Sentencia 35696 de septiembre 29 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 35696

Magistrado Ponente

Dr. Luis Javier Osorio López

Acta 38

Bogotá, D.C., veintinueve de septiembre de dos mil nueve.

EXRACTOS: «V. Recurso de casación

Inconforme con la anterior determinación, la sociedad demandada interpuso el recurso de casación, y según se lee en el alcance de la impugnación, pretende que se CASE totalmente la sentencia recurrida, y en sede de instancia se confirme el fallo absolutorio del a quo, proveyendo lo que corresponda por costas.

Subsidiariamente aspira que se CASE totalmente la sentencia del tribunal, y en sede de instancia la Corte revoque la absolución de la indemnización por despido dispuesta por el juez de conocimiento, y en su lugar se condene a la accionada al pago de la misma, confirmando en lo demás la decisión del juzgado.

Para tal fin invocó la causal primera de casación laboral contemplada en los artículos 87 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, 60 del Decreto 528 de 1964, 23 de la Ley 16 de 1968 y 7º de la Ley 16 de 1969, y formuló tres cargos que merecieron réplica, de los cuales se despacharán conjuntamente los dos primeros por estar orientados por igual vía, denunciar el mismo conjunto normativo, valerse de una argumentación común y perseguir idéntico fin, cual demostrar que el despido del demandante fue justificado y por ende improcede el reintegro impetrado, para luego adentrarse la Sala en el estudio del tercero relativo a las incompatibilidades para el reintegro.

VI. Primer cargo.

Acusó la sentencia impugnada de violar la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, respecto de los artículos “8º del Decreto 2351 de 1965 y 28 de la Ley 789 de 2002; 65 del Código Sustantivo del Trabajo; en relación con los artículos 58 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo; 7º del Decreto 2351 de 1965; 177, 195 y 210 del Código de Procedimiento Civil”.

Indicó que la violación de la ley se produjo como consecuencia de que el juez colegiado incurrió en los siguientes errores manifiestos de hecho:

“No dar por demostrado, estándolo, que el actor había sido debidamente capacitado para el procedimiento de apretar y desapretar la boquilla y la punta de la boquilla.

No dar por demostrado, estándolo, que el demandante estuvo laborando los días 4 y 5 de julio de 2003 en sus respectivos turnos, y en consecuencia tuvo a su cargo la máquina inyectora Arburg Nº 3.

No dar por demostrado, estándolo, que el demandante fue la única persona de la empresa que realizó las últimas 6 operaciones de apretada y desapretada de la punta de la boquilla.

No dar por demostrado, estándolo, que el demandante nunca avisó a la demandada, que la máquina inyectora Arburg Nº 3 tuviera alguna inconsistencia en la boquilla, ni en la punta de la boquilla.

Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante no aplicó fuerza excesiva al apretar y desapretar la punta de la boquilla.

No dar por demostrado, estándolo, la fuerza excesiva del demandante al apretar y desapretar la punta de la boquilla”.

Sostuvo que los errores de hecho que anteceden, tuvieron ocurrencia por la apreciación errónea de las siguientes pruebas o piezas procesales:

“Demanda (fIs. 1 a 4).

Carta de terminación del contrato de trabajo (fIs. 23 y 24 y 53 y 54).

Confesión judicial del representante legal de la demandada (fIs. 186 a 191).

Confesión judicial del demandante (fIs. 193 a 196).

Dictamen pericial (fIs. 367 a 371).

Respuesta a la objeción del dictamen por parte del perito (fIs. 391 y 392).

Comunicación de 8 de julio de 2003, dirigida por el actor al ingeniero Felipe Reyes (fI. 15).

Descargos rendidos por el demandante el 14 de julio de 2003 (fIs. 16 a 22 y 46 a 52).

Informe de la empresa Maqtec Ltda. (fls. 107).

Memorando DT/001/01 de 2 de enero de 2001, emanado de la dirección técnica y de producción de la accionada, y dirigido al accionante, en lo quetiene que ver con las recomendaciones y sugerencias para desempeñarse como supervisor (fIs. 108 a 109).

Memorando 026 de 2001 dirigido por el jefe de personal Rubén Bayer, y que tiene que ver con la entrega de funciones al demandante en su cargo de supervisor (fIs. 142 a 144).

Comunicación de fecha 10 de mayo de 2005 dirigida por el gerente general de Maqtec al juzgado, mediante la cual remite oferta, factura, acta de entrega, informe, factura de la boquilla de la máquina inyectora Arburg modelo 370C800250 serie 190879 (fIs. 226 a 244).

Inspección judicial (fIs. 362 a 367 y los fls. 372 a 380).

Memorando DT/16/03 de fecha 10 de julio de 2003, emanado del ingeniero Felipe Reyes al director de recursos humanos Diego Moreno (fIs. 103 a 105).

Testimonios de José Dionisio Infante Amaya (fIs. 196 a 201); Felipe Alfonso Fernando Reyes Colmenares (fls. 207 a 220); Pablo Emilio Mojica (fIs. 245 a 247) y Luís Álvaro Galeano Achury (fIs. 247 a 252)”.

Para efectos de la demostración del cargo, la censura comenzó por advertir, que en virtud a que el tribunal hizo alusión genérica a las pruebas documental, testimonial, inspección judicial y al dictamen pericial, debiéndose entender que apreció todo el material probatorio, acusó la equivocada valoración de todas ellas, y a reglón seguido efectuó el siguiente planteamiento:

“(…) Es acertada la conclusión del juzgador de que se encuentra establecido en el proceso que el actor realizó la tarea de apretar o desapretar la punta de la boquilla; pero es desacertada la inferencia de que no está demostrado que cumplió esa “tarea” de forma excesiva, y por ello no existió grave negligencia del demandante.

Para resolver el litigio el tribunal apreció la demanda que dio origen a esta litis y en ella aparece claramente admitido que desde el mes de enero de 2002 el demandante se desempeñó como supervisor de prensas, y que como tal tenía la función básica de vigilar el funcionamiento de máquinas inyectoras, y precisamente en esa función el 4 de julio de 2003 cumplió su jornada laboral entre las 6 a.m. y las 2 p.m., al término de la cual entregó el turno al supervisor Jesús Rodríguez. El día 5 de junio el demandante tomó un nuevoturno de trabajo en el cual se encontró suspendido el funcionamiento de la inyectora Arburg número 3 1113 modelo 3700-800-250 de serie 190879, de lo cual informó al ingeniero Felipe Reyes, director técnico y de producción, pues dicha inyectora se había apagado a las 3 15 a.m. del día 5 de julio del mismo año. También admitió el demandante en la demanda inicial que al cumplir una orden superior procedió a bajar la boquilla, para lo cual utilizó una llave y el procedimiento aplicado en otras oportunidades, conforme a instrucciones y orientaciones verbales que había recibido del saliente supervisor de prensas. Por tanto, surge el primer error de hecho de la sentencia al no dar por demostrado que el actor había sido capacitado para el procedimiento de apretar y desapretar la boquilla.

Nótese que el fallo infiere que de <las pruebas arrimadas tanto testimoniales como documentales y aún del dictamen pericial no se evidencia que el actor hubiese aplicado fuerza excesiva al apretar y desapretar la punta de la boquilla….>. Por lo que es evidente que para fallar el proceso el tribunal apreció todas las pruebas del proceso. A folios 16 a 22 y 46 a 52 del informativo reposan lo descargos rendidos por Jairo Alfonso Gómez Galeano el 14 de julio de 2003, respecto de los hechos que dieron origen al despido; en esa diligencia se le hicieron las siguientes imputaciones: (i) fue él quien realizó los últimos 6 procesos de apriete y desapriete de la boquilla de la inyectora Arburg Nº 3 (1113) modelo 3700-800-250 Nº 250 serie 190879; (ii) se evidenció la rotura de exágono de la tuerca de apriete, generando graves daños en los hilos de la rosca en la punta de la boquilla.

En esa misma oportunidad la compañía dejó “nota”, de la gravedad del daño de la máquina por tratarse de una nueva e importada y que había sido adquirida por la absoluta necesidad de incrementar la producción de piezas inyectadas, también dejó constancia que se había generado un lucro cesante derivado de mantenerla sin funcionar, por los repuestos que se demoran hasta 3 semanas en llegar, lo que ocasionó perjuicios económicos costosos, además del deterioro de la imagen de la compañía frente a sus clientes, por el incumplimiento en las entregas de los productos.

En el texto de los descargos, claramente se observa la aceptación de Jairo Alfonso en cuanto a que manipulaba u operaba la inyectora Arburg Nº3 (1113) modelo 3700-800-250 Nº 250 serie 190879, máquina totalmente nueva e importada, de igual manera que para el manejo de la misma había recibido la inducción pertinente de la empresa, así como para armar y desarmar piezas de la inyectora en caso de daño parcial, no solamente con esa máquina, sino con otras dos, de acuerdo con las indagaciones que se le hicieron al respecto:

<Pregunta: Jairo, ¿conoció usted desde mayo 20, fecha en que se puso a trabajar la inyectora en mención, que esta era una máquina totalmente nueva e importada?

Respuesta: Sí señor.

Pregunta: ¿Recibió usted la inducción respectiva, para el manejo operativo de la inyectora?

Respuesta: Sí señor. La parte esencial y los pasos primarios.

Pregunta: ¿Conocía bien el procedimiento para armar o desarmar piezas de la inyectora Arburg 3 en caso de daño parcial?

Respuesta: Sí señor. A lo que tenemos acceso que es la boquilla.

Pregunta: ¿Había realizado anteriormente procedimientos similares con otras ínyectoras en Ave?

Respuesta: Sí señor. Con las Arburg 1 y 2 que son de la misma referencia...>.

Esos mismos hechos los admitió al absolver el interrogatorio de parte practicado el 24 de septiembre de 2004 (fIs. 193 a 195), aunque tratando de desviar la atención del juzgador, cuando a la segunda pregunta respondió que: <Si recibí instrucción por parte del ingeniero Reyes del manejo inicial de las máquinas inyectoras, muy superficialmente porque la mayoría de la orientación la recibí por parte de los operarios…>; empero en la respuesta a la quinta pregunta aceptó sin vacilaciones que el ingeniero Reyes le hizo por escrito ocho recomendaciones para su desempeño como supervisor de prensas, las que se resumen en tener en cuenta que en los turnos que no estuviera presente ningún directivo, él era el funcionario de mayor jerarquía, cualquier problema de índole técnico o administrativo debía reportarlo por escrito, así como verificar que todas las labores se ejecutaran con seguridad.

Lo anterior demuestra que en los descargos admitió el demandante las recomendaciones que se le hicieron y que había sido debidamente instruido por mi representada para operar la máquina Arburg Nº 3 (1113) modelo 3700-800-250 Nº 250 serie 190879, así como para el procedimiento de armar y desarmar piezas de la misma, y de otras dos inyectoras de igual referencia; es decir, el accionante conocía perfectamente los procedimientos a seguir en caso de daño parcial de alguna de ellas (inyectoras 1, 2, y 3), no era un inexperto en la materia.

Más grave aún, es el hecho que se evidencia en los descargos, que el ad quem menospreció, como es que solo el demandante sabía que la punta de la boquilla ya se encontraba fracturada, y no obstante, nunca le comunicó esa situación a ninguno de sus superiores en la empresa, ya que fue él quien realizó el procedimiento de apretar y desapretar la punta de la boquilla las últimas seis veces antes que la compañía evidenciara el daño:

<Pregunta: ¿Cómo explica usted lo sucedido sabiendo que fue el único que realizó este proceso de apriete y desapriete en seis oportunidades anteriores, desde mayo 30 de este año?

Respuesta: El ingeniero estaba trabajando la máquina y me pidió el favor que bajara la punta de la boquilla, al aflojar la punta de la boquilla se giró la parte del hexágono fracturada...>, incluso en el interrogatorio de parte aceptó que lo había efectuado: “Tercera pregunta: Diga cómo es cierto sí o no, que usted fue el único supervisor que realizó los últimos 6 procesos de aprete y desaprete de la punta de la boquilla en la máquina inyectora Arburg Nº 3 o nueva. Contesto: Sí fui el único operario que hizo el desmonte y montaje de la punta de la boquilla puesto que lo hice a conciencia….>.

En esa misma respuesta manifestó seguidamente el actor que: <... al sacar la punta de la boquilla girando el pedazo de exágono dañó dos hilos de la rosca de la punta de la boquilla. Luego de esto le comenté al ingeniero, se dio cuenta, se llamó al taller y se le hizo presión a la otra parte del hexágono que quedaba ahí para sacar la boquilla…>, posteriormente manifestó a otro de los interrogantes: <Pregunta: Según el relato anterior, aclare si para antes de desmontar la boquilla con las otras ayudas, ya se había evidenciado la rotura del hexágono.

Respuesta: Si ya me había percatado que estaba rota>.

Lo anterior corrobora varias circunstancias graves que denotan que el demandante actuó con descuido, falta de atención, negligencia, y fuerza excesiva, como lo es que a pesar de que ya había ocurrido el daño, que ya lo había identificado, no informó al ingeniero lo sucedido, por el contrario, continuó él solo procediendo a sacar la punta de la boquilla, más aún, a “girar” el pedazo de hexágono, que era el que el propio accionante manifestó se encontraba fracturado, empero no le importó que estuviera en ese estado y continuó adelante con el procedimiento de extracción de la punta de la boquilla, lo que naturalmente condujo a que se dañaran dos hilos de la rosca. De lo anterior es dable también concluir que fue hasta cuando ya no había nada que hacer, y hasta cuando no se podía ocultar más el daño, que le comentó al ingeniero lo ocurrido, lo que evidencia su grave negligencia.

Refuerza lo anterior, el memorando DT/16/03 de 10 de julio de 2003, emanado del ingeniero Felipe Reyes y dirigido al director de recursos humanos Diego Moreno (fls. 103 a 105), en cuanto al asunto de la inyectora Arburg Nº 3 (1113) modelo 370C-800-250 Nº serie 190879, mediante el cual la dirección de técnica y producción, al elaborar un informe resumen de las novedades de proceso que por concepto de “destapar boquillacódigo de corrección 68, se habían efectuado sobre esa máquina desde el 20 de mayo de 2003, fecha en la que se puso en funcionamiento por primera vez, se señaló, que Jairo Alfonso Gómez había ejecutado en total siete (7) correcciones de proceso desmontando la punta de la boquilla, según el informe que adjuntó, y en el cual se discriminan esas circunstancias así:

 

Novedad de proceso FechaTurno
311-00830 30/05/2003 3
311-00837 01/06/2003 3
311-00855 03/06/2003 3
311-00961 17/06/2003 3
311-00986 21/06/20033
311-00999 24/06/20033
311-01067 07/07/2003 1

 

El propio ingeniero Reyes, expresó que el problema se generó el 24 de junio de 2003 en el tercer turno (es decir el del actor), al apretar la punta se realizó una fuerza excesiva, sin que sea necesario hacerlo para que la punta quedefija, es decir, de una u otra forma, existe una conclusión a la que el tribunal hubiera arribado de haber analizado con detenimiento el material probatorio obrante en el plenario, cual es, que la ruptura de la punta de la boquilla ocurrió en el turno del accionante, y por negligencia suya, las pruebas así lo corroboran.

No obstante haber manifestado el demandante en esa diligencia de descargos que ya se había percatado de la ruptura del hexágono, en una de sus respuestas posteriores, curiosa y contradictoriamente manifestó que no había observado anomalías cuando realizó el procedimiento de apretar y desapretar la pieza en comento:

<Pregunta: En las oportunidades en que realizó el procedimiento de apriete y desapriete de la pieza en cuestión, observó anomalías y las informó debidamente?

Respuesta: Ninguna.>.

Posteriormente, respondió con evasivas sobre el mismo hecho que había sido objeto de afirmación por él, y que tiene que ver con el “momento” en que detectó que la máquina no inyectaba correctamente, manifestación que hizo en comunicación de fecha 8 de julio de 2003 dirigida al ingeniero Reyes (fl. 15): <Pregunta: Usted dice que el sábado 05 de julio, cuando detectó que la máquina no inyectaba correctamente, procedió a soltar la punta de la boquilla luego de recibir la orden de hacerlo y que al ejecutar la acción, la punta de la boquilla se giró junto con la parte del hexágono del cuerpo de la boquilla el cual ya se encontraba roto. Como puede ser si el procedimiento realizado en junio 24 de 2003 fue realizado por usted mismo?

Respuesta: El día 24 se ajustó la punta de la boquilla y se le dio el ajuste normal con la debida presión>.

En respuesta a otro de los interrogantes de la compañía, corrobora una vez más el demandante que conocía la fractura del hexágono y que procedió a girar la boquilla, se evidencia adicionalmente el descuido, negligencia y fuerza excesiva: <Pregunta: No cree usted que si la boquilla ya estuviera rota desde antes, no solo habría el sistema detectado una falla mecánica, sino que también se hubiese generado un desperdicio grande y altamente notorio del plástico y según su informe no se evidenció nada de esto?

Respuesta: Había la fractura del hexágono, y al girar la boquilla se desprendió, o sea estaba ajustada y por eso no ocasionó pérdida de material>.

Si el tribunal hubiera efectuado un detallado estudio de esos descargos, se habría percatado que mi procurada tomó la decisión correcta al desvincular al demandante con justa causa, comprobada por la misma aceptación de los hechos y por el material probatorio que al respecto obra en el plenario, y no habría incurrido en los crasos errores de valoración que se le imputan.

No está por demás agregar que de acuerdo con los documentos emanados de Maqtec, obrante a folios 226 y siguientes, se observa que se trataba de una máquina cuya traída al país le generó un gasto bastante grande a mirepresentada, ya que además del valor comercial de la misma, debió cancelar el valor del importe y el embalaje, generándose un gasto de $59.830 euros, la que además fue entregada por la compañía vendedora en perfecto estado y naturalmente debía ser, como cualquier equipo de oficina, cuidadosamente manejada, cosa que no hizo el demandante, quien escudándose en razones ausentes de toda credibilidad y evadiendo su responsabilidad, ha querido sustraerse de una culpa manifiesta en el daño de la misma, en menos de dos meses, porque esa máquina le fue entrega e instalada en perfectas condiciones en Ave Colombiana Ltda. el 28 de mayo de 2003 (fI. 236), y quien la empezó a maniobrar fue el actor, tal como lo reconoció tanto en la diligencia de descargos, como en el interrogatorio de parte.

Los documentos de folios 372 y 380, incorporados al expediente en la inspección judicial, muestran la zona en la que la pieza sufrió la fractura, el cuidado que se debía tener con la misma, los procedimientos a seguir para evitar daños, como el que finalmente hubo y del que fue responsable el demandante.

Las anteriores prueban, acreditan tanto el daño ocurrido a la punta de la boquilla, el valor de la máquina, la inversión de mi prohijada para la adquisición de la misma, y naturalmente la responsabilidad y clara culpa del demandante en el daño que en menos de dos meses le ocurrió a ese elemento de trabajo que utilizaba y maniobró el actor con total irresponsabilidad y negligencia.

Así las cosas, son infundadas y desacertadas las afirmaciones del dictamen pericial, que más parece un alegato de conclusión del demandante, no obstante el tribunal no hizo alusión concreta al respecto, solo se limitó a realizar una equivocada valoración de la declaración de los testigos”.

A continuación la censura se refirió a los dichos de los deponentes José Dionisio Infante Amaya (fls. 196 a 201), Felipe Alfonso Fernando Reyes Colmenares (fIs. 207 a 220), Pablo Emilio Mojica (fIs. 245 a 247), y Luis Álvaro Galeano Achury (fIs. 247 a 252), para concluir que este medio de prueba igualmente fue mal apreciado, lo cual acorde con todo lo anterior, conduce a la prosperidad de la acusación.

VII. Segundo cargo

Atacó la sentencia recurrida de violar la ley sustancial por la senda indirecta, en el concepto de aplicación indebida, en relación al mismo conjunto normativo enunciado en el cargo que antecede.

Los errores de hecho son iguales a los propuestos en el primer ataque, y las pruebas denunciadas corresponden exactamente a las enlistadas en el cargo anterior, con la diferencia de que ahora aparecen relacionadas en distinto orden y algunas de ellas se están acusando pero como dejadas de apreciar, bajo el argumento de que el tribunal estimó ciertos medios de convicción y no todos, que de haberlo hecho hubiera establecido la verdad real en el presente asunto. En lo demás, esbozó idéntica crítica que la planteada para la primera acusación, lo cual hace innecesaria su repetición.

VIII. Réplica

A su turno, la réplica solicitó de la Corte rechazar los cargos, dado que el tribunal amparado en la libre formación del convencimiento previsto en el artículo 61 del Código de Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, apreció correctamente las pruebas que le sirvieron de base para concluir la inexistencia de la falta invocada por el empleador demandado para romper el vínculo laboral del accionante; que en virtud de que la empresa teniendo la carga procesal, no logró demostrar judicialmente la causal atribuida para el despido del trabajador demandante, resulta procedente el reintegro impetrado; que independiente de que el actor hubiese sido capacitado o no para el procedimiento de apretar y desapretar la punta de la boquilla de la máquina inyectora y que realizara las últimas 6 operaciones de apretada y desapretada, lo cierto es, que en este litigio lo único que quedó acreditado fue que este no causó el daño, sino que más bien las pruebas muestran que la parada del equipo obedeció a falla del material durante el ciclo de trabajo de dicha máquina; y que en definitiva el censor con su discurso, no probó ninguno de los yerros fácticos endilgados y menos con el carácter de manifiesto.

IX. Se considera

Primeramente es de recordar, que conforme a lo normado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, y provenga de la falta de apreciación o errada valoración de una prueba calificada.

De acuerdo al contenido de estos dos primeros cargos, el debate gira en torno a la justificación del despido, pues mientras la sociedad demandada sostuvo que el vínculo contractual que ató a las partes finalizó por justas causas, el actor argumentó que la decisión de la empleadora fue injustificada, tesis última acogida por el sentenciador de segundo grado, quien revocó la decisión absolutoria del a quo y ordenó el reintegro del demandante.

Del contexto de la sentencia recurrida, es dable colegir que para el tribunal la accionada no logró acreditar la justa causa alegada, esto es, la grave negligencia del demandante en el manejo de la máquina inyectora Arburg Nº 3 (1113) modelo 370C-800-250 número de serie 190879, y concretamente que este haya sido la persona que ocasionó el desperfecto o daño en la boquilla, pues “… del examen de las pruebas allegadas no se evidencia la existencia del hecho invocado como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, pues si bien aparece acreditado que el actorrealizó la tarea de apretar y desapretar, no aparece demostrado que lo hubiese hecho con <fuerza excesiva al apretar y desapretar la punta de la boquilla>”.

Ciertamente, el juez colegiado soportado principalmente en la prueba testimonial y pericial, en suma concluyó que la sociedad demandada no había probado la justeza del despido y que el hecho de que el actor como supervisor ejecutara el procedimiento de apretar y desapretar la boquilla de la inyectora que había adquirido la demandada, no es prueba suficiente de que él “hubiese aplicado fuerza excesiva” al ejecutar esa labor y que por tanto fuera el causante del daño que produjo la parada de la máquina, sobre lo cual tampoco existe confesión del trabajador inculpado, además de que en el proceso se dictaminó técnicamente que las “condiciones de trabajo y cambios de temperatura” fue lo que hizo que la pieza de la punta de la boquilla fallara, “presentándose las fisuras que reducen su capacidad para soportar los esfuerzos de trabajo, fracturándose durante el ciclo de trabajo y no por el torque aplicado en el montaje de montaje”.

Visto lo anterior y pasando a los seis (6) errores de hecho que la censura le enrostró al fallador de alzada, la verdad es que, no pudo cometer ninguno de ellos, y en el mismo orden que aparecen propuestos la Sala encuentra objetivamente lo siguiente:

1. De la capacitación del demandante para desempeñar el cargo de supervisor de prensas.

El censor en el primer error de hecho, se duele que el tribunal no haya dado por demostrado que “el actor había sido debidamente capacitado para el procedimiento de apretar y desapretar la boquilla y la punta de la boquilla”, y le endilga la errónea apreciación de la demanda con que se dio apertura a la presente controversia, donde el mismo demandante admite y da cuenta de esa capacitación.

Al respecto es de anotar, que la colegiatura no incurrió en esa deficiencia probatoria, si se tiene en cuenta que según el contexto de la sentencia impugnada, en ningún momento la alzada puso en tela de juicio el hecho de que el accionante como supervisor de prensas, se encontraba <capacitado> para cumplir con la tarea de apretar y desapretar la punta de la boquilla, es más dio por acreditado que este efectivamente ejecutó dicha función.

El juez de apelaciones lo que no halló demostrado en esta litis, fue lo imputado por la demandada en la carta de despido, esto es, que en desarrollo de esa específica labor, el accionante hubiera aplicado una <fuerza excesiva> que produjera el daño a la inyectora, y que <el apretar y desapretar la boquilla> en forma inadecuada, fuera efectivamente la causa de la parada de la citada máquina en el turno de la madrugada del 5 de julio de 2003, que es lo que realmente condujo a la segunda instancia a declarar la injusticia del despido.

2. De la labor del actor para los días 4 y 5 de julio de 2003, teniendo a su cargo en el respectivo turno, la máquina inyectora Arburg Nº 3. La realización por parte de este como supervisor de las últimas seis (6) operaciones de apretada y desapretada de la punta de la boquilla, con antelación a la parada del equipo. La falta de aviso a sus superiores de alguna inconsistencia en la boquilla o punta de la misma. Y la negligencia grave del trabajador.

El recurrente sobre estos aspectos formuló tres yerros fácticos, con los cuales pretende establecer la responsabilidad del actor, en la parada de la máquina inyectora a la hora de las 3:15 a.m. del día 5 de julio de 2003, y su grave negligencia en la operación de la boquilla y concretamente en la tarea de apretada y desapretada de la punta de tal boquilla.

En primer lugar, cabe destacar, que es un hecho indiscutido en sede de casación, que el demandante no estaba laborando en el preciso momento en que dejó de funcionar la inyectora, dado que entregó turno sin novedad a la hora de las 2:00 p.m. del día 4 de julio de 2003 y recibió nuevamente turno a la 6:00 a.m. del día 5 de ese mismo mes y año, encontrando el informe del apagado de la máquina a la hora de las 3:15 a.m. de ese día.

A contrario de lo que sostiene la censura, el demandante en los descargos rendidos y en el interrogatorio de parte absuelto, no está admitiendo haber tenido conocimiento que la boquilla de marras estuviera <fracturada> desde su turno o que enterado de ello omitiera comunicar esa situación a sus superiores, y más bien se reafirma en que cumplió a cabalidad con el procedimiento de apriete y desapriete de la punta de la boquilla, habiendo entregado en perfecto estado de funcionamiento la máquina en el turno del 4 de julio de 2003, asistiéndole en consecuencia razón al tribunal, en el sentido de que “del examen de sus dichos no se desprende que el demandante hubiese confesado” la falta atribuida o la negligencia imputada.

En efecto, en la diligencia de descargos del demandante fechada 14 de julio de 2003, obrante a folios 16 a 22 y que se repite a folios 46 a 52 del cuaderno principal, si bien es cierto, el trabajador inculpado aceptó que manipulaba y operaba la inyectora Arburg Nº 3 y que realizó en seis (6) oportunidades anteriores el procedimiento de apriete y desapriete de la boquilla, también lo es, que fue categórico en afirmar que cuando llevó a cabo esa labor no observó ninguna anomalía, y que en el último procedimiento que efectuó el 24 de junio de 2003 le dio a la punta de la boquilla el ajuste normal con la debida presión. Es pertinente aclarar, que cuando el accionante se refirió a que por orden del ingeniero, procedió a bajar la punta de la boquilla a fin de detectar el daño, y ahí fue donde se evidenció la fractura del hexágono del cuerpo de la boquilla, esto aconteció el 5 de julio de 2003, lógicamente en el turno que inició a las 6:00 a.m. después de presentada la falla que condujo a la parada de la máquina.

Del mismo modo, en el interrogatorio de parte que absolvió el accionante (fls. 193 a 196 ibídem), en verdad no se cuenta con confesión del interrogado sobre la ocurrencia de los hechos en los términos señalados en la carta de despido, habida consideración que la circunstancia de que este haya aceptado que fue el operario que hizo el desmonte y montaje de la punta de la boquilla (respuesta pregunta tercera), y que recibió cierta capacitación o recomendaciones para el desempeño del cargo de supervisor de prensas (contestación preguntas primera y segunda), no significa que esté admitiendo que en esos procedimientos adelantados se “excedió” en fuerza al <apretar y desapretar la punta de la boquilla> generando la rotura de esa pieza, es más al dar respuesta a las preguntas tercera y décima manifestó que siguió el procedimiento establecido y llenó los registros de novedades, pero que “no sé en que condiciones limpiaban la boquilla los otros supervisores”, y aseveró que no tuvo conocimiento previo del rompimiento de esa boquilla, ya que “la encontré dañada la encontré rota”.

De otro lado, en lo que tiene que ver con el memorando DT/16/03 del 10 de julio de 2003, dirigido por el ingeniero Felipe Reyes – director técnico y de producción de la demandada, al director de recursos humanos de la misma empresa, visible a folios 103 a 105 ídem; es menester anotar, que esa probanza no tiene la connotación que le quiere imprimir el recurrente, en el sentido de que muestra que el daño se produjo desde el 24 de junio de 2003 en el tercer turno donde estaba laborando el actor, cuando aquel en esa ocasión seguramente apretó la punta de la boquilla con <fuerza excesiva>; habida consideración de que lo allí expresado, corresponde es a un “concepto” de quien suscribe la documental, lo cual se colige del siguiente pasaje: “En mi concepto el problema se debió generar el día 24 de junio de 2003 en el tercer turno, al apretar la punta se aplicó una fuerza excesiva, sin que sea necesario hacerlo para que la punta quede fija…. Cuando se vio la necesidad de desmontarla nuevamente el día 5 de julio de 2003, coincidencialmente el mismo Sr. Gómez ejecutó el proceso y él mismo evidenció la rotura después de desapretarla” (lo resaltado es de la Sala), no siendo por tanto esta la prueba idónea que entre a acreditar, que ciertamente el demandante al manipular en el mes de junio de 2003 la inyectora, hubiese sido la persona que rompió la punta de la boquilla, y menos cuando no quedó evidenciado en la litis que la fractura de esa pieza se presentó efectivamente días antes de la parada de la máquina, que como atrás se dijo, su funcionamiento solo se vino a interrumpir en el turno de la madrugada del 5 de julio de 2003.

De ahí que, los anteriores medios de convicción no fueron mal apreciados.

Por otro parte, en lo que incumbe a las demás pruebas calificadas que se denunciaron, ninguna de estas acredita la negligencia grave del actor en el desempeño de su cargo de supervisor de prensas, como pasa a verse:

a) La carta de despido que corre a folios 23 - 24 y 53 - 54 del cuaderno principal, no fue mal valorada, toda vez que con ella se tuvo por probado lo único que válidamente es dable establecer de ese documento, esto es, que el empleador dio ruptura al contrato de trabajo alegando justa causa.

b) Lo expuesto por el representante legal de la demandada en el interrogatorio absuelto que aparece a folios 186 a 192 ibídem, no se puede tener como una <confesión> a su favor, habida consideración que ello constituye una simple manifestación de parte, que requiere ser corroborada por algún otro medio de convicción, pues esas expresiones no reúnen los requisitos de la confesión en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión analógica al procedimiento laboral, valga decir, que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan pero a la parte contraria.

c) De la comunicación del 8 de julio de 2003 dirigida por el actor al ingeniero Felipe Reyes C. de folio 15 ídem, no pudo apreciarse equivocadamente, por virtud de que el trabajador dentro de las explicaciones que brinda por el daño en la boquilla de la inyectora, no acepta culpabilidad alguna, y a contrario sensu pone de presente que “la máquina inyectora Arburg # 3 (1113) el día sábado 5 de julio se encontraba averiada una vez recibí el turno”.

d) Respecto de los restantes documentos, se encuentra objetivamente lo siguiente:

— Informe de la empresa fabricante Maqtec Ltda., donde se analizaron posibles causas del daño, entre ellas el torque exagerado al instalar la punta de la boquilla y/o el trabajo de la boquilla con temperaturas demasiado bajas, y por medio de la cual se envía a la accionada una nueva boquilla por “garantía” (fl. 107 ejusdem); lo cierto es que, ese documento no menciona para nada al operario demandante, ni estable la data de la avería de la máquina, para efectos de poder responsabilizar al supervisor de un determinado turno. Igual sucede con la comunicación calendada 10 de mayo de 2005 emanada de esa compañía y sus anexos, que allegan al juzgado la oferta, factura y acta de entrega de la máquina adquirida por la demandada, así como el informe de la ruptura de la boquilla y la factura de la pieza que se reemplazo (fls. 226 a 244), que no esclarecen la responsabilidad del actor en el daño presentado.

— Memorandos DT/001/01 del 2 de enero de 2001 relativa a recomendaciones y sugerencias para poderse desempeñar el accionante como supervisor (fls. 108 y 109) y 026 de 2001 a través del cual el jefe de personal de la empresa hace entrega a este de las funciones a cumplir como supervisor y que se adjuntan (fls. 142 a 144); no especifican la función concerniente a la manipulación u operación de la máquina inyectora Arburg Nº 3 (1113).

— Inspección judicial y documentos incorporados en esa diligencia (fls. 362 a 366 y 372 a 380), si bien acreditan o confirman el daño o ruptura de la punta de la boquilla de la máquina inyectora de marras, no así la responsabilidad individual o culpa del demandante en esa avería.

En este orden de ideas, el tribunal no cometió ningún error de valoración en relación con los elementos probatorios que anteceden.

3. De la fuerza excesiva del demandante al apretar y desapretar la punta de la boquilla.

La censura para aducir la <fuerza excesiva>, que afirma en la carta de despido ejerció o aplicó el demandante en el procedimiento de apretar y desapretar la punta de la boquilla de la inyectora, formuló los dos últimos errores de hecho, los cuales tampoco pueden tener prosperidad dado que como quedó visto, con las pruebas calificadas antes estudiadas no se logra demostrar la justa causa argüida por la empleadora demandada.

Además, de acuerdo con la motivación del fallo censurado, observa la Corte, que no obstante el tribunal hizo referencia al examen de todas las “pruebas allegadas”, entre ellas las “documentales”, queda al descubierto que la convicción que se formó sobre la inexistencia de causa que justificara el despido del promotor del proceso, la fundó principalmente en lo declarado por los testigos José Dionisio Infante Amaya (fls. 196 a 201), Felipe Antonio Fernando Reyes (fls. 207 a 220), Pablo Emilio Mojica (fls. 245 a 247), Luís Álvaro Galeano Achury (fl. 247 a 252) y el dictamen pericial de folios 367 a 371 y 391 a 396 del cuaderno principal; medios de prueba que no pueden examinarse libre e independientemente en sede de casación, conforme a la restricción legal contemplada en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 que trae como prueba calificada el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial.

Así las cosas, al no haber logrado el recurrente demostrar cualquiera de los yerros fácticos enrostrados con alguna de las tres pruebas aptas en casación, no queda habilitada la Corte para evaluar los cuestionamientos que le fueron realizados a las pruebas testifical y pericial en la sustentación de los cargos.

Adicionalmente importa decir, que los jueces laborales gozan de la potestad de apreciar libremente las pruebas de acuerdo con lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social, lo que permite colegir que mientras las inferencias del juzgador sean lógicas y aceptables, como en este asunto ocurrió, quedan abrigadas por la presunción de legalidad, tal como lo tiene adoctrinado esta corporación, es así que en sentencia del 13 de noviembre de 2003 Radicado 21478 y reiterada en casación del 3 de julio de 2008 Radicación 32879, se señaló:

“(....) Al efecto y de vieja data la Corte ha considerado que dada la libertad de apreciación de las pruebas que tienen los juzgadores de instancia en virtud de lo establecido por el artículo 61 del Código de Procesal del Trabajo, el entendimiento que estos le den a aquellas, nace de la autonomía e independencia de que gozan y de la facultad de formar libremente su convencimiento con base en el principio de la sana crítica, que no es más que la lógica y la experiencia.

Por lo dicho, las conclusiones que hace el tribunal acerca del material probatorio recepcionado, mientras sean lógicamente aceptables, se encuentran cobijadas por la presunción de legalidad, por lo que priman sobre las conclusiones que hacen las partes en relación con el análisis de una o varias pruebas aun cuando dichas inferencias sean también lógicas y de recibo, dado lo cual, debe mantenerse la sentencia con base en esta conclusión del tribunal”.

Y en sentencia del 23 de agosto de 2001 Radicado 16056, esta corporación en torno a esta precisa temática, había puntualizado:

"(....) Los razonamientos del tribunal traídos a colación indican, que constituyó punto central a dilucidar la fecha de recibo de la comunicación del despido, ante lo cual otorgó mayor credibilidad a lo que sobre el particular encontró acreditan las declaraciones de Miranda Ropain y Noreña Henao que lo evidenciado de la nota de despido, proceder que en modo alguno constituye un desacierto evidente de hecho, pues, como también lo destaca la opositora, gozan los falladores de instancia de facultades legales para apreciar con libertad los medios de convicción del proceso, razón por la cual, salvo cuando se exige una prueba solemne para un hecho, pueden dar prevalencia a lo que acredite uno de ellos sobre lo que razonablemente se desprenda de otros.

Además, la anotación manuscrita de recibido “agosto 11”, es autoría del demandante en el original, sin punto de referencia o constancia en la copia, porque según la prueba testimonial la misma fue entregada a la esposa del trabajador, razón contundente para que el ad quem hubiese desestimado tal constancia dando preponderancia a las declaraciones de terceros, sin que tal actuar de apreciación de la prueba constituya error evidente de hecho.

En cuanto a la libertad para apreciar las pruebas, así lo explicó la Corte en la sentencia del 5 de noviembre de 1998, Radicación 11111, a la que pertenecen los siguientes apartes:

<En virtud de lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, en los juicios del trabajo los falladores de instancia gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo "cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus", pues en tal caso "no se podrá admitir su prueba por otro medio", conforme literalmente lo dice la primera de dichas normas.

Por parecer pertinente la doctrina expresada en aquella ocasión, se reproducirá aquí lo dicho en sentencia de 27 de abril de 1977, inédita, y en la que se explicó lo que a continuación se copia:

"El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claroestá, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo.

"Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada.

"La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho">.

Colofón a todo lo anterior, el tribunal no cometió ninguno de los yerros fácticos atribuidos, cuando optó por ordenar el reintegro del demandante con las consabidas consecuencias, y por consiguiente los dos primeros cargos no están llamados a prosperar.

X. Tercer cargo

La censura acusó la sentencia de segundo grado de violar por la vía indirecta y por aplicación indebida, los artículos “8º del Decreto 2351 de 1965 y 28 de la Ley 789 de 2002; 62 y 64 del Código Sustantivo del Trabajo; 6º de la Ley 50 de 1990; en relación con los artículos 1613, 1614 del Código Civil; 177, 195 y 210 del Código de Procedimiento Civil”.

La violación de la ley la fundó en la ocurrencia de los siguientes errores evidentes de hecho:

“1. No dar por demostrado, estándolo, que Ave Colombiana Ltda. pagó por la compra de la máquina inyectora Arburg Nº 3 (1113) modelo 3700-800-250 Nº 250 serie 190879, fue la suma de $58.830           euros”.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la máquina inyectora Arburg Nº 3 (1113) modelo 3700-800-250 Nº 250 serie 190879, era indispensable para desarrollar el objeto social de Ave Colombiana Ltda.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante estuvo maniobrando en la empresa máquinas de inyección y compresión desde 2001 hasta agosto de 2003.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la máquina Arburg Nº 3 (1113) modelo 3700-800-250 Nº 250 serie 190879.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante fue el único que manejó la máquina que posteriormente apareció averiada.

6. No dar por demostrado, estándolo, que justificadamente la demandada perdió la confianza en el demandante.

7. Dar por demostrado, estando lo contrario, que no aparece ningún motivo que haga desaconsejable el reintegro del demandante”.

Adujo que el tribunal apreció erróneamente unas pruebas y dejó de valorar otras, así:

“Pruebas indebidamente apreciadas:

“1. Demanda (fls. 1 a 11).

2. Confesión judicial del demandante (fIs. 193 a 196).

3. Declaración de Felipe Alfonso Fernando Reyes Colmenares (fIs. 207 a 220).

4. Declaración de Pablo Emilio Mojica (fIs. 245 a 247).

5. Declaración de Luís Álvaro Galeano Achury (fIs. 247 a 252)”.

Pruebas inapreciadas.

1. Certificado de existencia y representación legal de Ave Colombiana Ltda. (fls. 12 a 14 y 42 a 44).

2. Oferta 117/2003 (fIs. 227 a 231).

3. Factura pro forma 07.02.2003 de la máquina 190879 (fI. 232 a 235).

4. Comunicación de 8 de julio de 2003, dirigida por el actor al ingeniero Felipe Reyes (fI. 15).

5. Descargos rendidos por el demandante el 14 de julio de 2003 (fls. 16 a 22 y 46 a 52).

6. Informe de la empresa Maqtec Ltda. (fIs. 107).

7. Memorando DT/001/01 de 2 de enero de 2001, emanado de la dirección técnica y de producción de la accionada, y dirigido al accionante, en lo que tiene que ver con las recomendaciones y sugerencias para desempeñarse como supervisor (fIs. 108 a 109).

8. Memorando 026 de 2001 dirigido por el jefe de personal Rubén Bayer, y que tiene que ver con la entrega de funciones al demandante en su cargo de supervisor (fIs. 142 a 144).

9. Comunicación de fecha 10 de mayo de 2005 dirigida por el gerente general de Maqtec al juzgado, mediante la cual remite oferta, factura, acta de entrega, informe, factura de la boquilla de la máquina inyectora Arburg modelo 370C800250 serie 190879 (fls. 226 a 244).

10. Inspección judicial (fls. 362 a 367 y los fls. 372 a 380).

11. Memorando DT/16/03 de fecha 10 de julio de 2003, emanado del ingeniero Felipe Reyes al director de recursos humanos Diego Moreno (fls. 103 a 105)”.

En la sustentación del ataque, el recurrente expresó que aunque no exista justa causa de despido, el reintegro del demandante es a todas luces inconveniente, dado los <perjuicios> que se ocasionaron a la demandada por el daño de la máquina inyectora Arburg Nº 3 (1113) modelo 3700-800-250 Nº 250 serie 190879, aún cuando no se hayan producido con dolo.

Señaló que los documentos de folios 227 a 235 y 236 dan cuenta que dicha máquina tuvo un costo de $59.830 euros, que fue entregada por la compañía vendedora en perfecto estado e instalada en buenas condiciones el 28 de mayo de 2003, quedando su funcionamiento en correcto estado, inversión indispensable para que la accionada continuara desarrollando su objeto social, el cual aparece en el certificado de existencia y representación legal aportado al proceso.

Esgrimió que tal como se extrae de la pieza procesal de la demanda inicial, la persona que empezó a maniobrar la mencionada máquina fue el demandante, quien se desempeñaba como supervisor de prensas y laboró en los turnos del 4 y 5 de julio de 2003 en la forma descrita por la parte actora, donde se reportó el apagado de la inyectora a las 3:15 a.m. del día 5 de ese mes y año, procediendo el actor ante la situación acaecida, a bajar la boquilla utilizando una llave y el procedimiento aplicado en otras oportunidades, lo que demuestra que este sí había sido capacitado para esa labor de apretar y desapretar la boquilla.

Dijo que el cuantioso perjuicio económico causado a la empleadora demandada, también se desprende de los descargos rendidos por el trabajador accionante el 14 de julio de 2003, visibles a folios 16 a 22 y 46 a 52, pues allí se pone de presente que por tratarse de una máquina nueva, importada y de alto costo, adquirida para incrementar la producción, era considerable la gravedad del daño que originó su no funcionamiento, lo que generó un lucro cesante y el deterioro de la imagen de la compañía frente a sus clientes, por el incumplimiento en las entregas de los productos.

Insistió que los descargos del actor muestran que este era el encargado de manipular u operar la inyectora en comento, lo cual también admitió al absolver el interrogatorio de parte practicado el 24 de septiembre de 2004 obrante a folios 193 a 195, no obstante que en algunas respuestas el interrogado trató de desviar la atención del juzgador, pero finalmente terminó aceptando que el ingeniero Reyes le hizo recomendaciones para su desempeño como supervisor de prensas.

Alegó que el ad quem en la sentencia impugnada, reconoció que estaba acreditada la tarea realizada por el accionante de apretar y desapretar la boquilla de la inyectora, y que de aceptarse que el daño no fue producido de manera intencional por el trabajador, se tiene que “la ausencia de mala fe, no atenúa el perjuicio ocasionado a la empresa” y que “Las anteriores circunstancias dan al traste con el reintegro ordenado por el tribunal, toda vez que se podría generar entre el demandante y la empresa demandada, una relación tal de desconfianza que terminaría por afectar la armonía que debe existir entre las partes en todo contrato laboral, en especial cuando se trata de manejo de equipos tan cuantiosos y delicados; el ambiente laboral no sería el más adecuado teniendo en cuenta los antecedentes que suscitaron la decisión de la compañía, los perjuicios causados, el hecho que la inyectora que operaba el demandante únicamente funcionó por espacio de dos meses y que el demandante conocedor de lo que estaba sucediendo no comunicó oportunamente a sus superiores, sino hasta el momento en que no se podía ocultar el dañó, por lo que existe una gran desconfianza justificada de la demandada en que la máquina se vuelva a dañar en la tarea de apretar y desapretar que efectúe el demandante, razón por la cual existe una clara incompatibilidad que hace desaconsejable el reintegro”.

Reflexionó diciendo que el accionante sabía que la punta de la boquilla estaba fracturada y no comunicó oportunamente esa situación a ninguno de sus superiores, y por el contrario continuó adelante con el procedimiento de extracción de dicha boquilla, causando daños a los hilos de la rosca, lo que conlleva a que por esto se presente del mismo modo la inconveniencia del reintegro, dado el “temor que justificadamente abriga la empresa de que vuelva el demandante a proceder de la misma manera”.

Reiteró que las pruebas acusadas, entre ellas el memorando DT/16/03 del 10 de julio de 2003, emanado del ingeniero Felipe Reyes y dirigido al director de recursos humanos de la empresa, deja ver que la ruptura de la punta de la boquilla ocurrió en el turno del demandante y por negligencia suya; que los documentos de folios 372 y 380 incorporados al expediente en la inspección judicial, muestran “la zona en la que la pieza sufrió la fractura, el cuidado que se debía tener con la misma, los procedimientos a seguir para evitar daños, como el que finalmente hubo y de dónde surgen los perjuicios a la compañía”.

Por último, se refirió a la prueba testimonial, para con ello aseverar, que “si la nueva máquina inyectora se daño por el procedimiento de apretada y desapretada excesivo, si el demandante fue el único que realizó tal operación, es obvio que, contrario a lo deducido en el fallo acusado, si hay circunstancias que hacen desaconsejable el reintegro”.

XI. Replica

El opositor frente a este cargo, manifestó que no puede tener prosperidad, por cuanto como bien lo infirió el tribunal “el demandante en varias oportunidades realizó el procedimiento de apretar y desapretar la punta de la boquilla, sin que hubiera observado anomalía alguna, y solamente, cuando se paró la máquina y se le exigió que bajara la punta de la boquilla se giró la parte del hexágono fracturada. Pero de ello en modo alguno se desprende que la ruptura de la mencionada boquilla ocurrió por causas imputables a negligencia del operario”, negligencia que en ningún momento fue confesada por el actor en los descargos rendidos ni en el interrogatorio de parte absuelto, además que conforme al dictamen pericial rendido y el informe de la empresa fabricante Maqtec Ltda. de folio 107 del expediente, el daño podía haberse producido por el trabajo de la boquilla con temperaturas demasiado bajas y no solo por fuerza excesiva en su manipulación.

Añadió que al ser exonerado el demandante de toda responsabilidad en la rotura de la mencionada boquilla, por no haber actuado con dolo ni negligentemente, “no puede cargar en modo alguno con las consecuencias del daño”, y por ende al no ocasionar este el daño de la máquina tampoco pudo producir el perjuicio, y como fue despedido sin justa causa, la empleadora demandada debe asumir por completo las consecuencias de su proceder ilegal, y en estas circunstancias la operación de la inyectora no puede determinar una relación de desconfianza o desarmonía en las relaciones laborales, respecto de quien por más de 29 años le prestó servicios de manera eficiente, legal, honesta y observando siempre buena conducta, siendo en consecuencia <una aseveración fantasiosa> de la empresa, aducir desconfianza bajo el supuesto de que el demandante reintegrado va volver a dañar la máquina, y “Por el contrario, como el operario es una persona experta en el manejo de la máquina, existe con él, al ser reintegrado al cargo, menos riesgo de que el hecho se vuelva a repetir”.

XII. Se considera

Este tercer cargo apunta a demostrar la presencia de circunstancias que en sentir del censor hacen desaconsejable el reintegro del demandante ordenado en la sentencia acusada, para lo cual planteó siete (7) errores de hecho y denunció la errónea apreciación de la demanda inicial, la confesión judicial del demandante y la declaración de testigos, así como la falta de valoración de once medios de convicción.

Como primera medida cabe destacar, que no es motivo de cuestionamiento que el demandante al 1º de enero de 1991 cuando entró en vigor la Ley 50 de 1990, tenía cumplido más de 10 años de servicios, por haber ingreso a laborar el 10 de junio de 1974, y al concluirse como quedó visto que el despido devino injusto, tiene derecho al reintegro legal en los términos del numeral 5º de artículo 8º del Decreto 2351 de 1965.

El tribunal en relación a este punto de la litis, razonó diciendo “Así las cosas, el despido se produjo sin justa causa, y procede el reintegro solicitado, pues no se advierte causa o motivo que lo estime como inaconsejable”.

El recurrente en síntesis sostiene, que al tenerse en cuenta los antecedentes que suscitaron la determinación de la sociedad demandada de cancelar el vínculo contractual al demandante, hay una clara incompatibilidad para un eventual reintegro, dado que el empleador le perdió por completo la confianza a tal operario para encomendarle el manejo de equipos cuantiosos y delicados, lo que afecta la armonía que debe existir entre las partes en todo contrato de índole laboral, pues el ambiente de trabajo no sería el mejor, generando en consecuencia una desconfianza justificada o fundada, frente a la circunstancia de que el actor vuelva a dañar la máquina inyectora, cuando le corresponda llevar a cabo el procedimiento de apretada y desapretada de la boquilla.

Pues bien, la pérdida de confianza como lo ha reiterado esta corporación puede llegar a convertirse en una circunstancia que hace desaconsejable el reintegro por constituir una insoslayable incompatibilidad, eso sí mientras existan bases atendibles del empleador que alega haber perdido la total confianza o credibilidad respecto del trabajador con quien debe continuar la relación laboral.

Según quedó visto, en el examine no fue posible que se le asignara al demandante, responsabilidad o culpabilidad alguna por el daño presentado en la punta de la boquilla de la inyectora de marras y que condujo a la parada o apagado de la máquina en el turno de la madrugada del 5 de julio de 2003, ni quedó evidenciado que dicho trabajador hubiere ejercido un comportamiento que mereciera de algún reproche que ponga en duda su lealtad para con la sociedad demandada y entredicho su actuación como supervisor de prensas, que corresponde al último cargo desempeñado durante su larga trayectoria laboral de más de 29 años al servicio de la accionada.

Ninguna de las piezas procesales y pruebas calificadas que aparecen denunciadas en este ataque, que son las mismas que se acusaron y fueron analizadas en los dos cargos anteriores, independiente de que en rigor el tribunal las haya o no apreciado, en puridad de verdad no acreditan la existencia de una circunstancia de tal magnitud, que conduzca inexorablemente a la pérdida de confianza en relación a las capacidades, aptitud, trabajo y lealtad del actor, por parte del empleador demandado.

Y en lo referente al temor de la empresa convocada al proceso, consistente en que posiblemente el actor “vuelva” a proceder de la misma manera y dañe nuevamente el equipo, no deja de ser una suposición o conjetura de la empleadora, que indudablemente resulta infundada si se tiene en cuenta que en este litigio no se logró acreditar la negligencia grave que se le imputó al trabajador en la carta de despido.

Lo dicho lleva a la Sala a concluir, que en definitiva lo sucedido alrededor del despido injusto del accionante, no se constituye en un impedimento que haga imposible el restablecimiento del contrato de trabajo.

Al margen de lo anterior, es menester puntualizar que la inconveniencia del reintegro del trabajador a la empresa, ha de referirse y deducirse no de cualquier circunstancia, sino de condiciones calificadas, idóneas e imperativas, que en la presente causa objeto de estudio no concurren; pues los hechos que se invoquen, además de aparecer en el proceso controvertidos y probados, también deben ser relevantes o contundentes y que tengan la capacidad de incidir negativamente, según un juicio razonable, para el desenvolvimiento equilibrado de la relación de trabajo en caso de que sea reanudada, esto es, que en verdad afecten la continuidad del vínculo contractual e infieran en el normal desarrollo del entorno laboral, o en otras palabras, que afecten desfavorablemente el clima de armonía en que se ha de desenvolver el vínculo de trabajo, en alguna de sus dimensiones, con la virtud de perturbar el ánimo de cooperación y de buen entendimiento que debe reinar en los equipos de trabajo, al igual que la confianza que ha de imperar de los jefes hacía sus subalternos y viceversa, entre otras situaciones, naturalmente todo ponderado bajo las particularidades del tipo de oficio del trabajador y de la actividad de la sociedad empleadora.

Así mismo, conviene agregar, que el poder discrecional que la ley laboral le otorga al juez, para que sea él quien decida cómo proteger la estabilidad laboral del trabajador, si otorgándole una indemnización o el reintegro a su puesto de trabajo, propendiendo al equilibrio con los intereses de la empresa, se debe de ejercer para estimar perentoriamente si las incompatibilidades, deficiencias o diferencias, son superables como acá ocurre; o si por el contrario, existe un factor que entrabe de manera seria y continua la relación contractual.

Por consiguiente, al no haber incompatibilidad que haga inviable la reincorporación en el empleo del demandante, conduce a que el tribunal no pudo incurrir en ninguno de los yerros fácticos endilgados por la censura, y en estas condiciones este último cargo tampoco prospera.

De las costas del recurso extraordinario, serán a cargo de la accionada recurrente, en virtud de que la acusación no salió avante y hubo oposición.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 27 de febrero de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso adelantado por Jairo Alfonso Gómez Rodríguez contra Ave Colombiana Limitada en reestructuración.

Costas del recurso de casación a cargo de la sociedad recurrente.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».