Sentencia 35598 de marzo 18 de 2009

 

Sentencia 35598 de marzo 18 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 35598

Acta 10

Magistrado Ponente

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., dieciocho de marzo de dos mil nueve.

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandada, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 7 de diciembre de 2007, en el proceso ordinario adelantado por la señora María Oliva Vergara Rendón contra el Instituto de Seguros Sociales.

I. Antecedentes

Con la demanda inicial solicita la actora, que se condene al ISS al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su compañero permanente José León Gallego, a partir del 23 de febrero de 2003, con sus respectivos incrementos anuales, a las mesadas causadas indexadas, con los intereses moratorios, y a las costas del proceso.

Como fundamento de esos pedimentos, argumentó que convivió con José León Gallego de manera continua durante 28 años hasta su fallecimiento, ocurrido el 23 de febrero de 2003 por causas de origen común; que dicho señor estuvo afiliado al ISS como trabajador independiente, y cotizó al sistema más de 500 semanas; que ante su deceso, solicitó a dicha entidad el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pero esta se la denegó bajo el argumento de que el asegurado solo había cotizado 83 semanas durante toda su vida laboral, omitiendo las semanas que sufragó a través de los empleadores Funeraria Alberto Loaiza, Taller Omar Granda, Carpintería Londoño Duque, Funeraria San Cayetano, Fray Domingo Otálvaro Ortiz, Carpintería Londoño Duque, Funeraria San José, Industria Funeraria Gómez, Gloria Gladys Gutiérrez y Funeraria Ochoa, así como en calidad de independiente; y que le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes en aplicación del principio constitucional y legal de la condición más beneficiosa.

II. Respuesta a la demanda

La parte accionada al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones. De sus hechos admitió la afiliación del citado José León Gallego, su fallecimiento, la solicitud que le hizo la demandante de la pensión de sobrevivientes y su negativa a otorgársela; de los demás expresó que no eran ciertos. En su defensa adujo que no estaba obligada a reconocer la pensión deprecada por cuanto el causante no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003, pues no cotizó 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a su muerte, ni alcanzó el porcentaje de fidelidad al sistema. Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.

III. Sentencia de primera instancia

Conoció de la primera instancia el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, quien en sentencia del 26 de junio de 2007, condenó al ISS a reconocer y pagar a la demandante la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de José León Gallego, a las mesadas causadas desde el 23 de febrero de 2003, con la respectiva indexación y a las costas del proceso; declaró probada la excepción de compensación, por lo que lo autorizó para descontar de las condenas, la suma que recibió la actora por concepto de indemnización sustitutiva; y absolvió de las demás pretensiones.

IV. Sentencia de segunda instancia

Apelaron ambas partes, y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 7 de diciembre de 2007, revocó la de primera instancia en cuanto absolvió de los intereses moratorios, para en su lugar condenar a su pago; así como revocó la condena por indexación de las mesadas causadas; y la confirmó en lo demás.

Para ello consideró que le asiste derecho a la demandante a la pensión de sobrevivientes, en aplicación del principio constitucional y legal de la condición más beneficiosa, pues si bien el asegurado fallecido no dejó causado el derecho en los términos de Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, sí tenía cotizadas más de 300 semanas antes del 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia el nuevo régimen general de pensiones.

Sobre tal aspecto y otros que interesan al recurso extraordinario, manifestó:

“(...).

En lo referente al reconocimiento de pensiones de sobrevivencia por el principio de la condición más beneficiosa, tanto esta colegiatura como la honorable Corte Suprema de Justicia han sido prolíferas al manifestar que su procedencia está determinada principalmente porque el causante, afiliado al sistema general de pensiones que murió en vigencia del nuevo régimen sin posibilidad de causar derecho alguno porque no cumplió con los presupuestos sustantivos de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, relativos a la densidad de semanas necesarias para acceder a un derecho pensional, sí alcanzó a cotizar antes del 1º de abril de 1994, el número de semanas previstas en el régimen pensional anterior necesarios para acceder al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.

En efecto, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa se soporta en que si bien bajo una normatividad vigente no se cumple con los presupuestos previstos en ella para acceder al reconocimiento de una prestación, bajo otra normatividad proscrita del ordenamiento jurídico sí se cumple a cabalidad con los requisitos normativos determinados en esta para el acceso al derecho, caso que no puede confundirse con el régimen de transición exclusivo de las pensiones de vejez.

Ahora bien, en el caso concreto, pese a que el causante murió en plena vigencia de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, esto es, el 23 de febrero de 2003 (fl. 33), y por tanto podría pensarse en que esa sería la norma llamada a regular el caso concreto, el juez en su sentencia acogió lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 758 de 1990, en consideración a que el causante, pese a no cumplir los requisitos previstos en la Ley 797 de 1993, artículo 12, esto es, 50 semanas en los tres años anteriores al fallecimiento y una fidelidad al sistema del 20%, sí tenía una densidad mayor de 300 semanas antes de la vigencia del nuevo régimen general de pensiones, es decir, antes del 1º de abril de 1994, pues según historia laboral aportada al proceso a folios 12-28, desde el 1º de febrero de 1975 al 20 de diciembre de 1994 reportaba un total de 548 semanas, lo cual indica que el asegurado había dejado causado el derecho pensional de conformidad con la normatividad anterior a la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones y en este sentido debe respetarse el derecho ya consolidado”.

Seguidamente se apoyó en sentencia de esta Sala del 5 de octubre de 2006 Radicado 28549, que transcribió en parte, y concluyó diciendo:

“En consecuencia, no puede dársele la razón al impugnante pues es transparente que en el caso sub judice el derecho a devengar una pensión de sobrevivientes había sido consolidado bajo los parámetros establecidos en el Acuerdo 49 de 1990, antes de la misma vigencia de la Ley 100 de 1993, habiéndose dado en debida forma aplicación al principio de la condición más beneficiosa, razón por la cual se mantendrá lo decidido por la falladora de primera instancia en este punto concreto”.

V. Recurso de casación

Lo interpuso la parte demandada con apoyo en la causal primera de casación laboral consagrada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, con el cual pretende, según lo dijo en el alcance de la impugnación, que se case la sentencia recurrida, y en sede de instancia esta Sala revoque la de primer grado y en su lugar la absuelva de las pretensiones de la demanda y provea sobre costas como corresponda.

Con tal objeto formuló dos cargos que merecieron réplica, los cuales se decidirán conjuntamente, toda vez que están orientados por la misma vía, denuncian la violación de iguales disposiciones legales, se valen para su demostración de argumentos que se complementan y persiguen idéntico fin.

VI. Primer cargo

Acusa la sentencia impugnada por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida “... de los artículos 53 de la Constitución Política, 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año y del artículo 13 y 141 de la Ley 100 de 1993; violación ésta que llevó a la infracción directa (falta de aplicación) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 en relación con los artículos 16 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Para su demostración hace los siguientes planteamientos:

“(...).

El ad quem, con fundamento en el principio de la condición más beneficiosa establecida en el artículo 53 de la Constitución Política, dejó de aplicar el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, para en su lugar, darle cabida a los artículos 6º y 25, del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, omitiendo con ello lo dispuesto por la Ley General de Seguridad Social.

Al fundamentarse el ad quem en el principio de la condición más beneficiosa, asumió como cierto que el fallecimiento del señor José León Gallego se produjo el 23 de febrero de 2003, por causas de origen no profesional; que a tal fecha el causante no se encontraba cotizando al sistema general de pensiones, así como tampoco cumplía con las 50 semanas cotizadas en los 3 últimos años, ni tampoco cumplía con la fidelidad del 20% al sistema entre el momento en que arribó a los 20 años y la fecha en que ocurrió el fallecimiento; asimismo, se acepta la calidad de compañera que ostenta la señora María Oliva Vergara Rendón.

No hay duda que la sentencia recurrida no solo se apoya en el artículo 53 superior, sino también en el 13 de la Ley 100 de 1993, lo cual es equivocado, toda vez que esta norma es clara en citar las características del sistema general de pensiones, sin que bajo ninguna óptica autorice, tratándose del caso de pensión de sobrevivientes, acudir a las normas precedentes cuando el afiliado no reúna los requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que al efecto establece:

“ART. 12.—El artículo 46 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

ART. 46.—Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

“1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando este hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:

a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento;

“b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento” (resalto),

El aparte que se resalta, deja ver que dos son los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes: 1) que el causante hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y 2) que si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento; aclarando que el 25%, fue reducido al 20% por la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-1094 de 2003; supuestos que como los dio por demostrados el tribunal, lejos estuvieron de ser satisfechos por el señor León Gallego.

Y fue por lo anterior, que valiéndose de la aplicación indebida de los artículos 53 de la Constitución Política, y 13 de la Ley 100 de 1993, equivocadamente concedió la mencionada pensión, basándose en una norma que para el presente caso, no se encontraba vigente, es decir, los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, desconociendo que la situación se encontraba plenamente regulada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

Pero si ello no fuera todo, es el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, el que establece con suma claridad que las normas sobre el trabajo, por ser de orden público producen efecto general e inmediato, así como el artículo 11 de la Ley 100 de 1993 determina que el sistema de pensiones se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, con lo cual era más que suficiente para que el sentenciador de alzada diera prelación a las normas de la Ley 797 de 2003 y no a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año”.

VII. Segundo cargo

Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa el mismo conjunto normativo relacionado en el cargo anterior, pero en la modalidad interpretación errónea, y para demostrarlo se apoya en planteamientos similares, por lo que se hace innecesario repetirlos.

VIII. La réplica

Por su parte la oposición sostiene, que no es cierto que el artículo 53 de la Constitución Política no consigne el principio de la condición más beneficiosa, pues en reiterada y pacífica jurisprudencia de la Corte, se ha insistido en que el canon constitucional citado, sí lo contiene, y por lo tanto no pudo el tribunal haber aplicado indebidamente una norma que sí se aviene al caso controvertido.

Agrega, que tampoco es cierto que dicho artículo solo proteja los derechos adquiridos, pues para tales eventos se instituyó el artículo 58 de la Constitución, que sí garantiza la protección de los mismos. Y que para los casos de seguridad social, existe una ductilidad de las normas, de tal manera que puedan aplicarse, aun cuando hayan sido modificadas, siempre que el derechohabiente acredite que cumplió los requisitos del régimen antecedente que se le aplicaba.

Señala, que ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Sala, sobre el tema de la aplicación de la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes, por lo que ante supuestos iguales de cara al mismo principio, se debe dar igual tratamiento.

IX. Se considera

Como puede verse, los cargos se orientan a que se determine jurídicamente, que no es aplicable el principio de la condición más beneficiosa, cuando el afiliado fallece en vigor de la Ley 797 de 2003, pese a que se cumplan los requisitos que tenía establecido el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para dejar causado el derecho a pensión de sobrevivientes; dado que las exigencias para obtener tal prestación son las indicadas en el artículo 12 de la citada Ley 797, normatividad que es la que verdaderamente gobierna la situación pensional en el presente caso, teniendo en cuenta que José León Gallego murió el 23 de febrero de 2003, es decir durante su vigencia.

Según la motivación de la sentencia atacada, el juez colegiado para confirmar la de primer grado, pese a inferir que el afiliado fallecido no cumplía con las exigencias establecidas en el mencionado artículo 12, consideró que en el caso que se analiza era procedente la aplicación del principio constitucional y legal de la condición más beneficiosa, dado que tenía cotizadas más de 300 semanas antes del 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia el nuevo régimen general de pensiones.

Teniendo en cuenta los razonamientos jurídicos traídos en los cargos, para la Sala son acertados los cuestionamientos que la parte recurrente le hace a la sentencia de segunda instancia, en relación con el precepto legal que debió acogerse para dirimir el conflicto, y la inaplicación en el sub judice del principio constitucional y legal de la condición más beneficiosa, siendo equivocada la posición del juez colegiado, según la cual por virtud del mismo, eran aplicables las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; pues la normatividad que gobierna el caso, se reitera, es la vigente para el momento de la muerte del afiliado.

En verdad, para el 23 de febrero de 2003, día en que murió el afiliado José León Gallego, la norma aplicable para efectos de la pensión de sobrevivientes, era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y por lo tanto a esa prestación tienen derecho sus beneficiarios siempre y cuando acrediten los dos requisitos allí exigidos, como son el que el causante hubiere cotizado 50 semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores a su fallecimiento, y que tenga una fidelidad al sistema equivalente al 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de fallecimiento.

Así las cosas, la Ley 797 de 2003 al entrar en vigencia desde su publicación el 29 de enero de esa anualidad, es inmediatamente aplicable, en los términos del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, disposición que también se aplica a los asuntos de la seguridad social, como reiteradamente lo ha sostenido esta corporación, según la cual “Las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato”.

En asunto similar a este, la Sala en sentencia del 3 de diciembre de 2007 Radicado 28876, que reiteró en la del 20 de febrero del 2008 Radicación 32649, consideró que no era procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, cuando la muerte del afiliado acontece en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en ella precisó:

“(...) Corresponde determinar las disposiciones aplicables al asunto en controversia, y así establecer si el ad quem incurrió en la violación normativa que denuncia el censor.

En ese orden, se impone afirmar que el fallador de alzada incurrió en los desaciertos jurídicos que le atribuye la censura, al resolver el asunto con base en los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, puesto que, sin duda alguna, al momento del fallecimiento de Llanos Tole <31 de julio de 2003>, la normatividad aplicable para efecto de la sustitución pensional, era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que inició su vigencia el 29 de enero de tal anualidad, que estableció como requisito que el afiliado al sistema que fallezca, debía haber cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, con una fidelidad de cotización del 20% en el tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del fallecimiento - Sentencia C-1094 de 2003.

Así las cosas, le asiste razón a la censura en cuanto a que en el presente asunto, no tiene aplicación el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de dicho año, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, por lo que el ad quem incurrió en el error jurídico que indica en (sic) impugnante”.

Por lo expuesto, el ad quem incurrió en los errores jurídicos que le enrostra la censura, al dar aplicación al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, y en consecuencia los cargos prosperan y habrá de casarse la sentencia impugnada.

En sede de instancia, a más de las consideraciones hechas para resolver los cargos, es de anotar que conforme a la historia laboral obrante a folios 19 a 25 del cuaderno del juzgado, el afiliado fallecido cotizó válidamente desde el momento en cumplió 20 años de edad, el 21 de mayo de 1966, hasta su muerte, que se produjo el 23 de febrero de 2003, un total de 622,85 semanas, con las cuales cumpliría uno de los requisitos del referido artículo 12, como es el de la fidelidad al sistema, cuyo 20% sería de 383,63 semanas; pero no ocurre lo mismo con el otro requisito que exige dicha disposición, por cuanto dentro de los tres (3) años anteriores a su deceso, únicamente cotizó 19 semanas, cuando según ella debieron ser como mínimo 50.

Colofón a lo anterior, se revocará la sentencia de primer grado y se absolverá al accionado de todas las pretensiones de la demanda inicial.

Las excepciones propuestas, quedan implícitamente resueltas con la presente decisión.

Las costas de primera instancia serán a cargo de la parte actora, en la segunda no se causaron, y no habrá lugar a ellas en el recurso extraordinario por la prosperidad de la acusación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA totalmente la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 7 de diciembre de 2007, en el proceso ordinario adelantado por la señora María Oliva Vergara Rendón contra el Instituto de Seguros Sociales.

En sede de instancia, SE REVOCA íntegramente la sentencia condenatoria de primer grado, para en su lugar ABSOLVER a la entidad demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Javier Osorio López—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz

María Ismenia García Mendoza, Secretaria General

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