Sentencia 35558 de junio 27 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 239

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Bogotá, D.C., junio veintisiete de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala:

1. La decisión de condenar a Radio Taxi Aeropuerto S.A. al pago de los daños causados con el delito, solidariamente con el procesado, los propietarios del vehículo y Seguros Colpatria S.A., la justificó el tribunal en el artículo 36 de la Ley 336 de 1996 (estatuto nacional de transporte), cuyo texto es el siguiente:

“Los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte serán contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del equipo.

La jornada de trabajo de quienes tengan a su cargo la conducción y operación de los equipos destinados al servicio público de transporte será la establecida en las normas laborales y especiales correspondientes”.

Esta disposición fue modificada por el artículo 305 del Decreto 1122 de 1999, por el cual se expidieron normas “para suprimir trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la administración pública y fortalecer el principio de la buena fe”. Se dijo en el nuevo precepto, bajo la titulación “conductores de equipos ajenos”:

“El artículo 36 de la Ley 336 de 1996 quedará así:

ART. 36.—Los conductores de los equipos que no sean propiedad de la empresa o del operador, destinados al servicio público de transporte, podrán ser contratados directamente por la empresa operadora de transporte. En cualquier caso, y para todos los efectos legales el operador y el propietario del equipo responderán solidariamente”.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-923 del 18 de noviembre de 1999, declaró inexequible dicho decreto, dictado por el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 4º del artículo 120 de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998.

Una norma idéntica a la 305 del Decreto 1122 se introdujo a través del artículo 150 del Decreto 266 de 2000, también juzgado inexequible por intermedio de la Sentencia C-1316 del 26 de septiembre de 2000 de la Corte Constitucional.

De acuerdo con lo anterior, no le asiste razón al casacionista en su crítica relativa a que en el fallo impugnado no se tomó en consideración el artículo 305 del Decreto 1122 de 1999. Simplemente se omitió porque cuando sucedieron los hechos tal precepto no hacía parte del ordenamiento jurídico. Pero aun frente a la hipótesis de encontrarse vigente, ninguna trascendencia habría tenido la equivocación judicial pues las dos normas consagraban la responsabilidad solidaria “para todos los efectos” entre la empresa operadora de transporte y el propietario del equipo, que es la regla legal que apoyó el pronunciamiento cuya remoción persigue el casacionista.

La modificación legal pretendida a través del artículo 305 mencionado, como del 150 del Decreto 266 de 2000, era liberar a las empresas de transporte de la obligación de contratar a los conductores de equipos ajenos. Y es claro que al no lograrse ese objetivo, debido a las declaratorias de inconstitucionalidad vistas, no incurrió el ad quem en incorrección alguna al expresar que Radio Taxi Aeropuerto S.A. contrarió el artículo 36 de la Ley 336 de 1996 por no contratar directamente al conductor causante del homicidio.

Resulta manifiesta, en consonancia con lo dicho, la improsperidad del segundo cargo de la demanda.

2. El primero, si se tiene en cuenta la debida aplicación que la segunda instancia hizo del artículo 36 de estatuto nacional de transporte, corre idéntica suerte.

Esa norma claramente hace responsable “para todos los efectos” a la empresa transportadora y al propietario del equipo cuando el mismo es ajeno. Se trata de una responsabilidad patrimonial solidaria por los daños originados en ejercicio de la actividad peligrosa del transporte automotor, como también lo ha entendido la jurisprudencia civil.

“Tal cual advirtió el tribunal —dijo la Sala de Casación Civil de la Corte en sentencia del 17 de mayo de 2011— por mandato legal, de los daños originados en el ejercicio de la actividad peligrosa del transporte automotor, las empresas transportadoras son responsables solidarias con el propietario del vehículo y los conductores de equipos destinados al servicio público de transporte.

En especial, las empresas transportadoras son responsables solidarias del quebranto por la vinculación del automotor (C. Co., arts. 983 y 991; L. 336/96, art. 36 y D. 1554/98, arts. 20 y 21), ‘no solo porque obtienen aprovechamiento económico como consecuencia del servicio que prestan con los automotores así vinculados sino debido a que, por la misma autorización que le confiere el Estado para operar la actividad, pública por demás, son quienes de ordinario ejercen sobre el automotor un poder efectivo de dirección y control’ (cas. civ. Sent. jun. 20/2005, Exp. 7627).

En consecuencia, por principio la prueba por cualquier medio probatorio idóneo de la afiliación o vinculación del vehículo destinado al transporte, ‘legitima suficientemente a la empresa afiliadora para responder por los perjuicios que se causan a terceros en el ejercicio de la actividad peligrosa que entraña la movilización de vehículos automotores para la satisfacción del aludido servicio, pues si ella es la que crea el riesgo...’ (cas. civ. Sent. 21, feb. 1º/92) debe responder por los daños causados, dado que ‘el solo hecho de estar afiliado un vehículo a determinada sociedad, implica que esta en principio soporte alguna responsabilidad y tenga algún control sobre el vehículo’ (CCXXXI, 2º vol. 897), quedando comprendido el detrimento en la esfera o círculo de su actividad peligrosa”(1).

Esta tesis la reiteró la Sala de Casación Civil en fallo del 19 de diciembre de 2011, en el cual, después de precisar que las varias personas que en mayor o menor grado tienen injerencia en el manejo o control del bien con el cual se cumple la actividad peligrosa asumen solidariamente el compromiso de indemnizar a la víctima, expresó:

Condición semejante, esto es, la de guardián, deviene absolutamente procedente, entonces, que sea compartida entre la empresa de transporte y los propietarios del automotor, hipótesis ante la cual, dada la solidaridad que surge para una y otros, cualquiera puede ser involucrado en el proceso respectivo en función de la eventual responsabilidad por los perjuicios generados; luego, en el asunto de esta especie, al margen del posible compromiso de los titulares del dominio del bien con el que se generó el daño, en procura de su resarcimiento, la transportadora estaba legitimada para ser llamada con miras de cubrir los perjuicios generados a los demandantes. Por manera que, aun aceptando, en gracia de discusión, que los propietarios, (...) , tenían tal calidad, no por ello, debía exonerarse a la sociedad Expreso Brasilia S.A., pues la fuente de su responsabilidad, itérase, no puede hallarse exclusivamente en la titularidad del dominio en cabeza de otra persona, natural o jurídica, sino en el vínculo del automotor a su objeto social; esto es, en el control que ejerce por razón de la afiliación del vehículo”(2).

Ni el artículo 36 de la Ley 336 de 1996 ni el anterior criterio jurisprudencial, excluyen de la condición de guardián de la actividad peligrosa y, por consiguiente, de su responsabilidad patrimonial en razón de los daños derivados de ella, a las empresas de transporte terrestre automotor en vehículos taxi. Y no podía ser de otra manera. Si solo a través de ellas, según la ley, es posible la prestación de ese servicio público, si la habilitación oficial para hacerlo está sujeta al cumplimiento de unos requisitos rigurosos, si por el hecho de la vinculación de automotores ajenos la empresa se beneficia económicamente y si la seguridad es uno de los principios primordiales de la actividad, no se entiende que las compañías dedicadas a ella pretendan que no la controlan y que, por tanto, no responden de los daños que se causen con su ejercicio.

El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y de las consagradas en las leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y en el Código de Comercio, expidió el 5 de febrero de 2001 el Decreto 172, por el cual reglamentó “el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi”. En el artículo 6º se definió ese modo de transporte como “aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino”.

La habilitación para operar de esas compañías de taxis, la cual lleva implícita la autorización para prestar el servicio únicamente en esa modalidad, conforme con el artículo 10 del decreto comentado, requiere, entre otras condiciones, acreditar un capital pagado o patrimonio líquido mínimo(3), certificación del representante legal “sobre la existencia del programa de revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para los equipos con los cuales prestará el servicio” y copias de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual respectivas.

Esos seguros tendrán que tomarse con una compañía autorizada para operar en Colombia y deberán amparar contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, tales como muerte o lesiones a una persona, daños a bienes de terceros y muerte o lesiones a dos o más personas (art. 18 ib.). Se previó en el artículo 21 del decreto reglamentario, además, la posibilidad de que las empresas de transporte constituyan “fondos de responsabilidad como mecanismo complementario para cubrir los riesgos derivados de la prestación del servicio”.

La compañía de transporte, de otra parte, es la encargada de acreditar ante la autoridad de transporte los requisitos para obtener o renovar la tarjeta de operación de los vehículos propios y ajenos, entre los que se cuentan el seguro obligatorio, certificaciones acerca de la existencia de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual de la empresa y constancia de la revisión técnico mecánica de los vehículos que no sean de último modelo (arts. 43 y 44 ib.).

Es evidente, pues, que las empresas de taxis deben responder solidariamente con el propietario del automotor, de los daños que se causen con los vehículos afiliados a las mismas. No hay duda, como quedó visto, que se les impone ejercer sobre los vehículos vinculados, verdaderos poderes de dirección y control. Si los incumplen, ello no las exonera de la responsabilidad civil derivada de los delitos que se cometan con esos equipos. Por el solo hecho de la vinculación o afiliación de los automotores, en fin, según se deduce claramente del artículo 36 del estatuto nacional de transporte y conforme lo ha repetido la jurisprudencia civil, las compañías operadoras de transporte —sin excepción— son responsables patrimonialmente de los perjuicios que sean consecuencia del desarrollo de su actividad.

El cargo inicial de la demanda, entonces, no está llamado a prosperar. El transporte es una actividad de riesgo especialmente regulada en la ley, en las normas que la rigen se apoyó el tribunal para resolver el problema jurídico que le planteó el apoderado de Radio Taxi Aeropuerto S.A. y la Corte encuentra correcta la solución jurídica a que arribó la corporación judicial. Y si el juzgador hizo una selección apropiada de la norma llamada a resolver el caso, lógicamente decae la denuncia de falta de aplicación de las normas del Código Civil relacionadas por el casacionista.

En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 4 de octubre de 2010.

Contra la presente decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Expediente 25290-3103-001-2005-00345-01.

(2) Expediente 44001 31 03 001 2001 00050 01.

(3) No inferior a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes en poblaciones de más de 1.500.000 habitantes.