Sentencia 35421 de octubre 28 de 2009

 

Sentencia 35421 de octubre 28 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 35421

Acta 41

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., veintiocho de octubre de dos mil nueve.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por Mario Camilo Velásquez Linero, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Laboral, el 13 de diciembre de 2007, en el proceso que el recurrente le promovió a la sociedad Drummond Ltda.

Antecedentes

Mario Camilo Velásquez Linero demandó a la sociedad Drummond Ltda., para que se declare, que “carece de eficacia jurídica el despido sufrido por el trabajador demandante” y, en consecuencia, se ordene su reintegro al cargo que desempeñaba, con el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de devengar, o en su defecto, el pago de la indemnización ordinaria de perjuicios, prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; la indexación de las sumas deducidas y; las costas del proceso.

En los hechos, fundamento de las pretensiones, afirma que prestó servicios personales a la demandada del 24 de mayo de 1996 al 24 de julio de 2002, fecha esta última en que se le terminó el contrato de trabajo de manera unilateral y sin justa causa con el pago de la respectiva indemnización; desempeñó las labores de ayudante de bodega, por lo que le correspondía manipular elementos naturales y químicos, que constituyeron un factor de riesgo en la posibilidad de adquirir una enfermedad profesional; a los cinco años de haber ingresado a la empresa, se le diagnosticó un “Linfoma cutáneo de celular T (LCCT)”, una especie de cáncer de piel; una vez conocida la enfermedad, se le hicieron una serie de restricciones a la empresa frente a sus trabajadores, como evitar jornadas prolongadas de trabajo, evitar la exposición al sol, no levantar objetos pesados, además del tratamiento de quimioterapia; a pesar del conocimiento que tenía la empresa de su grave enfermedad, le dio por terminado el contrato de trabajo, sin que los médicos tratantes evaluaran a fondo su capacidad laboral definitiva y se le diera un adecuado tratamiento y rehabilitación; el empleador está en la obligación de restituir al trabajador sano y salvo después de concluidas las labores, en desarrollo de la garantía de seguridad; devengaba un salario de $ 2.656.000,oo, pero su promedio mensual era superior.

La demanda se contestó con oposición a las pretensiones incoadas, y aun cuando se aceptó la prestación de los servicios del demandante, los extremos y la terminación injusta del contrato con el pago de la indemnización por despido, se adujo, que el actor no fue desvinculado en razón de su enfermedad común, por lo que no se requería la autorización del Ministerio del Trabajo (fls. 157 a 164).

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ciénaga, mediante sentencia del 1º de agosto de 2006, declaró la ineficacia del despido, condenó a la demandada a pagar en forma indexada los salarios, primas legales y convencionales, auxilio educativo, bonificaciones y demás prestaciones dejadas de percibir, en razón de su despido ilegal. Así mismo dispuso, deducir lo cancelado al actor por concepto de indemnización por despido y, absolvió a la demandada de las demás pretensiones (fls. 406 a 416).

Sentencia del tribunal

Apeló la demandada, y al desatar el recurso, el ad quem, revocó la de primer grado, y en su lugar, absolvió a la demandada de todas las pretensiones, y condenó en costas en ambas instancias a la parte actora (fls. 17 a 39, cdno. Tribunal).

El Tribunal, para fundamentar su decisión, luego de transcribir el texto del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, indicó, que dicha norma prohíbe la terminación del contrato de trabajo motivada única y exclusivamente en la limitación física, sensorial o mental del trabajador, y que esa preceptiva no abriga, la conducta del empleador de terminar el contrato por un motivo totalmente ajeno.

Que en el presente caso, no está acreditado que la decisión de la demandada de despedir al actor, hubiera obedecido a alguna limitación del trabajador, como tampoco, que al momento del despido el empleador tuviera conocimiento que aquel estuviese limitado, física, mental o sensorialmente, ya que la sola enfermedad no determina por sí la limitación para ser beneficiario de la prerrogativa consagrada en la citada norma. Agregó, además, que no existe en autos el dictamen de la junta de calificación de invalidez, es decir que el demandante no probó la existencia de una enfermedad profesional.

Finalmente, precisó, con apoyo en los medios de prueba, que durante el proceso no se demostró que la salud del actor hubiese empeorado durante el lapso comprendido entre el 21 de enero de 2001 (fecha en que se le diagnosticó la enfermedad) y el 24 de julio de 2002 (fecha en que se produjo el despido), y por el contrario, el documento de folio 20, indica que para el mes de julio de 2001, en el actor “se observa clínicamente mejoría, ya no infiltrado y ha cedido la pigmentación en un 70%”.

El recurso de casación

Lo interpuso el demandante, fue concedido por el Tribunal y lo admitió la Corte, que procede a resolver.

Alcance de la impugnación

Pretende que se case totalmente la sentencia acusada, y en sede de instancia, confirme las condenas impuestas y revoque las absoluciones, para en su lugar, acceder en forma favorable a todas las pretensiones incoadas en el escrito de demanda.

Con fundamento en la causal primera de casación formula dos cargos que fueron oportunamente replicados.

Cargo primero

Textualmente lo formuló así: “Acuso la sentencia impugnada por violación directa de la ley sustancial en la modalidad de falta de aplicación de los artículos 28 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 789 de 2002, artículo 28, en relación con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 11 del Decreto 1295 de 1994 y 1º del Decreto Reglamentario 1832 de 1994, lo que condujo a la falta de aplicación de los artículos 66 del Código Civil, 176 del Código de Procedimiento Civil y 60 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social —violación medio— en armonía con lo previsto en los artículos 13, 14, 15, 16, 21, 64 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, dentro de los parámetros fijados en el preámbulo y los artículos 1º, 2º, 4º, 13, 25, 29, 48, 53, 58, 332 y 336 de la Constitución Política de la República de Colombia”.

En la demostración, advierte, que el Tribunal dejó de aplicar la norma sustancial relacionada en la proposición jurídica, situación que lo condujo a despachar negativamente las pretensiones encaminadas a su reintegro, en virtud de la ineficacia del despido. Luego de transcribir el artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo, indica que, independientemente de los hechos alegados en la demandada y las pruebas aportadas al proceso, de haber aplicado esa disposición legal, el Tribunal hubiera concluido que “el contrato de trabajo del demandante no solo fue dado por terminado sin justa causa en ejercicio de la facultad legal (CST, arts. 62 y 64), sino que se produjo, según la carta de despido, por causas inherentes al riesgo de ser empleador, completamente ajenas a las normas invocadas y a la responsabilidad del extrabajador”.

La réplica

Afirma, que el cargo adolece de falla técnica, por cuanto, a pesar de dirigir el ataque por la vía directa, la cual supone que no controvierte las cuestiones fácticas, en su desarrollo se refiere a varios aspectos probatorios, como lo son la carta de despido y la difícil situación económica de la empresa, lo cual conduce a desestimar la acusación.

Sobre el aspecto de fondo planteado, adujo, que bajo ninguna perspectiva se puede considerar que al trabajador se le hizo partícipe de pérdidas y/o riesgos de la empresa, por lo que no cabe la aplicación del artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo, pues no se le desconoció ningún derecho laboral, en la medida en que le fueron canceladas todas sus acreencias, inclusive, la indemnización por despido injusto. Agregó, que lo demostrado en la carta de terminación del contrato de trabajo, es que tal decisión no obedeció a posibles limitaciones físicas del trabajador, correspondiéndole al actor acreditar, que se configuran los supuestos de hecho previstos en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para merecer la protección de la citada norma.

Segundo cargo

Lo planteó así: “Acuso la sentencia impugnada por violación indirecta de la ley sustancial en la modalidad de aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que condujo a la falta de aplicación del artículo 66 del Código Civil, 4º y 176 del Código de Procedimiento Civil, 60 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social —violación medio— en relación con el artículo 11 del Decreto 1295 de 1994 y 1º del Decreto Reglamentario 1832 de 1994, en armonía con lo previsto en los artículos 13, 14, 15, 16, 21, 64 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, dentro de los parámetros fijados por los artículos 1º, 4º, 13, 25, 29, 48, 53, 58, 332, 334 y 336 de la Constitución Política de la República de Colombia, en relación con hechos y pruebas, como se indica a continuación”.

Señaló como errores de hecho, en que, a su juicio incurrió el Tribunal:

“No dar por demostrado, estándolo que el despido es ineficaz y el contrato debe ser restablecido con todas sus consecuencias jurídicas, porque la carta de despido enumera causales no previstas en la ley para dar por terminado un contrato de trabajo con justas o sin justas causas para ello y dar por demostrado sin estarlo que había fundamento legal para despedir libremente al actor cuando quedo demostrado que procedía el restablecimiento del contrato por la ineficacia del despido al no haberse obtenido el permiso previo del Ministerio de la Protección Social dadas las condiciones de salud del extrabajador.

“Aceptar la formalidad de la carta de despido con desconocimiento absoluto de la realidad procesal

“Dar credibilidad a las razones invocadas por el empleador para terminar el contrato de trabajo, cuando el debate demostró que el empleador mintió.

“Desconocer los principios fundamentales y valores constitucionales que se deberían tener en cuenta para la debida aplicación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997”.

“No dar por demostrado estándolo, que para el momento del despido, el demandante padecía una enfermedad que lo incapacitaba para desarrollar las labores propias del cargo que ocupaba al servicio de la empresa demandada, como se probó según la siguiente secuencia.

“No dar por demostrado estándolo, que la demandada tenía pleno conocimiento de la limitación de salud del demandante y de la gravedad de su enfermedad al momento de su despido.

“No dar por demostrado estándolo que por prescripción médica, el trabajador demandante debía ser reubicado y trasladado de su sitio habitual de trabajo a otro lugar en el cual no estuviera expuesto directamente a los rayos del sol, lo que se constituyó en una limitación clara para el desarrollo de sus funciones y que la empresa no cumplió esta obligación legal.

“No dar por demostrado estándolo, que la salud del demandante se deterioró desde el momento en que le fue diagnosticada la enfermedad de linfoma cutáneo de células T (LCCT) hasta la fecha de su despido.

“No dar por demostrado estándolo que la causa de la terminación del contrato de trabajo del demandante fue su limitación de salud”.

Adujo, que el demandante no podía ser despedido sin permiso del Ministerio de la Protección Social, por cuanto en el expediente aparece demostrado que padecía una enfermedad que lo incapacitaba para desempeñar las funciones, conforme a los siguientes documentos que no fueron apreciados por el Tribunal: la comunicación del 14 de marzo de 2001, la evaluación de incapacidad (fls. 262 y 263), los memorandos internos (fls. 21 y 31) y, los oficios remisorios a los médicos de Colseguros (fls. 22 y 25).

Que esos mismos documentos, dan cuenta que la empresa no solo estaba enterada de la enfermedad que padecía el actor, sino, además, de su gravedad, en la medida en que estuvo presente durante el año y medio en que fue sometido al tratamiento que le prescribieron los médicos de Colseguros, incluida la quimioterapia. Que en la última de las comunicaciones, el coordinador médico de la empresa demandada, señaló la urgencia con la que debía ser atendido el paciente, y que, su gravedad se evidencia, en la evaluación realizada el 9 de julio de 2001, en la que se señala que “Dependiendo respuesta al tratamiento evaluar tiempo de incapacidad y posibilidad de ser enviado al fondo de pensiones”.

Agregó que el documento de folios 262 y 263 del expediente, demuestra que la enfermedad que padecía el actor, diagnosticada desde el mes de enero de 2001, ameritaba un tratamiento oncológico, de inmunoterapia, y que, además, se atendieron ciertas recomendaciones en su sitio de trabajo, entre ellas, no exponerlo a los rayos solares y evitar que el paciente operara motocargas bajo el sol.

Concluyó, que al estar demostrado que la causa alegada por la empresa, para dar por terminado el contrato de trabajo, nunca existió, es evidente que la única y verdadera razón que llevó a la demandada a adoptar esa decisión, fue la condición de salud del trabajador.

La réplica

Destacó como errores de técnica, el no exponer de manera clara y precisa, cuáles fueron los errores fácticos que condujeron a la infracción de la ley sustancial y, tampoco, demostró, mediante un razonamiento, la ostensible contradicción entre el efecto valorativo de la prueba y la realidad procesal. Que el documento de folio 20 del cuaderno principal, constituyó uno de los elementos probatorios analizados por el Tribunal para absolver, el cual debió ser denunciado por el censor, pero como no lo hizo, el fallo debe quedar incólume con sustento en esa prueba inatacada.

Que la otra afirmación del ad quem para sustentar la decisión absolutoria, consistió en que “no figura en autos dictamen de la junta de calificación de invalidez ordenado por el auto de fecha 19 de octubre de 2005 (fl. 392)”, lo cual era determinante para establecer el origen de la enfermedad que padecía el actor y el grado de discapacidad, aspectos necesarios para merecer la protección establecida en la Ley 361 de 1997.

Finalmente, destacó que, tal como lo dedujo el Tribunal, en el proceso no existe prueba suficiente, que acredite el cumplimiento de los supuestos fácticos exigidos por la norma para acceder al derecho reclamado, pues considera que los argumentos expuestos por el recurrente son inferencias personales más propias de un cargo por la vía directa, alejadas de la realidad fáctica.

Se considera

Conforme lo autoriza el numeral 3º del artículo 51 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, se estudian conjuntamente los dos cargos, por cuanto a pesar de estar dirigidos por vías diferentes, denuncian las mismas disposiciones legales, se valen de similares argumentos y persiguen un idéntico objetivo.

Advierte en principio la Sala, que tal como lo destacó el opositor, aun cuando el recurrente dirige el primer cargo por la vía directa, su demostración se perfila a controvertir una situación que es estrictamente fáctica, como lo es la causa que llevó al empleador a dar por terminado el contrato de trabajo que existió con el demandante, para la cual se apoya en el contenido de la carta de despido, que por ser un medio probatorio, no resulta procedente aducirse en un ataque estrictamente jurídico, ya que supone una total y completa conformidad con los fundamentos fácticos que dejó establecidos el Tribunal en la providencia atacada.

De otro lado, si bien la segunda acusación se plantea por la vía indirecta, con el señalamiento de los errores de hecho en que a juicio del censor incurrió el Tribunal, se omite denunciar el documento que obra a folio 20 del expediente, el cual sirvió de fundamento a la sentencia atacada para inferir que a julio de 2001, en el actor “se observa clínicamente mejoría, ya no infiltrado y ha cedido la pigmentación en un 70%”. Tampoco controvierte el impugnante, otro de los aspectos fácticos esenciales que llevaron al ad quem a proferir la decisión absolutoria, como es el de la falta de prueba del dictamen de la junta de calificación de invalidez, ordenado mediante auto del 19 de octubre de 2005 (fl. 392).

La situación anterior, conlleva a que la sentencia cuestionada permanezca inalterable, por quedar soportada en aquella prueba, y en la conclusión fáctica que no fue objeto de ataque, pues, como insistentemente lo ha precisado la Corte, es obligación del recurrente destruir todos y cada uno de los fundamentos que respaldan la providencia atacada, so pena de que la misma quede incólume con apoyo en los argumentos inobjetados.

Así mismo, las comunicaciones, remisiones y evaluaciones de la incapacidad del demandante por parte de los médicos de “Colseguros”, visibles a folios 21, 22, 25, 31, 262 y 263, con las cuales pretende el recurrente demostrar los yerros fácticos denunciados, no son pruebas idóneas para esos efectos, pues por tratarse de documentos declarativos emanados de terceros, estos son asimilables a testimonios, que, como bien es sabido, no son susceptibles de ser examinados en casación, salvo que los errores de hecho denunciados se demuestren con prueba calificada, situación que no acontece en el sub judice.

Ahora bien, aun si la Sala dispensara las anteriores irregularidades, los cargos no lograrían tener vocación de prosperidad, en la medida en que ninguna de las pruebas que acusa el impugnante, alcanza a acreditar el grado de pérdida de la capacidad laboral del actor para el momento en que fue desvinculado del servicio de la empresa demandada, dado que, como con acierto lo infirió el sentenciador de alzada, la sola enfermedad del trabajador, no impone determinar que sea un limitado físico, psíquico o sensorial, con vocación para ser beneficiario de las prerrogativas consagradas en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 

En efecto, para merecer la protección especial a que se refiere la norma antes mencionada, es condición ineludible establecer, el grado de limitación o porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del asalariado, situación que no aparece demostrada en el proceso, pues sin tal referente no resulta posible deducir, si quien busca la citada protección legal es evidentemente un limitado físico, psíquico o sensorial.  

Precisamente, la Corte al fijar el alcance del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en sentencia del 31 de marzo del presente año, radicación 32510, en un proceso donde fungió como tal la misma sociedad demandada, al reiterar la del 15 de julio de 2008, radicación 32532, precisó, que “la minusvalía a que se refiere el citado artículo son: (a) la “moderada”, perdida de la capacidad laboral entre el 15% y 25%; b) “severa” mayor al 25% pero inferior al 50%; o c) “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el 50%, todo de conformidad con el Decreto 2463 de 2001 y la Ley 361 de 1997. 

Como consecuencia de lo anterior, si no existe prueba del grado de pérdida de la capacidad laboral del demandante, proveniente del organismo competente para ello, no resultaba posible determinar si para la fecha del despido, aquel padecía una limitación que ameritara el amparo que pretende obtener a través del presente proceso.  

Por lo visto, los cargos no prosperan.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 13 de diciembre de 2007, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso que Mario Camilo Velásquez Linero le promovió a la Drummond Ltda.

Costas a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Camilo Tarquino Gallego—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez.