Sentencia 35512 de marzo 2 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 35512

Acta 6

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., dos de marzo de dos mil diez.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Doris Pulido Castro, contra la sentencia del 24 de agosto de 2007, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en el proceso ordinario promovido por la recurrente contra la Caja De Crédito Agrario, Industrial y Minero, Caja Agraria, en Liquidación, el Banco Agrario de Colombia S.A. y la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Antecedentes

La actora demandó para que una vez que se declare que su contrato terminó sin justa causa, por estar embarazada y que hubo sustitución patronal entre la Caja Agraria y el Banco Agrario, se condene en forma principal a reintegrarla al cargo que desempeñaba, con el pago de salarios, prestaciones sociales y los aumentos legales o convencionales, generados por su condición. Subsidiariamente, solicita dentro del “primer nivel de pretensiones subsidiarias”, las mismas antes referidas; dentro de las que denominó “segundo nivel de pretensiones subsidiarias”, el pago de la indemnización convencional por despido sin justa causa, el valor deducido en forma “ilegal de la liquidación definitiva”, la reliquidación del salario promedio real, las prestaciones legales y extralegales, la indemnización moratoria, becas, vacaciones, auxilio de transporte, alimentación, refrigerio, auxilio por pensión y por invalidez, la reparación integral por los daños irrogados con el despido y la indexación.

De los 46 hechos que contiene la demanda, se puede extractar que prestó servicios a la caja, entre el 18 de agosto de 1998 y el 27 de junio de 1999; el último cargo desempeñado fue el de auxiliar guardería grado 2, con un salario promedio de $ 666.904,57; “laboró a la caja como trabajadora oficial por 313 días o sea a más de 1 años (sic)”, era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo; el motivo expuesto para el despido, fue la supresión del cargo, por disolución y liquidación de la caja, de conformidad con los decretos 1064 y 1065 de 1999, que fueron declarados inexequibles con efectos retroactivos, por lo que el despido carece de valor; en la liquidación practicada no se incluyó el valor de los derechos que, conforme con la ley y la convención colectiva le corresponden, como consecuencia de su despido ilegal, injusto; que el Banco Agrario de Colombia S.A. sustituyó en sus funciones y actividad a la Caja Agraria, configurándose la sustitución patronal prevista en la ley y que la Nación y los ministerios son solidariamente responsables.

El Ministerio de Agricultura, al contestar la demanda, de la mayoría de los hechos manifestó que no le constaban, igualmente afirmó que no era solidariamente responsable con la demandada. Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de inexistencia de causa, de vínculos laborales y de obligación (fls. 53 a 57).

El Banco Agrario se opuso a las pretensiones y enfáticamente indicó que no existía la figura de la sustitución patronal; formuló las excepciones de inexistencia del contrato de trabajo, de sustitución patronal y de solidaridad. Explicó ampliamente que la Caja Agraria y el banco eran diferentes (fls. 62 a 73).

La caja también se opuso a las pretensiones de la actora; aceptó la prestación de servicios, sus extremos, y el despido, pero negó que hubiera sido injusto; adujo que tuvo fundamento en los decretos 1064 y 1065 de 1999, los cuales gozaban de presunción de legalidad. Propuso las excepciones de indebida acumulación de pretensiones, prescripción, inexistencia de la reinstalación, imposibilidad del reintegro, pago total, buena fe, compensación y falta de competencia (fls.125 a 140).

El Ministerio de Hacienda también contestó la demanda con oposición a las pretensiones; expresó que el Decreto 255 de 2000 nada dijo respecto de que dicho ministerio debiera asumir obligaciones de la Caja Agraria en razón a los contratos de trabajo; formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva (fls. 295 a 302).

La primera instancia terminó con sentencia de 9 de diciembre de 2003, mediante la cual, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá condenó a la caja demandada a reintegrar a la actora al cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior categoría con el consecuente pago de los salarios y prestaciones a partir del 28 de junio de 1999 y a las costas. Absolvió al Banco Agrario y a la Nación-Ministerios de Agricultura y Hacienda. Autorizó a la caja para descontar los dineros cancelados a la actora en la liquidación final. Declaró no probadas las excepciones propuestas por la Caja Agraria (fls. 400 a 406).

Sentencia del Tribunal

Al decidir la apelación de la caja demandada, el ad quem, quien actuó por virtud de la descongestión dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, por fallo de 24 de agosto de 2007, revocó la condena impuesta contra la recurrente y absolvió de las pretensiones; confirmó la decisión de absolver al Banco Agrario y a la Nación-Ministerios de Agricultura y Hacienda. Adicionalmente declaró probadas las excepciones de pago y de imposibilidad de cumplir con el reintegro. Le fijó las costas de ambas instancias a la demandante (fls. 5 a 17, cdno. del Tribunal).

Luego de aludir a la naturaleza jurídica de la Caja Agraria y del Banco Agrario, señaló que era claro que la empleadora prescindió de los servicios de la actora con fundamento en los decretos 1064 y 1065 de 1999, que ordenaron su liquidación; que de conformidad con lo precisado por esta Sala de la Corte, el despido bajo dichas circunstancias aunque legal, es injusto y apenas acarrea el pago de las indemnizaciones correspondientes, “porque si bien se ha consagrado convencionalmente el reintegro para el despido injusto de los trabajadores, no se le puede reconocer ese derecho a la accionante, en razón a que la desaparición del cargo por supresión del mismo hace imposible que se pueda retornar a su empleo”. En apoyo de su decisión reprodujo, en lo pertinente, la sentencia de 17 de julio de 1998, rad. 10779 y otra que no identificó plenamente. También aludió y copió apartes de la Sentencia T-555 del 15 de mayo de 2000 de la Corte Constitucional.

Advirtió que si se accediera al reintegro de un trabajador a un cargo suprimido por liquidación de la empresa como aquí acontece, “implicaría desconocer el mandato del artículo 122 de la C.N., según el cual para proveer cargos de carácter remunerado, se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”. Resaltó que el reintegro convencional se oponía a los fines esenciales del Estado, por lo que debía entenderse “con toda lógica que dicha garantía o prerrogativa ha desaparecido”.

Puntualizó que el Banco Agrario tampoco podía ser llamado a responder por la obligación de reintegro, “en aras de una presunta solidaridad que la ley no establece”. Destacó que en las liquidaciones de folios 25, 26 y 27 estaban relacionadas las sumas canceladas como indemnización, por lo que ningún gravamen podía pesar sobre la caja demandada, “especialmente en lo referente al estado de embarazo en el cual se encontraba la actora, pues la empleadora actuó correctamente y no puede evidenciarse de ninguna manera ánimo alguno de defraudar los intereses laborales de la misma”.

Finalmente sostuvo que “el reintegro de la extrabajadora constituye un imposible físico o jurídico ante la desaparición del empleo que se pretende ocupar nuevamente, se declaran probadas las excepciones de “pago” y de “reinstalación restablecimiento y reintegro imposibles de cumplir” propuestas por la demandada Caja Agraria”.

Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

Alcance de la impugnación

Pretende que se case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, se confirme parcialmente la de primer grado, en lo que toca con las condenas impuestas a la caja demandada.

Por la causal primera de casación formula un cargo, que no tuvo réplica.

Cargo único

Lo plantea por la vía directa, “por infracción directa de las siguientes normas; la Constitución Política Preámbulo y artículos 2º, 5º, 11, 13, 43, 44 y 53, los artículos 2º de la Ley 197 de 1938 y 21 del Decreto 3135 de 1968, la Sentencia C-470 de la Corte Constitucional, así como también el artículo 58 de la convención colectiva vigente entre las partes; y además a la aplicación indebida del artículo 122 de la Constitución Nacional”.

En la demostración aduce, que el concepto de violación es la “Sentencia C-470/97 de la Corte Constitucional” que declaró exequibles los artículos 2º de la Ley 197 de 1938 y 21 del Decreto 3535 de 1968 en punto a la protección especial de “una servidora pública durante el embarazo, o en los tres meses posteriores al parto sin la autorización previa” del funcionario correspondiente.

Aduce que la protección a la mujer en estado de gravidez también aplica a las servidoras públicas “pero la indemnización prevista por esas normas, ha dicho la Corte Constitucional, es exequible siempre y cuando se entienda que carece de todo efecto el despido de una servidora pública durante el embarazo...”.

Reprocha los argumentos expuestos por el Tribunal en cuanto entendió que la garantía o prerrogativa de la estabilidad convencional o legal desaparece por efectos de la liquidación de la entidad y en tanto precisó que era un imposible físico y jurídico por los efectos del artículo 122 de la C.P., porque para proveer cargos, “se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”, pues afirma que “los fines de la protección al embarazo, y a quien esta (sic) por nacer, van más allá de estos argumentos y están constitucionalmente por encima de estas situaciones, basta entonces cobijarse en ellas para que la mujer en estado de embarazo y su hijo en gestación queden desamparados, lo cual viola y desconoce el amparo constitucional por embarazo”, por lo que lo procedente era disponer el reintegro, tal como lo ordenó el juez de primer grado.

Se considera

En las disposiciones legales que se citan como violadas, no se incluyen los artículos 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, no obstante que las pretensiones de la demanda, tanto principales como subsidiarias, se hacen derivar de lo que establece la convención colectiva de trabajo, normas aquellas que son las que constituyen el soporte legal de las prerrogativas emanadas de esa clase de convenio. Al respecto tiene adoctrinado esta Sala, que cuando el derecho que se reclama tiene su génesis en una convención colectiva de trabajo, la proposición jurídica debe integrarse necesariamente con tal normatividad.

De otra parte, la violación denunciada, en la modalidad de infracción directa, se produce cuando el sentenciador, no obstante entender correctamente la situación fáctica debatida, por ignorancia o rebeldía, deja de aplicar las normas legales que regulan el asunto. De ahí que tal vulneración supone una total y completa conformidad del censor con las conclusiones fácticas y probatorias del Tribunal, en especial en cuanto a la desaparición del empleo, que hace inviable “el reintegro de la extrabajadora”, porque “constituye un imposible físico y jurídico.

La sentencia acusada en realidad tuvo soporte en diferentes sentencias de esta corporación y de la Corte Constitucional, por lo que la censura debió formular la acusación bajo la modalidad de interpretación errónea.  

El Tribunal en ningún momento desconoció el estado de embarazo en que se encontraba la demandante al momento del despido, solo que no consideró viable el reintegro pretendido, por imposibilidad física y jurídica, “ante la desaparición del empleo que se pretende ocupar nuevamente”, y que como se le canceló una indemnización, no podía pesar ningún gravamen por ese hecho sobre la demandada, “es decir esta circunstancia impide la procedencia de las pretensiones que de ella pendan, especialmente en lo referente al estado de embarazo en el cual se encontraba la actora, pues la empleadora actuó correctamente y no puede evidenciarse de ninguna manera, ánimo alguno de defraudar los intereses laborales de la misma”, conclusiones fundamentales inatacadas por el impugnante, lo cual conlleva a que siga gravitando la presunción de acierto y legalidad de la sentencia recurrida, soportada en tales argumentos.

Además de lo dicho, ha sido el criterio de la Sala de tiempo atrás, inclusive en procesos contra la misma caja demandada, que en condiciones normales, la nulidad del despido de una trabajadora en estado de embarazo, implica necesariamente el restablecimiento de la relación laboral, sin embargo ello no es así cuando median circunstancias que lo hacen material o físicamente imposible, como en el presente caso en el que la empresa se liquidó, y desapareció el empleo (Sentencia de 3 de septiembre de 2004, Rad. 23863, en la que se reiteró la del 30 de abril de 2003, Rad. 19222).

Por lo visto el cargo no prospera.

Sin costas, por cuanto no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 24 de agosto de 2007, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en el proceso ordinario de Doris Pulido Castro contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, Caja Agraria, en Liquidación y otros.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.