993; en cambio frente al segundo supuesto de la norma, relativo a una densidad de 150 semanas aportadas al ISS “dentro de los seis años anteriores a la muerte del afiliado”. La Corte, se fijó el criterio consistente en que este requisito para efectos de la aplicación de la condición más beneficiosa, cuando el deceso acontece en imperio de la Ley 100 de 1993, se debe considerar cumplido contabilizando esos seis años pero desde el 1º de abril de 1994 hacía atrás, es decir remontándose en el tiempo hasta el 1º de abril de 1988, y además es menester que el asegurado también tenga en su haber esa misma densidad de semanas (150) en los seis años que anteceden al fallecimiento, en el entendido de que el suceso de la muerte ocurriere antes del 1º de abril de 2000.

Así las cosas, descendiendo al caso objeto de estudio, es indudable que para la data en que entró a regir la Ley 100 de 1993, el asegurado Alonso Arroyave Rincón había alcanzado aportes válidos por más de 300 semanas en cualquier época, cumpliendo con los cánones estatuidos en los reglamentos vigentes durante su condición de afiliado al seguro de invalidez, vejez y muerte, al tener ya cotizadas 396 semanas, con lo cual satisfizo la primera hipótesis del artículo 25 del Acuerdo 49 de 1990 en armonía con el 6º ibídem, para que sus causahabientes puedan acceder al derecho pensional implorado, con arreglo en el principio de la condición más beneficiosa contemplado en el texto 53 supralegal.

Colofón a todo lo expresado, el sentenciador de primer grado no hizo cosa distinta que acoger la postura imperante de esta Sala de la Corte relativa a la aplicación del principio legal y constitucional de la “condición más beneficiosa”, a fin de resguardar las prerrogativas de los derechohabientes de una pensión de sobrevivientes, la cual no hay motivo suficiente para variarla; por lo que no se equivocó cuando concluyó que a la parte actora le asistía el derecho a la pensión reclamada, así el afiliado fallecido no hubiera cotizado 26 semanas al momento de la muerte o en el año inmediatamente anterior.

En relación con el recurso de apelación de la parte actora, en el cual muestra su inconformidad por no haberse condenado a los intereses moratorios sobre las mesadas pensionales causadas, la Sala considera que le asiste razón al juzgador de primera instancia cuando en el auto en el cual se pronunció sobre la adición de la sentencia, decidió no acceder a ellos dado que en la demanda introductoria se habían solicitado éstos o la indexación, no ambos conceptos, y se había accedido a condenar a la última.

Por todo lo expuesto, se confirmará íntegramente la sentencia de primer grado.

Sin costas en el recurso extraordinario, por cuanto la demanda casación salió avante; las de la primera instancia corren por cuenta de la parte demandada, en la segunda no se causaron.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 13 de diciembre de 2007, en el proceso ordinario adelantado por la señora Wenceslada Rojo de Arroyave contra el Instituto de Seguros Sociales.

En sede de instancia, se confirma íntegramente la sentencia de primer grado.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»

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