Sentencia 355 de noviembre 21 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 18001-23-31-000-2001-0110-01

M.P. Mario Alario Méndez

Bogotá, D.C., noviembre 21 de 2002.

Actor: Guillermo Ceballos Trujillo

Ref.: Radicado interno 355. Acción popular

Se decide la impugnación interpuesta contra la sentencia de 14 de diciembre de 2001 dictada por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

I. Antecedentes

1. La demanda.

El señor Guillermo Ceballos Trujillo, obrando en ejercicio de la acción popular, ha solicitado que se declare que el municipio de Florencia y el Instituto Municipal de Obras Civiles (Imoc) son responsables de los daños que afectan de manera directa los derechos de los habitantes del barrio Las brisas, sector bajo, al goce de un ambiente sano, a la seguridad y la salubridad públicas y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, a causa del vertimiento de aguas negras y residuales que corren libremente por dos caños que atraviesan el barrio; que se les ordene realizar las obras indispensables, cuales son la canalización de esos caños, pues el barrio no cuenta con alcantarillado público; y que se fije el monto del incentivo que le corresponde conforme al artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

Dijo el demandante que en época de verano el estancamiento en los referidos caños da lugar a gran cantidad de plagas, olores nauseabundos, insectos y roedores, e inundaciones en época de invierno; que los vertimientos de aguas residuales provienen de los barrios Andes Altos, Corazones, Tovar Zambrano, Tirso Quintero y las Brisas altas, que son recibidos en los caños del barrio Las Brisas, sector bajo; que por no existir alternativa alguna confluye en esos caños gran cantidad de vertimientos de aguas negras y residuales procedentes de las viviendas de los mismos moradores del barrio, que elevan olores putrefactos, desechos sólidos, basuras y animales en estado de descomposición, que generan un constante riesgo epidemiológico a la salud de la comunidad; que es preocupación permanente de los moradores aledaños la manera indiferente y negligente como se ha manejado tan delicado problema; que son innumerables los llamados de atención y solicitudes preventivas que han realizado ante los organismos del orden municipal a fin de que su problema sea resuelto de manera eficaz y definitiva a través de las obras de canalización respectiva que conjuren de una vez por todas las consecuencias que generan la exposición y conducción inadecuada, antitécnica e insana de esas aguas residuales en el entorno de sus hogares; que ello ha puesto en riesgo permanente la salud de los moradores de las viviendas aledañas a los caños y aumentado el riesgo epidemiológico; que la seguridad pública también está sometida a riesgo, debido al inminente peligro que ocasiona un eventual desbordamiento de los caños en época de lluvias, tal como sucedió el 22 de abril de 1998, cuando muchas de las viviendas fueron anegadas por aguas putrefactas, con lo cual se originaron pérdidas inmateriales; que tal antecedente ha generado zozobra en las personas, por la amenaza de una eventual inundación que genere un desastre mayor, el cual puede ser evitado técnicamente a través de las obras civiles pertinentes; y que, entonces, es urgente e inaplazable que se adopten por parte de los entes demandados las medidas necesarias para la iniciación de las obras y conjurar además las consecuencias que afectan la salubridad y el ambiente sano a que tienen derecho todas las personas.

2. El pacto de cumplimiento.

El 26 de junio de 2001 se llevó a cabo la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, con la asistencia de la procuradora judicial 25 para asuntos administrativos, del demandante, del representante de la Defensoría del Pueblo, del apoderado del municipio de Florencia y del representante del Imoc.

El representante de la Defensoría del Pueblo manifestó que coadyuvaba la demanda presentada por el señor Guillermo Ceballos Trujillo, y la Procuradora solicitó se integrara el litisconsorcio necesario vinculando como parte demandada a la empresa de servicios de Florencia, Servaf, S.A., ESP.

Pero en la audiencia no fue convenido pacto alguno.

3. La sentencia apelada.

Mediante sentencia de 14 de diciembre de 2001 el Tribunal Administrativo del Caquetá declaró no probada la excepción propuesta por el municipio de Florencia; declaró que el municipio de Florencia, Servaf e Imoc están amenazando y poniendo en peligro los derechos colectivos al medio ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas y, como consecuencia, ordenó a esas entidades hacer las gestiones necesarias ante los organismos respectivos para la consecución de los dineros que requiera la terminación del box coulvert en los caños que atraviesan el barrio Las Brisas, sector bajo, de la ciudad de Florencia, se incluya la construcción del box coulvert en el plan de desarrollo departamental y municipal para efectos de su posterior inclusión en los planes de inversión de ese municipio, se adelante la construcción del box coulvert de los caños dentro del término concedido en la misma sentencia, que las referidas entidades con la junta de acción comunal del barrio Las Brisas realicen tareas de concientización para que los habitantes cercanos a los caños no arrojen basuras ni desechos y contribuyan a la conservación higiénica de la zona y las personas que tienen construida vivienda sobre los caños, concretamente las que han invadido el cauce del caño dos sobre la carrera 10ª, procedan a hacer los arreglos necesarios para que las aguas lluvias y negras corran normalmente. Y concedió a las entidades responsables un plazo de cinco años a partir de la ejecutoria de la sentencia para dar cumplimiento a la misma; condenó al municipio de Florencia, a Imoc y a Servaf a pagar al demandante un incentivo igual al valor de 10 salarios mínimos mensuales en proporciones del 40% cada uno de los dos primeros y del 20% la última; ordenó constituir un comité de verificación y cumplimiento de la sentencia conformado por el magistrado sustanciador, el Defensor Regional del Pueblo, el presidente de la junta de acción comunal del barrio Las Brisas, sector bajo, el alcalde de Florencia, el director del Imoc, el gerente de Servaf, el procurador para asuntos ambientales y agrario y el jefe de la oficina de saneamiento ambiental del Hospital María Inmaculada de la ciudad de Florencia, que se reuniría una vez semestralmente a las 8:00 de la mañana del primer día hábil de los meses de junio y de diciembre de cada año a partir de 2002; y condenó en costas al municipio de Florencia, a Servaf y a Imoc.

El tribunal desestimó la excepción de “falta de adjetividad por lo pasivo” que propuso el municipio de Florencia aduciendo que conforme el artículo 5º, numeral 5.1, de la Ley 142 de 1994, es competencia de los municipios asegurar que los servicios domiciliarios se presten en manera eficiente “por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto”; que mediante Acuerdo 67 de 1992 fue creada Servaf, empresa entre cuyos objetivos se encuentra, conforme al artículo 5º, literal a), de ese acuerdo, “[c]onstruir, ampliar, reponer, reestructurar, mantener y conservar la infraestructura correspondiente a los servicios que le compete ejecutar y prestar”; y que por consiguiente no es el municipio responsable directo de gestionar, administrar, ejecutar y prestar el servicio de alcantarillado.

Dijo el tribunal que según el artículo 311 de la Constitución corresponde al municipio, como entidad fundamental de la división político administrativa, prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, etc., y que mediante la Ley 142 de 1994, por medio de la cual se reguló el régimen de los servicios públicos domiciliarios, se dispuso que los municipios debían asegurar la prestación en debida forma de esos servicios por medio de empresas de servicios públicos oficiales, privadas o mixtas, de donde, concluyó el tribunal, al municipio de Florencia le compete velar por la pronta y eficiente prestación de los servicios públicos de agua, alcantarillado, aseo, etc. y, en este caso, de común acuerdo con Servaf, empresa creada para tal fin.

Dijo también el tribunal que la falta de canalización o box coulvert a los caños uno y dos que cruzan el barrio lleva consigo riesgos para los moradores aledaños, tanto en época de invierno, por las frecuentes corrientes o aumentos de caudal con toda clase de impurezas y basuras, lo cual aumenta el riesgo para los habitantes del sector, como en época de verano, por la cantidad de basuras y desechos y la poca agua, que no permite una corriente permanente, lo cual produce olores e infecciones; que siendo así es indispensable la canalización de tales caños o la construcción de un box coulvert para proteger el ambiente y la seguridad y la salud de los habitantes; que, sin embargo, la administración municipal ha presentado un proyecto para la construcción del box coulvert de los referidos caños ante el Fondo Nacional de Regalías en virtud del monto del mismo, que asciende a $ 98.000.000, y ha aportado en bienes y servicios un valor de $ 9.800.000; que, además, el Imoc celebró en agosto de 2000 un contrato para la construcción del box coulvert del caño del barrio El Rosal de ese municipio, que desemboca en el caño uno del barrio Las Brisas, sector bajo; y que no hay duda de que el municipio de Florencia ha buscado el mejoramiento del sector o sectores aledaños mediante los referidos proyecto y contrato, pero que como quiera que el gasto público municipal debe guardar coherencia con el plan municipal de desarrollo y el plan operativo anual de inversiones, mientras no se halle debidamente planificado ese gasto conforme a la ley de presupuesto la administración no puede hacer inversiones ajenas al mismo; y que, en relación con el Imoc, encargado de la construcción de obras civiles, no estaba determinado en el presupuesto la inversión para la construcción del box coulvert de los caños en el barrio Las Brisas, sector bajo.

4. La apelación.

El Imoc por medio de apoderado interpuso el recurso de apelación contra la sentencia, aduciendo que la ejecución del alcantarillado total de la ciudad de Florencia ha sido una obra prioritaria; que esta obra se ha venido adelantando con recursos propios y con aportes de la Nación, pero que desafortunadamente el presupuesto del municipio es reducido ante el cúmulo de problemas sociales, que han aumentado en proporción al aumento de los desplazados, porque se encuentra en límites del área de distensión; que hasta hace poco se dio solución a la necesidad de agua potable y los recursos se encuentran comprometidos en el pago de los créditos obtenidos de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, para ese servicio; que la obra de alcantarillado en gran parte de la ciudad es de proporciones gigantescas para el limitado presupuesto; que el municipio no cuenta con industria, el desempleo es galopante, los aportes que percibe se deben a los impuestos de almacenes, cantinas, tiendas e impuesto predial; que no es posible imponer a un gerente, administrador o alcalde, que debe velar por solucionar las necesidades sociales de un pueblo donde, prácticamente, todo está por hacer, una carga que no pueda cumplir; que no se puede gobernar y ejecutar obras con buenas intenciones, sino que ese sano propósito debe ir acompañado de presupuesto y de la voluntad política del concejo del municipio, que es la entidad que aprueba el presupuesto anual, planes y programas de desarrollo municipales y planes de inversiones; que el Imoc es una entidad nueva, que antes era la secretaría de obras públicas, conformada por dos delegados del concejo, el secretario de hacienda municipal y el alcalde, que son quienes presentan los proyectos al concejo para la ejecución de las obras; que si al Imoc no se le inyecta presupuesto por el concejo o con recursos de orden central difícilmente se le puede exigir la construcción de una obra cuantiosa; que no se ha tasado en miles de millones el costo de la obra solicitada por el demandante y ordenada mediante la sentencia impugnada, como tampoco el presupuesto ni las demás demandas que con el mismo fin se tramitan y tramitarán; y que no hay motivación ni justificación jurídica en el fallo para condenar al pago del incentivo en la forma que se hizo.

El demandante, por su parte, interpuso también el recurso de apelación alegando que estima excesivo el plazo concedido a los entes demandados para la realización de las obras, porque se trata de obras de suma urgencia; que desde años atrás se viene pidiendo la canalización de los caños; que probada como quedó la necesidad urgente e impostergable de realizar las referidas obras, no es aceptable el término excesivo concedido por el tribunal, cuando lo que se requiere es fundamental para la comunidad; que el desarrollo sostenible que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras encierra dos conceptos, cuales son las necesidades, en particular las de los pobres, a las que se debería otorgar prioridad, y la idea de limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la organización social entre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras; que si existe un rubro especial para programas con destino exclusivo a la prevención ambiental, por qué cinco años para iniciar una obra de tal importancia; y que más de 60 familias están expuestas al constante riesgo epidemiológico, debido a los olores nauseabundos, así como a la descomposición de desechos, basuras y animales en estado de descomposición.

II. Consideraciones de la Sala

1. La excepción propuesta.

El apoderado del municipio de Florencia al contestar la demanda propuso la que denominó excepción de “falta de adjetividad por lo pasivo” en apoyo de la cual dijo que el municipio no es el responsable directo de gestionar, administrar, ejecutar y prestar el servicio de alcantarillado, pues según el artículo 5º, numeral 5.1, de la Ley 142 de 1994 la competencia de los municipios en lo que concierne a los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonía pública básica conmutada consiste en asegurar que se presten a sus habitantes de manera eficiente por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixta, y que mediante el Acuerdo 67 de 1992 expedido por el Concejo de Florencia fue creada Servaf, una de cuyas funciones es construir, ampliar, reponer, reestructurar, mantener y conservar toda la infraestructura correspondiente a los servicios que le compete ejecutar y prestar.

Pues bien, conforme a lo establecido en el artículo 311 de la Constitución, al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa, corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

Por otra parte, según el artículo 1º de la Ley 136 de 1994, el municipio, dentro de los límites de la Constitución y de la ley, tiene por finalidad el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y entre sus funciones, según lo dispuesto en el artículo 2º de la misma ley, administrar los asuntos municipales, prestar los servicios públicos que determine la ley; ordenar el desarrollo de su territorio, construir las obras que demande el progreso municipal, promover el mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes, planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio y solucionar las necesidades insatisfechas de saneamiento ambiental y servicios públicos domiciliarios.

Y según el artículo 5º, numeral 5.1, de la Ley 142 de 1994, es competencia de los municipios asegurar que se presten a sus habitantes de manera eficiente los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, entre otros, directamente o por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto.

Siento así, puede dirigirse contra el municipio la pretensión de que, para garantizar el goce de un ambiente sano, la seguridad y la salubridad públicas y la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente por causa del vertimiento de aguas negras y residuales que corren libremente, se le ordene la realización de ciertas obras; esto es, que se encuentra pasivamente legitimado en la causa, porque es entidad de la cual puede reclamarse el cumplimiento de la prestación que es objeto de la demanda. Por ello se confirmará la sentencia en lo que declaró no probada la excepción propuesta.

2. La cuestión de fondo.

Mediante el artículo 9º de la Ley 472 de 1998, por la cual fue desarrollado el artículo 88 de la Constitución, se estableció que las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

Según lo dispuesto en el artículo 4º, literales a), g) y l), de la misma ley, son derechos e intereses colectivos, entre otros, el goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Solicitó el demandante se ordene al municipio de Florencia y al Imoc ejecutar las obras necesarias para conjurar los daños que afectan de manera directa el goce de los referidos derechos e intereses colectivos, esto es, la canalización de dos caños que atraviesan el barrio Las Brisas, sector bajo, de esa ciudad, que no cuenta con alcantarillado público, cuyo estancamiento en época de verano crea gran cantidad de plagas, olores, insectos y roedores, y en época de invierno inundaciones; que los vertimientos de aguas residuales provienen de otros barrios, que son recibidas en los referidos caños, donde confluye, además, gran cantidad de vertimientos de aguas negras y residuales provenientes de las viviendas de los mismos moradores del barrio Las Brisas, sector bajo, todo lo cual genera un constante riesgo epidemiológico a la salud de la comunidad.

El demandante acompañó, entre otros documentos, una certificación de 13 de marzo de 1996 expedida por el comandante del cuerpo de bomberos voluntarios según la cual la comunidad de Las Brisas, sector bajo, se encuentra en zona de riesgo; una constancia de 15 de marzo de 1996 expedida por el jefe y el supervisor de saneamiento ambiental del servicio seccional de salud del Caquetá, hospital sede María Inmaculada, en el sentido de que en ese barrio existen problemas sanitarios de aguas servidas que corren superficialmente y ponen en alto riesgo la salud de la comunidad, lo cual hace necesaria su canalización; varias solicitudes formuladas por la junta de acción comunal del barrio desde 1996 ante distintas autoridades en procura de que se incluyan en el banco de proyectos las obras de canalización de los caños que recogen las aguas negras mediante la construcción de un box coulvert; y algunas fotografías que dijo fueron tomadas en diferentes sitios por donde circulan las aguas contaminadas.

El municipio de Florencia al contestar la demanda, por medio de apoderado, dijo que ha sido una premisa de la administración la protección de los derechos e intereses colectivos y por ello ha invertido más de $ 400.000.000; que tal aseveración se comprueba con el contrato 88 de 24 de agosto de 2000 celebrado por el Imoc por valor de $ 325.256.876, cuyo objeto es la construcción del box coulvert del barrio El Rosal, obra que, sumado el valor de la interventoría de obras complementarias y diseño, supera ampliamente aquel monto, y que ha gestionado recursos ante el Fondo Nacional de Regalías por $ 98.000.000, que es la suma estimada para la construcción del box coulvert del barrio Las Brisas, sector bajo; que para el sector y la corriente de agua se ha trazado técnicamente la necesidad de construir el colector general de aguas lluvias y alcantarillado, como parte del diseño general del plan maestro de acueducto y alcantarillado de Florencia, que por su dimensión y costo requiere de la financiación de entidades del orden nacional; y que no se le puede ordenar ejecutar dentro de un término máximo y perentorio las obras que pide el demandante, porque están supeditadas a la disponibilidad presupuestaria, al plan departamental y municipal de desarrollo y al plan operativo anual de inversiones.

Obra en el expediente una certificación de 7 de mayo de 2001 expedida por el director del Imoc en la cual consta el compromiso de cofinanciar el proyecto “Construcción Box Coulvert barrios Brisas Bajas, Pueblo Nuevo en el municipio de Florencia, Caquetá, en bienes y servicios por un valor de $ 9.800.000”; una certificación de 27 de junio de 2000 expedida por el director de la corporación para el desarrollo sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonia), regional Caquetá, según la cual el referido proyecto es viable técnica y financieramente, pues corresponde a una solución ambiental importante y de orden prioritario, y se dio aval al mismo; el referido proyecto y plano; y copia del contrato 88 de 24 de agosto de 2000 celebrado por el director del Imoc para la construcción del box coulvert del caño del barrio El Rosal del municipio de Florencia.

Obra también el informe de 4 de septiembre de 2001 suscrito por el arquitecto Nestor Alfonso Díaz Parra y el ingeniero Jaime Eduardo Salazar sobre la visita al sitio donde se solicita adelantar las obras encaminadas a solucionar los problemas de salubridad y riesgo para la comunidad, en el cual consta que se pudo determinar lo siguiente:

“Las casas aledañas al caño, están prácticamente a nivel con la cota del caño, por ello se recomendó tomar como punto de referencia la casa que se encuentra localizada en la calle 2, Nº 10-35.

Se pudo establecer que la longitud del caño es de 101 ml. aproximadamente, con una dimensión interna de 1.5 x 1.5; tramo localizado en la zona sur oriental en los barrios sub normales Brisas Bajas y Pueblo Nuevo.

Existen unos tramos de box coulvert, que en su totalidad no alcanzan a cubrir 10 ml.

Se observaron unas unidades habitacionales que están construidas sobre el caño lo cual representa un alto riesgo para las mismas, puesto que en épocas de invierno, se presentan crecientes que muy fácilmente pueden debilitar la estructura y ocasionar el desplome de las viviendas.

En términos generales, la población que habita sobre esta zona, puede adquirir enfermedades infecto contagiosas debido a las aguas negras que corren a lo largo del caño; además, existe un alto índice de riesgo ya que de acuerdo al plan de ordenamiento territorial del municipio, ésta es una zona sub normal de alto riesgo.

Se sugiere canalizar las aguas con una estructura en concreto reforzado de 3.000 PSI cantidad de 1.67 m 3 /MI y acero de refuerzo en una cuantía aproximada de 28,8 Kg/m 3 ”.

Y se indicó que el valor total del colector de aguas negras (box coulvert) es de $ 95.875.446.

Por otra parte, la diligencia de inspección judicial realizada por el tribunal permitió constatar que en la parte oriental del barrio Las Brisas Bajas existe un box coulvert en extensión aproximada de 12 metros, por donde pasan las aguas negras y lluvias, luego sigue un tramo de caño totalmente al descubierto y solo donde pasa la vía existe una especie de alcantarilla; que por ese caño pasa toda clase de aguas negras, basuras y aguas lluvias; que además hay olores nauseabundos y putrefactos que provienen de las aguas y desechos que corren por el caño; que algunas de las viviendas adyacentes al caño por donde pasan las aguas negras están construidas por debajo del nivel del box coulvert que viene; que uno de los habitantes aportó la factura de venta de acueducto 695299 de 9 de julio de 2001, pagada, expedida por Servaf a nombre de la señora Luz Mery Cosme Meneses, barrio Las Brisas, sector bajo; que en el caño dos que recoge las aguas lluvias y las aguas negras de los barrios Las Brisas Altas, Tirso Quintero y Tovar Zambrano, existen viviendas construidas sobre el techo del caño, el cual sigue luego destapado y las aguas corren libremente, y existe solo pared a uno de los lados; que el caño pasa por debajo de la vía pública, no existen alcantarillas o box coulvert para recoger las aguas negras y las aguas lluvias corren por efecto de la gravedad desde Las Brisas Altas hasta el caño uno.

En el dictamen pericial realizado por peritos de la Gobernación del Caquetá; hospital María Inmaculada, división de saneamiento ambiental, como soporte técnico de la inspección judicial, solicitado por el demandante para determinar la existencia de contaminación ambiental en las zonas aledañas al caño que circunda los barrios indicados en la demanda y su influencia en el derecho colectivo al goce de un ambiente sano, en qué forma se afecta la seguridad y salubridad públicas de los habitantes de la zona, el tipo de obras civiles que deben realizarse, los correspondientes estudios, planos y diseños de la obra, las consecuencias que el caño genera contra la salubridad pública, el riesgo que ocasiona a la seguridad pública la falta de un sistema de conducción adecuado de las aguas residuales, las obras civiles que se requieren para evitar un desastre previsible técnicamente y la autenticidad del material fotográfico aportado como prueba, se lee lo siguiente:

“La existencia de contaminantes en los caños que circundan los barrios Brisas Altas, Brisas Bajas y otros se deben a la descarga de excretas humanas de las viviendas adyacentes a estas quebradas, lo mismo que el arrojo de todo tipo de basura a los cuerpos de agua.

Es evidente que la contaminación sanitaria y ambiental por excretas y basuras de estos caños representan un alto riesgo epidemiológico para los moradores de este sector, la Constitución colombiana en su artículo 79 dice: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.

El efecto de la salubridad en los moradores de los sectores antes señalados consiste desde una simple molestia sanitaria por malos olores hasta enfermedades como: tifoidea, paratifoidea, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel y otras.

También podemos resaltar la proliferación de antrópodos y roedores, que habitan estas zonas.

Se deben realizar obras que garantice la recolección y evacuación de las aguas residuales, lo mismo que de las aguas lluvias.

Esta división no tiene la competencia de diseño y estudios técnicos de obras civiles.

Esta pregunta tiene respuesta en el numeral 3º.

Esta pregunta tiene respuesta en el numeral 3º(sic).

El desastre que se podría presentar eventualmente, es la inundación de un gran número de viviendas aledañas a este caño que podrían acarrear consecuencias funestas para los moradores (ahogamiento).

El material fotográfico corresponde a los lugares mencionados en la inspección judicial”.

El señor Aníbal Buendia Ciceri, en declaración rendida en este proceso, dijo residir en el barrio Las Brisas, sector bajo, de Florencia, y manifestó:

“Efectivamente el problema que tenemos los habitantes del barrio Las Brisas Bajas son dos caños que recogen las aguas servidas de este y cinco barrios más sobre la parte de arriba, estas aguas residuales atraviesan nuestro barrio ocasionándonos gravísimos problemas que van desde grandes y constantes inundaciones en tiempo de invierno en las cuales hemos perdido desde bienes muebles e inmuebles y enseres hasta pérdida de vidas humanas, como ocurrió el 4 de octubre de 1999 fecha en la cual dos familias perdieron por ahogamiento dos niños y otras familias perdieron sus viviendas, de igual manera estos caños nos causan grandísimos perjuicios en la salud, sobre todo en tiempo de verano que es cuando percibimos los malos olores y grandes epidemias como el tifo o tifoidea y otras enfermedades respiratorias sobre todo en niños y también en adultos. Como miembro de la junta de acción comunal le hemos pedido encarecidamente tomar algunas medidas a los alcaldes de turno, gobernadores, concejales, diputados, senadores, representantes y hasta el mismo Presidente de la República, desde los años 1981 sin que hasta el momento se nos haya escuchado nuestro clamor. Entendemos que es una obra que demanda una cantidad de recursos pero también consideramos que no ha habido voluntad de las autoridades para proteger nuestros derechos como es la vida y la salud (...) Creo que la construcción de un box culvert es la solución definitiva a nuestro problema, como solución inmediata se acordó con el alcalde municipal doctor Álvaro Pacheco Álvarez quitar las alcantarillas que atraviesan sobre la avenida Los Fundadores y construir un puente o box culvert también de manera que las aguas no se represen y nos causen los perjuicios que hasta ahora hemos recibido en tiempo de invierno ... Hay dos viviendas construidas sobre uno de los caños las cuales ciertamente obstaculizan el paso de las aguas originando los desbordamientos con las consecuencias anteriormente anotadas.

Nosotros como junta de acción comunal hemos instado a estas dos personas para que se tome alguna medida y la respuesta que hemos obtenido es la de que esperan que el municipio les colabore con algunos materiales como material de playa y cemento y ellos por su parte proceden a levantar estas viviendas, esto lo tenemos pendiente para hablarlo con el señor alcalde quien parece que muy gentilmente nos quiere colaborar en la solución de estos problemas ... Efectivamente somos beneficiarios de los servicios de acueducto, pero no de alcantarillado, sin embargo Servaf si nos cobra este servicio, el de alcantarillado y el de acueducto ...”.

El señor Gildardo Polanía Hincapié, que rindió también declaración en este proceso y reside en el barrio Las Brisas, sector bajo, dijo:

“Yo hace quince años que vivo en ese barrio y ese caño en el tiempo de invierno el agua que cae del mismo invierno no cabe dentro de chuquía y debido a eso se desborda, hay problemas de la familia los niños con brotes en la piel, hasta fiebre, esto en el invierno y en el verano eso se seca salen mulos olores de la chuquía y creo que esto también enferme a la persona, la parte de arriba que dice el doctor o sea la peña, si hay unas casas dentro de la chuquía pero la junta ha estado sobre eso y ha habido reuniones para ver cómo se arregla eso pero necesitamos una ayuda del gobierno para la construcción de eso, la chuquía con la avalancha que hubo no cupo en el caño y se desbordó y hubo dos niños muertos, tumbó unas paredes y el agua se entró por las casas y que no hemos tenido ayuda del gobierno y necesitamos que nos ayuden porque somos unas personas muy pobres, no sería más”.

Y al preguntarle si son beneficiarios del servicio de acueducto y alcantarillado, contestó:

“De acueducto sí, pero alcantarillado no, y yo se que hay gente que le están cobrando el alcantarillado como en el caso mío en el recibo que adjunte, eso lo cobra es la empresa de Servaf”.

De las pruebas referidas resulta que los vertimientos de aguas negras y residuales que provienen de otros barrios a los dos caños que atraviesan el barrio Las Brisas Bajas, sector bajo, vulneran y amenazan los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y la salubridad públicas y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

En el artículo 79 de la Constitución fue establecido que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de esos fines. Y en el artículo 80 de la misma, que el Estado debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

Entonces municipio y al Imoc, así como a Servaf, cuyo objeto social es la gestión, administración, ejecución y prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio, según lo establecido en el artículo 1º del Acuerdo 67 de 1992 expedido por el concejo, les corresponde tomar las medidas necesarias para la conservación de los caños mediante la ejecución de las obras que se requieran, de campañas educativas y de cuidado y aseo.

Pero también la comunidad está obligada a proteger los caños, responsabilizándose de no arrojar basuras ni desechos y de no construir viviendas sobre los mismos, pues con esas actitudes agravan aún más la situación en época de verano, porque se producen malos olores y epidemias, y en época de invierno porque se impide que las aguas corran causando desbordamientos que inundan las viviendas.

Por lo anterior, se confirmará la decisión del tribunal.

Sin embargo, habida cuenta de que al menos desde 1996 la comunidad del barrio Las Brisas Altas ha solicitado atención de las autoridades sin que aún haya sido resuelta la situación descrita; que ya existe el proyecto para la construcción del box coulvert del barrio Las Brisas, sector bajo, el cual traería beneficios como la canalización de las aguas servidas y lluvias evitando de esta forma las inundaciones, además de los insectos y malos olores y mejoraría las condiciones de salubridad y ambiente sano; que fueron gestionados ante el Fondo Nacional de Regalías los recursos para la construcción de ese proyecto, según lo manifestó el alcalde de Florencia al contestar la demanda; y que Imoc se ha comprometido en la cofinanciación del referido proyecto, ciertamente el plazo de cinco años concedido para el cumplimiento de la sentencia es excesivo y, por tanto, habrá de modificarse, en el sentido de conceder un plazo de dos años a partir de la ejecutoria de esta sentencia.

Respecto al incentivo se ordenará pagar al demandante el equivalente a 10 salarios mínimos mensuales, a cargo del municipio de Florencia, del Imoc y de Servaf, por partes iguales, en lo cual se modificará también la sentencia apelada.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla:

Confírmanse los ordinales 1º, 2º y 3º de la sentencia de 14 de diciembre de 2001 dictada por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

Modifícase el ordinal 4º en el sentido de conceder al municipio de Florencia, al Instituto Municipal de Obras Civiles, Imoc, y a la Empresa de Servicios de Florencia, Servaf, S.A., ESP., un plazo de dos (2) años a partir de la ejecutoria de esta sentencia para que den cumplimiento a la misma.

Modifícase el ordinal 5º de la misma sentencia en el sentido de condenar al municipio de Florencia, al Instituto Municipal de Obras Civiles, Imoc, y a la Empresa de Servicios de Florencia, Servaf, S.A., ESP., a pagar al demandante, por partes iguales, el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, en el equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes.

Confirmase en lo demás la sentencia.

Devuélvase el expediente al lugar de origen.

Notifíquese.

Magistrados: Reinaldo Chavarro Buriticá—Mario Alario Méndez—Álvaro Gonzalez Murcia—Dario Quñones Pinilla.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria.

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