Sentencia 3545 de agosto 4 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

VOTOS A FAVOR DE UN CANDIDATO FALLECIDO

No son para el candidato que lo reemplazó pero que no aparece en el tarjetón.

EXTRACTOS: «Sobre los argumentos de impugnación de la decisión del tribunal que declaró nulo el acto declaratorio de su elección como alcaldesa de Chivor para el período 2004 - 2007, de que no era indispensable que su nombre apareciera en los tarjetones que serían utilizados para la votación, pues se debía entender que ocupaba el lugar del candidato que allí figuraba a nombre del Partido Conservador Colombiano, al que ella reemplazó por razón de su deceso, se observa:

a) No obran en el proceso los tarjetones que depositaron los sufragantes con motivo de la elección demandada, para deducir que en ellos no figuraba el nombre de la señora Ana Yolanda Hernández Daza como candidata por el Partido Conservador Colombiano, con el número 33, sino el del señor Jorge Gustavo Roa Vargas, a quien ella sustituyó con motivo de su fallecimiento; la prueba en tal sentido solicitada por el demandante fue negada por el tribunal, y las copias del tarjetón aportadas por las partes carecen de autenticidad (fls. 27, 41 y 150). Sin embargo tal afirmación se halla respaldada en su aceptación expresa de la parte demandada y en otras evidencias, como son las actas de escrutinio de los jurados de votación (fls. 163 a 165) y en la respuesta a la reclamación presentada por el demandante, por parte de la comisión escrutadora municipal de Chivor, enviada vía fax (fl. 26), de fecha 28 de octubre de 2003, en la que se informa que la demandada fue inscrita como candidata a la Alcaldía de Chivor dentro del término señalado en el artículo 31 de la Ley 78 de 1986 en reemplazo del señor Jorge Gustavo Roa Vargas (fallecido) y que al recibo de esa inscripción la tarjeta electoral ya estaba impresa y se contaba con muy poco tiempo para su reimpresión y alistamiento en el kit electoral, por lo cual en ella aparecía el nombre del candidato que ella reemplazaba.

b) El cómputo a favor de la demandada de los votos en que se marcó el nombre del candidato fallecido, indudablemente configura una irregularidad con base en la cual se declaró la elección demandada. Según se desprende de los hechos, dicha decisión de la comisión escrutadora municipal de Chivor tuvo origen en la omisión en que incurrieron las autoridades electorales en su obligación de actualizar los tarjetones y demás formatos utilizados para la formación de los correspondientes registros, a que había lugar por la inscripción de la candidatura de la demandada, en reemplazo del señor Roa Vargas (q.e.p.d) a la que las autoridades electorales no podían sustraerse por ningún motivo, pues la ley no lo prevé, como se desprende del artículo 31 de la Ley 78 de 1986 que establece:

“ART. 31.—Si el candidato a alcalde falleciere dentro de los treinta (30) días anteriores a la elección, el respectivo sector político podrá inscribir otro candidato hasta las 6:00 de la tarde del miércoles anterior a la fecha de la elección”.

Conforme a la disposición transcrita, en eventos como el que ocurrió en el municipio de Chivor, el Partido Conservador estaba autorizado para inscribir un nuevo candidato, como efectivamente lo hizo; correlativamente las autoridades electorales estaban en la obligación de actualizar las tarjetas electorales y demás formularios para excluir el candidato fallecido y en su lugar incorporar la información de la candidata inscrita en su lugar, sin que la premura del tiempo sea una justificación para no hacerlo. Con su omisión contravinieron claras normas constitucionales, legales y reglamentarias que prevén mecanismos encaminados a garantizar que los resultados electorales sean el fiel reflejo de la voluntad popular, en particular el artículo 258 de la Constitución Política que establece:

“ART. 258.—(Modificado por el artículo 11 del Acto Legislativo 1º de 2003). El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La organización electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos” (se resalta).

Es pues, por mandato del artículo 258 constitucional, imperativo que la organización electoral facilite a los sufragantes tarjetas electorales en las que aparezcan identificados con claridad todos los candidatos que participan en la contienda, y la omisión en que se incurrió en este caso no habilitaba a la comisión escrutadora municipal para interpretar la voluntad popular manifestada en las urnas, asumiendo que los votos del candidato fallecido eran a favor de la demandada. Su observancia es prevalente, como lo dispone el artículo 4º de la Carta.

No existe otro fundamento en la Constitución Política para considerar, como lo hizo la comisión escrutadora municipal, que quienes votaron por el señor Jorge Gustavo Roa Vargas (fallecido) para la Alcaldía de Chivor en realidad lo estaban haciendo por la señora Ana Yolanda Hernández Daza. Tampoco es aceptable la conducta de las autoridades electorales, que en lugar de actualizar las tarjetas electorales optó por adjudicar los votos del candidato fallecido a la demandada, por considerar que se trata de una simple formalidad, pues por el contrario, como lo estimó el tribunal, la inclusión de la nueva candidata en las tarjetas electorales constituía un elemento fundamental, así previsto por la Constitución Política para salvaguardar la expresión libre, espontánea y fidedigna de la voluntad popular.

El ejercicio del voto conlleva una expresión de voluntad de los electores, libre y espontánea, expresa, taxativa y clara, sobre la cual no hay lugar a interpretaciones o deducciones, por lo cual la propia Constitución en su artículo 258 (modificado por el art. 11 del Acto Legislativo 01/2003) previó la utilización de las tarjetas electorales “en las cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones todos los candidatos” y dispuso la implantación de mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el ejercicio de este derecho de los ciudadanos. Lo cual significa que no hay lugar a votaciones tácitas o implícitas, y ninguna autoridad está facultada para interpretar la voluntad de los electores, pues se reitera, para que el voto sea válido, y por tanto, contabilizable en los respectivos escrutinios, debe ser expreso, taxativo y claro, es decir que no admita dudas ni sea necesario acudir a razonamientos para interpretar su sentido (1) .

Bajo la anterior premisa, en el caso concreto, la comisión escrutadora municipal no podía “adjudicar” a la candidata Ana Yolanda Hernández Daza los 484 votos marcados a favor de otro candidato en las correspondientes tarjetas electorales así contabilizadas en las actas de escrutinio de los jurados de votación (fls. 163 a 165). La circunstancia de que ese candidato hubiera fallecido para la fecha de los comicios no altera la existencia de los votos que se depositaron válidamente a su favor, así como tampoco los afecta el hecho de que en su lugar el partido conservador colombiano hubiera cumplido a cabalidad con los requisitos de inscripción de la demandada; de manera que no existe un sustento jurídico que autorizara a la comisión escrutadora municipal a asignar esos votos a otro candidato, como se hizo en este caso.

En consecuencia la declaración de la elección de la señora Ana Yolanda Hernández Daza, basada en una votación mayoritaria que no fue depositada a su favor es inconstitucional y por lo tanto correspondía su anulación como lo hizo el tribunal. Por lo tanto su decisión será confirmada»

(Sentencia de 4 de agosto de 2005. Expediente 3545. Consejero Ponente: Dr. Filemón Jiménez Ochoa).

(1) Así lo sostuvo la Sala Plena Contencioso Administrativa del Consejo de Estado en sentencia del 18 de septiembre de 2000, Exp. S-399.

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