Sentencia 35649 de noviembre 18 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Exp.: 35649

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

EXTRACTOS: «Hecha la anterior precisión, se concreta la Corte a la acusación al tribunal por incurrir en un presunto desvío hermenéutico respecto del artículo único del Decreto 3153 de 1953, que es del siguiente tenor:

“Los empleados y obreros de obras que se ejecutan por cuenta de entidades públicas mediante contrato de administración delegada, son trabajadores oficiales y por consiguiente están sometidos en sus relaciones laborales a las disposiciones que rigen para los trabajadores oficiales”.

Para el recurrente esa disposición debe hacerse extensiva a quienes realicen interventoría, cuando la entidad contratante sea una entidad oficial, y no aplicarse de manera exclusiva para los casos de administración delegada como entendió el sentenciador de segundo grado.

Al respecto estima la Corte que ningún yerro interpretativo cometió el tribunal, pues es claro que dicha disposición solo hace referencia a los eventos de administración delegada y no al supuesto de la interventoría de una obra pública.

La interventoría es un tipo de contrato que no puede celebrarse bajo la modalidad de administración delegada.

En la administración delegada como modalidad de contratación de obra pública, la entidad pública que va a ejecutar una obra contrata a un tercero para que administre o coordine su ejecución; pero este último lo hace no por cuenta propia como un contratista independiente, sino por cuenta de la entidad contratante que en principio asume la responsabilidad y manejo del desarrollo de los trabajos (así se precisaba en el art. 79 del D. 150/76). En esa medida por regla general, las personas que se contratan para llevar a cabo esas obras se entiende que lo son en beneficio de la entidad, actuando el administrador delegado como simple intermediario. Esto justifica la previsión de la norma en comento, que somete a esos trabajadores de obras para efectos laborales a las normas que rigen para los trabajadores oficiales, siempre que se insiste, se trate de obras “que se ejecutan por cuenta de entidades públicas mediante contrato de administración delegada”.

Este no es el caso de la interventoría, en que el contratista debe actuar de forma independiente. Así lo preveía el Decreto 150 de 1976 y hoy el estatuto de contratación pública o Ley 80 de 1993, que contempla que las entidades puedan contratar los servicios de particulares para que lleven a cabo la interventoría de los contratos, lo cual se hace obligatorio en los contratos de obra en los que haya mediado licitación o concurso como lo dispone el artículo 32-1 de esta última ley cuando dispone que:

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista…”.

El interventor en ese caso cumple el objeto del contrato en forma autónoma, y no por cuenta de la entidad pública contratante.

El artículo 53 del mismo estatuto consagra que

“Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría”.

La Corte Constitucional sobre este tema precisó en sentencia C-037 de 2003, que

“…al interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactado en las condiciones técnicas y científicas que más se ajusten a su cabal desarrollo, de acuerdo con los conocimientos especializados que él posee, en razón de los cuales la administración precisamente acude a sus servicios. Dicha función de control, que las normas contractuales asignan a los servidores públicos, pero que excepcionalmente en virtud del contrato de interventoría puede ser ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una función pública”.

Todo lo anterior es indicativo de que en la legislación colombiana, la interventoría está sometida a reglas distintas de las de la administración delegada, y que se permite la realización de la labor de interventoría de las obras públicas, por parte de particulares, y que el ejercicio de esa función si bien es cierto está dentro del campo de lo público desde el punto de vista funcional, también lo es que el particular que la ejerce conserva tal condición, sin que se tenga para efectos laborales como un trabajador oficial.

Como el tribunal dio por acreditado —conclusión que se admite dada la vía de ataque seleccionada—, que la actora laboró en virtud de contratos que fueron ejecutados por las firmas particulares Inesco y Sinco Ltda., cuyo objeto era la interventoría de obras, resulta razonable el entendimiento de la sentencia de no tener esos tiempos como servidos al sector público para efectos pensionales.

Así las cosas, no incurrió el tribunal en el yerro jurídico que se le endilga, y por no regular la disposición acusada la controversia del sub lite, el cargo se desestima».

(Sentencia de casación, 18 de noviembre de 2009. Expediente 35649. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo López Villegas ).