Sentencia 35606 de marzo 25 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 35.606

Acta 11

Magistrada Ponente:

Dra. Isaura Vargas Díaz

Bogotá, D.C., veinticinco de marzo de dos mil nueve.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Alba Regina Rodríguez Mozo contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 12 de diciembre de 2007, en el proceso instaurado contra la Comunidad Hermanas Dominicas de la Presentación - Colegio de la Presentación.

I. Antecedentes

Alba Regina Rodríguez Mozo demandó a la Comunidad Hermanas Dominicas de la Presentación - Colegio de la Presentación para que, previa declaratoria de que al momento de la terminación de la relación laboral se encontraba en estado de limitación, fuera condenada a reconocerle y pagarle la indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; la totalidad de las cesantías; la sanción moratoria; y lo que resulte probado extra y ultra petita (fls. 31 y 32, cdno. 1).

Para lo que rigurosamente interesa al recurso basta decir que fundó sus pretensiones en que prestó sus servicios personales, mediante contratos de trabajo por labor contratada, desde el 1º de febrero de 1987 hasta el 30 de noviembre de 2004; que el último cargo desempeñado fue el de docente, titular del grado 4º, con un salario de $ 1.668.815; que en el mes de octubre de 2001 le fue diagnosticado un “carcinoma ductal infiltrante esta IIA, realizándole una cuadrantectomía + vacimiento axilar el 2 de noviembre de 2001”; que en abril de 2004 se le diagnosticó una nueva masa en seno derecho, considerando una nueva recaída tumoral local; que la intervención quirúrgica, mastectomía simple, se “hizo con incapacidad hospitalaria comprendida entre el 8 y 17 de agosto de 2004 y de ahí en adelante le fueron expedidas” varias incapacidades, las cuales relacionó; que según carta del 15 de octubre de 2004, recibida el 6 de diciembre del mismo año, la demandada le comunicó el vencimiento del contrato de trabajo para el 30 de noviembre de 2004; que no le pagaron las cesantías como dispone la ley; que a la terminación de la relación laboral se encontraba limitada físicamente; y que la convocada a juicio no dio cumplimiento a la estatuido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, violando de paso el artículo 13 de la Constitución Política (fls. 30 y 31, cdno. 1).

En la contestación del libelo incoativo (fls. 43 a 48, cdno. 1), la demandada, se opuso a la prosperidad de las peticiones formuladas por la actora. Sostuvo que no era cierto que el contrato haya sido terminado por encontrarse la demandante limitada físicamente, además, que no lo estaba, sino que se produjo por fenecimiento de la labor contratada. Formuló la excepción de inexistencia de las obligaciones.

Concluido el debate, el Juez Primero Laboral del Circuito de Santa Marta, que fue el de conocimiento, decidió el negocio en sentencia de 10 de agosto de 2007 (fls. 84 a 89, cdno. 1), declarando probada parcialmente la excepción de inexistencia de la obligación y condenando a la demandada a reconocer y pagar a la actora la suma de $ 834.407 por concepto de cesantías parciales, canceladas irregularmente; y absolvió de lo demás a la parte vencida le impuso costas.

II. Sentencia del tribunal

La alzada se surtió por apelación de la demandante y culminó con la sentencia acusada en casación (fls. 15 a 23, cdno. 2), mediante la cual el Tribunal Superior de Santa Marta, por medio de su Sala Laboral, confirmó el fallo del a quo. Costas a cargo de la recurrente.

Para ello, y en lo que al recurso interesa, el juez colegiado, luego de copiar los artículos 1º y 26 de la Ley 361 de 1997 asentó que “de las disposiciones que se traen en referencia se colige que las personas cobijadas con esta ley son las que padecen limitaciones o son disminuidos física, sensorial y síquicamente. El espíritu mismo de ella no es otro que el de protección y salvaguarda de los derechos personalísimos e inalienables de los discapacitados, de aquellos que en el curso de su vida han sufrido una afección que disminuye su capacidad laboral” (fl. 20, cdno. 1).

Para el tribunal “la inteligencia del artículo 26 es (...) diáfano, ya que se pueden prever dos situaciones. 1. Proteger el derecho de igualdad del discapacitado frente al campo laboral, “a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar”. 2. Proteger la estabilidad laboral del discapacitado, salvo que medie autorización del Ministerio de Trabajo para efectos del despido. Con todo quien siendo discapacitado haya sido despedido por causa de su limitación sin el permiso o autorización prevista tendrá derecho a la respectiva indemnización. Teniendo como supuesto los dos puntos extraídos del sentido del artículo 26 de la ley en estudio, se infiere que para efectos de reconocer el pago de la indemnización que incumba la norma se deben conjugar los siguientes requisitos: — Que el trabajador sea disminuido y que el grado de disminución, incapacidad o invalidez sea de amplio conocimiento por parte del empleador al momento del despido. — Que la terminación del contrato sea motivada o sus causas se determinen por el estado de indefensión del discapacitado. — Que no se haya agotado el trámite de autorización prevista por parte del Ministerio de Protección Social” (fl. 21, ib.).

Ulteriormente sostuvo el colegido que “si bien es cierto que en las probanzas se relacionan las diferentes incapacidades por la enfermedad padecida por la actora, como también el dictamen de calificación de invalidez donde se registra un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 55.60%, dictamen notificado a la actora el 28 de junio de 2005, fecha posterior al vencimiento del contrato a término fijo, lo que significa que para la fecha del vencimiento del contrato el empleador o comunidad demandada no tenía conocimiento del estado de invalidez de la actora, entendiéndose que los motivos de la terminación del contrato no se supeditaron a la discapacidad aludida sino que el mismo se produjo por vencimiento del término pactado: así las cosas, al no encontrarse acreditado los requisitos que se desprenden de la interpretación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 para efectos de reconocer la sanción que se prevé en la misma disposición y que fueron precisados con antelación, las razones del recurso de alzada se encuentran sin vocación de prosperidad” (fl. 22, cdno. 2).

III. El recurso de casación

Inconforme con la decisión la actora pretende en su demanda (fls. 6 a 13, cdno. 3), que fue replicada (fls. 17 a 20, ib.), que la Corte case parcialmente la sentencia del tribunal en su numeral primero, revocándolo y, en su lugar, “obrando la Honorable Corte Suprema de Justicia en función de instancia declarar no probadas las excepciones propuestas y en consecuencia condenar a la demandada (...) a pagar a favor de la demandante (...) la indemnización equivalente a seis meses de salario por terminación del contrato en estado de indefensión, la indemnización moratoria y los intereses moratorios” (fl. 9, cdno. 3).

Para tal efecto le formula tres cargos de los cuales los dos primeros serán estudiados conjuntamente dado que se enderezan por la vía indirecta y tienen similar objetivo, junto con la réplica.

Primer cargo

Acusa la sentencia impugnada de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Dice que la violación de la ley se produjo como consecuencia del error ostensible de hecho, “producido por la apreciación equivocada de la documental auténtica obrante a folios 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del expediente que corresponden a las incapacidades expedidas a la demandante por el tratamiento de quimioterapia” (fl. 10, cdno. 3).

En la demostración del cargo la recurrente después de copiar, en extenso, apartes de las sentencias T-1040 de 2001 y T-351 de 2003, asevera que “para el caso en particular la demandada se limitó a terminar el contrato desconociendo la condición de debilidad manifiesta de mi poderdante y como lo ha dicho la Corte la protección laboral de los trabajadores que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta no depende de una calificación previa que acredite su condición de discapacitados, sino de la prueba de las condiciones de salud que impidan o dificulten el desempeño regular de sus labores, hecho que aparece plenamente demostrado dentro del presente proceso con las incapacidades que en forma ininterrumpida desde el 18 de agosto de 2004 le fueron concedidas” (fl. 12, cdno. 3).

Segundo cargo

Acusa la sentencia de violar indirectamente, por aplicación indebida, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, “debido al error ostensible de hecho, por la falta de apreciación del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada, obrante a folios 70, 71 y 72 del expediente” (fl. 12, cdno. 3).

Acota que se probó plenamente que la demandante, al momento de la terminación del contrato estaba incapacitada, hecho conocido por la demandada tal y como se desprende de la confesión judicial de la representante legal “cuando afirma es cierto que estaba incapacitada”.

La réplica

Confuta los dos cargos arguyendo, en suma, que: (i) carecen de la técnica propia del recurso extraordinario; (ii) no precisa los errores de hecho que le achaca al tribunal; (iii) no explica en qué consistió la aplicación indebida; (iv) la incapacidad laboral, por sí misma, no es obstáculo legal, para impedir la terminación del contrato de trabajo por vencimiento del plazo; y (v) la actora no tiene la condición jurídica que contempla el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Consideraciones de la Corte

Como quedó dicho cuando se hizo el itinerario del proceso el juez de apelación asentó que “si bien es cierto que en las probanzas se relacionan las diferentes incapacidades por la enfermedad padecida por la actora, como también el dictamen de calificación de invalidez donde se registra un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 55.60%, dictamen notificado a la actora el 28 de junio de 2005, fecha posterior al vencimiento del contrato a término fijo, lo que significa que para la fecha del vencimiento del contrato el empleador o comunidad demandada no tenía conocimiento del estado de invalidez de la actora, entendiéndose que los motivos de la terminación del contrato no se supeditaron a la discapacidad aludida sino que el mismo se produjo por vencimiento del término pactado: así las cosas, al no encontrarse acreditado los requisitos que se desprenden de la interpretación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 para efectos de reconocer la sanción que se prevé en la misma disposición y que fueron precisados con antelación, las razones del recurso de alzada se encuentran sin vocación de prosperidad” (fl. 22, cdno. 2).

El reproche de la recurrente con el fallo fustigado estriba, en rigor, en que “para el caso en particular la demandada se limitó a terminar el contrato desconociendo la condición de debilidad manifiesta de mi poderdante y como lo ha dicho la Corte la protección laboral de los trabajadores que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta no depende de una calificación previa que acredite su condición de discapacitados, sino de la prueba de las condiciones de salud que impidan o dificulten el desempeño regular de sus labores, hecho que aparece plenamente demostrado dentro del presente proceso con las incapacidades que en forma ininterrumpida desde el 18 de agosto de 2004 le fueron concedidas” (fl. 12, cdno. 3).

Sea lo primero advertir que aunque la demanda de casación no es propiamente un modelo a seguir, lo cierto es que los diferentes dislates que afloran pueden ser superados por la Corte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

En segundo lugar y antes de entrar a analizar el elenco probatorio denunciado en los cargos, es pertinente traer a colación la sentencia de 15 de julio de 2008, radicación 32532, en la cual, y en ejercicio del proceso hermenéutico del artículo 26 del Ley 371 de 1997, la Corte Suprema de Justicia, razonó:

“La protección con la que cuentan las personas limitadas en lo concerniente a que no pueden ser despedidas o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie la autorización de la Oficina de Trabajo se encuentra regulada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, de manera que la minusvalía a que se refiere esta disposición debe ser buscada, en primer lugar, en el contexto de este articulado y, solo en ausencia de disposición que lo determine, es dable acudir a la aplicación supletoria de otras normas, conforme lo prevé el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo.

Al respecto conviene precisar que la Ley 361 de 1997 contiene un régimen de carácter especial, que trasciende el campo del sistema de seguridad social integral, dado que su protección va más allá de las garantías que este régimen cubre, pues su propósito es la protección de los derechos fundamentales de las personas con limitaciones, previendo para quienes las padecen en los grados de “severas y profundas” la asistencia y protección necesarias. En este sentido la Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia de 7 de febrero de 2006, radicada con el número 25130, lo siguiente:

“cumple observar que la Ley 361 de 1997 es un estatuto especial que estableció “... mecanismos de integración social de las personas con limitación...” y que según su primer artículo los principios que la fundamentan están en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Política. Se trata de una ley que según la exposición de motivos tuvo por objeto la integración social de los discapacitados (Gaceta del Congreso 364 del 30 octubre de 1995). Los capítulos que la integran consagran garantías que asumen el Estado y la sociedad para facilitar al antes señalado grupo de personas un modo de vida digno que les permita la rehabilitación, bienestar social, el acceso preferente a la educación, a los bienes y al espacio de uso público, al trabajo, etc.”.

Aclarado lo anterior, se observa que la Ley 361 de 1997 está dirigida de manera general a garantizar la asistencia y protección necesaria de las personas con limitaciones severas y profundas, pues así lo contempla su artículo 1º; al referirse a los principios que la inspiran y al señalar sus destinatarios, de modo que delimita el campo de su aplicación, como ya se anotó, a quienes padecen una minusvalía significativa.

Es en desarrollo de esta preceptiva y particularmente en lo que tiene que ver con las personas a que está orientada la protección especial que consagra, según el grado de su limitación, que se dispone en el artículo 5º que las personas con limitaciones deberán aparecer como tales en los carné de afiliación al sistema de seguridad social en salud, correspondiendo a las empresas promotoras de salud consignar, en tal documento, la existencia de la respectiva limitación, con la especificación del grado de limitación que presenta su portador, en las escalas de moderada, severa y profunda, con el fin de que puedan identificarse como titulares de los derechos previstos en la ley comentada. No se trató entonces de una previsión caprichosa del legislador al aludir, en esta disposición, a los distintos grados de minusvalía que pueden afectar a las personas según la limitación que padezcan, por el contrario, la razón está de parte de aquellas que padecen mayores grados de limitación, naturalmente con el propósito de lograr su integración social en todos los ámbitos de la vida en comunidad en que se desenvuelven los seres humanos. Obviamente que el amparo es menor o inexistente para las personas con limitaciones de menor intensidad que no se les dificulta su inserción en el sistema competitivo laboral.

En el articulado de la Ley 361 de 1997 se toman como parámetros los diferentes grados de minusvalías a que se hecho alusión para establecer condiciones que garanticen su incursión en el ámbito laboral o que los haga merecedores de la protección del Estado, entre otros, en el campo de vivienda, seguridad social y educación. Así por ejemplo en el 24 se garantiza a los empleadores que vinculen laboralmente a personas con limitación que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitaciones, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados, si tienen en sus nóminas un mínimo del 10% de sus empleados, en las condiciones de discapacidad enunciadas en ese mismo ordenamiento; en el 31 se dispone que los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no inferior al 25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales, pagados durante el año o período gravable a los trabajadores con limitación, y el 37 prevé que el gobierno, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en cooperación con las organizaciones de personas con limitación, apropiará los recursos para crear una red nacional de residencias, hogares comunitarios y escuela de trabajo para atender las personas con limitaciones severas.

Es claro entonces que la precipitada ley se ocupa esencialmente del amparo de las personas con los grados de limitación a que se refieren sus artículos 1º y 5º; de manera que quienes para efectos de esta ley no tienen la condición de limitados por su grado de discapacidad, esto es para aquellos que su minusvalía está comprendida en el grado menor de moderada, no gozan de la protección y asistencia prevista en su primer artículo.

Ahora, como la ley examinada no determina los extremos en que se encuentra la limitación moderada, debe recurrirse al Decreto 2463 de 2001 que sí lo hace, aclarando que en su artículo 1º de manera expresa indica que su aplicación comprende, entre otras, a las personas con derecho a las prestaciones y beneficios contemplados en las leyes 21 de 1982, 100 de 1993, 361 de 1997 y 418 de 1997. Luego, el contenido de este decreto en lo que tiene que ver con la citada Ley 361, es norma expresa en aquellos asuntos de que se ocupa y por tal razón no es dable acudir a preceptos que regulan de manera concreta otras materias.

Pues bien, el artículo 7º del Decreto 2463 de 2001 señala los parámetros de severidad de las limitaciones en los términos del artículo 5º de la Ley 361 de 1997; define que la limitación “moderada” es aquella en la que la pérdida de la capacidad laboral oscila entre el 15% y el 25%; “severa”, la que es mayor al 25% pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad labora y “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el 50%.

En las condiciones anotadas es claro que el juzgador de segundo grado se equivocó al aplicar en este asunto el artículo 5º de la Ley 776 de 2002, pues si bien este precepto limita los grados en que se encuentra comprendida la incapacidad permanente parcial lo hace de manera expresa para los afiliados al sistema general de riesgos profesionales y para los fines de las indemnizaciones y prestaciones que cubre este régimen, que obviamente no guarda relación con el tema de estabilidad laboral que protege la Ley 361 de 1997.

Surge de lo expuesto que la prohibición que contiene el artículo 26 de la citada Ley 361, relativa a que ninguna persona con discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su minusvalía, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo, se refiere a las personas consideradas por esta ley como limitadas, es decir, todas aquellas que tienen un grado de invalidez superior a la limitación moderada. Situación en la que no se encuentra el demandante, pues su incapacidad permanente parcial tan solo es del 7.41%, es decir, inferior al 15% del extremo mínimo de la limitación modera, que es el grado menor de discapacidad respecto del cual operan las garantías de asistencia y protección que regula esa ley, conforme con su artículo 1º”.

De acuerdo con la sentencia en precedencia para que un trabajador acceda a la indemnización estatuida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se requiere: (i) que se encuentre en una de las siguientes hipótesis: a) con una limitación “moderada”, que corresponde a la pérdida de la capacidad laboral entre el 15% y el 25%, b) “severa”, mayor al 25% pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad labora, o c) “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el 50%; (ii) que el empleador conozca de dicho estado de salud; y (iii) que termine la relación laboral “por razón de su limitación física” y sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social.  

Descendiendo al estudio del elenco probatorio encuentra la Corte Suprema de Justicia que el Tribunal no incurrió en los desaguisados que la censura le enrostra toda vez que, en verdad, no desconoció la existencia de las diferentes incapacidades médicas, sino que estimó que el dictamen de la 9, por medio del cual se estructuró la pérdida de la capacidad laboral en un 55.60%, a partir del 8 de agosto de 2004, le fue notificado a la actora el 28 de junio de 2005, es decir, con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo, que lo fue por vencimiento del plazo inicialmente pactado; luego, para ese momento, el empleador no tenía conocimiento de la discapacidad de la actora. También es cierto que las incapacidades, por sí solas, no acreditan que la persona se encuentre en la limitación física y dentro de los porcentajes anteriormente mencionados, para efectos de ser cobijada por la protección a la que se refiere el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 

Puestas así las cosas, debe la corporación reiterar que no dimana error alguno, al menos de naturaleza protuberante, en la conclusión a la que arribó la Sala sentenciadora en torno a que la empleadora desconocía de la limitación al momento de la terminación del vínculo contractual, por expiración del plazo, en la medida en que para la fecha de terminación de la relación laboral, 30 de noviembre de 2004, la promotora del litigio no había sido calificada como inválida o con limitación física, dado que este estado solo se produjo por la junta nacional de calificación de invalidez el 24 de junio de 2005 (fls. 25 y 26, cdno. 1), dictamen notificado a la actora el 28 de junio de la misma anualidad (fl. 24, ib.).  

Siendo consecuentes con lo anotado, lo cargos no salen avantes.

Cargo tercero

Acusa la sentencia de directamente, por infracción directa, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Aduce que a la terminación del contrato de trabajo la demandada le adeudaba las cesantías correspondientes a 180 días, “en consecuencia la anterior disposición es clara y perfectamente aplicable al caso controvertido pero el juzgador de segunda instancia se abstuvo de dar plena aplicación al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo con lo cual violó directamente la norma citada” (fl. 13, cdno. 3).

La réplica

Sostiene que la censura omite en la sustentación explicar y analizar en qué consisten los yerros que le enrostra al tribunal.

Consideraciones de la Corte

Sea lo primero advertir que, a pesar de que la demandante en el recurso vertical mostró su inconformidad en torno a la absolución de la sanción moratoria, el colegiado no se refirió de manera expresa en la parte motiva de la sentencia acusada sobre ello. No obstante dicha omisión, entiende la corporación que hizo suyos los análisis jurídicos y fácticos esbozados por el juzgador de primera instancia.

Dado lo anterior, quiere la Corte Suprema de Justicia llamar la atención a las salas sentenciadoras para que sean más cuidadosas y paren mientes en los argumentos expuestos en los diferentes recursos de alzada, para que estudien y tengan en consideración al momento de fallar todos y cada uno de los asuntos esgrimidos por los impugnantes.

Como quedó dicho, el estudio de la sentencia de segunda instancia permite colegir que el tribunal prohijó en su totalidad las razones que tuvo en cuenta el a quo para declarar la improcedencia de la sanción moratoria, motivo por el cual puede la Sala abordarlos como juez de casación, esto sostuvo:

“la indemnización moratoria, contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo consiste en el pago de un día de salario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales o salarios, hasta cuando se satisfagan las acreencias debidas, salvo los casos de retención contemplados por la ley o convenidos por las partes. El despacho estima que pese a que se está condenando a la demanda(sic) al pago de las cesantías parciales, no hay lugar a condena por indemnización moratoria, por cuanto el empleador pagó el total del monto de las cesantías, solo que lo hizo en forma indebida y por ello, está obligado a pagar. Estima el despacho que en el pago ordenado por el legislador en el artículo 254 CST subyace una sanción, luego sancionar con indemnización moratoria constituiría una doble sanción, cuando en el plano fáctico la trabajadora percibió el dinero que le correspondía por cesantía”.

Por su parte, la recurrente afirma que a la terminación del contrato de trabajo la demandada le adeudaba las cesantías correspondientes a 180 días, “en consecuencia la anterior disposición es clara y perfectamente aplicable al caso controvertido pero el juzgador de segunda instancia se abstuvo de dar plena aplicación al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo con lo cual violó directamente la norma citada” (fl. 13, cdno. 3).

De entrada observa la Sala que la censura no cuestiona los verdaderos argumentos de la sentencia, pues, como surge del resumen que se hizo de la providencia impugnada, principalmente se apoyó en que “en el pago ordenado por el legislador en el artículo 254 CST subyace una sanción, luego sancionar con indemnización moratoria constituiría una doble sanción, cuando en el plano fáctico la trabajadora percibió el dinero que le correspondía por cesantía”.

Al dejar libre de reparos los esenciales fundamentos, fuerza concluir que se mantienen ellos como soportes del fallo recurrido, por cuanto que, como lo ha explicado esta corporación, para lograr la prosperidad de un ataque es menester que se controvierta todos los estribos de hecho o de derecho en que se basa la decisión, pues nada conseguirá si refutan razones distintas de las expresadas por el tribunal como báculo del fallo o apenas alguna o algunas de ellas, como sucedió en el presente caso.

Aunado se tiene que la modalidad de violación seleccionada por la recurrente no es la acertada, toda vez que el tribunal no desconoció la existencia del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, sino que estimó que no se acreditaron los supuestos fácticos que ella consagra, vale decir la aplicó de manera negativa.

Por último, no puede pasar por alto la Corte que el cargo pretende la aplicación automática de la sanción moratoria por el mero hecho del incumplimiento del empleador en el pago de salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, cuando la jurisprudencia de antaño ha sostenido que no opera de manera maquinal sino que es deber del juzgador analizar la conducta del empleador.

Lo discurrido conduce a que el cargo se desestime.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 12 de diciembre de 2007, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso instaurado por Alba Regina Rodríguez Mozo contra la Comunidad Hermanas Dominicas de la Presentación - Colegio de la Presentación.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la impugnante, por cuanto hubo oposición.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Isaura Vargas Díaz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo Jose Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.