Sentencia 35431 de mayo 22 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 157

Magistrado ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Bogotá, D.C., mayo veintidós de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala:

1. Tanto en el texto original del artículo 187 de la Ley 1098 de 2006, como en el 90 de la Ley 1453 de 2011, por el cual fue modificado, se estableció que “la privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho años (18) que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión. En estos casos la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración desde un (1) año hasta cinco (5) años”, la cual no aplica para los adolescentes “mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años, que sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual”.

Con sustento en esa disposición el juzgado de primera instancia les impuso a los adolescentes aquí procesados permanecer durante un año en el Centro de Formación Juvenil del (…). El tribunal juzgó “legal” la sanción “por atender el artículo 187 de la Ley 1098 de 2006”, aunque “de acuerdo al contexto|| la estimó ―excesiva e innecesaria”. Justificó esa conclusión en los siguientes argumentos jurídicos:

1.1. La finalidad del Código de la Infancia y la Adolescencia, mediante el cual se dictaron normas para la protección de los niños y los adolescentes, es garantizar su pleno y armonioso desarrollo, para que crezcan en el seno de la familia y la comunidad.

1.2. Se establecieron en ese cuerpo normativo, respecto del menor infractor de normas penales, reglas especiales orientadas a asegurar su formación, rehabilitación e integración.

1.3. En el artículo 177 de la Ley se consagraron como sanciones aplicables a los adolescentes declarados penalmente responsables, la amonestación, la imposición de reglas de conducta, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida, la internación en medio semicerrado y la privación de la libertad en centro de atención especializada.

1.4. El juzgador, al momento de imponer la sanción al menor, deberá examinar la totalidad de las condiciones particulares del caso. Esto para que la medida elegida satisfaga los fines establecidos por el legislador, de protección, educación y restauración de los derechos del infractor.

1.5. Entre los artículos 182 y 187 de la Ley 1098 de 2006 se definen y desarrollan las sanciones, indicándose en cada caso en qué eventos se imponen y el tiempo máximo de su duración. En el artículo 157 ibídem, por su parte, se dispone que en la selección de la sanción a imponer y en la consideración de la modificación de la misma durante su ejecución, el juez tendrá en cuenta la aceptación de cargos realizada por el adolescente.

1.6. En concordancia con el artículo 161 de la ley en cita, la privación de la libertad es excepcional. Sólo procede como medida pedagógica para personas entre los 14 y 18 años de edad al momento de cometer el hecho. Durante la ejecución de la sanción, es un derecho del adolescente ser mantenido preferentemente en su medio familiar a condición de que reúna las condiciones requeridas para su desarrollo (art. 180, ibíd.).

1.7. En el artículo 179 del Estatuto de la Infancia y Adolescencia, a su turno, se fijaron como criterios para definir la sanción aplicable al caso concreto, la naturaleza y gravedad de los hechos, la proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas la gravedad de los hechos y las necesidades de la sociedad y del infractor, la edad de éste, la aceptación de cargos, el incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez y el incumplimiento de las sanciones.

1.8. La primera instancia, sin evaluar por separado la situación de cada adolescente infractor, consideró frente a todos proporcional e idónea la privación de la libertad como sanción a imponer. Ese estudio no fue el apropiado. Aunque todos se allanaron a los cargos, su personalidad y características sociales, familiares, económicas y culturales eran distintas. (…), en particular, estaba matriculado en 7º grado, asistía a clases regularmente, se encontraba bajo el amparo y protección de su progenitora, recibía terapia sicológica y reiniciaría próximamente su actividad deportiva. La defensora de familia dijo que no requería de tratamiento en centro especializado.

1.9. Dadas las “circunstancias especiales” de (…), la sanción de privación de la libertad que le impuso la primera instancia “es legal por atender el artículo 187 de la Ley 1098 de 2006, pero de acuerdo al contexto es excesiva e innecesaria”. Sin desconocer la gravedad de la conducta de los procesados, se deben tener en cuenta “las condiciones particulares del menor” (…) Se encuentra estudiando, no ha cometido otros delitos, no consume estupefacientes, cuenta con el apoyo incondicional de su mamá y “ha cumplido cabalmente con la medida provisional que le fue impuesta”, a diferencia de (…), quien “se encuentra actualmente evadido de la medida impuesta”, y de (…), quien ―presenta sanción por otros hechos delictivos”. Así las cosas, sustraer al adolescente de su entorno familiar podría truncar “el proceso de resocialización en el que se encuentra encaminado”.

1.10. La privación de la libertad en el presente caso, por las razones vistas, “no constituye la única sanción idónea” de cara a las finalidades previstas en el artículo 178 de la Ley 1098 de 2006. Aplicar esa medida, privaría al menor del conjunto de condiciones objetivas de superación en las que se encuentra y atentaría contra los fines y principios de la normatividad para adolescentes.

1.11. Le pareció “factible” al ad quem, en consecuencia, “la sustitución” de la sanción de privación de la libertad impuesta a (…), por la de libertad vigilada, quedando comprometido el menor a estar vinculado al sistema educativo en los términos del artículo 177, parágrafo 1º, del Código de la Infancia y la Adolescencia, y a acreditar que continúa con sus estudios. Se indicó en el fallo, por último, que “el incumplimiento a las sanciones así como su reincidencia en la infracción a la normatividad penal, ocasionará de manera inmediata la revocatoria de esta medida (la libertad vigilada) y se ordenará el cumplimiento de la sanción de privación de la libertad”.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley 1098 de 2006, en el cual se reitera el principio de legalidad consagrado en general para toda clase de actuaciones judiciales y administrativas en el artículo 29 de la Constitución Política, “ningún adolescente podrá ser investigado acusado, ni juzgado por acto u omisión, al momento de la comisión del delito que no esté previamente definido en la ley penal vigente, de manera expresa e inequívoca. El adolescente declarado responsable por la autoridad judicial de la comisión de un delito sólo podrá ser sancionado con la imposición de las medidas definidas en la presente ley”.

Si en virtud de dicho mandato sólo pueden imponerse al menor las sanciones definidas en la ley, es evidente que la privación de la libertad en centro de atención especializado procede exclusivamente en los eventos señalados en el artículo 187 de la Ley 1098 de 2006, es decir, cuando el delito por el cual se ha declarado su responsabilidad penal tenga prevista pena mínima de 6 o más años de prisión y el adolescente sea mayor de 16 años y menor de 18 años de edad; o cuando, siendo mayor de 14 años y menor de 18, se le haya declarado responsable de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual. En tales casos, en consecuencia, no es discrecional del juzgador imponer una cualquiera de las sanciones relacionadas en el artículo 177 de la Ley citada, como pareció sugerirlo el tribunal superior de (…) al calificar de “excesiva e innecesaria” la sanción de privación de la libertad impuesta por el a quo a (…), respecto de un cargo de hurto calificado y agravado penalizado legalmente en su extremo mínimo con 6 años de prisión.

No había lugar en el presente caso, por consiguiente, a aplicar una sanción distinta a la impuesta por el a quo. Esta era la que correspondía de acuerdo con la ley y elegir una distinta habría comportado la transgresión del principio de legalidad.

El tribunal de todas formas, pese a la tesis dada a entender en el pronunciamiento recurrido y que en criterio de la Sala resulta equivocada, mantuvo la sanción de privación de la libertad impuesta en primera instancia a (…) y ordenó sustituirla por la de libertad vigilada. Esta es la determinación objeto de inconformidad por parte de la demandante en casación y que para la Corte resulta acertada, por las siguientes razones:

2.1. El inciso 6º del artículo 187 de la Ley 1098 de 2006 permite sustituir “parte de la sanción privativa de la libertad”, por el tiempo que fije el Juez, “por cualquiera de las otras sanciones previstas en el artículo 177” ibídem.

2.2. Según el artículo 178 del Código de la Infancia y la Adolescencia, todas las sanciones allí establecidas, incluida por supuesto la de privación de la libertad, “tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa”. También se señala en la disposición que en función de las circunstancias individuales del adolescente y de sus necesidades especiales, el juez podrá modificar las medidas impuestas.

2.3. El internamiento preventivo se encuentra regulado en el artículo 181 del mismo estatuto. Procede sólo frente a casos en los que la sanción imponible, de declararse la responsabilidad penal del adolescente, sería la de privación de la libertad. En desarrollo de esa medida provisoria, dice la norma, “los adolescentes recibirán cuidados, protección y toda la asistencia social, educacional, profesional, sicológica, médica y física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo, y características individuales”. Esto significa que el internamiento preventivo, al igual que la sanción de privación de la libertad, cumple en relación con el adolescente las mismas finalidades de protección, educación y rehabilitación.

2.4. De acuerdo con el Código de la Infancia y la Adolescencia, entonces, la privación de la libertad procede en las eventualidades señaladas en el artículo 187, debe imponerse siempre que ellas se configuren y se puede sustituir o modificar “parte” de ella, en función de las circunstancias y necesidades del adolescente.

2.5. Aunque un examen literal de las disposiciones pertinentes de la Ley 1098 de 2006, conduce a deducir que la sanción de privación de la libertad debe estar en ejecución para que se active la posibilidad de reemplazarla, la sensatez aconseja que la orden de sustituirla puede adoptarse en la sentencia cuando el adolescente haya sido sometido a internamiento preventivo en centro especial o en su domicilio y los resultados asociados a ese tiempo en reclusión, más los demás elementos de juicio relacionados con sus circunstancias personales y necesidades especiales que obren en la actuación, deriven en un diagnóstico favorable de sustitución de la sanción privativa de la libertad. Sería absurdo, en condiciones así, aguardar a la ejecutoria de la sentencia para reconocer una situación ya existente al momento del fallo.

2.6. En el caso sometido a consideración de la Corte, el adolescente (…) fue detenido preventivamente el 8 de mayo de 2010 y el 14 siguiente, a petición de la defensa, se cambió esa medida de reclusión en centro especial por la de internamiento preventivo domiciliario. En el expediente no existe constancia de haberse revocado la última por inobservancia de las obligaciones adquiridas por el menor, entre las cuales estaban permanecer en su casa y acudir a las instituciones educativas a donde lo remitió el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

2.7. Era posible, de acuerdo con lo dicho, sustituir en la sentencia la sanción de privación de la libertad por la de libertad vigilada. Esto en consideración a que el internamiento preventivo en centro especial y domiciliario impuesto al adolescente (…) podía tenerse como “parte de la sanción” de privación de la libertad, no sólo por la identidad de finalidades entre ambas medidas sino porque el parágrafo 1º del artículo 179 del Código de la Infancia y la Adolescencia preceptúa que “al computar la privación de la libertad en centro de atención especializada, la autoridad judicial deberá descontar el período de internamiento preventivo al que haya sido sometido el adolescente”.

3. Así las cosas, el tribunal superior de (…) no incurrió en el error de juicio jurídico denunciado. Podía, en las circunstancias vistas, reemplazar en la sentencia la privación de la libertad al adolescente (…). y lo hizo con fundamento en motivaciones de hecho razonables, respecto de las cuales no planteó ninguna discusión la recurrente. La Corte, por consiguiente, no casará la sentencia materia del recurso extraordinario de casación. En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia recurrida, proferida por el tribunal superior de (…) el (…).

En contra de esta providencia no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».