Sentencia 35594 de enero 30 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 21

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., treinta de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Cuestiones previas.

1.1. El representante de la parte civil sostuvo que Seguros Generales Suramericana S.A. carecía de interés jurídico para recurrir en sede del extraordinario recurso de casación, pues, según su criterio(1), la compañía aseguradora ni siquiera ostenta la calidad de sujeto procesal.

La Corte no comparte dicha postura. En vigencia del Decreto 2700 de 1991 (código procesal anterior al de la Ley 600 de 2000 por el cual se rige este asunto), la Sala estimaba que al llamado en garantía “no podía vinculársele por contrariar la naturaleza, dinámica y objetivos propios del proceso penal”(2). De acuerdo con esta corporación:

“[…] la prestación reparadora que en un momento determinado le pueda ser exigible al asegurador —cuyo ingreso como sujeto procesal en el proceso penal parece no tener reparo de lege ferenda por la doctrina nacional— no dimana de responsabilidad directa ni indirecta, única posibilidad de aceptar la reclamación indemnizatoria como ejercicio de la acción civil activa o pasiva dentro del proceso penal, pues las obligaciones que surgen del seguro provienen del negocio jurídico en virtud del cual la aseguradora ha asumido la reparación prestando el equivalente pecuniario en las condiciones, límites y modalidades señaladas en las distintas cláusulas del contrato.

”El contrato de seguro, por consiguiente, cumple en un sentido jurídico y económico una función reparadora consistente en que la compañía asume los riesgos cuando se presenta el evento por el valor convenido en la póliza correspondiente, previo al pago de una prima, obligación que es ajena a la que compete al responsable y eventualmente al tercero civil dentro del proceso penal como efecto del hecho delictivo; mientras que la responsabilidad del procesado es directa y la del tercero civil es colateral o indirecta frente a las consecuencias patrimoniales del delito por la producción del daño, el asegurador de ningún modo es responsable de ese daño. Lo único que media entre éste y el tercero civil, o el propio procesado, es una obligación de naturaleza contractual o legal, en relación con la cual no sería por tanto el juez penal competente para pronunciarse.

”Cobra mayor fuerza esta posición si se tiene en cuenta que el de seguros constituye por esencia un contrato comercial de garantía complejo, que crea una obligación condicional, pero no de responsabilidad, lo que de suyo excluye cualquier competencia en cabeza del juez penal para dilucidar aspectos inherentes a las diferencias que se puedan presentar relacionadas con la vigencia de la póliza, el aviso del siniestro, la reclamación, las objeciones, las exclusiones, etc., máxime cuando como es sabido, dependiendo de la posición que asuma la aseguradora y las características propias de la póliza, por la vía civil la acción pertinente podría ejercerse a través de un proceso ejecutivo u ordinario según el caso”(3).

Esta situación varió por completo con la entrada en rigor del estatuto procesal aún vigente.

En efecto, el artículo 71 de la Ley 600 de 2000 contempla que dentro de la actuación penal, y “en ejercicio de la acción civil, podrá proponerse […] el llamamiento en garantía”.

Lo anterior condujo a la Sala a reconocer que la aseguradora (y, en general, todo tercero llamado a cubrir, en virtud de un contrato legal, la obligación de indemnizar que surgiere de la realización de la conducta punible) no sólo podía intervenir en el sistema de la Ley 600 de 2000, sino que, una vez vinculada debidamente, “debe garantizársele todos los derechos que tienen los sujetos procesales, en procura que el contradictorio se cumpla bajo los parámetros del debido proceso”(4):

“Desde el momento en que la demanda es admitida y se hace el llamamiento en garantía a petición del que tiene el derecho legal o contractual de hacerlo, el llamado, a partir de la notificación personal de su vinculación, adquiere las mismas garantías y derechos de quienes ostentan la calidad de sujetos procesales.

”Entre ellas, cabe mencionar las de dar contestación a la demanda de constitución de parte civil, solicitar y controvertir las pruebas, oponiéndose a las pretensiones relativas a su responsabilidad e incluso a la obligación indemnizatoria surgida de la relación legal o contractual, ya que lo perseguido con el llamamiento es la indemnización de los perjuicios ocasionados por el asegurado o tomador de la póliza de seguros, hasta por el monto de su cobertura.

”Luego, independientemente de que el llamado en garantía no sea responsable del daño causado por el asegurado, y su única relación con éste y el tercero civilmente responsable surja de una obligación contractual o legal, su pretensión al encontrarse vinculada con la del llamante sin que por eso sea coadyuvante, constituye motivo suficiente para que su intervención provocada en el proceso penal esté rodeada de las mismas prerrogativas y derechos de cualquiera de sus intervinientes”(5).

El llamado en garantía, por lo tanto, puede recurrir en sede del extraordinario casación, en la medida en que su demanda se ajuste a los requisitos señalados en la ley.

1.2. Según el artículo 208 de la Ley 600 de 2000, si la casación sólo tiene como objeto lo atinente a la indemnización de perjuicios, deberá fundarse en las causales y la cuantía que dispone el ordenamiento procesal civil, sin consideración a la pena señalada para el delito.

El artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º de la Ley 592 de 2000, establece en su inciso inicial que la casación civil procede “cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Y, en este caso, la condena por concepto de perjuicios morales ascendió a 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de los cuales la juez a quo declaró que Seguros Generales Suramericana S.A. estaba obligada a cancelar 600 salarios(6).

Igualmente, como la demanda se declaró ajustada a derecho, la Corte tiene ahora la obligación de resolver de fondo los temas jurídicos planteados en el debate, en armonía con los fines de buscar la eficacia del derecho material, respetar las garantías de quienes intervienen en la actuación, unificar la jurisprudencia y reparar los agravios inferidos a los sujetos procesales.

2. De la demanda.

2.1. El problema jurídico que subyace en los dos reproches propuestos por el recurrente consiste en analizar si los medios probatorios practicados en ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal contra Francisco Antonio González Ariza establecen o no que la compañía Seguros Generales Suramericana S.A., vinculada a la actuación como llamada en garantía, estaba obligada, en virtud de un contrato legal, a cubrir la indemnización que por concepto de perjuicios morales impuso las instancias tanto al sentenciado como a la empresa Coala S.A., en su calidad de tercero civilmente responsable.

Para ello, sostuvo el demandante que en el proceso sólo hay prueba relativa a (i) una póliza entre la aseguradora y Javier Agudelo Cano, con vigencia hasta el 1º de mayo de 2003; (ii) la venta el 27 de mayo siguiente del vehículo de placas BXC-544, instrumento usado para realizar el delito, a la empresa Coala S.A.; y (iii) la ocurrencia del accidente de tránsito el 30 de mayo de dicho año, es decir, cuando no había obligación alguna por parte de la compañía de cubrir la indemnización de los daños causados al lesionado Gonzalo Tamayo Rodríguez.

El representante del Ministerio Público, a su vez, manifestó que la omisión y la suposición aducidas por el profesional del derecho eran irrelevantes, puesto que las instancias, de forma implícita, consideraron que el automóvil siguió asegurado por Seguros Generales Suramericana S.A., circunstancia que se deriva, principalmente, de la renovación de la póliza 0393111-5, con vigencia desde el 1º de mayo de 2005 hasta el 1º de mayo de 2006, de la cual se infiere el cubrimiento (y, por eso mismo, la prórroga del contrato de seguro) para el periodo comprendido entre el 1º de mayo de 2003 y el 1º de mayo de 2004 (esto es, para la época de comisión del resultado lesivo).

La Sala, por su parte, estima que si bien el censor no fue muy preciso al formular los cargos, los jueces violaron de manera indirecta la ley sustancial al valorar la prueba relativa al tema de debate que él planteó, razón por la cual se configura la causal invocada en el escrito (numeral 1 del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil: “error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda, de su contestación, o de determinada prueba”) que, en la práctica, corresponde a la causal primera cuerpo segundo de la casación penal (L. 600/2000, art. 207, num. 1º: “error de hecho […] en la apreciación de determinada prueba”).

Estas son las razones:

2.1.1. La Corte ha precisado que, cuando dentro del proceso penal se constituye una parte civil con el fin de obtener la reparación de los daños derivados del delito, los aspectos atinentes a la demostración tanto de los perjuicios como de la responsabilidad del tercero (y el cubrimiento de la indemnización por parte de las aseguradoras, desde luego) tienen que estar sujetos a las reglas y principios del derecho privado:

“[…] el Código de Procedimiento Penal consagra el carácter preponderantemente inquisitivo de la investigación de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible cuando la víctima o el perjudicado no se han constituido en parte civil, al prever como uno de los fines de la instrucción determinar los daños y perjuicios de orden moral y material causados con la conducta punible, y obligar al juez en caso de demostración de la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado, a liquidarlos de acuerdo con lo acreditado y a condenar en la sentencia al responsable de los daños (CPP, arts. 331 y 56).

”Y su naturaleza dispositiva cuando existe parte civil constituida, a la que le corresponde delimitar el ámbito del debate y de la actuación del funcionario judicial determinando en el libelo de demanda con precisión las pretensiones, los hechos en que se basan y los fundamentos jurídicos. Es decir, la controversia se circunscribirá al marco fáctico fijado en la demanda, sin que ello signifique que el funcionario judicial no puede ordenar de oficio la práctica de pruebas tendientes a verificar si en efecto los daños y perjuicios señalados en la demanda efectivamente sucedieron y si los mismos fueron ocasionados con la conducta punible, al igual que el monto de los perjuicios”(7).

2.1.2. Desde esta perspectiva de derecho civil, le asiste la razón al Procurador Delegado cuando sostuvo en su concepto que quien llama a un tercero para que garantice el pago de una indemnización es a quien le incumbe probar la existencia del deber vinculante, como por ejemplo, del negocio jurídico, vigente para la época de realización de la conducta punible, entre el penal o civilmente responsable y la persona obligada a tal cubrimiento. Dicha obligación está prevista en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil de la siguiente manera:

“ART. 57.—Llamamiento en garantía. Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el rembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación”.

2.1.3. El abogado de Gonzalo Tamayo Rodríguez, reconocido como parte civil en este proceso penal(8), solicitó la vinculación en calidad de tercero civilmente responsable(9) de Javier Agudelo Cano, persona que figuraba como propietario del campero de placas BXC-544(10). Así mismo, pidió llamar en garantía a la empresa Seguros Generales Suramericana S.A., aduciendo que ésta “suscribió la póliza 393111 que a la fecha del accidente se encontraba en plena vigencia”(11).

En sustento de tal afirmación, solicitó al organismo instructor oficiar a la compañía “para que le envíen copia del contrato de seguros 393111”(12). De igual manera, pidió exhortarla “para que certifique sobre la vigencia de la póliza”(13).

Al respecto, es de anotar que Gonzalo Tamayo Rodríguez, en tanto sujeto pasivo del delito de lesiones personales, no sólo tenía el derecho, predicable en todas las víctimas, de obtener por esta vía la reparación del daño, es decir, de solicitar que se garantizara el pago efectivo de la indemnización mediante la intervención de la compañía que, al parecer, había suscrito un contrato de seguro con el tercero civil, sino que además ostentaba la facultad jurídica de hacerlo, tal como se deriva de lo establecido en el artículo 1133 del Código de Comercio, modificado por el artículo 87 de la Ley 45 de 1990.

Esto último, claro está, en la medida en que la víctima, en el ejercicio de la acción civil, cumpliere con la carga de probar tanto la responsabilidad del tercero como la obligación por parte de la aseguradora:

“ART. 1133.—Acción de los damnificados en el seguro de responsabilidad. En el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen acción directa contra el asegurador. Para acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077, la víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador”.

En este caso, la Fiscalía dispuso, “[a]ntes de proceder a dar trámite al llamamiento en garantía”(14), oficiar a Seguros Generales Suramericana S.A. con el fin de “enviar a este despacho fotocopia auténtica del contrato de seguros 393111”(15); así mismo, “informar si se encuentra vigente esta póliza”(16).

Para ese momento procesal, el único elemento de convicción que relacionaba a la aseguradora con la producción del daño ocurrido el 30 de mayo de 2093 era la copia, obrante en el expediente(17), del carné de asegurado de la póliza 0393111, atinente al vehículo de placas BXC-544 a nombre de Javier Agudelo Cano, con vigencia de 1º del mayo de 2002 al 1º de mayo de 2003, y con un límite de suma asegurada de 18.500 salarios mínimos legales diarios vigentes (es decir, 616,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes) en caso de muerte o lesiones personales.

Seguros Generales Suramericana S.A., en respuesta a la solicitud de la Fiscalía Local Once, aportó al expediente copia de la renovación de la póliza 0393111-5(18), en la que aparecía en calidad de tomador Fomente y Cementos El Cairo y como periodo de vigencia del movimiento del 1º de mayo de 2005 al 1º de mayo de 2006. Así mismo, anexó copia de las llamadas condiciones generales del seguro de automóvil(19). En ninguno de esos documentos se hacía referencia alguna a la identificación del vehículo asegurado ni a la forma (automática o consensuada) como podía prorrogarse la póliza.

Con base en estos medios de prueba, y en particular en el hecho de que había prueba relativa a la “póliza de seguro de automóvil con vigencia de 01-05-02 a 01-05-03 al momento de ocurrencia del accidente y renovada de 01-05-05 a 01-05-06”(20), el instructor accedió al llamamiento en garantía de la compañía de seguros.

En el fallo de primera instancia, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cartagena, después de establecer el valor de la indemnización en 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dispuso, sin mayor justificación, que la aseguradora debía cancelar la suma de 600 salarios mínimos(21). De ello se colige que las razones para dicha decisión eran las mismas que motivaron a la Fiscalía a admitir el llamado en garantía.

Por último, en la sentencia de segundo grado, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena, tras manifestar que “la póliza 0393115 [sic] de mayo de 2003 a mayo de 2004 […] hasta la fecha no ha sido aportada”(22), y que obraba una “póliza de seguro de automotores y recibo de prima […] del vehículo de placas BXC-544, de fecha 01-may-2005 hasta 01-may-2006”(23), agregó que “no se ha actuado de [sic] con lealtad por parte de la aseguradora al ocultar este documento”(24). Por lo tanto, concluyó que “sí existe dicha póliza y lo único que la aseguradora pretende es que la exoneren de toda responsabilidad al pago de perjuicios morales causados a la víctima”(25).

2.1.4. A partir de la reseña anterior, fácil es desentrañar que la parte civil incumplió la carga de demostrar la existencia de un contrato de seguro vigente para la fecha de los hechos entre la compañía aseguradora y la persona llamada a responder civilmente por el daño ocasionado con las lesiones culposas.

Según el artículo 1046 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3 de la Ley 389 de 1997, “[e]l contrato de seguro se probará por escrito o por confesión”.

Para la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la aludida disposición consagra una tarifa legal, es decir, “una de las excepciones al principio general del derecho probatorio por el cual las partes pueden acudir a cualquier medio de convicción lícito para comprobar los hechos cuya verificación les interesa”(26). De ahí que cuando la prueba es de índole documental, no siempre ni en todos los casos es necesario aportar la póliza al proceso, pero sí un escrito o escritos a partir de los cuales pueda predicarse el acuerdo de voluntades y elementos como “quiénes son los sujetos contratantes, el objeto, la cobertura, la vigencia y la prima pactada”(27). En efecto:

“[…] considera la Corte que la nueva ley [la 398 de 1997], en su empeño de eliminar la exigencia de la póliza como requisito formal ad solemnitatem necesario para la constitución del contrato de seguro, no quiso tampoco generar, como consecuencia del carácter consensual del mismo, márgenes de inseguridad, ni menos servir de simiente a interminables litigios, y optó entonces por exigir un formalismo ad probationem, como es la presencia de un escrito que aunque no repercute en el perfeccionamiento del mismo, sí incide en la manera como debe demostrarse, al cual agregó también la posibilidad de la prueba de confesión, ampliando en esa medida el régimen legal anterior.

”El escrito bien puede ser denominado póliza, cuyo original incluso está obligado el asegurador a entregar al tomador, ‘con fines exclusivamente probatorios’, como lo señala el mismo artículo 1046 [del Código de Comercio], y que permita constatar, como apenas es natural, quiénes son los sujetos contratantes, el objeto, la cobertura, la vigencia y la prima pactada, entre los más connotados.

”Es decir, ante la falta de póliza, que es el documento que corresponde expedir con fines probatorios, basta un escrito que sea bastante para deducir la existencia del contrato de seguros en los términos indicados; o, en ausencia del escrito, que se dé la confesión que sirva de apoyo para establecerlo en sus componentes esenciales”(28).

Adicionalmente, el numeral 2º del artículo 1048 del Código de Comercio dice que los “anexos que se emitan para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar la póliza” harán parte de la misma. Y el artículo 1049 del referido estatuto prescribe que dichos anexos “deberán indicar la identidad precisa de la póliza a que acceden”. En palabras de la Sala Civil, los anexos “deben señalar de manera precisa los datos que inequívocamente revelen la identidad de la póliza a que adhieren”(29):

“El artículo 1048 del Código de Comercio señala que la solicitud de seguro firmada por el tomador y los anexos que se emitan para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar la póliza hacen parte de ésta. Los anexos, como su mismo nombre lo indica, son documentos llamados a integrarse a la póliza como documento maestro y formar un todo con ella. Son documentos adicionales y accesorios contentivos y exteriorizantes de una o varias declaraciones de voluntad, tendientes a modificar el contenido del contrato de seguro y por ende la relación jurídica establecida anteriormente, bien adicionándolo, modificándolo, suspendiéndolo, renovándolo o revocándolo.

”Los anexos, por expreso mandato legislativo (C. Co., art. 1049), deben señalar de manera precisa los datos que inequívocamente revelen la identidad de la póliza a que adhieren, ya que al ser documentos accesorios destinados a formar parte de la póliza del seguro, necesariamente requieren el cabal establecimiento del documento al cual se integran. Esta identificación generalmente se hace con el señalamiento del número asignado a la póliza junto con la designación del nombre conferido al documento instrumentador del contrato y junto con los nombres de tomador, asegurado y beneficiario”(30).

2.1.5. El ad quem incurrió en un error de hecho derivado de falsos juicios de identidad al valorar el contenido de la prueba documental relacionada con los documentos a partir de los cuales infirió la existencia de un contrato de seguro de automóvil vigente entre Javier Agudelo Cano y Seguros Generales Suramericana S.A. para el 30 de mayo de 2003.

En efecto, como ya se reseñó en precedencia (2.1.4), el juez de segundo grado implícitamente consideró, por un lado, que el anexo de renovación que la aseguradora debía aportar (y que, en su criterio, por un proceder desleal no lo hizo) era el de “la póliza 0393115 de mayo de 2003 a mayo de 2004”(31). Pero lo único que obraba en el expediente era un carné que hacía mención a la póliza 039311, vigente desde el 1º de mayo de 2002 al 1º de mayo de 2003(32); y, al mismo tiempo, una renovación de la póliza 0393111-5 para el periodo entre 1º de mayo de 2005 y 1º de mayo de 2006.

Igualmente, estimó que la póliza que aludía al periodo de renovación “de fecha 01-mayo-2005 hasta 01-mayo-2006”(33) era la del “vehículo automotor de placas BXC-544”(34).

La parte civil tenía la carga de demostrar la existencia de un contrato de seguro entre Seguros Generales Suramericana S.A. y Javier Agudelo Cano (la persona que al momento del llamado en garantía era la que figuraba en el proceso como propietaria del vehículo de placas BXC-544). Debía probar a su vez que dicho contrato estaba operando para el 30 de mayo de 2003, fecha en la cual el procesado, como conductor del señalado automóvil, produjo las lesiones a la víctima.

Para ello, entonces, tenía que establecer el valor de verdad de la aserción fáctica concerniente a la renovación de la póliza 0393111 (no la 0393115, ni la 0393111-5); y que ésta no sólo vinculaba a Javier Agudelo Cano como asegurado y a la compañía como aseguradora en relación con el campero de placas BXC-544, sino que además su vigencia abarcaba el día de ocurrencia de los hechos.

Las instancias consideraron satisfecha dicha obligación procesal careciendo de fundamentos racionales al respecto. No es posible advertir concordancias esenciales entre la prueba relativa a la póliza 0393111, con vigencia hasta el 1º de mayo de 2003, y la póliza 0393111-5 que fue aportada a la actuación procesal.

En primer lugar, el número 0393111 no es el mismo número de póliza que 0393111-5. En segundo lugar, en el documento allegado por Seguros Generales Suramericana S.A. no figura el automotor objeto del contrato de seguro. En tercer lugar, no aparece el nombre del asegurado, ni por contera es posible predicar conexión alguna entre Javier Agudelo Cano (quien era el que en tal condición obraba en la copia del carné) y Fomente y Cementos El Cairo (persona jurídica aducida como tomador del seguro en el supuesto anexo de renovación).

Por consiguiente, como el segundo documento no revela con claridad los datos que permitirían deducir razonablemente que se estaba adhiriendo al contrato de seguro del vehículo de placas BXC-544 que tenía vigencia hasta el 1º de mayo de 2003, no se puede afirmar en el grado jurídico de certeza que la obligación contractual debía entenderse prorrogada para el 30 de mayo de ese mismo año.

La lectura equivocada por parte de las instancias de los referidos medios probatorios es evidente.

2.1.6. Como si lo anterior fuese poco, las instancias además cercenaron de la valoración de la prueba documental el contenido de las condiciones generales del seguro de automóviles, promovida por Seguros Generales Suramericana S.A., a las cuales deben adherirse los asegurados, y que fue allegada a la actuación junto con la póliza 0393111-5(35).

En efecto, ha enfatizado la jurisprudencia de la Sala Civil que las condiciones generales del contrato de seguro de automóviles son comunes a todas las negociaciones del mismo tipo que realiza la compañía aseguradora:

“Las condiciones generales de contratación, denominadas comúnmente condiciones o cláusulas generales del negocio o del contrato, son la columna vertebral de la relación asegurativa y junto con las condiciones o cláusulas particulares del contrato de seguros conforman el contenido de este negocio jurídico, o sea, el conjunto de disposiciones que integran y regulan la relación. Esas cláusulas generales, como su propio nombre lo indica, están llamadas a aplicarse a todos los contratos de un mismo tipo otorgados por el mismo asegurador o aun por las aseguradoras del mismo mercado y están destinadas a delimitar, de una parte, la extensión del riesgo asumido por el asegurador de tal modo que guarde la debida equivalencia con la tarifa aplicable al respectivo seguro y, de otra, a regular las relaciones entre las partes vinculadas al contrato, definir la oportunidad y modo de ejercicio de los derechos y observancia de las obligaciones o cargas que de él dimanan”(36).

De esta manera, una de las condiciones relativas a la póliza 0393111-5 consiste en prever que la enajenación del vehículo produce la terminación en forma automática de las obligaciones contractuales:

“La enajenación del vehículo automotor producirá automáticamente la extinción del contrato de seguro, salvo que subsiste algún interés asegurable para el asegurado, caso en el cual el contrato continuará vigente en la medida necesaria para proteger tal interés, siempre y cuando se informe de esta circunstancia a la Suramericana, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la enajenación”(37).

Dada su calidad de cláusula general, esta disposición también es predicable a todos los contrato de seguros de automóviles del mismo tipo suscritos por Seguros Generales Suramericana S.A., incluido aquel en el cual el asegurado se trataba de Javier Agudelo Cano y cuya vigencia expiraba el 1º de mayo de 2003.

Si esto es así, como en efecto lo es, adquiere relevancia la prueba que a modo de falso juicio de existencia por omisión propuso el demandante, es decir, la que demuestra que la propiedad del vehículo de placas BXC-544 fue transferida antes del 30 de mayo de 2003 por parte de Javier Agudelo Cano a la empresa Coala S.A., de la cual el primero era su representante legal(38).

En el expediente obra copia de la tarjeta de propiedad del vehículo campero marca Mitsubishi, de placas BXC-544, a nombre de Coala S.A., con fecha de expedición 28 de mayo de 2003(39). Así mismo, figura copia del historial de traspasos del automóvil, emanado de la Dirección de Transportes y Tránsito de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, en la que se advierte un traspaso de propiedad a favor de dicha empresa el 27 de mayo de dicho año(40).

Estos escritos fueron aportados al proceso por la apoderada de Javier Agudelo Cano, en ejercicio de su derecho de contradicción como tercero civilmente responsable, circunstancia que suscitó la desvinculación de la referida persona dentro de la acción contra ella adelantada.

En este orden de ideas, aun en el evento de concluir que la vigencia de la póliza 039311 fue prorrogada para el periodo comprendido entre el 1º de mayo de 2003 y el 1º de mayo de 2004, la enajenación del campero el 27 de mayo de 2003 produjo en todo caso la terminación automática del contrato de seguro, y como tal de la obligación contractual por parte de Seguros Generales Suramericana S.A. de pagar la indemnización por el siniestro del 30 de mayo siguiente, en la medida en que tampoco se tiene noticia de que subsistiera algún interés asegurable para Javier Agudelo Cano, ni que éste dio información a la compañía dentro de los diez días siguientes al traspaso.

2.1.7. Añádase a lo hasta ahora analizado que, al contrario de lo sostenido por el ad quem, la Sala no encuentra de manera certera un proceder desleal o de mala fe por parte de la aseguradora a la hora de cumplir con lo solicitado por la Fiscalía Local Once respecto de la prueba de una póliza vigente.

Según la funcionaria de segunda instancia, hubo “reiterados oficios enviados por el juzgado de origen en el que solicitan a la aseguradora aportar la póliza 0393115 [sic] de mayo de 2003 a mayo de 2004”. Dicha afirmación es contraria a la realidad del proceso. En primer lugar, la Sala no encuentra oficio alguno emanado del despacho a quo en el cual se le solicitara a la aseguradora el envío del anexo de renovación.

En segundo lugar, la única solicitud que en este sentido figura en el expediente es, como ya se aludió, el oficio por parte de la Fiscalía Local Once, de fecha 13 de julio de 2005, en el cual se le solicitó a la aseguradora “enviar a este despacho fotocopia auténtica del contrato de seguros 393111”(41) e, igualmente, “informar si se encuentra vigente esta póliza”(42).

La respuesta de Seguros Generales Suramericana S.A., como se conoce, fue la póliza 0393111-5, en la cual no están los datos suficientes para concluir que obedecía al mismo vehículo del accidente ni a las personas involucradas en la acción civil. Pero estas deficiencias no pueden ser achacadas del todo a la compañía, ni tampoco concluir a partir de ellas que definitivamente se trató de una actuación desleal o contraria a derecho.

Y, en tercer lugar, todo habría podido subsanarse si se le hubiera solicitado a Javier Agudelo Cano el original de la póliza que por mandato normativo (C. Co., art. 1046, inc. 2º) debía entregarles Seguros Generales Suramericana S.A. a todos sus asegurados.

La ausencia de prueba, por lo tanto, no le es imputable a la compañía aseguradora, sino a la poca gestión por parte de las autoridades y del sujeto procesal interesado.

2.1.8. De hecho, de los trámites seguidos con las personas implicadas en la acción de derecho privado adelantada por la víctima, es viable colegir que incluso el apoderado de la parte civil debía conocer que Seguros Generales Suramericana S.A. no tenía vínculo legal o contractual alguno que lo obligara a cubrir el pago de la indemnización por concepto de perjuicios morales.

Ello obedeció al trámite irregular llevado a cabo por la Fiscalía Local Once. La solicitud de vinculación de Javier Agudelo Cano en calidad de tercero civilmente responsable la presentó el apoderado el 4 de julio de 2003(43). El organismo instructor accedió a dicha petición en resolución de 8 de julio de 2005(44), es decir, más de dos años después.

La contestación por parte de la abogada del tercero, junto con los documentos que probaban la transferencia del vehículo, fue allegada el 1º de noviembre de 2005(45).

La solicitud de vinculación de la empresa Coala S.A. como tercero civil se dio el 12 de mayo de 2006(46). La providencia de la Fiscalía Once que ordenaba revocar la vinculación de Javier Agudelo Cano y, al mismo tiempo, acceder a la de Coala S.A. fue proferida el 15 de mayo de 2006(47).

Lo pertinente al llamado en garantía de la aseguradora fue allegado el 29 de julio de 2003(48), es decir, cuando la parte civil sólo había pedido la vinculación de Javier Agudelo Cano como tercero responsable. Y la respuesta del funcionario instructor, en el sentido de admitir dicho llamamiento, tuvo lugar el 7 de diciembre de 2006(49), esto es, cuando ya se tenía conocimiento de que el propietario del vehículo para la época del comportamiento no era la persona natural sino la persona jurídica que la primera representaba.

Posteriormente, en la etapa del juicio, la parte civil le solicitó al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cartagena el llamado en garantía de la empresa Royal Sunalliance, debido a la póliza de seguro “21902 Top Drive”(50) que suscribió con Coala S.A. el 6 de mayo de 2003(51).

En decisión de 13 de junio de 2008, el a quo resolvió dicho pedimento de manera negativa, tras considerar que era extemporáneo y que ya obraba Seguros Generales Suramericana S.A. como garante del pago de los perjuicios(52).

Esta reseña procesal le reafirma a la Sala que la compañía de seguros, conforme a las circunstancias particulares del caso, no podía ser llamada a la actuación ni tampoco condenada a pagar, en todo o en parte, la indemnización.

2.1.9. En este orden de ideas, no es necesario abordar, como lo hizo el representante del Ministerio Público, si la aseguradora cumplió con la carga de demostrar la inexistencia, el cumplimiento o la ausencia de prórroga de la obligación contractual.

Es de precisar, sin embargo, que no todos los contratos de seguro se renuevan automáticamente una vez vence el término de vigencia señalado en la norma. Todo depende de la voluntad de los sujetos contratantes y, en especial, de las cláusulas que al respecto obren en las condiciones, bien sean generales o particulares, del contrato.

De esta forma, si las partes pactaron que la oferta de renovación de la póliza debe efectuarse antes del vencimiento del término de vigencia de ésta, el asegurado no tendría derecho al cubrimiento de la aseguradora si se presenta un siniestro después del aludido plazo, a menos que no se haya agotado el previsto para aceptar o no la renovación.

Y si los sujetos contratantes convinieron en que la prórroga es automática, el asegurado tiene un plazo de un mes contado a partir de la entrega del anexo de renovación para cancelar la prima, según se desprende del artículo 1066 del Código de Comercio, o incluso de un término más largo, si así lo deciden en el convenio. Pero cuando hay mora en el pago de la prima (esto es, cuando vence el plazo previsto en la norma o en el acuerdo), se producirá la terminación automática del contrato.

En la doctrina nacional se han abordado estas eventualidades de la siguiente manera:

“[…] para la expedición de las pólizas de seguro en la inmensa mayoría de los casos, las aseguradoras utilizan actualmente el computador, el cual se encuentra programado de manera tal que, conforme a los plazos de vencimiento de los contratos, emite las renovaciones de éstos, sin que medie la petición del tomador o asegurado, que se envían a la dirección conocida o se entregan a los intermediarios de seguros para hacerlos llegar al interesado.

”Cuando el tomador o asegurado recibe el documento y procede a realizar su pago, está aceptando la propuesta que le hace la empresa y la renovación opera sin inconvenientes de ninguna índole.

”El problema se presenta cuando el tomador o asegurado nada manifiesta y la empresa de seguros, luego del plazo del mes [artículo 1068 del Código de Comercio] o del especial que pudo otorgar en la renovación para el pago de la prima, no ha recibido respuesta alguna del tomador.

”Estimo que en esta hipótesis no se ha perfeccionado el contrato y que, por ello, no se tiene derecho a cobrar prima alguna, es decir, que no puede hablarse de prima devengada por el lapso amparado, por tratarse de una oferta no aceptada, ya que esta es la naturaleza jurídica que asignamos a una renovación no solicitada.

”Ahora bien, si durante la renovación aún no aceptada se produce un siniestro, creo que hay lugar a cubrirlo, pues las características de la oferta (no otra cosa viene a ser el documento de renovación mientras no se acepte expresa o tácitamente) no limitan el momento de la aceptación de aquella y obligan a quien lo hace.

”Por consiguiente, si el tomador o asegurado manifiesta que está de acuerdo en contratar, se retrotraen los efectos del seguro a la iniciación de la vigencia de la renovación, se causa la prima y hay lugar a reclamar el pago del siniestro; solución que, además, se ajusta a la práctica cotidiana, ya que por la modalidad que ha impuesto el uso de computadores en el mercado de seguros, se tiene que el asegurado podrá alegar con muy buen fundamento que él aceptó el contrato, que no había pagado la prima por estar aún dentro de la oportunidad para hacerlo, pero que esa no es circunstancia que justifique suprimir el amparo en razón de que no operó la cancelación unilateral del contrato.

”Es necesario analizar otra arista que presenta la práctica de las renovaciones y es lo que tiene que ver con cláusula del contrato donde se advierte que en caso de que las partes antes del vencimiento del término estipulado nada digan, se entiende que opera la renovación del contrato, hipótesis en la cual, bien se observa, que nos hallamos en situación diferente a la atrás analizada, pues se ha previsto de antemano, de manera que si nada se dijo, al expedirse la misma, no podía hablarse de una oferta de contrato. Estimo que en esta hipótesis viene a operar la regla general del plazo para pagar la prima, de manera tal que si vence y no se ha cancelado el correspondiente valor, el contrato terminará automáticamente tal como ya se explicó”(53).

En este caso, las condiciones generales de los contratos de seguros automovilísticos aportadas por Seguros Generales Suramericana S.A. nada establecen acerca del método de renovación de las pólizas. De ahí se infiere que deben obrar en las condiciones particulares de cada negocio, y para este evento, en las de la póliza del campero de placas BXC-544 con vigencia hasta el 1º de mayo de 2003, que no figuran en estas diligencias. Por lo tanto, es imposible conocer si para el 30 de mayo de dicho año (día en que ocurrió el accidente) estaba corriendo o no un término para efectos de la prórroga, ya sea consensuada o automática, del contrato.

De cualquier manera, la Sala reitera que aun en el evento de que hubiera operado cualquier clase de renovación de la póliza sobre el vehículo de placas BXC-544, la enajenación del mismo por parte de Javier Agudelo Cano a la empresa Coala S.A. producía el 27 de mayo de 2003 (es decir, días antes del accidente), llevaba, conforme a la condiciones generales de los seguros automovilísticos suscritos por la compañía, a la terminación, asimismo automática, del contrato, tal como se explicó en precedencia (2.1.7).

2.2. En consecuencia, la Sala casará de manera parcial el fallo emitido por el juez de segundo grado, en el sentido de revocar la decisión, proferida en el fallo de primera instancia y confirmado por el ad quem, de condenar a la compañía Seguros Generales Suramericana S.A. al pago por concepto de perjuicios morales derivados de la ejecución del delito de lesiones personales culposas del cual fue víctima Gonzalo Tamayo Rodríguez.

Así mismo, aclarará que, a raíz de esta decisión, la condena por concepto de daños morales, que asciende a 800 salarios mínimos legales mensuales como ya se indicó, deberá ser asumida en forma solidaria tanto por Francisco Antonio González Ariza como la empresa Coala S.A., sin perjuicio de que los interesados busquen en la jurisdicción civil, si es del caso, que las empresas con las cuales haya contrato de seguro para la época del siniestro garanticen el cubrimiento de la indemnización hasta por el monto pactado.

Por último, precisará que los fallos permanecerán incólumes en los demás aspectos que no fueron objeto de modificación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena.

2. En virtud de lo anterior, REVOCAR la condena a Seguros Generales Suramericana S.A. por concepto de perjuicios morales derivados de la ejecución de la conducta punible cometida por Francisco Antonio González Ariza en contra de la integridad física del lesionado Gonzalo Tamayo Rodríguez.

3. ACLARAR que la condena por concepto de perjuicios morales derivados de la realización de la conducta punible, que asciende a los ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes, deberá ser asumida por el procesado Francisco Antonio González Ariza y el tercero civilmente responsable Coala S.A. de manera solidaria, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar para que a aquéllos se les garantice el cubrimiento de la indemnización.

4. PRECISAR que el fallo permanecerá incólume en todos los demás aspectos que no fueron materia de variación.

Contra esta providencia, no procede recurso alguno.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al juzgado de origen.»

(1) Folios 41-43, cuaderno de segunda instancia.

(2) Sentencia de 2 de mayo de 2002, radicación 15410.

(3) Sentencia de 16 de diciembre de 1998, radicación 10589. En el mismo sentido, fallos de 20 de octubre de 1999, radicación 13690, 6 de septiembre de 2000, radicación 14618, y 2 de mayo de 2002, radicación 15410, entre otras.

(4) Sentencia de 27 de junio de 2007, radicación 26792.

(5) Sentencia de 10 de octubre de 2012, radicación 38303.

(6) Folios 308 y 309 de la actuación principal.

(7) Auto de 12 de noviembre de 2003, radicación 19044.

(8) Folio 4, cuaderno de la parte civil.

(9) Folios 2-3, cuaderno del tercero civil.

(10) Folio 9 de la actuación principal.

(11) Folio 46 ibídem.

(12) Ibídem.

(13) Folio 47 ibídem.

(14) Folio 9, cuaderno del tercero civil.

(15) Ibídem.

(16) Ibídem.

(17) Folio 10 de la actuación principal.

(18) Folio 118 ibídem.

(19) Folios 119-126 ibídem.

(20) Folio 96, cuaderno del tercero civil.

(21) Folio 308 de la actuación principal.

(22) Folio 11, cuaderno de segunda instancia.

(23) Folio 6 ibídem.

(24) Ibídem.

(25) Ibídem.

(26) Sala de Casación Civil, sentencia de 16 de noviembre de 2005, radicación 09539-01 (SC-282-2005).

(27) Ibídem.

(28) Ibídem.

(29) Sentencia de 2 de mayo de 2000, radicación 6291 (S-044-2000).

(30) Ibídem.

(31) Folio 11 del cuaderno de segunda instancia.

(32) Folio 10 de la actuación principal.

(33) Folio 6 ibídem.

(34) Ibídem.

(35) Folios 119-126 ibídem.

(36) Sentencia de 2 de mayo de 2000, radicación 6291 (S-044-2000).

(37) Reverso del folio 126 de la actuación principal. Es de anotar que dicha cláusula general es, en la práctica, una paráfrasis del artículo 1107 del Código de Comercio, norma aplicable como principio común a los seguros de daños.

(38) Folio 56, cuaderno del tercero civil.

(39) Folio 45 ibídem.

(40) Folio 50 ibídem.

(41) Folio 10, cuaderno del tercero civil.

(42) Ibídem.

(43) Reverso del folio 3 ibídem.

(44) Folio 4 ibídem.

(45) Folio 44 ibídem.

(46) Folio 52 ibídem.

(47) Folio 59 ibídem.

(48) Folio 46 de la actuación principal.

(49) Folio 96 ibídem.

(50) Folio 109, cuaderno de la parte civil.

(51) Ibídem.

(52) Folio 164, cuaderno del tercero civil.

(53) López Blanco, Hernán Fabio, Comentarios al contrato de seguros, Dupre Editores, Bogotá, 2010, págs. 104-105.